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FechaTítuloResumen
6-jul-2017LJAUna mujer y un hombre contrajeron matrimonio en julio de 1994. De esa unión nacieron sus dos hijas. El hombre se desempeñó como empleado en relación de dependencia de la AFIP durante 30 años. La mujer trabajó en relación de dependencia hasta abril de 1997, momento en el que fue despedida. Después de 22 años de matrimonio se divorciaron. Posteriormente, la mujer promovió un incidente de compensación económica con fundamento en los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación. El ex cónyuge, al contestar demanda, reconvino con la misma pretensión.
5-jul-2017RAEEn julio de 2009 se declaró la incapacidad de RAE en los términos del Código Civil anterior. La sentencia fue confirmada en segunda instancia. Con la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental, se actualizó la sentencia y se sostuvo el mismo encuadre. En julio de 2017, se efectuó una revisión de la restricción a la capacidad dispuesta de conformidad con el art. 40 del CCC.
5-jul-2017MSB (causa Nº 91003329)Una mujer que se encontraba detenida tenía una hija con una discapacidad que le impedía valerse por sí misma. Su hija debía ser intervenida quirúrgicamente y requería atención de terceros de manera permanente. La mujer no poseía otros familiares que pudieran brindarle la asistencia necesaria. Por ese motivo, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en función del artículo 32, inciso f, de la ley Nº 24.660. El Tribunal Oral concedió el arresto domiciliario por el término de tres meses desde la fecha de la intervención quirúrgica. La defensa interpuso un recurso de casación, por considerar que mediaban razones humanitarias que tornaban irrazonable una restricción temporal del instituto a un período acotado.
5-jul-2017DEAUna persona detenida había solicitado –con base en los arts. 166 y 168 de la ley Nº 24.660– visitar a su madre que, a su vez, cumplía pena bajo la modalidad prisión domiciliaria y padecía esquizofrenia. El Centro de Evolución de Internas Procesadas se pronunció en contra. A tal fin, consideró la inobservancia de los reglamentos que presentaba la solicitante. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal también se opuso a la solicitud. En consecuencia, el Tribunal Oral rechazó la petición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
4-jul-2017CCEl juzgado de instrucción había rechazado la entrega de un vehículo secuestrado en el marco de un proceso penal. La defensa fue notificada de la decisión por vía electrónica un día inhábil. Por esa razón, el primer día hábil posterior a la notificación solicitó tener vista del incidente y del expediente principal. Como la causa se encontraba en la fiscalía, requirió la suspensión de los plazos procesales para impugnar la resolución. El pedido fue denegado con fundamento en que, de acuerdo a las acordadas 3, 11 y 35 de la CSJN, desde mayo de 2016 resultaba obligatoria y exclusiva la notificación electrónica. La defensa, entonces, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El fiscal adhirió al recurso.
3-jul-2017SHESe generó un alerta a partir de una denuncia que ponía de manifiesto que dos personas presentaban una “actitud sospechosa”. En razón de eso, se constituyó en el lugar un móvil con vidrios polarizados y sin identificación de la policía. Uno de los individuos que se encontraban allí le habría apuntado con un arma de fuego a los agentes que se encontraban dentro del vehículo. Luego arrojó el revólver hacia el interior de un club lindero. Después de forcejear con los agentes, ambas personas fueron detenidas. Los policías declararon en el marco del juicio oral. Sin embargo, de sus declaraciones surgían contradicciones en relación a la dirección en la que se apuntó el arma. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró probado el hecho a partir de la declaración de uno de los agentes. El Tribunal Oral condenó a los imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravados por el uso de armas en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin autorización. Para decidir de esa manera, se remitió de manera total al alegato de la fiscalía. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró que la prueba en la que se fundó la sentencia fue valorada de manera arbitraria.
3-jul-2017PHD (causa N° 5722)Un hombre conducía un camión por una ruta de la provincia de Corrientes. Personal de la Gendarmería Nacional lo interceptó con el objeto de realizar un control rutinario y detectó irregularidades en su documentación. Luego de dar aviso al juzgado federal, se requisó el vehículo y se encontraron 8.443 kilogramos de marihuana. Por tal razón, fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Durante el debate, el imputado solicitó declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. En esa oportunidad, individualizó a quien lo había contactado con las personas que prepararon la droga para su transporte. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de diez años de prisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, argumentó que el tribunal no había valorado la información aportada por su representado.
3-jul-2017Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las AméricasA partir del Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas (2013), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un nuevo informe para analizar a) los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los Estados, b) las medidas alternativas a la prisión preventiva, c) otras medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva y d) la incorporación de un enfoque especial para la protección de las mujeres y otras personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo.
jul-2017Asesoramiento técnico del imputado extranjero en el juicio abreviadoEl DNU Nº 70/2017 modificó la ley Nº 25.871, entre otros aspectos, en lo que atañe a los supuestos que pueden dar lugar a la expulsión de un extranjero. En este artículo se analizan las consecuencias que tienen a nivel migratorio las decisiones adoptadas en el marco de un proceso penal –específicamente, la de suscribir un acuerdo de juicio abreviado– y las garantías que asisten a los imputados extranjeros. Dicho estudio se efectúa, en particular, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
jul-2017La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente al derecho de defensa en juicioSistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a las diferentes manifestaciones que componen el derecho de defensa en su “dimensión” material.