Buscar por Juez/a Diego Gustavo Barroetaveña
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 20-may-2021 | PCL (Causa N°14026) | Una mujer demandó a su ex pareja por compensación económica. Por su parte, el demandado planteó la caducidad del reclamo. En ese sentido, señaló que habían transcurrido más de seis meses desde la finalización de la convivencia, por lo que la demanda no podía prosperar. Como prueba de esa afirmación, adjuntó una captura de pantalla de una conversación que había mantenido al momento de la ruptura con la mujer junto con un acta notarial que la certificaba. El juzgado desestimó el planteo. Para decidir así, tuvo en consideración que el acta se había labrado sin intervención de la actora. Frente a lo resuelto, el demandado interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2024 | Peralta | Un hombre fue imputado por no haber constatado que una firma en la ficha de afiliación fuera auténtica y puesta de puño y letra. En la etapa de instrucción, la jueza interviniente decretó su procesamiento sin prisión preventiva. Para decidir de esa manera, consideró que se encontraba constatado, con la certeza relativa que la instancia requería, que el imputado no estaba presente al momento de ser firmadas las fichas de afiliación y formularios de renuncia presentados. Por esa razón, había omitido el deber legal de constatar personalmente la identidad del afiliado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 19-jun-2024 | Calcaterra | Cinco personas fueron acusadas de haber integrado una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde 2008 hasta noviembre de 2015 con la finalidad de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero de manera ilegal. Sin embargo, respecto de tres de ellas se declaró la incompetencia material en favor de la justicia electoral. Para decidir de esa manera, se concluyó que las sumas dinerarias entregadas se vincularon con los aportes para el desarrollo de campañas electorales y no para el otorgamiento de beneficios relacionados con los contratos emitidos entre sus empresas y el Estado Nacional. Sin embargo, las dos restantes -C y SC- fueron investigadas por utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Durante la instrucción, C se presentó como imputado colaborador y, en ese marco, señaló de manera reiterada que el destino de los fondos señalados era el aporte de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria. SC también brindó declaración en los términos de la ley N° 27.304. Ambos indicaron que C había recibido fuertes presiones para realizar esos aportes de dinero. En septiembre de 2019, C fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y dación de dávidas (16 hechos, en concurso real entre sí). Con respecto a SC se decretó la falta de mérito. Las defensas, las querellas y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó de manera parcial el procesamiento de C y modificó la calificación legal por la de cohecho activo (16 hechos), en concurso real entre sí. Además, decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer respecto del delito de asociación ilícita. Por otro lado, revocó la falta de mérito respecto de SC y lo procesó por el delito de cohecho activo reiterado en 16 oportunidades, en concurso real entre sí. En la etapa de juicio oral, la defensa planteó ante un juzgado electoral la inhibitoria del tribunal oral federal interviniente en la causa. En ese sentido, explicó que la justicia federal con competencia en materia electoral era la que debía entender en los hechos porque el dinero entregado estaba vinculado con las elecciones de 2013 y 2015. Así, asimiló la situación de C y SC con las de los tres ex coimputados respecto de los cuales se había declarado la incompetencia material en favor de la justicia electoral. Sin embargo, el tribunal oral federal rechazó la inhibitoria planteada por el juzgado nacional con competencia electoral. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación |
| 29-nov-2025 | Calcaterra y otro | En el marco de un proceso penal, la Cámara Federal de Casación Penal había declarado la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 con competencia electoral. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la nulidad de la decisión. Entre sus argumentos, señaló la falta de notificación e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querella. |
| 17-feb-2025 | Constanzo | En el marco de un proceso electoral, una persona había sido imputada por el delito de destrucción de boletas de sufragio (art. 139 inciso g, del Código Electoral Nacional). Al momento del hecho, la norma establecía una pena de prisión a quien "antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare". Sin embargo, en octubre de 2024 se publicó la ley N° 27.781 que sustituyó la tradicional boleta papel partidaria por una boleta única de papel y reemplazó el cuarto oscuro por una mesa de votación. Por ese motivo, la defensa planteó una excepción de falta de acción. En ese sentido, señaló que la figura vigente en 2023 se encontraba derogada en tanto había cambiado el objeto y el lugar: antes se trataba de boletas de papel distintas a la boleta única vigente y, respecto del lugar, con anterioridad se hacía referencia al cuarto oscuro mientras que al momento de la presentación la norma aludía a la mesa. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los términos de boletas junto a los conceptos de cuarto oscuro y mesa eran asimilables. De esa manera, concluyó que no había falta de acción y solicitó el rechazo del planteo de la defensa. |
| 8-abr-2025 | Tobar Coca (causa N° 230) | En el marco de un incidente donde se decidía sobre la libertad asistida de un hombre, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10 y último párrafo de la ley N° 24.660. En el mismo sentido, hizo extensivos los efectos de la declaración a la remisión que efectuaba la norma al artículo 54 del mismo cuerpo normativo. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley en los términos del artículo 11 de la ley N° 24.050. En particular, solicitó que la Cámara Federal de Casación Penal se expidiera, en pleno, sobre si resultaban compatibles con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660 en cuanto estipulaban que no correspondía conceder los institutos allí referidos a quienes fueran condenados por los delitos previstos en los arts. 5º, 6º y 7º de la ley N° 23.737. En febrero de 2025, el Tribunal de Admisibilidad de la Cámara declaró admisible el recurso y convocó a pleno. Una vez notificadas las partes, el acuerdo general resolvió, por mayoría, el temario de la sentencia plenaria y admitió las presentaciones en término de amicus curiae del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria de la Nación; del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Pensamiento Penal. |
| 29-may-2025 | Chicoma Morales (Causa N° 39906) | En el marco de un proceso de extradición requerido por la justicia del Perú, el juez federal de Lomas de Zamora rechazó un pedido de la defensa relativo a la necesidad de que interviniera la Asesoría de Menores e Incapaces para evaluar la situación de la hija del requerido. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-ago-2025 | Quiroga | La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el archivo de una causa ante un juzgado federal con competencia electoral. La magistrada rechazó el pedido y consideró adecuado elevar las actuaciones en consulta al fiscal revisor. Contra esa resolución, el defensor oficial interpuso un recurso de apelación. |
| 8-sep-2025 | Comas (Causa N° 9133) | Una persona cumplía una pena de prisión. Entonces, requirió su prisión domiciliaria debido a que tenía un hijo menor de edad a cargo. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el planteo. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. |
| 28-oct-2025 | Cabrera (Causa N° 1888) | Una mujer fue procesada por el delito de transporte de estupefacientes. Contra esa resolución, el defensor oficial presentó un recurso de apelación que fue concedido por el juzgado de primera instancia. La alzada declaró mal concedido e inadmisible el recurso de apelación por entender que no cumplía con los requisitos de admisibilidad previstos en la normativa procesal. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |