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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-sep-2026 | Recopilación temática de audiencias. Medidas de coerción y cautelares. Código Procesal Penal Federal | Este boletín reúne veinticuatro audiencias sobre medidas de coerción y cautelares en el CPPF (art. 210), registradas por las dependencias del Ministerio Público de la Defensa de las jurisdicciones de Salta, Rosario, Mendoza, La Pampa, General Roca y Comodoro Rivadavia. Los casos abordan la fundamentación de los riesgos procesales, el arraigo y los antecedentes penales, la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, el plazo de las medidas y su prórroga, y el control judicial de las condiciones de detención. |
| 18-sep-2026 | AGY (Causa N° 10434) | Un adolescente y un adulto sustrajeron con violencia el celular de una persona. Luego, intentaron fugarse pero el joven fue detenido por personal policial. Luego fue procesado por el delito de robo simple y se dictó su prisión preventiva. Durante la investigación, la defensa técnica del joven tomó contacto con su familia, que informó que no contaban con dinero para una reparación. En cambio, ofreció un pedido de disculpas por parte de su hijo. El equipo interdisciplinario del juzgado recomendó la implementación de una medida alternativa en el caso. Entonces, el fiscal presentó para su homologación el acta de conciliación. El damnificado manifestó su conformidad con el acuerdo y aceptó las disculpas. |
| 3-sep-2026 | Cardozo (causa N° 69186) | Un hombre había sido condenado a una pena de tres años y dos meses de prisión por el delito de robo agravado, y declarado reincidente. Su defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo y, en consecuencia, su excarcelación en términos de libertad asistida. Al momento de la solicitud, la pena no se encontraba firme. El tribunal oral interviniente hizo lugar al estímulo educativo y redujo en dos meses el requisito temporal para que el imputado accediese a la libertad asistida. Sin embargo, aunque dio por satisfecho el requisito, no hizo lugar a la excarcelación. Para así decidir, afirmó que existía un riesgo cierto de fuga que encontraba sustento en su declaración de reincidencia. En ese sentido, sostuvo que el hombre había evidenciado una conducta anti normativa y la falta de acatamiento a las normas sociales pese a haber transitado una pena con anterioridad. De esa manera, aseguró que existía un “grave riesgo” basado en un pronóstico de reinserción negativo que imponía el rechazo de su libertad anticipada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que la decisión vinculaba de manera automática la existencia de antecedentes penales con el riesgo de fuga, pero no explicaba cuál era su relación concreta. Por otro lado, recordó que la libertad asistida constituía, precisamente, el mecanismo de egreso anticipado previsto para quienes no podían acceder a la libertad por causa de una declaración de reincidencia. Asimismo, insistió en que el caso debía tratarse como la cesación de una prisión preventiva y que, por tanto, resultaba inadmisible la equiparación entre prisión preventiva y pena que efectuaba el a quo. Asimismo, recordó que la conducta de su defendido era ejemplar y no registraba sanciones disciplinarias, por lo que resultaban falsas las afirmaciones que vinculaban su declaración de reincidencia con un pronóstico negativo de reinserción. Por último, puntualizó que a su defendido sólo le restaban tres meses para agotar la pena. |
| 3-sep-2026 | Zacarías Cipriano (causa N° 13961) | Un hombre que residía en Argentina había sido imputado por el delito de robo agravado en la República del Perú. Entonces, la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de captura. A partir de esa medida, resultó detenido por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) en la ciudad de Ushuaia. En la audiencia de extradición, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva durante sesenta días a los fines de garantizar el procedimiento de extradición. Además, citó el artículo 26 de la ley N° 24.767 y destacó la prohibición de eximir de prisión o excarcelación en este procedimiento. Por su parte, la defensa del hombre planteó la inconstitucionalidad del artículo referido. En ese sentido, alegó que vulneraba la presunción de inocencia, el principio de igualdad ante la ley y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada frente a las características del caso y solicitó la inmediata libertad. Por último, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró innecesario el tratamiento de la inconstitucionalidad y requirió al juez que dispusiera la libertad ambulatoria sujeta a pautas de conducta. |
| 3-sep-2026 | Reparación integral de las víctimas. Estándares de la jurisprudencia penal federal | Este boletín reúne treinta y seis decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal y de distintos Tribunales Orales sobre el derecho a la reparación de las víctimas de delitos (particularmente, trata de personas y explotación, violencia institucional, reducción a la servidumbre y violencia contra la mujer en el ámbito laboral). Los fallos se organizan en seis ejes temáticos: ejecución directa de la reparación; prioridad en el cobro y decomiso; cálculo de los daños y actualización monetaria; obligatoriedad de la reparación; reparación en casos de "mulas" o "correos de droga"; y otras medidas de reparación. |
| 3-sep-2026 | Gutiérrez Chaira (Causa N° 13256) | Personal de Gendarmería Nacional interceptó a una mujer de nacionalidad boliviana y a su pareja en un paso no habilitado con destino a Bolivia. Cada uno portaba dos cajas con municiones de fabricación nacional. En la audiencia de formalización el representante del Ministerio Público Fiscal les imputó el delito de contrabando, agravado por el paso no habilitado y por la naturaleza de la mercadería (artículos 864, inciso a, y 867 del Código Aduanero), con una pena mínima de cuatro años de prisión y obtuvo la prisión preventiva de ambos. La defensa pública solicitó la revisión de la medida de coerción con documentación del Estado boliviano sobre la situación de cuatro hijos de la imputada de dieciséis, cuatro, tres y un año –lactante–, quienes habían quedado al cuidado de una hermana de diecinueve años. El juez de garantías rechazó el planteo. La defensa impugnó esa decisión en base al artículo 362 del CPPF y solicitó la libertad de la imputada en Bolivia con reportes periódicos ante Gendarmería Nacional. En subsidio, solicitó el arresto domiciliario en ese país. En ese sentido, sostuvo que el juez de garantías interviniente reemplazó el juicio cautelar por una pena anticipada, que el análisis de las cámaras de seguridad no exhibía a la imputada con las cajas ni acreditaba su dominio del hecho y que su grado de participación podía variar. El asesor de menores aportó el informe social del gobierno autónomo municipal de Yacuiba, Bolivia, y postuló la prisión domiciliaria. |
