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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-feb-2025 | CNM (Causa N° 21048) | Un hombre inició un juicio contra la progenitora de su hijo menor de edad, quien tenía una discapacidad psicosocial. En su presentación, pidió que se fijara el aporte alimentario que debían abonar a favor de su hijo, dado que no habían logrado ponerse de acuerdo al respecto. Por su parte, la progenitora reconvino y solicitó la fijación de una cuota alimentaria a cargo del progenitor. Luego, la jueza de primera instancia hizo lugar al pedido. Determinó que la cuota consistiría en una suma de dinero que se incrementaría en virtud de los aumentos de su cobertura médica. También lo obligó a afrontar el pago del plan médico del Hospital Británico, así como la cuota y matrícula escolar. A su vez, le impuso asegurar el rubro vivienda. Contra lo decidido, el hombre presentó un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que la suma resultaba elevada y que no se correspondía con los gastos actuales de su hijo ni con las posibilidades económicas de los progenitores. En ese sentido, sostuvo que ambos debían proveer los alimentos para el niño y se quejó de la modalidad de incremento. Además, cuestionó que se lo obligara a abonar de manera exclusiva la cobertura del Hospital Británico. Indicó que se coartaba así la posibilidad de cambio a otra mejor o de menor costo. Además, expresó que el niño asistía a un colegio público, por lo que la matrícula y la cuota no formaban parte de sus gastos actuales. Por último, manifestó que no resultaba claro el contenido ni la extensión de la obligación a su cargo de asegurar el rubro vivienda. Por su parte, la defensoría de menores interviniente apeló lo resuelto. Con posterioridad, la Defensora de Menores ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil mantuvo el recurso y solicitó que se elevara el monto de la cuota alimentaria. |
| 11-feb-2025 | GMCM (Causa N°22559) | En el marco de un juicio de daños y perjuicios, se dispuso el traslado de la demanda. Luego, se suspendió el plazo hasta que se remitiera a la demandada una cédula en formato papel junto con un sobre que contenía un pendrive. Ambas partes consintieron la resolución, que fue cumplida. Sin embargo, con posterioridad la accionada desconoció la notificación y pidió que se desestimara la prueba. En esa oportunidad, manifestó que el dispositivo USB almacenaba grabaciones de pantalla que habían sido certificadas por un escribano. Señaló que, al cotejarlas, notó que faltaban algunos archivos. Sobre ese aspecto, advirtió que no coincidía la cantidad indicada en la demanda con la que se había consignado en el acta notarial. Por ese motivo, solicitó una nueva suspensión de plazos. El juzgado rechazó el pedido, dado que verificó que no existía el faltante denunciado. Contra lo resuelto, el demandado interpuso un recurso de apelación. |
| 11-feb-2025 | LME (Causa N° 139068) | Un grupo de hermanos menores de edad eran víctimas de violencia por parte de su progenitor. Además, no concurrían a la escuela ni tenían los controles de salud al día. Asimismo, al igual que su padre, algunos de ellos se encontraban en consumo problemático de sustancias. Por esos motivos, el servicio social local dispuso una medida de abrigo, a fin de brindarles un ámbito alternativo de convivencia mientras se evaluaba la implementación de otras medidas para el restablecimiento de sus derechos. En ese marco, fueron a convivir con su tío paterno y su pareja, a quienes con posterioridad se les otorgó la guarda provisoria. Sin embargo, al momento de tomar esa decisión no se dio intervención a la asesoría de menores. Por esa razón, la asesora interpuso un recurso de apelación. En su presentación cuestionó que no se le confiriera intervención y sostuvo que el archivo de las actuaciones era prematuro. Asimismo, requirió que se libraran oficios a los organismos municipales competentes para que informaran las estrategias de acompañamiento al grupo familiar. Ello debido a que el tío paterno y su pareja tenían a cargo el cuidado de otras personas menores de edad y contaban con escasos recursos socioeconómicos. También, solicitó que se oficiara a las escuelas a las que asistían los niños para tomar conocimiento de sus trayectorias educativas. Por último, respecto a la guarda provisoria dispuesta, advirtió que el tío de los niños no estaba notificado ni presentado en el expediente. |
| 11-feb-2025 | Flores Soliz (FGR 19263-2024) | El Ministerio Público Fiscal solicitó de forma unilateral la autorización para desarmar el equipo de telefonía celular y reacondicionar el pin de carga de datos, conforme a la recomendación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el marco de una autorización previa para su apertura. El juez convocó a una audiencia para el mismo día. La defensa solicitó un cuarto intermedio de tres días para poder responder a la vista, porque afirmó que no se encontraba en condiciones de hacerlo con el mismo nivel de experticia técnica que el MPF, el cual había fundado su requerimiento en un informe elaborado por un ingeniero de la DATIP. En tales condiciones, la defensa indicó que no podía prestar conformidad con la medida. |
| 10-feb-2025 | PDS (Causa N° 16830) | Una mujer se sometió a una cirugía de ligadura de trompas de Falopio bilateral en el marco del proyecto familiar que tenía con su pareja. Tiempo después, se separó y formó una nueva pareja, con quien deseaba tener hijos. Para concretar ese objetivo, su médica le indicó realizar un tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad. La práctica era la única alternativa para lograr un embarazo, debido a su edad y al diagnóstico de baja reserva ovárica y factor tubárico que presentaba. Por esa razón, la mujer solicitó a su obra social la autorización de la práctica. Sin embargo, la entidad la denegó. Argumentó que la imposibilidad de concebir fue resultado de la decisión de la mujer, ya que se había sometido por propia voluntad a una práctica anticonceptiva irreversible. Frente a esa respuesta, la mujer inició una acción de amparo. En su presentación, solicitó como medida cautelar la cobertura integral del tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad –FIV/ICSI– sin límite de extensión de cobertura y hasta tres veces por año. En su presentación, pidió que se incluyera la totalidad de la medicación y gastos que la práctica requiriera. La jueza de primera instancia condenó a demandada a otorgar la cobertura con el alcance solicitado. Por su parte, la obra social apeló la sentencia. |
