Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-jun-2025 | Sosa (FMZ 4787/2025) | A partir de una denuncia anónima la fiscalía comenzó una investigación por comercio de estupefacientes, para lo cual realizó intervenciones telefónicas y un allanamiento. En la audiencia multipropósito la fiscalía solicitó la formalización de la investigación. La defensa se agravió de que arribó a esa audiencia sin haber accedido al legajo y solo habiendo sido informada por la fiscalía de la detención de las personas imputadas. La fiscalía alegó que brindó la información necesaria a la defensa y que se encuentra autorizada expresamente por el Código Procesal Penal Federal a no dar acceso al legajo previo a la formalización de la investigación. |
| 5-jun-2025 | FAA (Causa N° 21882) | Un hombre estaba internado de manera involuntaria por motivos de salud mental en un hospital. En el marco de un proceso de auditoría de las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad que llevó a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tomó intervención la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal). Dado que el usuario no se había presentado a la citación de la ANDIS por encontrarse internado y no contar con referentes afectivos que pudieran acompañarlo en el trámite, la Unidad solicitó al juzgado de control de la internación una medida cautelar de prohibición de innovar respecto de la PNC. En esa oportunidad, también se señaló la falta de respuesta de la ANDIS ante las gestiones intentadas por la Unidad, tales como las comunicaciones dirigidas por correo electrónico y por vía telefónica, para que se exima al usuario de presentarse a la auditoría. El juzgado civil hizo lugar al pedido. Contra esa decisión, la ANDIS interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. |
| 5-jun-2025 | Armoha (Causa N° 1506) | La Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Catamarca” de Gendarmería Nacional tomó conocimiento de que se vendían estupefacientes en un kiosco. Luego de una investigación, se determinó que un hombre lideraba una banda dedicada al tráfico, la distribución y la comercialización de estupefacientes y que, aprovechándose de la vulnerabilidad de una joven, la obligaba a transportar drogas y la explotaba sexualmente. Entonces, se realizó un operativo cerrojo y el hombre fue interceptado mientras transportaba drogas en su vehículo. Además, se intervinieron los teléfonos de los miembros del grupo. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación de la causa a juicio en contra del hombre por los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, transporte de estupefacientes y trata de personas agravada por mediar violencia, abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y consumación de su explotación, todo ello en concurso real y en calidad de autor. También acusó al resto de los miembros, pero sólo por los delitos de comercialización, tenencia y transporte de estupefacientes. Durante el debate, en el marco de las cuestiones preliminares, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que había arribado a un acuerdo con los acusados, que reconocieron su participación y responsabilidad en los hechos imputados. El presidente del tribunal interviniente incorporó la prueba y las partes formularon sus alegatos finales. En ese contexto, el fiscal general solicitó que se condenara al imputado principal por los delitos de comercialización de estupefacientes en calidad de coautor junto con otros dos imputados, además de una partícipe secundaria, y por los delitos de transporte de estupefacientes y trata agravada, con fines de explotación sexual y trabajo forzado, en calidad de autor. Explicó que había quedado acreditado que el líder de la banda, aprovechándose de la víctima, la había obligado a transportar estupefacientes desde Santiago del Estero a Catamarca y que la había explotado sexualmente. Así, solicitó la imposición de una pena de once años de prisión y al pago de una reparación patrimonial y no patrimonial –psicoterapia– a la víctima, entre otras medidas. También pidió penas de prisión para el resto de los acusados. Por su parte, la defensora de la víctima adhirió a la acusación del fiscal respecto del imputado en cuestión e hizo hincapié en que no sólo había sido explotada sexualmente sino que también había sido utilizada como mula. En ese sentido, aclaró que muchas veces debía realizar el transporte en sus partes íntimas y citó un informe de psicología que había concluido que tenía un daño psicológico importante y que necesitaba tratamiento. De esa manera, solicitó una reparación integral comprensiva del daño moral, el daño psíquico y la ganancia ilícita, calculada en base al tiempo transcurrido con “clientes” y la cantidad de veces que había tenido que transportar la droga de una provincia a otra, actualizable mediante el porcentaje de actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil. |
