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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 19-nov-2015 | Velásquez Paiz y otros v. Guatemala | El 12 de agosto de 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz no llegó a su casa después de salir de la universidad. Sus padres no pudieron denunciar su desaparición puesto que, al poner en conocimiento de ello a la policía, se les indicó que debían esperar 24 horas para formalizar la presentación. Posteriormente, una persona conocida que acudió directamente a su domicilio los alertó de que su hija podría encontrarse en peligro, por lo que comenzaron a buscarla por su propia cuenta. El cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente con señales de haber sido sometida a actos de extrema violencia. Ese mismo día les fue entregado el cadáver por el servicio médico forense. Sin perjuicio de ello, no se le habían tomado las impresiones dactilares, por lo que la auxiliar fiscal y los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público arribaron al lugar donde estaba siendo velado y, a pesar de la oposición de la familia, practicaron la medida omitida. |
| 18-nov-2015 | Causa 247-05 | La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas contra una sentencia que confirmó la condena que se les impuso a los imputados. Por este motivo, las defensas solicitaron al tribunal que se mantuviera la situación de libertad de los imputados hasta que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza. Ello, dado que, según adelantaron en sus escritos, recurrirían las condenas por vía de queja ante la CSJN. La querella, a su vez, solicitó que se ordenase la detención de los imputados ante el peligro de fuga que existía a partir de la confirmación de las sentencias de condena. |
| 18-nov-2015 | Fundación Dr. Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes | En el marco de una acción de daños y perjuicios, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia en cuanto había reconocido a la actora la facultad de ampliar la demanda hasta que se notificara al demandado la resolución que confería su traslado. Asimismo, al decidir el pedido de aclaratoria formulado por la demandante, revocó el fallo que había suspendido el plazo para contestar la demanda hasta que se decidiera la cuestión señalada precedentemente, al tiempo que también consideró que la contraria había perdido su derecho a contestar la demanda por haber vencido el plazo pertinente. Con posterioridad, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había tenido por contestada la demanda en término por entender que la cuestión referente a su tempestividad ya había sido decidida con anterioridad y porque a la fecha de la presentación del escrito el término pertinente ya estaba vencido. Contra ambas sentencias la demandada dedujo recurso extraordinario. |
| 18-nov-2015 | Informe sobre estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y derechos de las mujeres | El documento consta de tres capítulos titulados: “Violencia contra las mujeres” (Cap. I), “ Discriminación contra las mujeres” (Cap. II) y “ Conclusiones” (Cap. III). En los dos primeros capítulos se analizan distintas decisiones de fondo de la CIDH, sentencias de la CorteIDH, informes temáticos y de país. Asimismo, se ponen de manifiesto sentencias dictadas en el ámbito interno de los países que integran el sistema interamericano que aplican los estándares jurídicos en cuestión. |
| 17-nov-2015 | Crocco, Mauro Germán | En el presente caso, el Tribunal Oral había rechazado la excarcelación presentada por la defensa del imputado. Ello, por haber entendido que su intento de huida del lugar del hecho y la circunstancia de no haber aportado un domicilio al momento de su detención daban cuenta de cierto riesgo de fuga. Contra esa decisión la defensa interpuso recurso de casación. |
| 17-nov-2015 | Radev v. Bulgaria | En el presente caso, el peticionario había sido condenado a la pena de muerte. Tras la moratoria en la aplicación de ese castigo y posterior abolición de ese instituto, su sentencia fue conmutada por la pena de prisión perpetua. Entre enero de 1999 y junio de 2004, estuvo detenido en la prisión de Varna bajo un estricto régimen de encarcelamiento. Durante ese tiempo, se encontró permanentemente encerrado en su celda. Allí contaba con un cubo para hacer sus necesidades y se le permitía ir al baño tres veces al día. Entre los años 2004 y 2007, el peticionario fue trasladado a otra prisión, donde permanecía encerrado durante la noche y en el día tenía libre acceso al baño. En el año 2007, volvió a ser trasladado a la prisión de Varna y se le aplicó, a partir de 2009, un régimen de detención que le permitía participar en actividades religiosas y recreativas durante escasas horas semanales. En 2012 se instaló en su celda un inodoro y un lavabo. |
