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FechaTítuloResumen
23-jun-2015Bergerot, Ana María c. Provincia de SaltaLa parte actora promovió un incidente a fin de que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos previsto por los arts. 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para hacerlo valer en la demanda iniciada contra la Provincia de Salta y otros, en virtud de la imposibilidad económica de afrontar los gastos que aquella ocasione. El monto de su reclamo en el proceso principal asciende a la suma de $ 63.000, más sus intereses.
23-jun-2015Balta et Demir v. TurquíaDos personas fueron condenadas a penas de prisión por su pertenencia a una organización ilegal. La sentencia se fundó, principalmente, en un testimonio anónimo tomado en una audiencia “a puertas cerradas”, sin que la defensa pudiera examinar al testigo ni acceder a sus testimonios más que por la incorporación por lectura. Esta resolución fue confirmada por el tribunal superior de la causa.
23-jun-2015FC-RECY (Causa Nº 110.919)Una mujer embarazada sufría violencia de género por parte de su concubino de manera constante. El hombre la golpeaba e insultaba en presencia de los hermanos y la madre de ella. Un medio día, mientras la mujer cocinaba, él le arrojó un golpe de puño. Para defenderse, ella le provocó una herida con un cuchillo. De forma inmediata lo auxilió y con la ayuda de sus vecinos lo trasladó a un hospital, donde falleció. En la etapa de juicio oral, la imputada expresó que no había tenido la intención de matarlo y que se había defendido con un cuchillo porque estaba cocinando. Los hermanos y la madre de la mujer declararon que momentos antes del hecho, el hombre había golpeado a la imputada y que era una situación que se había reiterado con anterioridad. La Cámara Segunda del Criminal de Mendoza la condenó a la pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio. Para decidir de esa manera sostuvo que no había existido una agresión de tal envergadura que justificara la pretendida reacción defensiva. Además, agregó que el medio elegido por la imputada no era el único al que podía acceder para repeler la agresión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-jun-2015S, FJ c. PAMIEl actor promovió una acción de amparo contra PAMI a fin de que le otorgue cobertura integral del servicio de enfermería domiciliaria con carácter permanente las 24 horas, todos los días, hasta que su salud se recupere. Ello así, por tratarse de una persona de 85 años de edad que se transitaba un post operatorio de remplazo de cadera y que, además, padecía otras patologías. La resolución de primera instancia hizo lugar a la acción. La demandada interpuso recurso de apelación y justificó su agravio en que –a su entender– el actor necesitaba otro tipo de atención (una internación geriátrica). Asimismo, sostuvo que ya abonaba una ayuda económica para para el pago de auxiliar gerontológico domiciliario.
23-jun-2015F, L c. Swiss MedicalEn este caso, la parte actora inició un reclamo judicial contra la empresa de medicina prepaga para obtener el reintegro de los gastos por la atención médica en el Instituto FLENI. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por entender que no hubo incumplimiento contractual de la demandada “...en tanto el tipo de plan ´cerrado´ contratado por el actor limitaba la decisión [sobre] donde ser atendido y el costo de la decisión de atenderse en el lugar que consideraba la familia del actor más adecuado a su estado de salud […] no podía modificar lo pactado”. La parte actora apeló esa decisión y alegó que la demandada no le entregó el reglamento del plan contratado ni tampoco efectuó ningún ofrecimiento sobre los prestadores alternativos.
22-jun-2015Noguera Ruiz, Hernán AlfonsoLa Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró mal concedido el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la decisión del Juzgado de Instrucción que lo declaró rebelde y ordenó su captura. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, motivo por el cual se presentó un recurso de queja.
22-jun-2015F, ED c. INSSJPLa actora promovió acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados [PAMI] Delegación Paraná, a fin de que se ordene a la demandada la provisión de las prestaciones requeridas por prescripción médica para el tratamiento de su patología de colon. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la pretensión de amparo esgrimida y la demandada interpuso recurso de apelación.
22-jun-2015LPLRUna persona que trabajaba en la Policía Federal había sido imputada penalmente por aportar certificados apócrifos para justificar licencias médicas. Su defensa pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. Argumentó que el imputado era funcionario público y cometió el delito en ejercicio de sus funciones. Esto, concluyó, obstaba la posibilidad de aplicar la probation. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
19-jun-2015Palacios, Mariana SilviaEl tribunal había resuelto no hacer lugar a la excarcelación solicitada por la defensa de la imputada. Ello, dada la calificación legal que el fiscal le asignó al hecho y la pena que, a su criterio, podría recaer de dictarse una sentencia de condena. La defensa recurrió la resolución.
19-jun-2015B, LBEn este caso, en atención a lo dispuesto por el artículo 152 ter del Código Civil que establecía la revisión de las sentencias de inhabilitación o incapacidad, se requirió la evaluación interdisciplinaria de la persona. Del informe se desprendía que “…la Sra. B. no presenta[ba] signos de impulsividad ni agresividad, deambula[ba] por la vía pública por sus medios, sus necesidades personales [eran] suplidas por sí misma, sólo [requería] supervisión de un adulto responsable para ciertos aspectos como la manutención económica y el control de la toma de medicación. [Podía] dirigir su persona y se [encontraba] en condiciones de vivir sola y se halla[ba] en condiciones de realizar actividades laborales remuneradas aunque no de administrar un sueldo o beneficio previsional. No [podía] cumplir con indicaciones terapéuticas sin ser asistida o supervisada por un adulto responsable ni se halla[ba] en condiciones de firmar el consentimiento informado por la realización de estudios complementarios”.