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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 3-abr-2025 | La reiterancia delictiva: un análisis constitucional y convencional de la ley 27.785 | El autor analiza la reforma legislativa traida por la ley 27.785 en lo que respecta al concepto de reiterancia delictiva, desde una perspectiva constitucional y convencional. En particular, evalúa cómo la incorporación de este concepto afecta principios, derechos y garantías constitucionales, así como las posibles tensiones que puede generar con los derechos humanos y los estándares establecidos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. |
| 28-ene-2025 | Beati (Reg. N° 82 y Causa N° 39699 ) | Una persona fue condenada a la pena de seis años de prisión por los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de comercio y de tenencia con fines de comercialización, agravados por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y en concurso real entre ellos. Cumplido el requisito temporal, la defensa planteó la inconstitucionalidad de los artículos 14, segundo párrafo, inciso 10 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660. En consecuencia, solicitó la libertad condicional de su asistida. El tribunal interviniente rechazó el planteo y no hizo lugar a la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 16-dic-2024 | Jóvenes adultos del Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz (Causa N° 16397) | En el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz se registraban situaciones de violencia entre las personas detenidas, con episodios de golpes y quemaduras, conocidas como "bienvenidas". Además, se producían extorsiones a familiares de las personas privadas de la libertad. Durante entrevistas realizadas por el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación Argentina, algunas personas describieron estos hechos y manifestaron su voluntad de denunciarlos. Por ese motivo, el Programa interpuso una acción de habeas corpus denunciando un agravamiento en las condiciones de detención. En esa oportunidad, solicitaron, entre otras cuestiones, que se informara si existían cámaras de seguridad en todos los pabellones de la Unidad Residencial, si se encontraban en funcionamiento, de qué modo se monitoreaban los espacios comunes de los pabellones y quién era el personal responsable. Asimismo, se pidió que se indicara qué medidas de protección estaban disponibles cuando un joven denunciaba situaciones de violencia y que se llevara a cabo una inspección judicial en el complejo, con el objetivo de visualizar las capacidades y dificultades preventivas presentes en las instalaciones penitenciarias. Una vez admitida la acción de habeas corpus, se llevó a cabo la inspección general de las instalaciones del Complejo. Entonces, se constató la insuficiencia de personal penitenciario en relación con la cantidad de personas alojadas y la falta de implementación de técnicas y mecanismos de prevención para evitar las situaciones de violencia. También se detectaron deficiencias en el sistema de cámaras de seguridad y la ausencia de dispositivos en algunos espacios comunes. Por último, se observó una rotación constante de las autoridades a cargo del penal y la ausencia de criterios de dirección y políticas estables a lo largo del tiempo. De forma posterior, se realizó la audiencia prevista por el artículo 14 de la ley Nº 23.098, en la que la defensa enfatizó en la constatación que se hizo sobre el agravamiento de las condiciones de detención. Por su parte, las autoridades penitenciarias en su alegato coincidieron en establecer una mesa de enlace que tuviera por objeto ampliar los protocolos de seguridad correspondientes. |
| 7-nov-2024 | Dictámenes en informes del Programa sobre Diversidad Cultural en materia penal | Esta publicación presenta la producción de informes y dictámenes destacados en material penal del Programa sobre Diversidad Cultural (PSDC) del Ministerio Público de la Defensa en el período 2015 a 2023. El objetivo de la compilación es visibilizar el trabajo que lleva a cabo el PSDC y sus intervenciones en causas que involucran el acceso a la justicia de minorías culturales, étnicas y lingüísticas. |
| 23-oct-2024 | Acosta (Causa N° 22285) | Durante un operativo de prevención, personal de Gendarmería Nacional detuvo un colectivo que transportaba pasajeros. En ese marco, encontraron en poder de un hombre dieciocho envases de talco. Los oficiales realizaron un narcotest en dos muestras del contenido de esos envases, que arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Por esa razón, el hombre fue detenido. En la audiencia de formalización de la investigación, la fiscalía encuadró el hecho en el delito de transporte de estupefacientes y solicitó su prisión preventiva, que fue concedida por el juez. Veintiún días después, la Fiscalía recibió el informe pericial del Gabinete Científico de la Policía que concluyó que las muestras no contenían sustancias estupefacientes. En consecuencia, solicitó una audiencia de revisión de medida cautelar en los términos del artículo 226 del CPPF. En esa oportunidad, requirió la revocación de la prisión preventiva. La defensa, con apoyo en los principios de concentración y celeridad procesal, solicitó su sobreseimiento en atención al peritaje químico, de acuerdo con el artículo 269, inciso b) del CPPF. La Fiscalía replicó que, si bien el estado de sospecha inicial ya no existía, necesitaba la aprobación del Fiscal Revisor para solicitar el sobreseimiento. |