| 4-jun-2025 | Fiscalía de Estado Pcia. de Bs. As. (Causa N° 76371) | Una empresa tenía la concesión del servicio público de recolección de residuos en el partido de General Madariaga. Allí vertía los desechos a cielo abierto, al igual que en Villa Gesell y Pinamar. Ante esa situación, el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires inició una demanda de protección y recomposición ambiental contra la empresa y los propietarios del predio afectado. En su presentación, denunció que la demandada no aplicaba ningún tratamiento a los residuos sólidos urbanos provenientes de los referidos municipios. Asimismo, solicitó una medida cautelar para que los codemandados dejaran de disponer de los residuos en el lote y le devolvieran su gestión a la autoridad municipal. Planteó que era necesario que se adoptaran medidas urgentes que minimizaran los riesgos sobre la salud de las personas, los recursos naturales y el ambiente. Luego, el juzgado interviniente hizo lugar a la medida. De esa manera, ordenó el cese de la prestación del servicio por parte de la empresa y la desocupación del terreno. Ello con el objeto de que la Municipalidad de General Madariaga retomara el servicio de disposición y tratamiento de los residuos. Contra lo dispuesto, la demandada interpuso un recurso de apelación. Con posterioridad, la Cámara admitió el recurso. Asimismo, declaró la falta de legitimación activa del Fiscal de Estado y dejó sin efecto la medida cautelar otorgada en la anterior instancia. Por esa razón, el Fiscal de Estado presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Cámara. Tras el llamado de autos a resolver, la empresa demandada informó que en 2021 la legislatura local había declarado al predio motivo de litigio como de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la Municipalidad. |
| 4-jun-2025 | Liquitay (Audiencia de sustanciación de impugnación) (Causa N° 5505) | La jueza de garantías había excluido a dos imputados del régimen de personas privadas de la libertad de alto riesgo, ordenado su traslado a un establecimiento de Salta o Jujuy y, para el supuesto de que el Servicio Penitenciario Federal invocara la imposibilidad de alojarlos allí, dispuso en subsidio el arresto domiciliario con dispositivo electrónico. El SPF y la fiscalía impugnaron esa decisión. La defensa opuso como cuestión previa la falta de legitimación del SPF para recurrir. Sobre el fondo, la defensa sostuvo que el traslado ya había sido confirmado por instancias superiores y que la inclusión en el régimen carecía de sustento probatorio. |
| 3-jun-2025 | FEF (Causa N° 90409) | Una pareja de mujeres inició una relación en el 2001. Ambas querían ser madres. Para concretar ese deseo, recurrieron a técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) e integraron al proyecto parental a un amigo en común. En 2005 nació una niña, a quien inscribieron como hija de la mujer gestante y del hombre. Los tres adultos compartían su crianza. Así, la niña vivía con la pareja y tenía un amplio régimen de comunicación con el progenitor. En 2011, luego de la sanción de la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario, las mujeres se casaron. Tres años después, la progenitora que contaba con reconocimiento legal fue diagnosticada de cáncer. En 2016, las mujeres solicitaron al Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires que incorporara a la madre no gestante en la partida de nacimiento. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido y, al poco tiempo, ella falleció. Entonces, la niña permaneció al cuidado de su otra madre, quien inició una acción de amparo en la que solicitó la inscripción registral. Además, como medida cautelar pidió la guarda judicial de la niña. Por su parte, el progenitor se opuso a la presentación, pero no solicitó el cuidado de la hija. La guarda se otorgó a favor de la mujer. En el transcurso del proceso, el progenitor murió.; La referida acción tramitó ante la justicia en lo contencioso y administrativo y tributario (CAyT) de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la jueza local se declaró competente respecto a la negativa del Registro e incompetente con relación a la medida cautelar. Contra esa decisión, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo CAyT lo admitió, decretó la incompetencia del fuero local y ordenó la remisión del expediente a la justicia nacional en lo civil. En enero de 2023, la hija alcanzó la mayoría de edad. En consecuencia, se presentó en el expediente y ratificó la solicitud de inscripción de su triple filiación. Frente a ese pedido, en junio de 2024 el juzgado de primera instancia en lo civil dispuso inscribir la triple filiación y declaró la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 558 del CCyCN, ya que prohibía a las personas tener más de dos vínculos filiales. El Ministerio Público Fiscal apeló la sentencia. Consideró que no era necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, dado que la normativa vigente ofrecía respuesta a la situación de la actora a través de la adopción por integración. |
