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10-abr-2020Linari (causa N° 14216)Un hombre de 70 años se encontraba detenido en la Unidad N° 34 del SPF. El hombre presentaba una patología crónica degenerativa y tenía una hiperplasia prostética que requería cambios periódicos de una sonda vesical. Además figuraba en el listado de personas en riesgo frente al COVID-19, elaborado por el Servicio Penitenciario Federal. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala de Feria de la CFCP anuló la resolución y remitió las actuaciones al tribunal a fin de que dictara una nueva resolución. El tribunal ordenó que se realizaran nuevos informes médicos. La unidad penitenciaria no respondió al pedido. El Cuerpo Médico Forense explicó que la patología prostática que sufría el imputado requería un control periódico por especialistas en urología, de preferencia en un hospital extramuros. Por su parte, la Dirección de Sanidad del SPF hizo saber que se habían restringido todos los traslados programados a establecimientos hospitalarios extramuros para efectuar interconsultas o estudios complementarios.
10-abr-2020Unión de Trabajadores de la Educación de Capital (causa N° 3018)A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la disposición de aislamiento obligatorio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendió las clases en las escuelas. Asimismo, estableció que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo debía organizar una guardia docente para el funcionamiento del comedor escolar en el caso que se brindara ese servicio, o bien asegurasen la entrega del refrigerio o vianda a los padres o madres de alumnos y alumnas. En ese sentido, dispuso que la guardia estaría compuesta por el personal de conducción y por la cantidad de docentes necesaria para su funcionamiento. El sindicato de docentes denunció que el GCBA y la ART no brindaban los elementos básicos de protección ni medidas integrales de seguridad suficientes que evitar el contagio del COVID-19. En consecuencia, solicitó una medida cautelar autónoma de carácter colectivo. La presentación requirió que se ordenase al GCBA que adoptase las medidas necesarias para que previniera contagios de manera inmediata y a la ART que diera cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador.
8-abr-2020Personas privadas de la libertad (causa N° 102558)En marzo del 2020, a raíz de la declaración del Coronavirus como pandemia, el gobierno dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio.Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad efectuaron listados en las que identificaron las personas privadas de libertad que se encontraban en situación de riesgo frente a un eventual contagio del virus. Por esa razón, un grupo de defensores de la provincia de Buenos Aires interpusosendos habeas corpus colectivos y correctivos. Las presentaciones denunciaron las condiciones de hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciaras provinciales y señalaron que la atención médica era deficiente e insuficiente. Entre otras cuestiones, requirieron que se dispusiera la prisión domiciliaria de todas las personas detenidas que estuvieran comprendidas en los grupos de riesgo.
8-abr-2020MAM (causa N° 15804)El señor MAM y la señora AV tenían un acuerdo judicial de régimen de comunicación respecto a su hijo M. El acuerdo consistía en que M. pasaría con su padre los días sábados desde las 13:00 horas hasta el domingo a las 20:00, fin de semana por medio. El progenitor debía retirar y reintegrar al niño a la casa de su abuela. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la deposición de aislamiento obligatorio, MAM dejó de cumplir el acuerdo. Por este motivo AV solicitó una medida cautelar genérica con el objeto de continuar con el derecho de comunicación durante el período de cuarentena. Además indicó que, en caso de que trabajar los domingos, podía retirar a su hijo el día lunes y comunicar la situación a MAM con antelación. En su contestación MAM expuso que el régimen de comunicación se tornó de imposible cumplimiento con motivo del aislamiento decretado y que no se encontraba habilitado para retirar y reintegrar a su hijo sin poner en riesgo su salud y la de la población. Asimismo, destacó que de hacer lugar a lo peticionado por AV se pondría en riesgo la salud de su familia. En tal sentido, ofreció la posibilidad de trasladarse a su hogar para cuidar de M. los días que ella indicase.
8-abr-2020Nun?ez (Causa N° 16862)Un hombre de 65 años se encontraba imputado por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes. El hombre se hallaba detenido bajo el régimen de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal II. Su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado la rechazó y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. En dicha instancia, en marzo del 2020, la defensa señaló que, en razón de su edad, su asistido se encontraba dentro de la población de riesgo frente a un eventual contagio del COVID-19. Además, aportó el informe del Servicio Penitenciario Federal que se expedía en el mismo sentido. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución impugnada y devolvió las actuaciones al tribunal a fin de que dictase un nuevo pronunciamiento. El juzgado nuevamente rechazó la excarcelación. Entonces, la defensa aportó un domicilio y los datos de un garante donde el imputado podía cumplir arresto domiciliario.
8-abr-2020Diaz (causa n° 84971)En marzo del 2020 un hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión por el delito de abuso sexual. En la sentencia se dispuso como fecha para el agotamiento de la pena el 13 de mayo de 2020. El imputado se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y manifestó que carecía de una alimentación diaria adecuada y que por ese motivo se había descompensado física y anímicamente. En particular, señaló que tenía molestias en su estómago y dolor en los pulmones. Ante la declaración de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La fiscalía se opuso al pedido.
8-abr-2020Curry (causa N° 76579)En julio del 2019 un hombre fue detenido e imputado por el delito de uso de documento público falso en concurso ideal con estafa en grado de tentativa. El imputado se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marzo Paz, tenía 65 años, registraba un antecedente condenatorio y había sido declarado rebelde en el marco de esa causa. En diciembre de ese año su defensa solicitó su excarcelación, que fue denegada por el Tribunal Oral. En marzo del 2020, a raíz de la declaración de emergencia sanitaria, la defensa reiteró el pedido. En tal sentido, acompañó un listado del SPF que incluía al hombre entre la población de riesgo frente al contagio de Coronavirus y un informe que daba cuenta de las condiciones de hacinamiento de la unidad penitenciaria en la que se encontraba alojado. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo consideró que no habían variado las circunstancias oportunamente ponderadas, que la sola edad del imputado no resultaba suficiente para conceder la excarcelación y que el tiempo de detención que llevaba en prisión preventiva no resultaba desproporcionado. Además señaló que carecía de arraigo, que registraba una rebeldía en el expediente y que, en función de su antecedente condenatorio, la eventual pena sería de  efectivo cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
7-abr-2020Tanquía (reg. N° 375 y causa N° 91578)Una mujer había sido detenida e imputada por el delito de hurto. En el momento de su detención se identificó de manera correcta. La imputada registraba antecedentes condenatorios y en el Registro Nacional de Reincidencia se encontraba anotada bajo distintos nombres. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En esa oportunidad aportó un domicilio en donde podía vivir con su madre y su hija de cuatro años. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera señaló que, en virtud de los antecedentes de la mujer, la eventual pena no podía ser de ejecución condicional. Además, consideró que haber dado diferentes nombres en detenciones anteriores configuraba un riesgo de fuga que impedía conceder una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
7-abr-2020Gonzalez (causa n°61635)Un hombre fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. La sentencia no se encontraba firme. El hombre tenía diabetes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En su presentación planteó que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía se opuso por considerar que el CPF I cumplía con los resguardos necesarios para preservar su salud. Entonces, el tribunal le ordenó al complejo que dispusiera el aislamiento y distanciamiento obligatorio del imputado respecto del resto de la población penitenciaria. La unidad no respondió la orden judicial.
7-abr-2020Diaz (causa N° 5420)Una mujer se encontraba detenida en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal IV del SPF. La mujer era madre de una niña de 13 años y de un niño de 9 con diferentes progenitores y se ocupaba de modo exclusivo de su cuidado. Luego de su detención, los niños habían sido separados e incorporados a otros grupos familiares. Por otra parte, el padre de uno de ellos se encontraba imputado por haberle proferido amenazas a la mujer en un contexto de violencia de género. Su defensa solicitó la morigeración de su detención y requirió que se reemplazara su encierro en la unidad penitenciaria por el arresto en su domicilio. La presentación sostuvo que, si bien la edad de los hijos superaba el límite etario establecido por la norma, los niños debían ser asistidos por su madre, en atención al especial cuadro de vulnerabilidad en el que ambos se encontraban. En tal sentido, invocó las Reglas de Bangkok y el interés superior del niño. Por otra parte, aportó un informe confeccionado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales de la Defensoría General de la Nación en el que se dejó constancia del modo en que la detención de la mujer había impactado sobre los niños. En particular, señaló que dicha circunstancia había interrumpido la convivencia fraterna y motivado su desarraigo, puesto que ambos habían tenido que incorporarse a otros grupos familiares. A su turno, la fiscalía se expidió de manera favorable al planteo.

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