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FechaTítuloResumen
27-mar-2013ALD (causa Nº 5613)Una persona que trabajaba en un supermercado como supervisora de caja sufrió malos tratos de parte de sus compañeros debido a su orientación sexual. En consecuencia, fue asignada a tareas que aumentaron su responsabilidad y excedían su función. Entonces, inició una acción civil contra el supermercado y la ART. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley Nº 24.557 y condenó a la sociedad titular del supermercado y a la ART –en los términos de la póliza– al pago de una suma de dinero en concepto de reparación. En consecuencia, la parte actora y las demandadas interpusieron un recurso de apelación.
27-mar-2013Brizuela, Juan CarlosUna persona había sido condenada por el delito de robo agravado por su comisión con un arma cuya aptitud no pudo tenerse por acreditada. Dicha sanción motivó la imposición de una pena única y la revocación la a libertad condicional concedida en un proceso anterior. La decisión fue impugnada por su defensa. Este recurso dio lugar a que la Sala II de la CFCP anulara parcialmente el pronunciamiento en lo relativo a la pena impuesta y a la declaración de reincidencia. Con anterioridad a la adopción de esa determinación, la defensa había requerido la excarcelación de su representado por cumplir el requisito temporal previsto para la concesión de la libertad condicional (art. 317, inc. 5º CPPN). El tribunal, sin embargo, rechazó la petición por considerar constitucional el instituto de la reincidencia. Frente a esto, se interpuso un recurso de casación.
19-feb-2013X and Others V. AustriaX mantenía una relación amorosa con una persona del mismo sexo, Z. La primera de ellas deseaba adoptar al hijo de su pareja para crear un vínculo legal entre ellos que no rompiera la relación del niño con su madre. En ese marco, realizaron un acuerdo de adopción. Sin perjuicio de eso, los tribunales nacionales se negaron a aprobar el convenio por entender que la adopción por parte de una sola persona implicaba reemplazar la relación filio-parental con el progenitor del mismo sexo que el adoptante; es decir, habría conllevado la supresión del vínculo parental del hijo con su madre biológica. Los peticionarios acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al entender que no había ninguna justificación razonable y objetiva para garantizar la adopción de integración a parejas de diferente sexo, casadas o no, y negar a parejas del mismo sexo. El Estado, entre otros argumentos, sostuvo que la imposibilidad legal de garantizar la adopción a los peticionarios no resultaba discriminatoria, en la medida que no estaba basada en su orientación sexual. Expresó que el artículo 182, inc. 2 del Código Civil hacía imposible que una mujer adoptara a un mejor mientras mantuviera vínculos legales con su madre biológica y que esa regla tenía carácter general.
20-ene-2013Fredes (reg. Nº 2060 y causa Nº 13.904)Personal policial del área de Drogas Peligrosas de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, informó que en distintas recorridas con autos policiales no identificables, se habían observa-do tres personas con actitud sospechosa. Asimismo, dio cuenta de que las personas tenían antecedentes condenatorios por infracciones a la Ley de Estupefacientes y sugirió que podían haber mantenido reuniones para establecer una organización para su comercio. Sobre la base de esos informes, la fiscalía requirió la instrucción de la causa. Luego de unas semanas de tareas de investigación, la policía solicitó la intervención de las líneas telefónicas de los integrantes de la organización. El juzgado hizo lugar al pedido y la medida se hizo efectiva después de haber transcurrido dos meses y medio. La policía requirió que la prórroga de la intervención para “continuar reuniendo elementos de prueba para la investigación”. El juzgado hizo lugar al planteo. Tras meses de escuchas y tareas de vigilancia, se dispuso el allanamiento de once domicilios y la detención de ocho personas. Finalmente, el Tribunal Oral condenó a los imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercio y distribución de estupefacientes a penas de cuatro a trece años de prisión. Contra esa sentencia, las defensas interpusieron recursos de casación. Entre otras cuestiones, sostuvieron que los primeros informes policiales se habían limitado a relatar encuentros entre personas con antecedentes condenatorios vinculados a la ley N° 23.737, los que no resultaban suficientes para que se dispusiera la investigación ni las intervenciones telefónicas.
2013El delito de trata de personas. Herramientas para los defensores públicosEsta publicación propone el acceso a materiales actualizados vinculados al delito de trata de personas y pretende colaborar con el trabajo diario de cada defensoría. En primer lugar, se han incorporado trabajos de los expositores que dictaron el “Curso sobre Trata de Personas”, aun sin ser exactamente el contenido de estas clases. Esta publicación tiende a facilitar el contenido de las jornadas a todas aquellas personas que no han podido asistir a los encuentros. Además, con la intención de hacerles llegar las discusiones actuales sobre esta temática, aprovechamos la oportunidad para incorporar una selección de la jurisprudencia más reciente de nuestros tribunales a modo de información. Por último, se compilaron los principales instrumentos internacionales y nacionales sobre el delito abordado, como también una selección de los reglamentos vigentes en la mayoría de las provincias de nuestro país.
2013Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado.Este protocolo, por su estructura y naturaleza podrá ser un documento de consulta para otras realidades nacionales que deseen avanzar en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, entendiendo que este derecho es un núcleo en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, como también, en la vigencia de una democracia plenamente inclusiva.
24-dic-2012Informe preliminarEn 2012, el Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible emitió su primer informe. En este documento, realizó un recorrido histórico de los desarrollos en materia de derechos humanos y ambiente. A su vez, informó sobre su planificación de actividades en el marco del mandato. Por último, explicó cómo impactan los daños ambientales en los derechos humanos.
19-dic-2012Fernández, Carlos y otrosEl tribunal oral había condenado a una persona como coautora del delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas y en lugar poblado y en banda, y a otras dos como autoras del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización, agravada en un caso por el goce de una excarcelación y en el otro por registrar antecedentes penales en un delito doloso, por el que el imputado fue declarado reincidente. Frente a esta resolución, la defensa interpuso recursos de casación.
13-dic-2012Antuña (causa N° 12434)Una persona había sido imputada por un delito. En el marco de la causa, el juzgado interviniente la declaró inimputable en virtud del artículo 34, inciso 1, del Código Penal y dictó su sobreseimiento. Asimismo, dispuso su internación compulsiva en una unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Federal. Para así decidir, el juez se basó en un informe elaborado por un único médico forense que recomendaba su internación. La defensa impugnó esa decisión. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y luego la Cámara Nacional de Casación Penal, confirmaron la internación dispuesta por el juzgado. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal, que fue rechazado. Por esa razón, presentó un recurso de queja.
7-dic-2012MSJS c. Medife Aasociacion Civil y otroLos padres de una niña con discapacidad requirieron a MEDIFE y al Servicio Nacional de Rehabiliación y Protección de las Personas con Discapacidad la cobertura total de su escolaridad en un jardín maternal. Ante la negativa de ambas entidades, los padres interpusieron una acción de amparo y solicitarón como medida cautelar innovativa la cobertura inmediata de la prestación. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición. La entidad estatal interpuso un recurso de apelación.