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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-oct-2017 | Meza Linarello (causa N° 30084) | En febrero de 2017 Meza Linarello fue condenado por un tribunal a la pena de nueve meses de prisión en suspenso (causa Nº 4857). Dos meses más tarde, fue condenado por otro tribunal a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso y a la pena única de tres años de prisión en suspenso (causa Nº 8175). Luego, otro tribunal lo condenó a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso (causa Nº 4486) y a la pena única de dos años y dos meses de prisión en suspenso, comprensiva de la primera condena (causa N° 4857). El representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se unificaran la totalidad de las penas y se condenase al imputado a la pena única de cuatro años de prisión. Por su parte, la defensa sostuvo que se trataba de un concurso real de delitos, por lo que debía efectuarse una unificación de condenas sin sumar las penas fijadas en cada una. |
| 5-oct-2017 | Guerra (Causa Nº 14644) | En el marco de un control rutinario, personal policial detuvo a dos vehículos y los requisó. En el primero de los autos –conducido por GJC– se encontraron 40 kilos de cocaína y un sobre con marihuana. El segundo era un remís conducido por ZHO en el que viajaban dos personas. Si bien en su interior no se hallaron estupefacientes, se advirtió que uno de los pasajeros era el hermano de GJC. Al efectuarse el procedimiento, se aproximó un tercer vehículo –conducido por SA– que al advertir el control policial dio marcha atrás y se desvió a gran velocidad. Luego de una persecución, la policía lo detuvo. En su interior se halló dinero en moneda nacional y en dólares estadounidenses. Las cinco personas fueron detenidas e imputadas por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la instrucción, GJC solicitó declarar como arrepentido en los términos del artículo 29 ter de la ley N° 23.737 y aportó información relevante para el avance de otras investigaciones sobre tráfico de estupefacientes. Por otra parte, SA expresó que el día de su detención había bebido alcohol. En tal sentido, indicó que esa había sido la razón por la que había eludido el control policial. Durante el debate de juicio oral, la defensa solicitó la absolución de SA y ZHO, por considerar que no se había logrado probar su participación en los hechos imputados. Además, solicitó que al momento de evaluar la pena de GJC, se tuviera en cuenta la colaboración prestada en carácter de arrepentido. |
| 5-oct-2017 | Comunidad Iwi Imemb'y | La comunidad Iwi Imemb’y, que se escinde de la Comunidad Iguopeigendá, habitaba en la provincia de Salta. En el año 2003 fueron desalojados por una empresa propietaria de un ingenio azucarero. Posteriormente, la comunidad Iguopeigendá reclamó judicialmente la reinvindicación territorial y se le devolvieron 52 hectáreas. Sin embargo, a raíz de la violencia que sufrieron sus integrantes, migraron a Buenos Aires, donde algunos arrendaron una hectárea de tierra para el cultivo, que funcionaba, a la vez, como un espacio de encuentro comunitario. Más tarde, se inició una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Plata y se solicitó, como medida cautelar, que se les provea tierras aptas y suficientes para su desarrollo y se les otorgue el título de propiedad comunitaria indígena. El juzgado de primera instancia declaró formalmente inadmisible la acción colectiva y ordenó recaratular la causa como “Amparo ley 16.986”. En consecuencia, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 5-oct-2017 | VBAD (causa Nº 30) | Una persona fue procesada por el delito de facilitación de lugar para la comercialización y el uso de estupefacientes, agravado por haberse cometido en un evento público (artículos 10 y 11 de la ley Nº 23.737). Además, se dispuso su prisión preventiva. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. El juzgado denegó el pedido. Por tal razón, se interpuso un recurso de apelación. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó la impugnación. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la gravedad del delito y la pena que pudiera corresponderle en caso de ser condenada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 5-oct-2017 | Kormev v. Bulgaria | A raíz del robo de una importante suma de dinero, la policía identificó y detuvo a tres sospechosos. Uno de ellos, el Sr. Stoykov, fue maltratado por la policía para que confesara el delito y revelara dónde habían escondido el dinero. El abogado de otro de los imputados, el Sr. Kormev, se opuso a su incorporación como prueba por ser obtenida bajo tortura. Pese a que el propio Stoykov luego denunció que había sido torturado para confesar, el tribunal interviniente admitió su declaración inicial como prueba. Para resolver así, consideró que la alegada tortura no había sido probada y que la veracidad de sus declaraciones estaba demostrada por la restante prueba obrante en el expediente. El tribunal utilizó la declaración inicial de Stoykov para condenar a los tres imputados. Los hombres apelaron la sentencia condenatoria sin éxito. |