| 17-oct-2024 | Machado Melis (reg. N° 1784 y causa N° 3765) | Cuatro hombres se presentaron en el domicilio de una persona con el fin de comprar estupefacientes. Dos de ellos discutieron con la proveedora y la lesionaron con golpes de puños en distintas partes del cuerpo, lo que derivó en que horas más tarde falleciera. Uno de estos hombres fue sobreseído en los términos del artículo 34, inciso 1, del Código Penal. El otro fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de homicidio preterintencional y se mantuvo la declaración de reincidencia. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En primer lugar, se agravió por la errónea aplicación de la ley sustantiva al calificar el hecho como homicidio preterintencional. Así, consideró que el tribunal había realizado una arbitraria valoración probatoria para tener por acreditado que la muerte de la víctima había sido causada por las lesiones producidas. En ese sentido, no se había podido determinar su gravedad. Por esa razón, sostuvo que el dolo de su asistido se había limitado a golpear a la persona damnificada por lo que, por aplicación del principio in dubio pro reo, la calificación legal que correspondía era la de lesiones leves.; De manera subsidiaria, expuso que la mensuración de la pena impuesta había violado los principios de culpabilidad, proporcionalidad y resocialización. De esa manera, afirmó que el tribunal interviniente había omitido mencionar de qué modo había tomado en consideración las circunstancias subjetivas de su asistido. En ese sentido, sólo se había limitado a enumerar distintos aspectos sin especificar si operaban como atenuantes o agravantes. Finalmente, resaltó que el imputado había reconocido los hechos, lo que resultaba de gran importancia para el esclarecimiento del caso; a la vez que había expresado su arrepentimiento. |
| 9-oct-2024 | Arrua (Causa N° 10437/2016) | Un hombre estuvo detenido con prisión preventiva durante 8 años. Finalmente, fue condenado a la pena de 15 años y 6 meses. En consecuencia, requirió ser incorporado al régimen de salidas transitorias. El tribunal interviniente rechazó la solicitud, argumentó que el detenido no había avanzado en las etapas del régimen penitenciario. Además, valoró de manera negativa que no hubiese solicitado la incorporación al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena (REAVP). Contra de esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación, y sostuvo que el rechazo se basaba en informes penitenciarios que no contemplaban las circunstancias específicas del detenido. En ese sentido, explicó que su falta de avance en las etapas del régimen penitenciario se debía a la demora del tribunal en dictar la condena, una situación que no le era atribuible a su asistido. |
| 19-ago-2024 | Luna (causa N° 21251) | Una mujer que se desempeñaba en la Gendarmería Nacional denunció a su superior jerárquico ante el área de género de la institución. Entre otras cuestiones, expresó que el hombre revestía el cargo de Suboficial Mayor y que realizaba contactos físicos inapropiados, manifestaciones con contenido sexual y gesticulaciones obscenas dirigidas hacia su persona en frente de sus compañeros varones. La mujer solicitó que la denuncia se mantuviera reservada, para resguardar su integridad y privacidad. Sin embargo, de forma posterior su denuncia se cargó de manera pública en el Sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE) de la institución. En ese contexto, la denunciante solicitó un cambio de tareas. En consecuencia, las autoridades le impusieron una restricción de armamento, lo que le generó un impedimento para realizar guardias y una restricción de sus condiciones laborales. La mujer realizó la denuncia ante el juzgado federal correspondiente. De forma posterior, la fiscalía y la Defensoría Pública Oficial en calidad de querellante solicitaron el procesamiento del hombre por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, por el maltrato a una mujer que ostentaba un cargo inferior en la jerarquía militar. |
| 15-ago-2024 | Godoy (causa N° 2262) | En abril de 2017, se inició una investigación penal por una infracción a la Ley de Estupefacientes. En agosto de ese año, un hombre fue identificado como posible coautor. En diciembre de 2023, fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de transporte y comercio de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso c, de la ley N° 23.737 y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Esta pena comprendía una condena de tres años de ejecución condicional dictada en 2021.; El hombre cumplió en prisión preventiva dos tercios de la pena única, que además no se encontraba firme. Por esa razón, la defensa solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, sostuvo que, si bien la última reforma a la Ley de Ejecución Penal −sancionada en de julio de 2017− excluía de la libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley N° 23.737, el hecho imputado era anterior a la sanción de esa norma. Del mismo modo, argumentó que, aunque el tribunal oral no compartiera esa interpretación, la primera condena de su defendido era íntegramente anterior a la sanción de esa norma. Por lo tanto, consideró que no era posible someterlo a dos regímenes de ejecución de la pena distintos. Por esa razón, concluyó que debía optarse por el régimen más favorable. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la libertad. Afirmó que la interpretación de la defensa era errada por cuanto la individualización de su defendido en la causa había ocurrido con posterioridad a la sanción de la norma. Por ese motivo, postuló el rechazo de la excarcelación. |
| 24-jul-2024 | Gutiérrez (causa N° 2966) | A raíz de un allanamiento, efectivos policiales secuestraron en un domicilio 78,93 gramos de cocaína y 25,5 gramos de marihuana. Por esos hechos, una mujer trans fue procesada con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el marco del proceso, el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la comunidad, el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos y la Comisión sobre temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación realizaron diversos informes que constataron que la mujer vivía en condiciones de precariedad económica, que había vivido episodios de violencia de género y otros hechos de discriminación en razón de su identidad de género. Entonces, su defensa solicitó su sobreseimiento por considerar, entre otras cuestiones, que había actuado bajo un estado de necesidad justificante debido a su situación de extrema vulnerabilidad. A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció de manera favorable. |