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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-jul-2016 | IL y otro c OSDE | La madre de un niña con discapacidad solicitó a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral de las prestaciones de una escuela primaria común con acompañamiento de un docente integrado durante todos los días de la semana y con proyecto de integración de aplicación de contenido conforme problemática actual. Ante la negativa de la empresa, la afiliada interpuso una acción de amparo y solicitó, como medida cautelar, la prestación indicada. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la petición. Contra tal resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 11-jul-2016 | Silva (reg. N° 508 y causa N° 43935) | Dos personas fueron condenadas a la pena de seis años de prisión por el delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas en concurso real con el de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, criticó el razonamiento empleado en el fallo para acreditar el empleo de un cuchillo en el hecho porque no había sido secuestrado. Por ese motivo, no se había probado su poder ofensivo. |
| 7-jul-2016 | De Souza y otros | En el presente caso, el Juzgado de Instrucción había rechazado la acción de hábeas corpus promovida por la defensa. El planteo versaba, fundamentalmente, sobre la necesidad de que el Servicio Penitenciario notifique a la defensa del traslado de los detenidos. La jueza indicó que lo único que exigía el art. 72 de la ley 24.660 era la notificación al juez competente. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de apelación. |
| 7-jul-2016 | Bonilla Dei, Juan Gabriel | En el presente caso, una persona había sido vista por personal policial mientras se tocaba los genitales en la vía pública. Por ese motivo, y con fines identificatorios, los agentes le solicitaron que detenga su marcha. En ese momento, el imputado presuntamente había intentado desprenderse de un teléfono celular y darse a la fuga, lo que provocó la intervención policial y su posterior aprehensión. La defensa solicitó la nulidad de la detención y de todo lo actuado en consecuencia. Sostuvo que “…la función de la policía en prevenir el delito no puede desarrollarse en desmedro de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos”, por lo que resulta arbitrario detener a una persona solo porque demuestra conductas fuera de la “normalidad”. Dicho planteo fue rechazado, por lo que interpuso recurso de apelación. |
| 7-jul-2016 | R AN c L RR y otros | Una mujer alquiló una vivienda para habitar junto a su hija con discapacidad. Vencido el plazo del contrato de locación, la propietaria del inmueble inició una demanda de desalojo. El Juzgado Nacional Civil Nº 62 hizo lugar a la demanda y ordenó la desocupación bajo apercibimiento de lanzamiento. La Defensora de Menores e Incapaces interpuso recurso de apelación por considerar que lo resuelto dejaría en situación de calle a su representada y a su familia, afectando el derecho de raigambre constitucional a la protección de la vivienda familiar. |
| 7-jul-2016 | Irene v. Argentina | El 7 de julio de 2016, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares a favor de Irene, una niña de 12 años argentina que había sufrido una parálisis cerebral que le generaba una miopía severa y una importante limitación de su autonomía y sus movimientos. La niña necesitaba un sistema de apoyos conformado, principalmente, por un acompañante terapéutico escolar y un maestro integrador. Dichos apoyos especiales debían hacerle visual y auditivamente accesible los contenidos pedagógicos de la escuela, facilitar su inclusión social, brindarle asistencia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y cuidados posturales, y cuidarla en caso de tener episodios convulsivos o de ahogamiento. Dichas prestaciones fueron cubiertas por la Administración Provincial de Seguro de Salud de Córdoba hasta que un fallo de la justicia provincial las restringió. Entonces, se solicitó a la CIDH que disponga medidas cautelares por configurarse una situación de gravedad y urgencia en la que se encontraba en riesgo su vida e integridad personal. |
| 7-jul-2016 | PPJC | En 2011, el tribunal concedió la suspensión del juicio a prueba al imputado. En 2014, el juez de ejecución tuvo por cumplidas las pautas de conducta y remitió las actuaciones al Tribunal Oral a fin de que se expida respecto al pago de la reparación ofrecida. Sin embargo, revocó la probation al verificar que el imputado tenía una causa en trámite en Chaco. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-jul-2016 | C, SY | El tribunal oral Federal había rechazado la suspensión del juicio a prueba solicitada por una persona imputada por el delito de adulteración dolosa de registros (art. 12, ley Nº 24.769). Para decidir de este modo, el tribunal aplicó lo prescripto en el art. 76 bis del CP, que impide otorgar probation en procesos sustanciados por la comisión delitos previstos en la ley Nº 24.769. Sin embargo, el hecho había tenido lugar en el año 2009, antes de que la ley Nº 26.735 modificara el art. 76 bis del CP e incluyera esta restricción. Contra esta decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 5-jul-2016 | L, SB | En el presente caso, el Tribunal Oral había absuelto a una mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego. Para fundar tal resolución, el tribunal consideró que había actuado en legítima defensa en razón de la violencia física, sexual y psicológica a la que la imputada había sido sometida por su esposo durante el matrimonio. Contra aquella decisión, la querella y la fiscalía interpusieron recurso de casación. |
| 5-jul-2016 | Ñ., N. A. | En 2014 el tribunal rechazó la solicitud de prisión domiciliaria de una mujer que había sido condenada a la pena de diez años de prisión por el delito de trata de personas. Ello, dado que, a criterio del tribunal, su hija discapacitada se encontraba al cuidado de sus abuelos. Transcurrido un año y medio desde aquella resolución, la defensa realizó un nuevo pedido en mismo sentido. Allí, explicó que el cuadro clínico de la niña se encontraba agravado por la falta de estímulos e incumplimiento del tratamiento indicado que ni sus abuelos ni su padre podían llevar a cabo. En esta oportunidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó favorablemente respecto del pedido. |