| 3-jun-2025 | Carrillo (FGR 14056-2024) | La defensa señaló que la medida probatoria consistente en la explotación opericiade un dispositivo secuestrado el 27 de diciembre fue solicitada en una audienciaunilateral celebrada en febrero, pero recién fue notificada el 19 de mayo, confechade realización prevista para el 16 de junio de 2025. Con el fin de evitar un dispendiojurisdiccional, la defensa también propuso incorporar puntos de pericia orientadosaacotar el alcance de lo requerido por el Ministerio Público Fiscal. En concreto,solicitó que se determine la última conexión a redes Wi-Fi, la última conexiónaredmóvil, la última conexión por Bluetooth, el horario posterior al secuestrodeldispositivo, y si se produjo o no una intrusión. El objetivo de estos puntos eralimitarla búsqueda a datos relevantes para la investigación, evitando un análisisindiscriminado o excesivamente amplio del contenido del equipo. |
| 2-jun-2025 | AA | Desde 2012, una persona privada de su libertad en la Unidad Penal Nº 1 de la provincia de Corrientes prestaba servicios en la elaboración de alimentos para el desayuno, el almuerzo y la cena. También se encargaba de distribuir las raciones en todas las áreas del establecimiento penitenciario. Por estas tareas, percibía una remuneración notoriamente inferior al salario mínimo vital y móvil. Frente a esta situación, en 2022, presentó una demanda contra la provincia de Corrientes para reclamar las diferencias salariales correspondientes al trabajo realizado y para que se le realicen los aportes previsionales correspondientes. Durante el trámite, se incorporaron testimonios e informes que acreditaban la efectiva prestación del trabajo y las condiciones en las que se había desarrollado. En este sentido, el actor sostuvo que las tareas excedían las labores comunes no remuneradas previstas por el régimen penitenciario y debían considerarse alcanzadas por la legislación laboral. |
| 30-may-2025 | SHN (Causa N° 93658) | Un hombre con una discapacidad psicosocial percibía una pensión no contributiva (PNC) por discapacidad. Por circunstancias personales, vivía en un hogar y dependía de esa prestación para afrontar su costo. En mayo de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le notificó que llevaría a cabo una serie de auditorías con relación a las PNC por discapacidad. En esa oportunidad, se le indicó que debía presentarse en menos de un mes con la documentación médica actualizada que acreditara su condición de beneficiario de la pensión. En ese marco, la Curadora Oficial de Trenque Lauquen –quien había sido designada apoyo del hombre en un proceso de determinación de la capacidad jurídica– presentó una medida cautelar de no innovar. En ese sentido, solicitó que se oficiara al Director Ejecutivo de la ANDIS y se le ordenara abstenerse de disponer cualquier cese, suspensión o interrupción en el pago de la PNC. A su vez, subrayó el plazo exiguo otorgado por la ANDIS para reunir y acreditar la documentación médica actualizada. Agregó que la carta documento que había recibido resultaba ilegible. El juzgado de primera instancia rechazó la medida. Entre sus argumentos, consideró que lo solicitado excedía las facultades de la Curadora, ya que el otorgamiento o modificación de una pensión no era materia jurisdiccional. Como resultado, la Curadora interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Argumentó que, frente a la imposibilidad de cumplir con la actualización de la documentación médica en un corto período de tiempo, corría el riesgo de darse de baja la PNC. Aclaró que la PNC era el único ingreso del hombre, que le permitía no solo costear el lugar donde residía, sino también la atención especializada que su estado de salud requería. |
| 30-may-2025 | Mignolet (FGR 4600-2025-2) | El Ministerio Público Fiscal solicitó que se practicara una explotación sobre dos teléfonos celulares secuestrados. La defensa prestó conformidad con la medida y señaló que podrían aportar el PIN de desbloqueo de los teléfonos, en la medida que fue la voluntad expresada por ella para dar contexto a los mensajes que la vincularían con el caso. La defensa también requirió ser notificada del acto de apertura para presenciar y controlar la medida. |