| 4-oct-2017 | Almirón (causa Nº 14000695) | En enero del año 1977, el gerente de una empresa de transporte denunció a un chofer, dirigente gremial, por presuntas maniobras defraudatorias. El chofer fue detenido y trasladado a una comisaría, donde permaneció durante una semana. Luego, se dictó su procesamiento por el delito de defraudación y se dispuso su alojamiento en una prisión. En abril de ese año se le concedió la excarcelación. En julio de 1984, el chofer denunció al empresario y a tres policías. En particular, manifestó que había sido privado de su libertad de manera ilegítima y que, en la delegación policial, había sido interrogado y torturado. En abril del 2008, prestó declaración testimonial en sede judicial y reiteró su denuncia. Las cuatro personas fueron imputadas por la comisión de delitos de lesa humanidad. En el debate, las defensas sostuvieron, entre otras cuestiones, que no correspondía calificar los hechos como delitos de lesa humanidad y que, en consecuencia, la acción penal se encontraba prescripta. El Tribunal Oral rechazó la solicitud y condenó a los imputados. Para decidir de ese modo, consideró que su detención había tenido lugar en el marco del plan sistemático de la última dictadura militar y se relacionó con la actividad gremial del chofer. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. |
| 4-oct-2017 | T (Causa Nº 887) | Un niño de cuatro años tenía una discapacidad psicosocial. Vivía con su abuela materna –quien a su vez era su guardadora– y con su progenitora. Asimismo, la abuela percibía un programa social y estaba a cargo del hogar, ya que la madre del niño se encontraba desempleada. Tiempo después, el niño fue diagnosticado con un problema cardíaco. Por ese motivo, debió ser sometido a una intervención quirúrgica. En esa ocasión, la abuela y su pareja afrontaron los costos de la operación. Por su parte, el progenitor del niño se desempeñaba como marino y no tenía ningún vínculo con su hijo. A su vez, el hombre había ejercido actos de violencia contra la abuela y la madre del niño. En ese marco, se le había impuesto la prohibición de acercamiento a ambas mujeres. Frente a esa situación, la abuela del niño inició una acción judicial para que se incrementara la cuota alimentaria a favor de su nieto. Debido a que el progenitor demandado no se presentó en el expediente, el juez resolvió aumentarla de manera provisoria. Luego, la empleadora informó el período en el que el accionado había prestado servicios e indicó que había sido desvinculado. |
| 3-oct-2017 | Jofre (reg. Nº 954 y causa Nº 58073) | Un hombre había sido condenado, entre otros delitos, por haber proferido amenazas coactivas contra su pareja. La sentencia no estableció que realizara ningún tipo de tratamiento sobre violencia de género. Al cumplirse el requisito temporal de detención, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional de la unidad se expidió de manera favorable a su otorgamiento. Por su parte, la fiscalía solicitó que se informara si el imputado había realizado alguna terapia vinculada con cuestiones de género. El Servicio Penitenciario informó que no existía pronóstico de reinserción en tal sentido, ya que desconocía la existencia de una condena vinculada a dicha temática. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado rechazó la concesión del instituto. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-oct-2017 | Aloe (causa Nº 67056) | Una empresa correntina que se dedicaba a la fabricación y comercialización de productos medicinales alternativos diseñó una campaña publicitaria que se apoyaba en la venta telefónica. Por este motivo, contrató a una empresa de telefonía para habilitar tres líneas: dos comunes y un 0810. La empresa contratada solicitó que se firmaran una serie de documentos. Pese a que la empresa los suscribió y entregó, la línea de 0810 nunca funcionó. Por este mo-tivo, la campaña de publicidad fue un fracaso. En consecuencia, la empresa contratante inició una demanda por daños y perjuicios en concepto de perdida de chance y daños punitivos. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra esa resolución la parte demandada interpuso un recurso de apelación y expresó, entre sus agravios, que la parte acto-ra no había producido prueba. |
| 3-oct-2017 | KA | Una persona solicitó al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que se lo reconozca como refugiado. El ministerio rechazó la solicitud y dispuso que la Dirección Nacional de Migraciones defina su situación migratoria de acuerdo a la normativa vigente. El solicitante interpuso una demanda con el objeto de impugnar la resolución. Con posterioridad, informó que había obtenido la ciudadanía argentina y que, en virtud de eso, desistía del reclamo. El juez de primera instancia declaró extinguido el proceso e intimó al accionante para que pague la tasa de justicia. Contra esa resolución, el actor interpuso un recurso de apelación. |