Buscar por Voces INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-mar-1997 | Foucher v. Francia | Un hombre fue identificado como el autor de insultos contra efectivos de fuerzas de seguridad. Por este hecho, se le labró una infracción y fue citado a concurrir a una sede policial. El hombre decidió presentarse y defenderse sin la representación letrada de un abogado. Con posterioridad, en dos oportunidades solicitó a la oficina judicial consultar el expediente y realizar copias de la documentación. Sin embargo, el fiscal rechazó el pedido por considerar que no podían entregarse copias a personas particulares sin la intermediación de un abogado. El hombre solicitó la nulidad del procedimiento y el tribunal interviniente hizo lugar al planteo. Contra esa decisión, el órgano acusador interpuso un recurso de apelación. Entonces, el tribunal de apelaciones revocó la nulidad del procedimiento y condenó al hombre imputado. Contra esa resolución, el hombre interpuso un recurso de casación, que fue rechazado. Luego, sometió su caso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. |
| 27-oct-2000 | Kuopila v. Finlandia | Una mujer fue acusada por fraude y malversación por hechos relacionados a una obra de arte. Durante el juicio, la defensa solicitó una pericia para comprobar la autenticidad de la obra. El tribunal rechazó la petición y condenó a la mujer. La defensa apeló la decisión. En esa etapa, la policía obtuvo un certificado oficial que comprobaba la falsedad de la pintura. En consecuencia, el fiscal incorporó el informe al expediente pero ocultó la prueba a la defensa. El tribunal de apelaciones confirmó la condena sin celebrar una audiencia oral y sin invitar a la mujer a hacer comentarios sobre esa prueba. |
| 24-sep-2003 | Dowsett v. Reino Unido | Un hombre fue acusado de haber matado a quien fuera su socio comercial. Por esos hechos, fue imputado por el delito de homicidio. Entre otras pruebas en su contra, la fiscalía ofreció como testigo a un hombre que se encontraba privado de su libertad. El hombre fue condenado a la pena de prisión perpetua. Con posterioridad al juicio, se reveló que la fiscalía, sin control judicial, había retenido diecisiete cajas con pruebas a las que la defensa no había podido acceder. Entre otros documentos, en las cajas había registros informáticos policiales, detalles de una investigación por fraude contra el hombre condenado y correspondencia que sugería posibles beneficios en el ámbito penitenciario para el testigo que declaró en su contra. Entonces, el hombre interpuso un recurso contra su condena, que fue desestimado por el tribunal de alzada. De forma posterior, el hombre presentó una solicitud en el sistema europeo de derechos humanos. |
| 27-oct-2004 | Edwards and Lewis v. Reino Unido | Un agente policial encubierto contactó a un hombre y le propuso un negocio ilícito. El hombre aceptó y creyó participar en la venta de joyas robadas. En un caso paralelo, la fiscalía acusó a otro hombre por la venta de moneda falsa. El imputado había sido presionado por agentes encubiertos para obtener los billetes. Durante los juicios, ambos imputados alegaron la instigación al delito por parte del Estado. Frente a esto, la fiscalía solicitó el ocultamiento de ciertas pruebas por razones de interés público. Entre estas pruebas se encontraban las declaraciones policiales. Los tribunales ocultaron la evidencia y condenaron a ambos imputados. Una vez agotados los recursos internos, los acusados recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. |
| 6-abr-2009 | Moiseyev v. Rusia | En Rusia, un hombre fue detenido y acusado de haber sido responsable de los delitos de alta traición a la patria y de haber revelado información clasificada a agentes de inteligencia extranjeros. En el marco de su detención, a los abogados del hombre se le impusieron restricciones arbitrarias para visitarlo. Asimismo, durante la fase de instrucción, las pruebas sobre las cuales se basó la acusación permanecieron bajo custodia en un departamento especial que fue inaccesible para sus abogados hasta que comenzó el juicio en su contra. En el mismo sentido, se ordenó que todo intercambio documental entre el hombre acusado y sus defensores sea revisado y autorizado por la administración del centro penitenciario en el que estaba alojado. En contra de las limitaciones al ejercicio de su defensa y en atención a sus condiciones de detención, el hombre interpuso una queja formal que no fue respondida en sede nacional. De forma posterior, presentó la solicitud ante el sistema europeo de derechos humanos. |
