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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 9-sep-2024 | POA (Causa N° 65050) | El Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos llevaban a cabo la obra denominada Plan de Modernización del Transporte Ferroviario. En ese contexto, un hombre presentó una acción de amparo porque su vivienda podía verse afectada por las obras. En ese marco, solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para resguardar su inmueble e indemnizar los daños morales y materiales producidos a él y su familia. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar para que se suspendiera la ejecución de los trabajos hasta tanto las demandadas garantizaran de manera fehaciente que su vivienda no se vería perjudicada. Durante el proceso, la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia San Martín, en su carácter de defensoría pública de menores e incapaces, asumió la intervención complementaria en representación de los dos hijos menores de edad del hombre. En el marco de su actuación, requirió que en lo sucesivo se le notifiquen las vistas conferidas mediante cédula electrónica, en lugar de la remisión del expediente en papel. Con posterioridad, el Estado Nacional solicitó que se declare la caducidad de la instancia. El juzgado de primera instancia ordenó notificar dicha solicitud a la parte actora, quien se opuso al pedido. A pesar de ello, el juzgado declaró la caducidad de la instancia. Frente a esa decisión, la defensoría interpuso un recurso de apelación. En su presentación, destacó que el último movimiento procesal antes del pedido de caducidad no fue una diligencia a cargo de la actora, sino un traslado que no fue notificado de manera correcta, ni a ella ni al Ministerio Público. En consecuencia, afirmó que el juzgado declaró la caducidad de la instancia sin darle intervención ni la oportunidad de representar los intereses de los niños involucrados. Señaló además que la declaración de caducidad tiene carácter restrictivo y que, en caso de duda, debe optarse por la continuidad del proceso. |
| 9-sep-2024 | Podestá | Dos hombres fueron investigados por la falta de presentación del estado contable correspondiente al ejercicio económico 2015 de un partido político. Su desaprobación definitiva originó la apertura de un sumario sancionador y se tramitó un proceso. La causa se inició a partir de una resolución dictada en agosto de 2016 que dispuso la pérdida del aporte para desenvolvimiento institucional del partido, acto que quedó firme en noviembre de ese año. Con posterioridad, el representante del Ministerio Público Fiscal reservó las actuaciones a la espera de la definición del trámite contable tramitado en otro expediente. Por otro lado, uno de los imputados ejerció funciones públicas hasta diciembre de 2019. En 2023, el representante del Ministerio Público Fiscal planteó la prescripción de la acción. Sin embargo, el juzgado denegó el pedido. La decisión fue apelada por el MPF. La Cámara Nacional Electoral rechazó la impugnación y devolvió las actuaciones para que el juzgado verificara de nuevo la vigencia de la acción. Recibidas las actuaciones, el juzgado solicitó al Registro Nacional de Reincidencia información actualizada sobre los antecedentes de los imputados con el fin de verificar la existencia de actos interruptivos o suspensivos de la prescripción. El organismo indicó que ninguno registraba antecedentes. |
| 6-sep-2024 | VBD (Causa Nº 14245) | Un hombre sufrió un accidente en el año 2011 que le produjo graves lesiones y una discapacidad psicofísica. Como consecuencia de ello, se inició un proceso de determinación de su capacidad jurídica en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe. En ese marco, se nombró a su progenitora como curadora provisoria. En ese marco, esta en representación de su hijo demandó por daños y perjuicios a los responsables del accidente en la jurisdicción de Necochea. Previo al dictado de la sentencia definitiva en el proceso de daños, la Asesora de Menores e Incapaces solicitó que se oficiara al juzgado de San Lorenzo en el que tramitaba la restricción de la capacidad jurídica para que informara el estado actual de ese expediente. Por su parte, el juez hizo lugar al pedido. Luego, se informó que el actor se había mudado a Necochea, por lo que iba a solicitar la remisión del expediente de restricción de la capacidad jurídica al fuero de familia de esa ciudad. En consecuencia, pidió la suspensión de plazos mientras realizaba el trámite. El juez lo tuvo presente, pero no se expidió con respecto a la suspensión de plazos. Un año después, uno de los demandados solicitó la caducidad de la instancia y el juez la decretó sin dar previa vista a la Asesora. |
| 5-sep-2024 | LVB (Causa N° 2024) | En el marco de un proceso de alimentos, se fijó una cuota a favor de una niña que debía abonar su progenitor. Sin embargo, el hombre nunca cumplió con el pago. Por ello, la madre de la niña solicitó la fijación de una cuota provisoria a cargo del tío paterno, por una suma equivalente al 20% de sus haberes, hasta tanto el padre cumpliera con su obligación. En su presentación, la actora explicó que vivía con su hija en una propiedad familiar y que trabajaba como empleada en una empresa de limpieza. Indicó que se encontraba en un estado económico desesperante, puesto que debía cubrir todos los gastos vinculados con la vivienda y con la crianza de la niña. Señaló que el progenitor no realizaba ningún aporte ni se ocupaba de las tareas de cuidado. Añadió que no conocía los ingresos del hombre y tampoco su situación laboral, porque no contaba con empleos registrados. A su vez, informó que la abuela paterna percibía una jubilación mínima. Por todos esos motivos, explicó que tuvo que accionar contra el tío paterno de su hija, quien trabajaba en relación de dependencia. A su turno, el demandado argumentó que no se habían agotado los medios para obligar a su hermano a pagar lo adeudado. En ese sentido, expuso que no se había respetado el orden establecido en el artículo 537 del Código Civil y Comercial de la Nación para el reclamo de alimentos entre parientes. Remarcó que su madre –abuela paterna de la niña– además de su jubilación tenía un empleo formal; en cambio, él sólo percibía un salario, con el que sostenía a su pareja y a sus dos hijos. En consecuencia, pidió que se rechazara la demanda. |