| 6-feb-2025 | MJA (Causa N°4496569) | Un hombre estuvo privado de libertad entre 1996 y 2016. En ese periodo, realizó diferentes trabajos. Por ese motivo, solicitó al Servicio Penitenciario provincial que le pagara los salarios por las tareas realizadas mientras estuvo privado de la libertad. No obstante, su reclamo fue rechazado. En consecuencia, presentó una acción judicial administrativa contra la provincia de Mendoza. Por su parte, la demandada reconoció que había existido una prestación de jornales y sostuvo que se le habían liquidado los fondos. No obstante, desconoció la prestación de servicios que no se encontraran registrados o reconocidos por la administración contable de la Dirección General del Servicios Penitenciario. |
| 6-feb-2025 | NVA (Causa N° 8196) | Una mujer fue diagnosticada con un adenocarcinoma pulmonar avanzado. Por ese motivo, su médico tratante le indicó con urgencia un tratamiento con el medicamento Osimertinib. En ese contexto, la mujer no tenía una cobertura médica dado que siempre se había desempeñado en trabajos informales. En consecuencia, el Ministerio de Salud de la Nación le proveía el medicamento, pero de forma irregular. Ante la falta de continuidad del tratamiento, el estado de salud de la mujer empeoró, por lo que se multiplicaron el número y el tamaño de los nódulos pulmonares. Para ese momento, hubo una reestructuración en las competencias de algunos ministerios. Por esa razón, la mujer envió un oficio a los Ministerios de Salud, Desarrollo y Capital Humano. En esa oportunidad, le informaron que la cobertura correspondía al Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de este último organismo. En ese marco, la mujer –con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial Nº 1 ante los Tribunales Federales de La Plata– inició una acción de amparo. En su presentación, solicitó que se le garantizara la cobertura total del medicamento indicado por su médico tratante. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. En ese sentido, obligó al Estado Nacional a que proveyera la medicación hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Contra esa decisión, el Ministerio de Salud presentó un recurso de apelación. Entre sus argumentos, destacó que la obligada era la jurisdicción local y que se había efectuado una errónea interpretación de las competencias. |
| 5-feb-2025 | Quintana (FGR 85-2025-2) | La defensa solicitó la revisión de la medida de coerción que pesaba sobre su asistido. En el desarrollo de la audiencia, que adquirió carácter multipropósito, el Ministerio Público Fiscal aportó como nueva prueba un informe elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, solicitó que se le pida al acusado que aporte voluntariamente la clave del teléfono celular que se le secuestró, y que en caso de negativa, se efectúe un procedimiento de forma compulsiva y con la utilización de la mínima fuerza pública necesaria con el fin de obtener el patrón de desbloqueo del origen dactilar o de iris. La defensa cuestionó el valor incriminatorio del informe de la PSA ya que entendió que se trataba de prueba de carácter y rechazó el pedido de desbloqueo. Según argumentó, implicaba una forma de autoincriminación forzada. |
| 4-feb-2025 | Bazhenov y otros v. Rusia | Una pareja conformada por personas del mismo sexo tenía un local comercial. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, realizaron una publicación en una red social rusa. A los pocos días, un grupo público homofóbico difundió por ese medio sus datos personales, la dirección de su comercio y fotografías identificatorias. En ese marco, ambos denunciaron lo sucedido y solicitaron que se investigara la difusión de los datos sin su consentimiento. Además, expresaron temor de sufrir daños contra su integridad o la de sus familias. Sin embargo, nunca se abrió formalmente una investigación penal, pese a los reclamos reiterados de los denunciantes. Asimismo, en un grupo de la misma plataforma se publicaron datos privados de una serie de abogados y activistas de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Uno de los afectados –casado con una persona del mismo sexo– denunció ese posteo. En su presentación, señaló que de esa forma se pretendía presionarlo para que renunciara a la defensa que ejercía en casos penales por delitos de odio contra personas LGBTIQ. Pese a ello, no se le dio tratamiento a la denuncia. Ante esa situación, interpuso un recurso. En concreto, planteó que las autoridades no habían cumplido con su deber de investigar como lo establecía el código procesal. Sin embargo, el tribunal no dio curso a la investigación penal porque entendió que no hubo violación a la privacidad del denunciante. Con posterioridad, prescribió la acción penal. |
| 31-ene-2025 | Informe: Situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las Américas. En el documento dio cuenta de la exclusión y discriminación sistemáticas que sufren quienes integran este colectivo. En concreto, las atribuyó al modelo médico rehabilitador que, a lo largo de la historia, se enfocó en “reparar” sus patologías individuales y, de esa forma, obstaculizó el acceso a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la Comisión valoró que con el tiempo se produjo un cambio de paradigma hacia el denominado “modelo social”, que promueve la eliminación de las barreras que existen en la sociedad para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en un marco de igualdad e inclusión. |