| 30-jun-2009 | Natunen v. Finlandia | Tres hombres planearon adquirir estupefacientes en el extranjero. Uno de los imputados viajó a ese país y contactó telefónicamente al proveedor. Un transportista ingresó las drogas al territorio nacional. La policía detuvo a los involucrados y secuestró el estupefaciente. Durante la etapa de investigación, la defensa solicitó la inclusión de todas las llamadas telefónicas interceptadas. La policía denegó el acceso a la prueba por motivos de confidencialidad. Llegada la etapa de juicio, el tribunal condenó a los acusados a penas de prisión. Los jueces probaron la coautoría mediante las escuchas telefónicas. Uno de los imputados apeló la sentencia. Para ello, argumentó la ajenidad de sus comunicaciones con el delito. Su defensa exigió la presentación de las grabaciones completas para probar este punto. Frente a este pedido, el fiscal informó que los registros habían sido destruídos por lo que la defensa quedó imposibilitada de examinar la evidencia. Los tribunales superiores rechazaron los recursos de la defensa y confirmaron la condena. Finalmente, el imputado presentó un reclamo formal ante el sistema europeo de derechos humanos. |
| 28-nov-2009 | Rasmussen v. Polonia | En Polonia, una mujer ejerció como jueza durante veintisiete años. De forma posterior a su jubilación, la mujer fue acusada de haber colaborado de manera ilegal con servicios de inteligencia del Estado en el ejercicio de sus funciones. En el marco del proceso penal en su contra, la mujer imputada y su defensa fueron impedidos de consultar el expediente de manera plena. En concreto, solo podían consultar el expediente en una oficina judicial específica y las anotaciones que realizaban debían hacerse en cuadernos especiales que permanecían sellados y custodiados en la misma oficina. Asimismo, se les prohibió retirar del establecimiento cualquier anotación o copia del caso. De manera posterior, la mujer fue condenada por los delitos imputados. Entonces, presentó su caso ante el sistema europeo de derechos humanos. |
| 17-nov-2009 | Barreto Leiva v. Venezuela | En 1989, Barreto Leiva ejerció un cargo de dirección en la Secretaría de la Presidencia de Venezuela. En esa gestión, se aprobó una rectificación presupuestaria por la cual se dispuso que una porción de esos fondos se destinara a la compra de divisas y al financiamiento de una comisión policial enviada al extranjero para tareas de seguridad y entrenamiento. A inicios de 1993, Barreto Leiva compareció ante una comisión parlamentaria en calidad de testigo. De forma posterior, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público (TSSPP) le tomó una declaración informativa. En dicha diligencia, el tribunal omitió informarle su calidad de investigado. En junio de 1993, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que era el órgano competente para juzgar al imputado por conexidad. Entre octubre y diciembre de 1993, Barreto Leiva prestó dos declaraciones adicionales ante la CSJ. En la primera, actuó como testigo y, en la segunda, como investigado. Durante toda la etapa sumarial, las actuaciones fueron secretas para el hombre imputado y no tuvo acceso al expediente ni contó con defensa técnica de su elección. El 18 de mayo de 1994, la CSJ ordenó su detención por el delito de complicidad en malversación. De forma posterior, la CSJ lo condenó a la pena de un año y dos meses de prisión. |
| 4-sep-2019 | Sigurður Einarsson y otros v. Islandia | Cuatro hombres fueron investigados en Islandia por una serie de operaciones financieras realizadas en 2008. En el marco de esa investigación, la fiscalía secuestró una enorme cantidad de documentos y datos electrónicos. Para analizar ese material utilizó un sistema de e-discovery denominado Clearwell, mediante el cual realizó búsquedas por palabras clave, generó distintas carpetas con documentos potencialmente vinculados con el caso y seleccionó parte de esa información para incorporarla al expediente como documentación de investigación. Durante el proceso, las defensas cuestionaron en diversas oportunidades que no habían tenido acceso pleno a toda la evidencia digital recolectada, sino sólo al material que la fiscalía había considerado relevante. En particular, solicitaron acceso a otros datos y documentos obtenidos durante la investigación, pero esos pedidos fueron rechazados por el tribunal de primera instancia y por la Corte Suprema. Entre sus fundamentos, los tribunales sostuvieron que la acusación no estaba obligada a entregar copias de toda la información secuestrada ni a confeccionar nuevos documentos para la defensa, y que el volumen del material era extraordinario e incluía datos sensibles de terceros. Luego, el tribunal de juicio condenó a los cuatro imputados y la Corte Suprema confirmó en lo sustancial esas condenas. Contra esa decisión, los hombres acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciaron, entre otras cuestiones, que la restricción en el acceso a la evidencia digital había afectado su derecho de defensa. |