| 17-nov-2015 | García Ibarra y otros v. Ecuador | El 15 de septiembre de 1992, José Luis García Ibarra, de 16 años, se encontraba con otras dos personas en una esquina del barrio de Codesa, perteneciente a la Parroquia Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. En ese sitio se produjo una discusión o forcejeo entre un agente de la Policía Nacional y una tercera persona en el que el primero, sin que medie justificación, hizo uso de su arma de dotación oficial contra García Ibarra. En el proceso penal no existió controversia acerca de que el autor del disparo fue el policía; únicamente se evaluó si su accionar fue intencional o accidental. La sentencia del tribunal de Esmeraldas contenía un voto diferente por cada uno de sus tres miembros, con un alcance o sentido contradictorio. Esa actuación irregular no fue subsanada por la Corte Suprema de Justicia a pesar de que encontró varias “irregularidades” en el proceso. El proceso interno se extendió durante más de 9 años y culminó con el dictado de una sentencia por la que se condenó al agente policial a la pena de 18 meses de prisión por el delito de homicidio “inintencional” (culposo). |
| 17-nov-2015 | HRJ (Causa Nº 63432) | En el marco de un juicio de restricción de la capacidad se dictó una sentencia de conformidad con el Código Civil derogado y se declaró la incapacidad de una persona. En consecuencia, la Curaduría Pública y la Unidad de Letrados para la Revisión de Sentencias que Restrigen el Ejercicio de la Capacidad Jurídica interpusieron recursos de apelación. |
| 13-nov-2015 | Ruiz (reg. N° 654 y causa N° 9112) | En octubre de 2009 un hombre fue condenado a la pena de dieciocho años de prisión por dos hechos cometidos en mayo y junio de 2008 (causa Nº 2915). En mayo de 2012 fue condenado por otro tribunal a la pena de quince años de prisión por un hecho cometido en noviembre de 2007 y a la pena única de treinta y dos años de prisión (causa Nº 9112). Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal modificó la calificación legal asignada a los hechos, dejó sin efecto la sentencia y reenvió las actuaciones a otro tribunal para que fijara una nueva sanción. Entonces, el nuevo tribunal condenó al hombre a la pena de catorce años de prisión y a la pena única de treinta y un años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones planteó que, al momento de determinarse la pena, no se había tenido en cuenta el cambio de calificación de los hechos. Además, sostuvo que si bien el caso se trataba de una unificación de condenas, se había tratado como una unificación de penas. |
| 13-nov-2015 | Falcon Meis (causa n° 45283) | En 2002 se denunció a dos personas por hechos cometidos entre 1997 y 2000. En 2004 fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Luego, se dictó al falta de mérito. En 2010 se dictó el procesamiento de una de ellas por el delito de estafa en concurso ideal con usurpación de tíitulos y honores, en concurso material con el de falsificación de documento público. La otra persona fue imputada por el delito de encubrimiento y uso de documento público falso, en concurso ideal entre sí. La decisión fue impugnada y la defensa planteó una excepción de falta de acción por prescripción. La Cámara de Apelaciones ordenó dar curso al planteo. En septiembre de 2010, la Cámara confirmó los procesamientos y en octubre de ese año el expediente fue elevado a juicio. El Tribunal Oral devolvió la causa al advertir que la fiscalía no había requerido la elevación de la causa a juicio respecto de uno de los imputados. En 2011 se elevó nuevamente el expediente y en 2012 las partes fueron citadas a juicio. En 2013 se proveyó la prueba y se fijó la audiencia de debate, que fue suspendida y postergada hasta el año 2015, cuando se solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En mayo de ese año el Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. |