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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-ago-2015 | Vetti, Fernando Maximiliano | El Tribunal Oral –al dictar sentencia– dispuso el decomiso de la motocicleta del imputado. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto entre las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-ago-2015 | Sueldo, Luis | El Juzgado Correccional resolvió no aceptar el ofrecimiento del pago voluntario del mínimo de la multa prevista en el artículo 281, último párrafo, del Código Penal. Ello pues, a su entender, la causal de extinción de la acción penal incluida en el art. 64 CP solo admite el pago mientras no se haya iniciado el juicio y, en el caso, la causa había sido elevada a juicio oral. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-ago-2015 | ZDA (causa Nº 3684) | Un colectivo de larga distancia fue inspeccionado en el marco de un control policial realizado en una ruta de Chubut. Uno de los pasajeros, de diecisiete años, fue hallado con 583 tizas de cocaína. Por ese hecho, fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes. El joven no poseía antecedentes condenatorios. En oportunidad de prestar declaración indagatoria, relató el contexto familiar en el que había crecido. En particular, manifestó que su padre había fallecido y que su madre tenía una pareja violenta. Además, refirió que consumía droga desde los trece años, que había retomado los estudios y que deseaba conseguir un trabajo. El juzgado dispuso la confección de un incidente tutelar con el objeto de realizar un seguimiento del joven. Allí se pautó, entre otras cuestiones, que debía finalizar sus estudios secundarios y realizar un tratamiento psicológico. Los informes incorporados al expediente concluían que el nombrado había evadido las pautas propuestas y se negaba a concurrir a las entrevistas. Durante el juicio oral la fiscalía solicitó que se declarara la responsabilidad penal del imputado y se le impusiera una pena de cuatro años de prisión. Por su parte, la defensa postuló la absolución de su asistido. Además, la defensoría de menores consideró que no se había llevado a cabo un tratamiento tutelar y, por esa razón, entendió que no podía ser declarada su responsabilidad penal. |
| 21-ago-2015 | Rissotto Bentancur, Walter Antonio | El Juzgado Nacional de Ejecución había resuelto hacer lugar a la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la ley 24.660 respecto del condenado, reduciendo en 10 meses los plazos previstos para su avance en la progresividad del Régimen Penitenciario. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones dictó una resolución administrativa en la que declaró irregular la permanencia de Rissotto Bentancur en el país. Al respecto, el dictamen del Ministerio Público Fiscal indicó que si bien todo el resto de los requisitos previstos en la ley de Migraciones se encontraban cumplidos, no correspondía aplicar la reducción del plazo previsto por la ley de estímulo educativo para alcanzar el instituto de las salidas transitorias, pues aquel no podía implicar el adelantamiento del tiempo previsto para la expulsión. Ante tal determinación por parte del Ministerio Fiscal, la defensa requirió la expulsión del condenado. |
| 21-ago-2015 | Asesoria de familia e incapaces | En el marco de un expediente sobre medidas de protección de la ley 26.601, la jueza de primera instancia autorizó a una niña a permanecer durante el plazo de 3 meses en la casa de su tía abuela. Asimismo, ordenó a la Asesoría de familia e incapaces -parte actora- a coordinar las acciones para concretar encuentros de su representada con la madre y el gradual retorno de la niña a su hogar, debiendo informarse mensualmente al Juzgado de todo ello. La parte actora apeló lo resuelto. |
| 20-ago-2015 | Gómez, Maximiliano David | El Juzgado Nacional de Ejecución Penal rechazó la libertad asistida del condenado sobre la base del informe negativo emitido por el Consejo Correccional de la unidad carcelaria en la que se encontraba alojado. Ello, sin perjuicio de que el fiscal había propiciado la incorporación del justiciable al instituto liberatorio en cuestión al quedar satisfechos, a su entender, los requisitos exigidos por el artículo 54 de la ley 24.660. La decisión fue impugnada por la defensa. |
| 20-ago-2015 | Catalano, Renzo Fabián | El tribunal había denegado la excarcelación del imputado. Ante tal solución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 20-ago-2015 | VMJ | Un escribano que había sido imputado por el delito de defraudación solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se pronunció de modo favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó la petición. A tal fin, argumentó que correspondía aplicar al caso la pena accesoria de inhabilitación (artículo 20 bis CP) lo que obstaba la posibilidad de conceder la medida alternativa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-ago-2015 | F, MC c. K, M | En este caso, la actora inició el pedido de alimentos a favor de sus dos hijos, y solicitó que se fijen alimentos provisorios en moneda extranjera [euros], teniendo en cuenta la nacionalidad y lugar de residencia del demandado [Alemania]. Además, expresó que el monto solicitado [500 euros] representa aproximadamente el 50% de lo que debería pagar el progenitor como alimentos definitivos según la legislación alemana. El demandado solicitó el rechazo de la pretensión y no consintió la jurisdicción. El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente y fijó alimentos provisorios en la moneda de curso legal. La actora y el demandado apelaron la decisión. |
| 19-ago-2015 | B, A | El actor solicitó que se declare la adopción por integración con los efectos de adopción plena de la hija de su cónyuge, con quien tiene otra hija en común. Refirió que la niña carecía de filiación paterna, ya que desde los cuatro meses de edad no veía a su padre. La acción había sido iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que el actor planteó la inconstitucionalidad de los artículos 313 y 329 del Código Civil –ahora derogado– que contenían el presupuesto de que la adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple. |