Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-nov-2025 | Calcaterra y otro | En el marco de un proceso penal, la Cámara Federal de Casación Penal había declarado la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 con competencia electoral. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la nulidad de la decisión. Entre sus argumentos, señaló la falta de notificación e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querella. |
| 12-nov-2026 | ALP (Causa N° 3313) | Una adolescente con discapacidad psicofísica finalizó sus estudios primarios en una escuela pública de Entre Ríos. Luego, completó el primer año del secundario en otro colegio. A comienzos de 2025, las autoridades de la institución escolar a la que asistía le sugirieron a su progenitora que la joven siguiera su formación en un establecimiento de educación especial integral. No obstante, la mujer no accedió a esa propuesta. Frente a esa situación, las autoridades le ofrecieron que su hija concurriera a cuatro materias, cuatro veces por semana. La mujer tampoco aceptó y la adolescente dejó de ir a clase. En ese marco, la Supervisora de Educación Especial zonal informó al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia que se habían efectuado todas las gestiones posibles, de acuerdo a las necesidades de la adolescente y que, pese a ello, su madre se había negado. Con posterioridad, la mujer –en representación de su hija– inició una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. En su presentación, solicitó que se ordenara al organismo la implementación de un proyecto pedagógico individual que garantizara una trayectoria educativa completa para la joven. En primera instancia, se admitió el reclamo. De esa manera, se obligó a la demandada a que, en el transcurso de veinte días corridos, elaborara el plan solicitado. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial revocó lo resuelto y rechazó la acción. Para decidir así, consideró que aún tramitaba un procedimiento administrativo que había promovido la Departamental de Escuelas de Rosario del Tala. En ese sentido, sostuvo que la actora había abandonado la vía administrativa y había optado por la del amparo, lo que vulneraba el artículo 3, inciso b) de la Ley provincial de Amparo N° 8369. La norma establecía que la acción de amparo y el proceso administrativo no podían transcurrir en simultáneo. Contra lo decidido, la actora interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó una queja. Entre sus argumentos, la mujer planteó que el Superior Tribunal había incurrido en un excesivo rigor formal. Por su parte, el Defensor General Adjunto ¬en carácter de representante complementario de la adolescente– emitió su dictamen. En esa oportunidad, hizo hincapié en la necesidad de implementar apoyos con el fin de asegurar el acceso de la joven a educación integral en condiciones de igualdad. |
| 5-nov-2026 | Müller (causa N° 4012) | Durante la última dictadura militar, veinticuatro trabajadores vinculados a la empresa Ford Motor Argentina S.A. fueron secuestrados y torturados en base a la información personal y laboral que algunos cargos jerárquicos proporcionaron a las autoridades militares. Varios de ellos fueron privados de su libertad y sometidos a tormentos en el predio de la fábrica en la que trabajaban. Por esos hechos, se investigó y condenó a gran parte del personal jerárquico; un gerente de manufactura fue condenado como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y de los tormentos agravados a la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta, y se calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Para decidir de esa manera, entre otras cuestiones, el tribunal tuvo en cuenta su particular relevancia entre las autoridades, ya que reemplazaba al presidente de la firma en su ausencia. La defensa del gerente de manufactura interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había acreditado su efectiva participación en los hechos y que su condena se basaba únicamente en el cargo jerárquico que ostentaba, lo que violaba los principios de culpabilidad e inocencia. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso. Entre sus argumentos, ponderó una gran cantidad de testimonios junto a que había sido correctamente descartada la hipótesis de la defensa respecto de que las Fuerzas Armadas pudieron haber obtenido esa información exclusivamente del sindicato. Por otro lado, resaltó que las críticas de la defensa se dirigían a extractos aislados de declaraciones testimoniales y no lograban desvirtuar el resto de la prueba de cargo. La defensa presentó un recurso extraordinario federal. Entre sus fundamentos, afirmó que no era cierto que se hubiera descartado la hipótesis de descargo de la defensa, lo que vulneraba el principio de inocencia. Asimismo, insistió en que no se había descrito con precisión el aporte personal que el hombre había hecho y que se había ponderado arbitrariamente la prueba de cargo. |
| 28-oct-2026 | ADN y proceso penal. Registro de datos genéticos (internacional) | Este boletín contiene una selección de la jurisprudencia internacional en torno a la recolección y el almacenamiento de material genético en el marco de procesos penales. En ese sentido, recopila decisiones del Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo. |
