Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-mar-2017 | A, WM | Una persona detenida en el CPF CABA se negó a reingresar al pabellón luego de una visita. En dicha oportunidad, informó que había sido amenazada por otros detenidos y solicitó que se la aloje en otro sitio. Por tal razón, se dispuso su traslado a otro pabellón. Sin embargo, el celador expuso que la negativa del detenido no estaba justificada. En consecuencia, se le impuso una sanción disciplinaria de acuerdo a los arts. 17 inc. b y e del decreto 18/97 (Reglamento de Disciplina para Internos). El cumplimiento de la medida fue dejada en suspenso. La defensa solicitó la nulidad de lo actuado y la declaración de inconstitucionalidad del decreto 18/97. El juzgado de instrucción rechazó los planteos y confirmó la sanción. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación. |
| 6-mar-2017 | J, R c. ANSES | Una mujer era beneficiaria de una pensión derivada del fallecimiento de su cónyuge. No obstante, dijo que se encontraba impedida de continuar percibiendo la jubilación anticipada prevista en la ley Nº 25.944 porque el Poder Ejecutivo instruyó a la ANSES para que, a partir del 23/10/2006, estableciera los mecanismos necesarios para priorizar el acceso a esas prestaciones previsionales. El organismo administrador dispuso que las personas inscriptas en la moratoria prevista en la ley Nº 25.865 que percibían otro beneficio debían cancelar la deuda pendiente para adquirir el nuevo derecho. En consecuencia la actora presentó una acción declarativa de certeza para que cese el estado de incertidumbre que esas normas generaban. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y declaró que la actora tenía derecho a que se restablezca el beneficio suspendido. Contra dicha resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 6-mar-2017 | D, B, A | La madre de un niño con discapacidad intelectual inició un proceso de determinación de capacidad y solicitó ser designada como apoyo. |
| 6-mar-2017 | VBO | El Tribunal Oral había revocado la suspensión del juicio a prueba concedida a una persona. A tal fin, argumentó que el probado no había cumplido con la regla que lo obligaba a someterse al control del Patronato de Liberados. Sin embargo, el tribunal había omitido la vista al fiscal y la realización de la audiencia regulada en el artículo 515 del CPPN. Contra la resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-mar-2017 | González (Causa n°53654) | Un hombre ingresó a la fuerza a la casa su ex pareja, la insultó, la tomó del cuello y la increpó manifestándole de forma violenta que estaba en pareja con otro hombre. Luego, le sustrajo su teléfono celular y se retiró. De forma inmediata, la mujer denunció lo acontecido a personal policial que se encontraba en la zona, que procedió a detenerlo. El hombre fue imputado por el delito de robo en grado de tentativa. Asimismo, se certificó que registraba antecedentes penales. Al momento de prestar declaración indagatoria, el hombre negó haber actuado de forma agresiva y sostuvo que al momento de los hechos se encontraba bajo el efecto de estupefacientes. Una vez elevada la causa a juicio, su defensa presentó un acuerdo realizado con la víctima en el que el imputado ofrecía a modo de reparación integral el monto de trescientos pesos. Asimismo, solicitó la extinción de la acción penal por aplicación del instituto de reparación integral. En el marco de la audiencia, la damnificada expresó cómo fueron las circunstancias del hecho y que el hombre imputado la había ahorcado de forma previa a sustraerle el teléfono celular. |
| 2-mar-2017 | CE, E (Amparo) | Una persona que padecía una disminución progresiva de la visión inició una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) con el objeto de que se declare inaplicable e inconstitucional el artículo 1 inciso e. del decreto 432/97 (modificado por el decreto 582/2003), reglamentario del artículo 9 de la ley 13.478 y, en consecuencia, se le otorgue una pensión por invalidez. La normativa en cuestión establecía que los extranjeros debían contar con veinte años de residencia mínima continuada en el país para que se les conceda la pensión. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville no hizo lugar a la petición porque estimó que no había resolución del órgano competente que deniegue el pedido de pensión no contributiva solicitado. El amparista interpuso un recurso de apelación. |
