ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
28-mar-2017	CM, L	En ambos casos, personas menores de edad habían sido acusadas penalmente de acuerdo al procedimiento de flagrancia (ley 27.272, modificatoria del CPPN). En la audiencia inicial, la defensa postuló la inaplicabilidad del proceso sumario a casos del régimen penal de menores. Entre otros argumentos, sostuvo que la complejidad que reviste el trámite tutelar y los problemas derivados de la “detención” de adolescentes hacían incompatibles ambos sistemas. A su vez, postuló la inconstitucionalidad de la ley 22.272 en este punto. El juzgado de primera instancia rechazó el planteo. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones no hizo lugar a la impugnación e indicó que el “Régimen Penal de la Minoridad” (ley 22.278) no era objeto de cuestionamientos constitucionales o convencionales. En ambos casos la defensa interpuso un recurso de casación.
28-mar-2017	FC o ALMG	Una mujer, madre de tres niñas de ocho, tres y un año, había sido condenada a la pena de seis años de prisión. Sus dos hijas mayores quedaron a cargo de su abuela y la más pequeña vivía con ella en prisión. Frente a esta situación, la defensa solicitó la prisión domiciliaria con fundamento en el artículo 32 inciso f de la ley Nº 24.660. El juez de ejecución no hizo lugar al pedido. A tal fin, argumentó que la guarda de hecho que ejercía la abuela paterna sobre dos de los niños era una situación preexistente a la situación de la condenada, por lo que la ausencia maternal no era consecuencia de la detención. Además, afirmó que, en un proceso anterior, la mujer tuvo prisión domiciliaria y abandonó su hogar y cometió el último delito. La decisión fue impugnada por la defensa. La Procuración Penitenciaria de la Nación (como amicus curiae) y el Defensor de Menores alegaron en sentido favorable a la concesión de la prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación.
1-dic-2016	Squettino, Gilda Mariana	Una mujer, oficial de la Armada Argentina, solicitó ser trasladada a Corrientes para estar cerca de sus hijas, una de las cuales padecía severos trastornos psicológicos por encontrarse separada de su madre. Dicha petición fue denegada. Contra esa decisión, la actora promovió una acción de amparo. Un año y medio después, la Armada dispuso el cese de servicios de la peticionante; decisión que fue impugnada por la nombrada y suspendida judicialmente. Sin embargo, en el marco del pronunciamiento sobre el amparo interpuesto, el juzgado declaró abstracta la cuestión con fundamento en que la actora había pasado a retiro y que no existía constancia alguna de que dicha disposición se hubiera cuestionado en sede administrativa. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación.
26-oct-2016	C, RE	Una mujer inició una demanda de filiación contra una persona debido a la falta de reconocimiento de su hijo menor de edad y reclamó una indemnización por daño moral para el niño y para ella. El tribunal de primera instancia tuvo por probado el vínculo, hizo lugar a la petición relativa al niño y la rechazó en lo que atañe a la progenitora. La Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara apeló la sentencia y cuestionó el monto fijado por daño moral a favor de su representado por considerarlo exiguo. Asimismo, la madre apeló la sentencia en cuanto rechazó la pretensión a su favor.
18-oct-2016	C, RO c. C, ON	En el marco de un contrato de fideicomiso sobre bienes provenientes de una herencia se estableció como fideicomisaria a una niña y a otras dos personas. El padre de la niña inició una demanda de nulidad de acto jurídico contra los otros beneficiarios del contrato con el objeto de que los bienes regresen a la herencia de los padres –prefallecidos– del actor. Uno de los codemandados solicitó la designación de un abogado del niño para que se resguarden sus intereses. El juez de primera instancia desestimó la petición por considerar que la niña ya contaba con la representación de la Asesora de Menores. El codemandado interpuso recurso de apelación.
12-jul-2016	OC,B c. INCUCAI y otro	Un adolescente de nacionalidad boliviana inició una acción de amparo contra el Estado Nacional y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Ello, con el objeto de que se lo inscriba en la lista de espera para trasplante de órganos pese a su carácter de extranjero no residente permanente.
1-jun-2016	DBKMJ (Causa Nº 120.054)	El juzgado civil y comercial de Azul constató que una mujer, MCdB, no tenía contacto directo y personal con sus dos hijas. Dicha circunstancia fue constatada por distintas especialistas que intervinieron en el proceso e incluso reconocida por MCdB. Por tal motivo, el juzgado declaró la situación de adoptabilidad de las menores de edad. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la decisión. Contra esa resolución, MCdB interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
24-may-2016	PLP (Causa Nº 10322)	Una mujer procesada con prisión preventiva solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a su hija menor de edad (artículo 32 inciso f de la ley Nº 24.660). El Tribunal Oral rechazó la solicitud por considerar que podía cometer nuevos delitos y entorpecer la investigación del hecho que se le atribuía; esto, dado que restaba identificar a otros partícipes del hecho. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
24-may-2016	ACE (Causa Nº13234)	Una mujer que se encontraba detenida con prisión preventiva solicitó que se le concediera la prisión domiciliario a fin de hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos, de 9, 6 y 2 años de edad. El asesor de menores consideró necesario, previo a pronunciarse, contar con una serie de informes. Una vez producida esa información, el Tribunal Oral omitió conferirle intervención y rechazó la petición. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
2-may-2016	BA, ML	Una mujer de nacionalidad peruana ingresó a Argentina en el año 2006. Con el transcurso del tiempo formó pareja y sus padres se mudaron al país. En 2008 fue condenada a la pena de tres años de prisión por el delito de tenencia simple de estupefacientes. En virtud de esa condena, un año más tarde, la Dirección Nacional de Migraciones estimó que la permanencia de la mujer en el país resultaba irregular, por lo que la expulsó y le prohibió regresar al territorio argentino por ocho años. El caso fue judicializado por la defensa. En esa instancia, se acompañó un informe social elaborado por la Defensoría General de la Nación en el que se destacó que la actora se encontraba embarazada y que en su país de origen no contaba con vínculo alguno.