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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 1-jun-2015 | Alvarado Huanca (reg. Nº 106 y causa Nº 2533) | Una persona cumplía una pena de prisión. Una vez cumplido el lapso temporal requerido, su defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. En un primer momento, la Dirección Asistencia Social del SPF dictaminó que el penado no contaba con un contexto sólido de acompañamiento para la reinserción social. De esa manera, se pronunció en contra de la incorporación al régimen requerido. En un segundo informe, adoptó la conclusión opuesta. El juez de Ejecución tuvo en cuenta el primer informe y no hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 1-jun-2015 | NEP c. Universidad de La Matanza (PGN) | Una persona con una discapacidad motriz se graduó como licenciado en educación física en una universidad. Al año siguiente intentó continuar sus estudios en la misma institución y obtener el título de profesor en educación física. La universidad negó el pedido sobre la base de que no reunía las condiciones físicas requeridas para la carrera. En consecuencia, inició una acción de amparo. Tanto en primera como en segunda instancia hicieron lugar al amparo y ordenaron la inscripción en la carrera. La demandada interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| jun-2015 | Perpetua. Homicidio. Pareja | El presente documento se elaboró en razón de una consulta recibida en la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia en relación al caso de una mujer condenada a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio agravado por mediar un vínculo de pareja (artículo 80, inciso 1º del CP). |
| 29-may-2015 | Peñaloza, Claudio Ariel | El tribunal oral había condenado al imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y le impuso la pena de un año de prisión y lo declaró reincidente. Con posterioridad, la defensa solicitó su incorporación al régimen de semidetención y la sustitución de la pena por la realización de trabajos comunitarios. |
| 29-may-2015 | OMF y otra | Dos personas habían sido imputadas penalmente. Una de ellas se desempeñaba como escribana pública. La otra tenía 86 años y problemas de salud. La defensa de ambas pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. Argumentó que la escribana revestía la calidad de funcionaria pública y, que, a su vez, había cometido el delito que se le atribuía en el ejercicio de esa función. Asimismo, respecto de la otra invocó la resolución 97/09, punto b) de la Procuración General de la Nación para oponerse a la concesión de la probation solicitada por otro imputado en el entendimiento de que tal proceder debilitaría la acusación. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 29-may-2015 | Julian, Carlos Alberto | Un hombre había sido imputado, junto a otras tres personas, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con malversación de caudales equiparados públicos. Los hechos imputados eran diez. La investigación se inició en el año 2004. En diciembre de 2008, la causa fue elevada a un tribunal oral y en abril del 2009 las partes fueron citadas a juicio. En dos oportunidades se fijaron fechas de debate que, luego, fueron postergadas. Después de diez años y seis meses de tramitación del expediente, la defensa planteó la prescripción de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó el planteo y consideró que no había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el art. 67 del CP y que la extensión del proceso no resultaba desproporcionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-may-2015 | M,MJ c. V,RG y V,CV | En este caso, la parte actora –conviviente del demandado– inició una acción de impugnación de la paternidad contra su pareja y el hijo cuyo reconocimiento pretendía impugnar, con base en lo establecido por el art. 263 del Código Civil derogado. Alegó que tenía un interés económico toda vez que su conviviente se encontraba demandado por alimentos por quien no era su hijo y que dicha situación la perjudicaba. Mientras que el reconociente demandado se allanó a la acción, el hijo codemandado cuestionó la legitimación activa de la actora. |
| 28-may-2015 | C, HM | El accionante solicitó la interdicción de su hermano, que padecía psicosis esquizofrénica crónica, con un grado de discapacidad laboral permanente del 100% de sus funciones intelectuales y, a la vez, se propuso como su curador definitivo. El juez de grado designó como Curadora ad-litem a la Curadora Oficial del Ministerio Público. Se realizaron los informes interdisciplinarios (de los cuales surgía que la persona no era autovalente, no podía administrar sus bienes ni realizar tareas remunerativas) y se escuchó en una audiencia al causante. La Curadora y la Asesora de incapaces solicitaron que se haga lugar a la demanda y se restrinja la capacidad de C. de la menor manera posible y se proceda a su revisión dentro de los tres años. |
| 28-may-2015 | VFS | Una persona había sido imputada por un delito que, según el requerimiento de elevación a juicio, había ocasionado un perjuicio patrimonial valorado en $200.000. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el imputado ofreció la suma de $10.000 en concepto de reparación. El fiscal opinó que la suma no era razonable y, por este motivo, dictaminó en contra de la concesión del instituto. El tribunal rechazó la probation. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-may-2015 | M, MS (CSJN) | La niña M.S.M., desde su quinto día de vida, había quedado al cuidado de la actora en virtud de la entrega efectuada por su madre biológica. Tal proceder fue documentado en un instrumento privado. Un año después, la actora inició el proceso judicial de guarda con fines de adopción, oportunidad en la que manifestó que la progenitora –a quien conocía desde hacía tiempo por intermedio de una amiga– le cedió la crianza de la recién nacida por verse imposibilitada de hacerse cargo de ella. En ese marco, la Defensora Pública de Menores e Incapaces y la Tutora Pública –designada tutora ad litem– se opusieron al pedido de adopción y a la guarda previa en atención a las condiciones irregulares que, a su entender, habían rodeado la génesis de la custodia de hecho. En consecuencia, requirieron como medidas precautorias el cese de la guarda y la derivación de la niña a una familia de tránsito. La magistrada de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la derivación de la menor a un hogar de tránsito o familia de acogimiento a designar por la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad, destino que fue posteriormente sustituido por un hogar convivencial. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó aquella decisión y ordenó la urgente restitución de la niña a quien fuera su guardadora de hecho. Contra este pronunciamiento, el Tutor Público, el Defensor Público de Menores e Incapaces, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad y la Defensoría Zonal de la Comuna 2, dedujeron recurso extraordinario. Dichas impugnaciones fueron concedidas. |