| 2-mar-2017 | Talpis v. Italia | Un hombre y una mujer tuvieron un hijo y una hija en el marco de su matrimonio. En ese momento, el hombre comenzó a presentar signos de alcoholismo. A su vez, en distintas oportunidades, golpeó a su pareja y a su hija. La esposa denunció los episodios ante la policía. Durante su intervención, los oficiales constataron las heridas ocasionadas. Sin embargo, no se inició un proceso judicial. Un mes más tarde, la mujer fue víctima de un nuevo ataque. Ante una nueva denuncia, la policía sólo comprobó la identidad del hombre y le ordenó alejarse de ella. La mujer abandonó su hogar y, a través de una organización que asistía a las víctimas de violencia de género, presentó una denuncia por malos tratos y violencia. En su presentación, solicitó a las autoridades una acción rápida que protegiese a ella y a sus hijos. La organización puso a su disposición una vivienda. Luego de tres meses, el servicio social local informó que no contaba con recursos suficientes para proteger a la víctima en ese sitio y que debía abandonarlo. No obstante, señaló que antes de contar con la asistencia, debía realizar una presentación ante el servicio social local. La mujer comenzó a vivir en la calle hasta que una amiga le hospedó. Posteriormente, consiguió trabajo. Siete meses después de realizar la presentación a través de la organización, la mujer fue interrogada por la policía por primera vez. En esa oportunidad, cambió sus declaraciones. Señaló que su marido era un buen padre de familia y que, más allá de su adicción al alcohol, la situación en su hogar era calma. De esa manera, la investigación judicial fue finalizada. Luego de algunos meses, una nueva denuncia de violencia fue recibida por la policía. El marido fue detenido en estado de intoxicación y se lo liberó a las pocas horas. El hombre volvió al hogar y con un cuchillo hirió a su hijo. El joven murió. Las investigaciones fueron reabiertas. El hombre fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de su hijo y los malos tratos hacia la mujer y su hija. |
| 2-mar-2017 | FRA | Una persona que había sido imputada por el delito de defraudación por administración fraudulenta solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, ofreció la entrega de $15.000 y el cumplimiento de ciertas pautas de conducta. Por su parte, el fiscal prestó su conformidad para la concesión del instituto. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó el pedido. A tal fin, consideró que el monto ofrecido como reparación no se acercaba mínimamente al monto defraudado ni se había probado que el imputado no pudiera afrontar un pago superior. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-mar-2017 | SHH y otro | En abril de 2013, una persona se había presentado en el domicilio de otra y, una vez allí, le disparó y la mató. Luego, se retiró del lugar en una moto conducida por otro sujeto. Por otro lado, en febrero de 2014, un sujeto aplicó dos puntazos con una chuchilla al chofer de un auto y lo amenazó de muerte hasta que el conductor lo dejó en poder del rodado. Por los hechos comentados, WJER fue condenado a la pena de veinte años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado también por el uso de armas, en concurso ideal con lesiones leves. Además, el Tribunal Oral lo declaró reincidente. Para fundar su decisión, valoró los dichos de varios testigos y los reconocimientos efectuados a partir de los videos exhibidos en la etapa de instrucción. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. Alegó, entre otras cuestiones, la arbitrariedad en la valoración de la prueba e inaplicabilidad del instituto de la reincidencia. |
| 2-mar-2017 | PEA (causa N° 1312) | Un adolescente de diecisiete años se encontraba en una estación de tren. Personal policial halló 649 gramos de marihuana y cinta de embalar entre sus pertenencias. Por tal razón, se le imputó el delito de tenencia simple de estupefacientes. El imputado, por ser menor de dieciocho años, fue sometido a diversos tratamientos en los que, según los informes incorporados al proceso, logró un progreso favorable. En ese sentido, se indicó que había cumplido con los objetivos establecidos y que había sido derivado a un centro ambulatorio. Asimismo, se afirmó que había logrado insertarse en el ámbito laboral y afectivo. Durante la etapa de juicio, celebró un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía tuvo en consideración esa información y solicitó que se declarara su responsabilidad penal por el delito que se le reprochaba y se dictara su absolución de conformidad con el artículo 4 de la ley N° 22.278. |