| 16-feb-2022 | Kikabidze v. Georgia | Un hombre fue acusado en Georgia por un homicidio ocurrido dentro de una prisión en 2004, cuya investigación original había sido cerrada como suicidio y reabierta siete años después tras el testimonio de otro recluso. En octubre de 2011, el imputado fue formalmente procesado por asesinato agravado y, tras contar inicialmente con un defensor oficial, designó abogados particulares para su representación. Durante la etapa previa al juicio, los defensores privados solicitaron reiteradamente al fiscal acceso a las pruebas de cargo y copias del expediente. Sin embargo, el Ministerio Público le otorgó el acceso efectivo recién la noche del 8 de noviembre, apenas seis días antes de la audiencia preliminar. Debido a este retraso, al momento de realizar el intercambio obligatorio de información con la fiscalía, la defensa manifestó que no conocía aún el contenido completo del expediente y que no había tenido tiempo material para estudiar el material por lo que solo pudo proponer una lista mínima de testigos. Pocos días después, una vez analizada la prueba de cargo, la defensa presentó una lista complementaria de testigos de descargo, pero el juez técnico, a instancia de la fiscalía, la declaró inadmisible por haber sido presentada fuera del plazo legal de cinco días previsto en el código procesal. En consecuencia, el hombre enfrentó un juicio por jurados y fue condenado sin que se permitiera la declaración de ningún testigo en su favor. Tras agotar las instancias internas, el imputado presentó un reclamo formal ante el sistema europeo de derechos humanos. |
| 15-jul-2025 | Balmaceda Binimelli (Causa N° 19256) | A través de una denuncia anónima, se informó que un hombre se encontraba vinculado a la venta de estupefacientes. En ese marco, personal policial inició una investigación policial e identificó un domicilio. Ahí vivían el denunciado y su hermano. La policía observó movimientos de “pasamanos” de drogas en la puerta de la vivienda. En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento para ingresar al domicilio. El juzgado interviniente concedió la orden. Luego, agentes policiales ingresaron a la casa y detuvieron a los habitantes. Además, secuestraron una bolsa con estupefacientes, semillas de marihuana, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Por esos hechos, se imputó a uno de los hombres por los delitos de comercio de estupefaciente y tenencia con fines de comercialización; y, al segundo por el delito de tenencia de estupefaciente. En suma, el juez dispuso el arresto domiciliario y autorizó que se realizaran las pericias químicas sobre el material secuestrado. Tiempo más tarde, el representante del MPF requirió la elevación a juicio y solicitó que la pericia química de los estupefacientes se efectuara durante el debate oral. Por su parte, la defensa técnica de uno de los imputados solicitó una audiencia multipropósito. Allí, requirió su sobreseimiento. Al respecto, argumentó que no existía pericia química que corroborara la calidad del estupefaciente. A continuación, el fiscal solicitó que se declarase inadmisible el recurso. En ese marco, el juez de garantía rechazó el planteo defensista. Entre sus fundamentos, sostuvo que la fiscalía había ofrecido la pericia química para que fuera producida en la etapa de juicio.; Meses más tarde, se celebró la audiencia de control de acusación. En ese estadío, las partes discutieron acerca de la producción de la pericia durante la etapa de debate. Sin embargo, el juez interviniente rechazó su producción. A continuación, se dictó el auto de apertura a juicio y el tribunal competente sostuvo que no era viable producir la pericia química con posterioridad a la etapa de instrucción. El representante del MPF impugnó ambas decisiones, pero su planteo fue denegado. Tal circunstancia motivó una queja, que fue declarada inadmisible. Contra esa resolución interpuso un nuevo recurso que fue rechazado, lo que motivó una queja por casación denegada, dando lugar a la intervención del tribunal de casación. Mientras tanto, se celebró el juicio oral y ambos imputados fueron absueltos. Entre sus argumentos, el tribunal indicó que la falta de pericia química generaba dudas sobre la responsabilidad penal de los involucrados. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |