ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
6-mar-2018	Mega (reg. Nº 152 y causa Nº 161077)	Una persona había sido condenada a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió unánimemente a favor de la concesión. El Juzgado de Ejecución Penal no tomó en consideración el dictamen favorable de reinserción social elaborado por el Consejo y rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
6-mar-2018	VOE y otros (causa Nº 37084)	Un grupo de personas había sido investigado desde el año 2013 por actividades relacionadas a la comercialización de estupefacientes. En ese sentido, fueron imputadas y detenidas de manera preventiva. En etapa de juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. Entre otras cuestiones, se pactó la prisión domiciliaria de dos imputados, V y C. El primero de ellos padecía diabetes y era el sostén económico de su familia. Respecto de C, se tuvo en cuenta la atención especial que requería su madre enferma. A su vez, fue solicitada su incorporación al régimen de salidas transitorias con el objeto de que concurriera a su trabajo.
27-feb-2018	MCE (causa Nº 54069)	Un hombre privado de su libertad cursaba estudios en la Universidad de Buenos Aires. El interno no contaba con el Documento Nacional de Identidad actualizado ni partida de nacimiento. Por ese motivo, el establecimiento negó su inscripción como alumno regular. Contra esa decisión, interpuso una acción de habeas corpus. El juzgado rechazó la acción in limine. Además, elevó su decisión en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que confirmó la decisión. Por tal razón, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, se sostuvo que la omisión de la audiencia había lesionado el derecho de defensa de su asistido.
20-feb-2018	VPA (causa Nº 13397)	Una persona registraba una condena de prisión impuesta por un tribunal provincial. El total de la pena había sido cumplida en detención. Ante la comisión de un nuevo hecho, el imputado celebró un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal. Allí se pactó la calificación del delito y el monto de la pena. El Tribunal Oral corrió vista a las partes para que se expidieran respecto de la posible declaración de reincidencia. En esa oportunidad, la fiscalía se manifestó a favor de su dictado. La defensa se opuso, por entender que no se había acreditado el tratamiento penitenciario en el marco de la condena anterior. Además, planteó la inconstitucionalidad del artículo 50 del Código Penal. El Tribunal Oral rechazó la presentación y declaró reincidente al imputado. Para decidir de esa manera, hizo referencia al antecedente condenatorio que poseía el imputado y su cumplimiento en detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-feb-2018	Ledesma Vallejos (reg. Nº 72 y causa Nº 26554)	Un hombre había sido condenado por un delito contra la integridad sexual a la pena de dieciséis años de prisión. Durante los últimos seis años de detención tuvo conducta ejemplar (10). Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó –por segunda vez– que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió unánimemente a favor del pedido. En el informe criminológico se expuso que el detenido logró una autocrítica necesaria para revisar su conducta y que logró visualizar el daño ocasionado a la víctima. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la concesión del instituto. Sostuvo que el condenado mantenía el mismo guarismo conceptual que ostentaba en la anterior solicitud de egreso anticipado, lo que denotaba una falta de avance en el tratamiento penitenciario. Por su parte, el equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución mantuvo una entrevista por video conferencia con el detenido. Luego, elaboró un informe en donde concluyó que no había podido constatar lo informado por el Consejo Correccional a través de la entrevista. El Juzgado de Ejecución Penal denegó la libertad condicional. Para decidir de esa manera, sostuvo que no se encontraban verificadas las condiciones exigidas normativamente para conceder la libertad. Además, propuso intensificar el tratamiento psicoterapéutico en el que se abordara la problemática concreta del abuso sexual. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-feb-2018	Pereyra (reg. Nº 82 y causa Nº 73447)	Un individuo había sido condenado a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió de manera favorable al pedido. Sugirió que el condenado y sus referentes afectivos recibieran orientación y apoyo psicoterapéutico. El Juzgado de Ejecución Penal rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que el detenido carecía de una oferta laboral y un trabajo estable. Además, sostuvo que el referente del condenado no estaría en condiciones de prestarle la contención y el apoyo recomendados por el área psicológica del Servicio Penitenciario. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-feb-2018	TBN (causa Nº 500000185)	Un joven de 17 años fue imputado por el delito de homicidio. El Tribunal Oral lo condenó a una pena reducida, en virtud de su condición de menor de dieciocho años. Su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. En tal sentido, entendió que la segunda parte del artículo 14 del Código Penal era inaplicable en el régimen penal juvenil, en los términos del artículo 37, inciso b, de la Convención sobre los Derechos del Niño. De manera subsidiaria, planteó la inconstitucionalidad de la norma referida. El juzgado de ejecución rechazó los planteos, con base en la gravedad del hecho cometido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
6-feb-2018	SLB (causa Nº 94002512)	Una persona detenida se encontraba incorporada al régimen de salidas transitorias. En el marco de una requisa, se encontró marihuana en su celda. Por ese motivo, el Consejo Correccional de la Unidad Penitenciaria le aplicó una sanción de aislamiento. A su vez, modificó su calificación y retrotrajo a la fase de consolidación su situación en el régimen de progresividad. La defensa solicitó la nulidad de la decisión. En ese sentido, sostuvo que había existido una doble sanción contra su asistido en relación a la tenencia de estupefacientes. Asimismo, agregó que las consecuencias de la disposición resultaban desproporcionadas. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Al decidir de esa manera, se pronunció respecto de la sanción y omitió expedirse sobre la reducción de la calificación. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación.
26-dic-2017	CJA (causa Nº 30868)	Un hombre extranjero se encontraba imputado por el delito de hurto en grado de tentativa. Su situación migratoria era irregular y poseía antecedentes condenatorios. El imputado celebró un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó una pena de tres meses de prisión. La defensa solicitó la conversión de la condena por la realización de trabajos comunitarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 35, inciso f, y 50 de la ley Nº 24.660. La fiscalía se opuso al planteo, con base en su situación migratoria y sus antecedentes. En la audiencia de visu realizada en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el imputado ratificó el acuerdo. Por tal razón, el juzgado correccional lo condenó a la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento. Para decidir de esa manera, se remitió a las consideraciones expuestas por la fiscalía. Además, indicó que la solicitud de conversión de la pena había sido extemporánea, por haberse realizado luego del acuerdo de juicio abreviado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que la resolución se había fundamentado en requisitos formales no previstos por ley.
13-dic-2017	Leguiza (causa N° 31283)	Una persona detenida solicitó una visita domiciliaria a su madre, que tenía edad avanzada, padecía diabetes y sufría una parálisis en su cuerpo (cfr. art. 166 de la ley N° 24.660). El tribunal interviniente concedió la visita. Luego, la defensa requirió que se autorizara a su representado a concurrir cada quince días o una vez por mes al domicilio. El tribunal a quo autorizó las visitas mensuales. Tiempo después, la representante del Ministerio Público Fiscal propuso la suspensión de los traslados dis-puestos. En ese sentido, señaló que la situación no encuadraba en la excepcionalidad que exige el instituto. El juzgado interviniente dejó sin efecto la autorización. Para resolver así, consideró que no se encontraba probada la imposibilidad de deambular de la madre del interno. Asimismo, destacó que, según un informe de la División de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, el domicilio de la mujer se encontraba en una zona de riesgo y de vulnerabilidad social. En definitiva, entendió que se presentaban cuestiones de orden mayor relativas a la seguridad y riesgos para sí o terceros. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.