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Fecha | Título | Resumen |
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13-oct-2015 | DdeCES | Una persona que había sido imputada por el delito de defraudación agravada solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. A tal fin, consideró que la suma ofrecida en concepto de reparación del daño no era suficiente. Con fundamento en el dictamen fiscal, el Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
8-oct-2015 | Astarita, Agustín Ernesto | En el presente caso, la Sala I había resuelto denegar el recurso interpuesto por la defensa, confirmar la resolución dictada por el Tribunal Oral que rechazó la excarcelación del asistido, pero le hizo saber que debía fijar fecha de juicio a más tardar el 4 de septiembre del año en curso. En caso de que aquello no fuese posible por causas no atribuibles a peticiones del imputado o la defensa, dispuso que debía ponerlo en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso. |
3-oct-2015 | Guernica (reg. Nº 616 y causa Nº 19650) | Un hombre fue condenado a la pena única de dos años y diez meses de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El imputado no registraba antecedentes y poseía concepto bueno y conducta ejemplar. El Consejo Correccional informó que, si bien el imputado había cumplido con los objetivos en todas las áreas, “la falta de oficio y hábitos laborales” otorgaban un pronóstico de reinserción desfavorable. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se expidió de manera positiva a la concesión del instituto. El juzgado de ejecución rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
28-sep-2015 | DPN | Una persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la imputada ofreció una suma de $100 en concepto de reparación. El fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, argumentó que, de conformidad con lo que manifestó el damnificado en la audiencia, la suma ofrecida era insuficiente en comparación con el daño causado. En consecuencia, el Tribunal Oral denegó la probation. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
25-sep-2015 | Arias, Héctor Ricardo | El tribunal oral había resuelto rechazar la excarcelación solicitada en favor del imputado, fundamentando tal decisión en que fue mendaz al brindar sus datos personales cuando fue detenido, en la pena en expectativa para el delito imputado (robo en poblado y en banda, en grado de tentativa) y la posible declaración de reincidencia. Contra esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
3-sep-2015 | Melián Massera (Causa n°72288) | Dos personas fueron imputadas por tres hechos. En julio de 2005 fueron citadas a prestar declaración indagatoria, en octubre de 2010 se requirió la elevación a juicio del expediente y en 2011 fueron citadas a juicio. El Tribunal Oral declaró extinguida por prescripción la acción penal y dictó el sobreseimiento de las personas. Para decidir de esa manera, la resolución interpretó que el único acto que integraba el término “secuela de juicio” contenido en la redacción anterior del artículo 67 del Código Penal, vigente al momento de los hechos, era el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, señaló que esa era la interpretación más beneficiosa para las personas imputadas. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación. |
3-sep-2015 | Urrutia Valencia, Marcelo Alejandro | En el presente caso, el tribunal había condenado al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión como autor del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de utilería en grado de tentativa. Contra dicha resolución la defensa interpuso recurso de casación. |
2-sep-2015 | DD | Una persona había sido imputada por el delito de homicidio culposo. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se pronunció en favor de la probation. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó la solicitud de la defensa. A tal fin, entendió que el hecho de que el delito imputado tuviera prevista una pena de inhabilitación impedía hacer lugar a la petición. Contra dicha resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
2-sep-2015 | MSH (causa Nº 44917) | Un hombre, asistido por su abogada, inició un juicio laboral por un accidente que había tenido en su lugar en su trabajo. El fallo fue favorable al actor, quien transfirió a su abogada una suma dineraria que superaba los honorarios pactados. Por esa razón, la denunció por el delito de estafa. Sin embargo, al declarar en el marco del juicio oral, su versión de los hechos difirió de lo que había relatado en la etapa de instrucción. Por su parte, la imputada explicó que el monto percibido en concepto de honorarios se correspondía con el asesoramiento brindado en virtud de dos denuncias que había efectuado su cliente y la devolución de un préstamo de dinero. Una testigo, empleada de la imputada, dijo que era usual que se efectuaran ese tipo de transacciones con los clientes y que podía dar cuenta de que la abogada le devolvió al querellante los pagarés de la deuda al momento de realizarse la transferencia. El Tribunal Oral condenó a la abogada por el delito de estafa a una pena de nueve meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la profesión por un año y seis meses. Para decidir de esta manera, valoró la prueba documental incorporada al debate –el expediente laboral y el informe del Banco Ciudad de Buenos Aires– y los dichos de la imputada y del querellante. Tras comparar las versiones ofrecidas por las partes, descartó la de la imputada porque, a su criterio, no existía prueba que avalara su descargo. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
28-ago-2015 | Ortiz, José | En el presente caso, el Tribunal Oral resolvió rechazar la excarcelación solicitada a favor del imputado. El Tribunal entendió que la gravedad de la pena prevista para el delito atribuido –art. 119 párrafo tercero del CP– y el escaso tiempo que el imputado llevaba privado de su libertad (8 meses y 20 días), eran pautas que permitían afirmar que, de otorgarse la excarcelación, existía un alto riesgo de que intentara sustraerse del accionar de la justicia. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –integrada por los jueces Mahiques, Morín y Garrigós de Rébori– hizo lugar a la impugnación. |
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