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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-jun-2015 | F, L c. Swiss Medical | En este caso, la parte actora inició un reclamo judicial contra la empresa de medicina prepaga para obtener el reintegro de los gastos por la atención médica en el Instituto FLENI. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por entender que no hubo incumplimiento contractual de la demandada “...en tanto el tipo de plan ´cerrado´ contratado por el actor limitaba la decisión [sobre] donde ser atendido y el costo de la decisión de atenderse en el lugar que consideraba la familia del actor más adecuado a su estado de salud […] no podía modificar lo pactado”. La parte actora apeló esa decisión y alegó que la demandada no le entregó el reglamento del plan contratado ni tampoco efectuó ningún ofrecimiento sobre los prestadores alternativos. |
| 22-jun-2015 | Noguera Ruiz, Hernán Alfonso | La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró mal concedido el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la decisión del Juzgado de Instrucción que lo declaró rebelde y ordenó su captura. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, motivo por el cual se presentó un recurso de queja. |
| 22-jun-2015 | F, ED c. INSSJP | La actora promovió acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados [PAMI] Delegación Paraná, a fin de que se ordene a la demandada la provisión de las prestaciones requeridas por prescripción médica para el tratamiento de su patología de colon. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la pretensión de amparo esgrimida y la demandada interpuso recurso de apelación. |
| 22-jun-2015 | LPLR | Una persona que trabajaba en la Policía Federal había sido imputada penalmente por aportar certificados apócrifos para justificar licencias médicas. Su defensa pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. Argumentó que el imputado era funcionario público y cometió el delito en ejercicio de sus funciones. Esto, concluyó, obstaba la posibilidad de aplicar la probation. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-jun-2015 | Palacios, Mariana Silvia | El tribunal había resuelto no hacer lugar a la excarcelación solicitada por la defensa de la imputada. Ello, dada la calificación legal que el fiscal le asignó al hecho y la pena que, a su criterio, podría recaer de dictarse una sentencia de condena. La defensa recurrió la resolución. |
| 19-jun-2015 | B, LB | En este caso, en atención a lo dispuesto por el artículo 152 ter del Código Civil que establecía la revisión de las sentencias de inhabilitación o incapacidad, se requirió la evaluación interdisciplinaria de la persona. Del informe se desprendía que “…la Sra. B. no presenta[ba] signos de impulsividad ni agresividad, deambula[ba] por la vía pública por sus medios, sus necesidades personales [eran] suplidas por sí misma, sólo [requería] supervisión de un adulto responsable para ciertos aspectos como la manutención económica y el control de la toma de medicación. [Podía] dirigir su persona y se [encontraba] en condiciones de vivir sola y se halla[ba] en condiciones de realizar actividades laborales remuneradas aunque no de administrar un sueldo o beneficio previsional. No [podía] cumplir con indicaciones terapéuticas sin ser asistida o supervisada por un adulto responsable ni se halla[ba] en condiciones de firmar el consentimiento informado por la realización de estudios complementarios”. |
| 18-jun-2015 | Muñoz, Michael Rosado | El tribunal oral había revocado la suspensión del juicio a prueba que se le otorgó al imputado. Ello, al constatar el dictado por parte de otro tribunal de una sentencia de condena por un hecho cometido durante el plazo por el que se había concedido la probation. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 18-jun-2015 | Escobar, Daniela | El tribunal oral había condenado a una mujer a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja. La defensa recurrió la resolución. |
| 18-jun-2015 | N, GA | El padre de una persona con síndrome de down solicitó la interdicción de su hijo y se propuso como su curador. El juez de grado designó como Curadora ad-litem a la Curadora Oficial del Ministerio Público. Se realizaron los informes interdisciplinarios y, en el marco de una audiencia, G. ejerció su derecho a ser oído. La Curadora ad-litem y la Asesora de incapaces solicitaron que se haga lugar a la demanda y se restrinja la capacidad de G. de la menor manera posible y se proceda a su revisión dentro de los tres años. La Fiscal compartió dicha opinión y propuso que se designe a la madre del joven como apoyo. Por un lado, en la pericia médica se sostuvo que G. “…puede efectuar tareas remunerativas simples, conoce el valor del dinero, no puede participar en entidades asociativas sin fines de lucro, no conserva sus derechos electorales activos en elecciones generales y tampoco puede administrar sus bienes”. Por otro lado, surgía del informe psicológico que “…el joven comprende de manera limitada algunas preguntas –simples y concretas, advirtiéndose en su lenguaje notable dificultad para comunicarse, responde con palabras sueltas que no pronuncia claramente, siendo analfabeto. Se precisa que no puede resolver operaciones matemáticas simples y no cuenta con recursos necesarios para valerse por sí mismo”. Sin embargo, del informe social se desprendía que “…G. se muestra informado sobre la situación familiar y que le disgusta que su padre se refiera a él como menospreciándolo por padecer Síndrome de Down”. En la audiencia personal que se mantuvo con el joven, el juez advirtió que “…es poco motivado por su padre en especial, a pesar de que el mismo realiza esfuerzo y va por las noches a estudiar y que terminó séptimo grado. Que además conoce el valor del dinero hasta $ 100 [y] se notó una actitud poco comprometida del progenitor para con su hijo”. |
| 17-jun-2015 | MKA y otros | Tres personas habían sido imputadas por el delito de estafa. El tribunal resolvió suspender el proceso a prueba respecto de una de ellas y ampliar las probations concedidas a las otras dos por un tribunal federal. Contra esa sentencia, el fiscal interpuso un recurso de casación. Allí, argumentó que la cantidad de hechos cometidos por una de las encausadas y el perjuicio económico generado por las otras dos imputadas tornaban inviable la aplicación del instituto y, a su vez, hacían necesario el debate oral. Asimismo, consideró que la reparación simbólica ofrecida era irrazonable. |