ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 21-30 de 64.

Anterior
1
2
3
4
5
6
...
7
Siguiente

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
17-mar-2020	Rea (causa N° 1568)	El 18 de diciembre de 2004 cuatro personas murieron ahogadas en un canal de riego en la localidad de Los Cardozos, provincia de Santiago del Estero. Dos de ellas eran niñas de 9 y 10 años. Las familias de las víctimas demandaron por daños y perjuicios al Estado provincial. El tribunal de segunda instancia hizo lugar de modo parcial al reclamo indemnizatorio. Luego el Superior Tribunal de Santiago del Estero revocó esa resolución y rechazó la demanda. Para decidir de esa manera, el tribunal destacó que ninguna norma expresa o implícita imponía al demandado la obligación de proveer de medidas de protección en las inmediaciones de los cauces de agua de la provincia. Además, puntualizó que el sitio donde había ocurrido el hecho no resultaba de fácil acceso por encontrarse en una zona descampada y alejada de urbanidad y que, por ese motivo, el hecho se había vinculado de manera directa con la falta de prudencia de los niños y de diligencia y vigilancia sobre sus actividades por parte de sus guardadores. Finalmente, consideró que el canal no era en esencia una cosa riesgosa sino que devino en peligrosa por el accionar de las víctimas frente a dicha obra. Contra esa decisión los familiares interpusieron un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja.
22-oct-2019	Perón (reg. Nº 1495 y causa Nº 59136)	Una persona fue detenida e imputada por el delito de robo cometido en poblado y en banda. La defensa solicitó su excarcelación y la representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable a su concesión. El juzgado rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, analizó el caso a la luz de los supuestos que contempla el artículo 316 del CPPN. Así, sostuvo, por un lado, que la violencia en la ejecución del hecho hacía presumir que, en caso de ser condenado, la pena no sería de ejecución condicional. Y, por otro, tuvo en cuenta que, en abstracto, el monto de diez años correspondiente al máximo de la escala penal prevista para el hecho que se le atribuía superaba la pena de ocho años. Además, aludió a que el imputado habría amedrentado a los testigos e hizo referencia a su personalidad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
10-oct-2019	Brena (causa N° 86)	Un hombre que contaba con una orden de captura caminaba por la vía pública. Al notar la presencia de personal policial cambió su rumbo y aceleró su paso. Los agentes dieron voz de alto y lo detuvieron por considerar que había tenido una “actitud evasiva”. El procedimiento fue realizado sin testigos y plasmado en actas de detención y requisa. Por ese hecho el hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes. En la etapa de juicio la defensa planteó la nulidad del acta de procedimiento y de todos los actos procesales consecuentes. En ese sentido, sostuvo que no habían existido circunstancias previas y concomitantes que de manera razonable y objetiva hubieran justificado el accionar policial. Además, señaló que los agentes policiales no habían tenido conocimiento de la orden de detención que pesaba sobre el imputado. Por último, expuso que el procedimiento había sido realizado sin la presencia de testigos. La representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de modo favorable al planteo.
26-ago-2019	Atienza Vargas (reg. Nº 1598 y causa Nº 51564)	Una mujer que se encontraba detenida era madre de una joven de dieciséis años. En el informe socioambiental se indicó que la joven vivía sola en un barrio humilde y que atendía el negocio familiar para solventar sus necesidades básicas. Por esa razón, tenía dificultades para asistir a la escuela y estudiar. Asimismo, se señaló que si bien había convivido durante un tiempo con su abuela materna, la mujer había fallecido y el resto de sus familiares se encontraban a 37 kilómetros de distancia. Por su parte, la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica informó que la joven necesitaba la presencia física de su madre. En tal sentido, tuvo en consideración las cuestiones que había afrontado para continuar con sus estudios y concluyó que se encontraban dadas las condiciones para la incorporación de la mujer al programa. Sobre la base de dichas consideraciones, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El Tribunal Oral rechazó el pedido y sostuvo que la situación de la joven no encuadraba en ninguno de los supuestos establecidos para la concesión del instituto, puesto que su edad superaba la prevista por la norma. Además, consideró que la joven contaba con la contención y el acompañamiento de la “familia extensa”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación la defensa sostuvo que la resolución había restringido los derechos de la joven sobre la base de legislación de derecho interno, lo que carecía de operatividad frente a las normas internacionales sobre interés superior del niño. En tal sentido, ponderó los informes incorporados al expediente y requirió que se le concediera la prisión domiciliaria a su asistida.
7-jun-2019	CPC (reg. Nº 726 y causa Nº 15995)	CPC mantuvo relaciones sexuales en reiteradas oportunidades con su hija de 15 años en el domicilio en el que convivían. La niña quedó embarazada y el hombre le indicó que debía abortar. A las nueve semanas de embarazo le introdujo cuatro pastillas de Oxaprost en su vagina y ella ingirió otras dos. En ese momento, comenzó a tener fuertes dolores de panza y pérdidas de sangre, por lo que fue trasladada a un hospital. La niña fue internada y se le introdujeron dos pastillas de la misma droga que provocaron la expulsión del feto. A partir de la historia clínica, se efectuó una pericia médico-forense que concluyó que el feto había muerto antes de ingresar al hospital y que no podían precisarse el momento ni las causas del deceso. El hombre fue imputado por los delitos de estupro agravado por haber sido cometido por un ascendiente y con provecho de la situación de convivencia, en concurso real con los delitos de aborto con consentimiento de la mujer y desobediencia. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de diez años de prisión. Para decidir de ese modo consideró, entre otras cuestiones, que el feto se encontraba con vida al momento de efectuarse la maniobra abortiva. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación.