| 5-sep-2024 | V SA (Causa N° 8381) | En el marco de un proceso sumarísimo, el juzgado interviniente decretó de oficio la caducidad de la instancia. Para resolver así, evaluó la falta de impulso del expediente. Además, impuso las costas a la parte actora. En consecuencia, esta apeló. Entre sus argumentos, señaló que había presentado un escrito para responder a la excepción de incompetencia planteada por la demandada. Asimismo, expuso que su escrito no impactó en el sistema informático, pese a que lo subió en esa oportunidad. |
| 4-sep-2024 | Leite de Souza y otros v. Brasil | Desde hace varias décadas, se registra en Brasil la existencia de milicias integradas por agentes estatales vinculados a la violencia contra sectores vulnerables y marginalizados de la población. En ese contexto, en 1990 ocurrió la “Masacre de Acari”, en la que once jóvenes afrodescendientes de una favela fueron secuestrados y desaparecidos por personas que se identificaron como policías. Desde el comienzo de la investigación penal, las autoridades catalogaron a los jóvenes como ‘criminales’ y atribuyeron a ello sus desapariciones. Las familiares de las víctimas formaron el grupo “Madres de Acari” y denunciaron ante las autoridades judiciales la participación policial en las desapariciones. Al poco tiempo, dos de ellas fueron asesinadas. Asimismo, otras familiares denunciaron que en sus labores de búsqueda y demanda de justicia fueron maltratadas por las autoridades por ser afrodescendientes y residir en favelas. Las tareas de investigación relativas a las desapariciones y homicidios se realizaron de forma tardía e inconsistente, por lo que al día de hoy los hechos permanecen impunes. |
| 4-sep-2024 | Pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane v. Ecuador | Tagaeri y Taromenane es la denominación de los grupos Waorani no contactados que viven en la Amazonia ecuatoriana. En esa zona, desde 1955 se iniciaron operaciones petroleras. En 1967, la petrolera estadounidense Texaco encontró cantidades rentables de petróleo al norte de los territorios Waorani. En 1999, el Estado ecuatoriano emitió un decreto con el fin de delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). De acuerdo con esa normativa, el área sería una “zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva” y contaría con una zona de amortiguamiento a fin de “establecer un área adicional de protección que […] contribuya a proteger a los grupos en aislamiento voluntario”. La definición de sus límites debía ser realizada en el plazo de 120 días por una comisión especializada, pero recién en 2007 se hizo la delimitación. En ese período, el Estado avanzó con proyectos que autorizaban la explotación petrolera en la zona. Asimismo, las concesiones generaron formas asociadas de explotación como la extracción de maderas que favorecieron la llegada de terceros en el área y representaron cambios significativos en la composición territorial, ecológica, social y cultural. Por otra parte, en 2013 un grupo de personas ejecutaron un ataque en contra de los PIAV para vengar la muerte de sus parientes ocurrida en una disputa territorial. Durante este ataque, perdieron la vida entre 30 y 50 personas, incluidos niños y niñas. Asimismo, en el curso de la acción, dos hermanas de aproximadamente dos y seis años fueron llevadas por los atacantes y entregadas a dos familias. El contacto forzado de las dos niñas y su consecuente permanencia en una sociedad diferente a la suya resultó en una pérdida irreparable de su condición de aislamiento. En ese marco, el reintegro de las niñas era imposible, ya que implicaba ponerlas en riesgo tanto como a los miembros del PIAV al que se pretendiera retornar. Esto conllevó entonces una situación de asimilación forzada. |
| 4-sep-2024 | Posso Giangiordano | Una mujer había sido convocada a cumplir con la función de presidente de mesa y no se presentó. Por ese hecho, se le imputó el delito previsto en el artículo 132 del Código Electoral. Al momento de su declaración indagatoria, la mujer manifestó que se encontraba en curso un proceso penal contra su ex pareja por un intento de femicidio. El juzgado interviniente dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por el delito previsto en el artículo 132 del Código Electoral Nacional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que la imputación se había sustentado en que las explicaciones brindadas por la mujer no habrían sido suficientes como justificación de su inasistencia. |
| 3-sep-2024 | MRDF (Causa N° 336) | Un hombre intentó ingresar por buque al país desde Uruguay, con 84 gramos y 222 semillas de cannabis sativa (marihuana) en su equipaje. Al pasar por el control aduanero, los guardas visualizaron imágenes llamativas, abrieron el equipaje y hallaron la sustancia a simple vista. En ese momento el hombre explicó que se trataba de sustancias que utilizaba para su tratamiento médico y que contaba con autorización del REPROCANN. Por esa razón, fue acusado del delito de contrabando agravado en grado de tentativa. |
| 3-sep-2024 | Medidas razonables para el cumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental | El presente boletín recopila jurisprudencia nacional sobre medidas razonables para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, conforme lo dispone el artículo 553 del CCyCN. |