| 21-oct-2026 | Fernández Chumacero (Causa N 37700) | Una adolescente de quince años que vivía en Bolivia fue contactada por una pareja y trasladada a la Argentina con la promesa de acceder a un trabajo. En Buenos Aires, realizó tareas domésticas, cuidó a los hijos de la pareja y atendió un puesto de venta de teléfonos celulares. Luego de escaparse del puesto, solicitó ayuda en el consulado boliviano y se inició una causa penal. En su declaración, la adolescente relató que trabajaba extensas jornadas, percibía una remuneración irrisoria, sufría malos tratos, amenazas y agresiones físicas, y tenía su documentación retenida. También señaló que, al comunicar su intención de regresar a Bolivia, la pareja se negó a devolverle sus documentos. En ese marco, fue entrevistada por profesionales que resaltaron la coherencia de sus relatos y la existencia de indicadores de explotación laboral. Por su parte, la pareja negó la existencia de explotación laboral y afirmó que la joven percibía una remuneración mensual de tres mil pesos.; La pareja fue condenada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad y por resultar la víctima menor de edad. Las defensas recurrieron la decisión y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a los imputados por considerar que no se había acreditado la finalidad de explotación, cuestionó la credibilidad de ciertos aspectos del relato de la víctima y valoró que hubiera regresado a Bolivia una vez iniciada la investigación. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal que fue rechazado. Por ese motivo, presentó un recurso de queja. |
| 19-oct-2026 | LGTB (Causa Nº 42360) | Un joven con una discapacidad psicosocial estaba afiliado a PAMI. Contaba con esa cobertura a través de su padre, quien era beneficiario de una jubilación por invalidez. Al cumplir veintiún años, la obra social dio de baja la cobertura. En ese contexto, el joven solicitó su reafiliación. En respuesta al pedido, PAMI le informó que nunca había estado afiliado en carácter de hijo con discapacidad, sino en virtud de su minoría de edad. Además, señaló que el actor había iniciado el trámite para obtener una pensión no contributiva e indicó los requisitos para tramitar la afiliación como hijo con discapacidad a través del progenitor. Con posterioridad, con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, el joven requirió que se dictara una medida cautelar autosatisfactiva urgente a fin de que se ordenara la su reafiliación. |
| 14-oct-2026 | FLB (Causa N° 84871) | Un hombre falleció en un siniestro vial. A raíz de ese hecho, su cónyuge, hijos y progenitores iniciaron una acción de daños y perjuicios. Si bien en primera instancia se admitió el reclamo, la cámara luego modificó lo resuelto. En ese sentido, redujo alrededor de un 60% las indemnizaciones por daño moral y valor vida. También modificó el régimen de intereses aplicables. Contra lo decidido, los actores presentaron un recurso extraordinario federal. Frente a su rechazo, interpusieron una queja. Entre sus argumentos, expusieron que el recorte de los montos indemnizatorios no había sido fundado de manera suficiente. Al respecto, destacaron que la cámara había utilizado fórmulas genéricas que no se ajustaban a las constancias de la causa, lo que vulneraba tanto el debido proceso como el principio de reparación plena. |
| 9-oct-2026 | Asociación Civil Árbol de Pie (Causa N° 20213) | Una legisladora provincial, junto a la Asociación Civil Árbol de Pie y a referentes de dos comunidades indígenas iniciaron un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo de la Nación. En su presentación, solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley N° 26737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Asimismo, requirieron que se dictara una medida cautelar para que se suspendieran los efectos del referido artículo. Sobre ese aspecto, señalaron que afectaba a los pueblos originarios, así como a la seguridad nacional y a la integridad territorial, dado que podía generar derechos adquiridos sobre grandes extensiones de tierra a favor de personas extranjeras. Luego, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche ordenó la remisión de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Para decidir así, advirtió que allí tramitaba otro proceso análogo –caratulado “C.E.C.I.M.”–, en el que se había resuelto la cuestión de fondo de manera favorable y se había admitido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional. Por su parte, la cámara consideró que ambas actuaciones eran análogas y que correspondía la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, el Máximo Tribunal en el expediente “C.E.C.I.M.” determinó la falta de legitimación activa y, ante la ausencia de caso, rechazó la demanda. En ese sentido, consideró que la soberanía no era un bien colectivo que justificara la legitimación invocada por los accionantes en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Al día siguiente, la parte actora en las actuaciones de referencia pidió que continuara el proceso y se pronunciara sobre la medida cautelar peticionada. A la vez, solicitó que se aclarara si el pronunciamiento en la causa “C.E.C.I.M.” incidía en su trámite. |
| 1-oct-2026 | Presentaciones e informes de la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) | Este boletín contiene una selección de treinta y un casos litigados por la Unidad durante sus primeros tres años de trabajo (2023-2026), con el propósito de dar cuenta de la experiencia recogida y de las estrategias de intervención para garantizar la protección de los derechos de las personas internadas por motivos de salud mental. Esa labor se refleja tanto en las presentaciones judiciales como en los informes interdisciplinarios, que han dado lugar a resoluciones jurisdiccionales significativas en este campo específico. Todos los precedentes que se incorporan en el documento fueron dictados por la justicia nacional en lo civil en primera y en segunda instancia. |
| 1-oct-2026 | Rodriguez (causa N° 70858) | En el marco de una discusión entre personas que se encontraban detenidas, una persona recibió una sanción disciplinaria. Durante la sustanciación del sumario, las autoridades incorporaron declaraciones testimoniales de agentes penitenciarios sin dar intervención a la defensa técnica. Luego, la defensa se presentó y solicitó la declaración de otras personas detenidas y que se incorporaran registros fílmicos. Sin embargo, no se hizo lugar a lo solicitado. Frente a esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Ante el rechazo de la impugnación, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus planteos, sostuvo que se había afectado el derecho de defensa en tanto no había podido producir prueba ni controlar la prueba incorporada durante el procedimiento administrativo. |