30-may-2019	Maradona (reg. N° 1087 y causa Nº 83000035)	Una mujer que se encontraba detenida sufría, entre otras cuestiones, obesidad mórbida y diabetes. Los turnos de atención de la unidad penitenciaria eran escasos y había mucha demora en la asignación de médicos. Además, el centro de detención se encontraba a 400 kilómetros de su familia, por lo que no podían visitarla debido a la distancia entre el complejo y su lugar de residencia. Sobre la base de dichas consideraciones, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El tribunal rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, consideró que las dolencias de la imputada podían ser tratadas en la unidad penitenciaria, donde se le podía otorgar un tratamiento específico para sus enfermedades.
24-may-2019	Aguilar López (reg. Nº 411 y causa Nº 454)	Un agente policial detuvo a dos personas en la vía pública por considerar que habían tenido una “actitud evasiva”. El policía los requisó y les secuestró dinero. A pocos metros del lugar el mismo funcionario observó que estacionaba un vehículo y que el conductor entregaba dinero a otra persona. Entonces los requisó y constató que tenían veintiún mil pesos en efectivo. El conductor le manifestó “en forma espontánea” que el dinero correspondía a la devolución de un préstamo. El procedimiento fue plasmado en un acta de detención y requisa. El policía se comunicó con el juzgado a modo de consulta. El secretario dispuso el secuestro del dinero, la requisa del vehículo y la detención de las personas. A su vez, suscribió una nota en la que dejaba constancia de lo informado por el agente e indicaba el hallazgo de un papel manuscrito que daba cuenta de posibles actividades de préstamo de dinero. Sobre la base de las consideraciones expuestas en la nota, el juez ordenó la detención. Finalmente, dictó su procesamiento por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de apelación. En particular, plantearon la nulidad del acta de detención y requisa y de todo lo actuado en consecuencia.
9-may-2019	Olivera (Reg. N° 923 y causa N° 13041)	Un hombre fue condenado a una pena privativa de la libertad. Cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. En particular, destacó que su asistido había cumplido con los reglamentos carcelarios, no registraba ninguna sanción y poseía conducta ejemplar y concepto bueno. La División Educación del complejo penitenciario informó que el imputado había tenido muy buen desempeño. A su vez, el área de Asistencia Social hizo saber que el hombre contaba con un núcleo familiar dispuesto a brindarle acompañamiento económico, habitacional y afectivo. Asimismo, las áreas de Asistencia Médica y Trabajo informaron que los objetivos formulados para su tratamiento se encontraban cumplidos. Por su parte, el Servicio Criminológico señaló que el hombre había dejado de consumir estupefacientes por iniciativa propia hacía siete años. Sin embargo, indicó que no había cumplido con los propósitos del área educativa. Finalmente, el Consejo Correccional se expidió de manera favorable a la solicitud. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, detalló la evolución del interno en el tratamiento penitenciario y consideró que el pronóstico de reinserción social era dudoso. En particular, tuvo en consideración su antecedente adictivo y el incumplimiento de los objetivos propuestos por la División Educación. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
16-abr-2019	Mendoza (Reg. Nº 398 y causa Nº 90940)	Un varón y una mujer (expareja) se encontraban en un vehículo cuando se provocó un incendio. El hombre sufrió severas quemaduras, fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital, donde falleció tres días más tarde. La mujer salió del auto, corrió hacia un campo y fue detenida. En el informe médico practicado se consignó que poseía quemaduras en el dorso de una mano. Por ese hecho, fue imputada por el delito de homicidio agravado por haber ocasionado la muerte de quien había sido su pareja. La mujer había denunciado a su expareja en diversas ocasiones por violencia psicológica y económica. Al prestar declaración indagatoria, explicó que el día del hecho habían discutido y el hombre estaba furioso, golpeaba el volante y le había dado un cachetazo, agarrado de la cabeza y gritado que la iba a matar. Además, indicó que había sido el hombre quien había intentado prenderla fuego a ella, que se había protegido con sus manos y había logrado escapar del vehículo. Durante la audiencia de debate, prestó declaración testimonial uno de los testigos del hecho. El hombre declaró que había observado mucho fuego sobre el asiento del conductor, que la imputada estaba tranquila y que su ropa no estaba dañada. El Tribunal Oral la condenó a la pena de prisión perpetua. Para decidir de ese modo, sostuvo que el incendio se había iniciado en el asiento de la víctima y que la declaración prestada por la imputada dejaba “preguntas sin responder”. En tal sentido, señaló que la quemadura en el dorso de su mano y su indumentaria “intacta” indicaba una participación activa en el hecho. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-abr-2019	Aliendro (reg. Nº 608 y causa Nº 1800)	La defensa de una mujer trans que estaba alojada en un complejo penitenciario solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En particular, sostuvo que la mujer vivía con VIH y que su permanencia en un establecimiento penitenciario podía provocar un deterioro en su estado de salud. Además, indicó que la mujer integraba el listado de personas que, según la Dirección General de Régimen Correccional, podían ser incorporadas al “Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control”. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, señaló que la imputada podía ser atendida por los mé-dicos de la unidad y recibir el tratamiento indicado. Contra esa decisión, la defensa interpu-so un recurso de casación.