ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
21-may-2024	RP (Causa N° 7312)	Un niño fue diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo (TDG). Sus progenitores iniciaron una acción de amparo contra su obra social para que cubriera de modo integral las prestaciones educativas adecuadas para el niño, de acuerdo con la Ley N° 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de Personas con Discapacidad. El juzgado hizo lugar a la acción. En ese sentido, otorgó al niño la cobertura en un centro educativo al que ya concurría con el apoyo de una maestra integradora. Con posterioridad, los actores informaron un cambio de institución y solicitaron la cobertura total. El juzgado admitió el pedido en las condiciones prescriptas por el médico tratante del niño. Contra esa decisión, la demanda presentó un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que su obligación era subsidiaria con respecto a aquellos beneficiarios que no contaran con una propuesta educativa acorde a las características de las discapacidades. Agregó que se había ofrecido a los progenitores un relevamiento de instituciones públicas y que de forma individual habían optado por un establecimiento privado antes de requerir la cobertura. Luego, la Cámara revocó la sentencia. Para decidir así, consideró que los accionantes no habían demostrado la inexistencia de una oferta educacional estatal adecuada para la salud de su hijo. En consecuencia, los progenitores interpusieron un recurso extraordinario cuya denegatoria motivó la presentación de una queja. En ese marco, intervino la Defensoría General Adjunta de la Nación en representación de los derechos del niño.
18-sep-2020	De la Puente (causa N° 27835)	Un agente policial detuvo a una persona que conducía una motocicleta y observó que la patente se encontraba adulterada. El agente declaró que lo había identificado “a simple vista” debido a que la patente estaba impresa con el nuevo formato de los caracteres alfanuméricos cuando, por su numeración, debía tener la chapa que se emitía con anterioridad al año 2016. La identificación del rodado que estaba colocada en la patente era correcta y tenía una inscripción que señalaba que era provisoria. Por ese hecho, la persona fue imputada por el delito de adulteración de la numeración de un objeto registrado. En la etapa de juicio, la defensa interpuso una excepción de falta de acción y sostuvo que el hecho imputado era atípico. En ese sentido, explicó que la figura penal escogida no estaba prevista para casos en los que no se había sustituido la numeración y postuló su sobreseimiento. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. Entre otras cuestiones, su dictamen señaló que no se había afectado la fe pública al haber colocado la identificación alfanumérica correcta en un soporte que no había sido expedido por la autoridad administrativa.
4-nov-2019	Saladino (causa Nº 18137)	En junio de 2012 un joven fue condenado por un tribunal a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. En abril de 2013 fue detenido e imputado por la comisión de un robo. Luego de un mes de detención, fue excarcelado. Durante la audiencia de debate, la defensa explicó que su asistido era padre de una beba, poseía un bajo nivel de instrucción, que se dedicaba a la venta ambulante y era el sostén económico de su familia. El Tribunal Oral lo condenó en 2015 a la pena de siete meses de prisión y a la pena única de tres años de prisión. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. La CNCCC modificó la calificación legal por la de robo en grado de tentativa. Por esa razón, en septiembre de 2016 el tribunal le impuso la pena de cuatro meses de prisión y mantuvo la pena única de tres años de prisión. En septiembre de 2019 esa decisión adquirió firmeza y el imputado debía comenzar a cumplir la pena de efectivo cumplimiento. Por tal razón, la defensa solicitó la morigeración del cumplimiento de la pena. En su presentación, la defensa destacó las condiciones personales de su asistido y agregó que desde el año 2013 no había tenido ningún conflicto con la ley penal. En tal sentido, consideró que su reingreso al sistema penitenciario agravaría su proyecto de vida, ya que en la actualidad tenía dos hijos y un trabajo formal con el que sostenía a su familia. En consecuencia, señaló la aplicación de un tratamiento penitenciario habría tenido un impacto negativo en su vida familiar.
19-feb-2019	Quintana (causa Nº 8667)	Dos personas habían sido condenadas por el delito de reducción a la servidumbre. Contra esa decisión, la querella y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación. La Cámara Federal de Casación Penal modificó la calificación legal por la de trata de personas. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Por su parte, la querella y la fiscalía solicitaron la detención de las personas por considerar que el cambio de calificación generaba riesgos procesales. De manera subsidiaria y como medida de coerción morigerada, la querella peticionó que se les colocara una pulsera de monitoreo electrónico.