| 1-sep-2026 | Villaroel Jimenez (Causa N° 12249) | Durante un control vehicular, personal de la Gendarmería Nacional encontró estupefacientes en la motocicleta de un joven y lo detuvo. En consecuencia, fue imputado por el delito de transporte de estupefaciente. Además, el juzgado interviniente dispuso su prisión preventiva por sesenta y un días. Vencido ese plazo, la defensa técnica requirió una audiencia y solicitó la libertad de su asistido. Al respecto, manifestó que la medida de coerción no se renovaba de manera tácita. En ese sentido, destacó que existían otras medidas cautelares menos gravosas que podían aplicarse. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo y solicitó la prórroga de la prisión preventiva. |
| 20-ago-2026 | MOLINA Y CALERO (Causa N° 32876) | Una mujer y un hombre habían sido imputados por el intento de apoderamiento de una bicicleta. En ese sentido, se les imputó el delito de robo en grado de tentativa. El hombre registraba una condena a dos meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de robo y desobediencia a la autoridad de abril de 2025. La mujer carecía de antecedentes penales, presentaba un cuadro de esquizofrenia paranoide y poseía un certificado único de discapacidad. Ambos se encontraban detenidos en una alcaidía policial y, luego de una derivación, el Servicio Penitenciario Federal no aceptó el ingreso de la mujer a la Unidad IV de Ezeiza en razón de su cuadro de salud mental. En ese marco, la defensa solicitó la excarcelación de las dos personas. El juzgado interviniente rechazó el pedido y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión. Para decidir de ese modo, ponderó que el hombre había aportado una dirección en la que no residía y declaró su proyecto de mudarse al interior del país. Asimismo, tuvo en cuenta el antecedente condenatorio como impedimento para la concesión de una eventual condena de ejecución condicional y la posibilidad de ser declarado reincidente. Por otra parte, la excarcelación de la mujer fue rechazada en razón de un puntapié que habría aplicado a una agente policial al momento de la detención y de domicilios contradictorios aportados. Contra esa decisión, la defensa presentó recurso de casación. |
| 3-jul-2026 | Bidart Parlante (causa N° 32838) | En el marco de una causa penal, un hombre llevaba detenido más de un año y medio en una dependencia de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tribunal a cargo de la investigación ordenó su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, la que no se efectivizó por falta de cupos disponibles. Por estas razones, la defensa del hombre presentó un habeas corpus. El juzgado de turno hizo lugar a la presentación y ordenó nuevamente el traslado del detenido. Contra esa decisión, los representantes legales del Servicio Penitenciario Federal presentaron un recurso de apelación. |
| 30-jun-2026 | Yuriy Dmitriyev v. Russia | Un hombre había adoptado una niña. A fines de 2016, la policía recibió una carta anónima que lo denunciaba por fotografiarla desnuda. En consecuencia, se inició una investigación penal. Durante un allanamiento se descubrieron varias carpetas digitales con fotos de la niña desnuda. Asimismo, se hallaron distintos componentes de armas de fuego. El hombre fue detenido en prisión preventiva, situación que se extendió hasta el 2017. Al mismo tiempo, la niña fue alejada del entorno del acusado y enviada junto a su abuela que vivía a 600 kilómetros. Entre los argumentos para mantener al hombre en prisión, los tribunales alegaron la gravedad del hecho investigado, antecedentes condenatorios en sede administrativa y el peligro de influencia del hombre sobre la niña. En 2018, se lo condenó a dos años y medio de prisión de ejecución condicional por el delito de posesión ilegal de componentes de armas de fuego. En relación con el delito de producción de pornografía infantil, fue absuelto. Sin embargo, en 2018 una autoridad local de protección de los derechos de los niños denunció que había recibido una declaración de la niña que mostraba indicios de haber sido víctima de abuso sexual. En consecuencia, se inició una nueva investigación contra el padre adoptivo por la que fue nuevamente detenido bajo los mismos argumentos del procedimiento anterior. En 2020 se lo declaró culpable del delito de agresión sexual y fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva. Contra la sentencia, tanto el defensor como el fiscal interpusieron recursos. Durante la sustanciación de las apelaciones, el abogado de confianza del imputado informó al tribunal que había sido diagnosticado con COVID-19 y debía guardar cuarentena. Por esa razón, solicitó la suspensión de la audiencia fijada. El tribunal rechazó el pedido y designó un defensor de oficio dos días antes de la audiencia. En ese acto, el hombre manifestó su disconformidad con la defensa asignada e informó que padecía de problemas auditivos severos que le impedían comprender la audiencia en su formato virtual y comunicarse de manera efectiva con el nuevo abogado defensor. Sin embargo, el tribunal rechazó sus planteos. Finalmente, la sentencia fue revocada, se dictó una nueva condena contra el hombre por el delito de abuso sexual y se impuso una nueva pena de trece años de prisión. Luego de que el imputado interpusiera un recurso de casación, la condena fue confirmada. La defensa interpuso un nuevo recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. |