25-oct-2018	Aldonate (causa Nº 5499)	Una persona detenida había sido sancionada por la Dirección del Módulo II del Complejo Penitenciario Federal IV. Al fijarse la fecha de la audiencia de descargo, su defensa no fue notificada. Sin embargo, la persona sancionada manifestó su voluntad recursiva. Por esa razón, la defensa solicitó la nulidad de la sanción disciplinaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que se había violado el derecho de defensa de su asistida. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo.
21-jun-2018	MMM (causa Nº 55133)	Una persona había sido condenada a una pena privativa de la libertad y declarada reincidente. Luego, fue detenida por otro hecho y condenada a la pena de un año y seis meses de prisión. Además, se mantuvo la declaración de la reincidencia. Durante su detención, fue calificada con conducta ejemplar y concepto regular. Asimismo, fue incorporada al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena. Transcurridos ocho meses –y sin que la sentencia hubiera adquirido firmeza–, su defensa solicitó la excarcelación en los términos del artículo 317, inciso 5º, del Código Procesal Penal de la Nación. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la declaración de reincidencia y explicó que, a su entender, el mero cumplimiento del requisito temporal no resultaba suficiente para conceder la excarcelación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
14-feb-2018	MEB (causa Nª 28969)	Un hombre había sido imputado por el delito de robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en concurso ideal con la figura de robo con arma de utilería en tentativa. Por tal razón, se dispuso su prisión preventiva y su alojamiento en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA). Los médicos psiquiatras elaboraron un informe en el que le diagnosticaron un trastorno impulsivo intermitente. Asimismo, los profesionales concluyeron que existía un riesgo cierto y real de autolesiones y de afectación a bienes jurídicos de terceros. En la etapa de juicio, el imputado suscribió un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Transcurridos ocho meses desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esta manera, tuvo en cuenta la evaluación realizada por los médicos psiquiatras del PRISMA. En tal sentido, sostuvo que la existencia de riesgos debía ser neutralizada por medio de la mantención de la prisión preventiva. Por último, indicó que el imputado no contaba con contención familiar ni tendría acceso a otra cobertura asistencial distinta a la proporcionada por la salud pública. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
27-nov-2017	CMCFS (causa Nº 12447)	Un hombre poseía un celular de procedencia ilegítima. Por tal razón, fue imputado por la adquisición del teléfono a sabiendas de su origen ilícito (artículo 12 de la ley N° 25.891). En ese sentido, la tipicidad de la imputación se fundó en la equiparación de las conductas previstas en el mencionado artículo con la figura de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal). La defensa interpuso una excepción de falta de acción, por entender que la conducta de su asistido no se adecuaba al tipo legal reprochado.
15-sep-2017	LJCD	Un hombre de nacionalidad boliviana ingresó al país junto a su familia entre los años 1994 y 1995. Su padre realizó los trámites para la obtención del DNI para extranjeros a través de un tercero, a quien le pagó. Al rectificarlo ante el Registro Nacional de las Personas en el año 2008, fue señalado como falso. Entre otras cuestiones, se advirtió que el número pertenecía a otra persona, carecía de la huella dactilar y de los sellos correspondientes. En su declaración indagatoria, el hombre refirió la manera en que su padre había obtenido el DNI y explicó que lo había utilizado en otras ocasiones con éxito, por lo que desconocía su carácter apócrifo. El juzgado dictó su procesamiento por el delito de adulteración de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (artículo 292, 2° párrafo, en concurso con el artículo 293 del Código Penal). Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación.
22-may-2017	PLJD	LJDP fue sancionado por incumplir una orden e insultar a miembros del Servicio Penitenciario Federal. Al momento de ser notificado, manifestó que había solicitado ser alojado en otro pabellón porque tenía problemas con otros internos y temor por su integridad personal. Por ese hecho permaneció diez días en una celda individual. La defensa solicitó la nulidad de la medida aplicada. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que correspondía revocar la sanción disciplinaria impuesta.