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FechaTítuloResumen
1-jul-2020CYI (Causa N° 100663)Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus dos hijas. El progenitor de las niñas estaba cumpliendo una condena penal y habían perdido todo tipo de contacto. En ese contexto, la mujer estaba desempleada y percibía la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la cual le había sido otorgada por una medida cautelar en el año 2016. Sin embargo, en agosto de 2019 la ANSES comenzó a incumplir con la medida judicial. En esa oportunidad, la ANSES le informó que el cese del pago se debía a que el progenitor seguía registrado en su antiguo empleo. En consecuencia, la mujer con representación de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social inició una acción de amparo para que se reanudara el pago de la asignación y se le abonara el retroactivo por los meses que no percibió. Por su parte, la ANSES consideró que la vía del amparo era improcedente. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo peticionado. Contra esa decisión, la ANSES apeló.
jul-2020Legítima defensa y géneros. Una cartografía de la jurisprudencia argentinaEn Argentina, como en otras partes del mundo, la violencia de género se encuentra muy extendida e involucra, para quienes la sufren, un sometimiento grave que, con frecuencia, se desarrolla durante mucho tiempo. Frente a esto, las respuestas que proporciona el Estado suelen ser deficitarias. Entonces, ha ocurrido que las víctimas de violencia se defienden y, como consecuencia de esto, hieren o matan a sus agresores. Estas conductas motivaron el dictado de sentencias condenatorias que rechazaron que esas personas hubiesen actuado amparadas por la legítima defensa (art. 34 CP, inc. 6), lo que condujo a un intenso debate acerca de la necesidad de aplicar este instituto con perspectiva de género. Este trabajo se propone, justamente, indagar acerca del modo en que se abordó esta problemática en la jurisprudencia argentina entre los años 2005 y 2020.
jul-2020Igualdad y no discriminación en casos de género (internacional)Jurisprudencia internacional sobre igualdad y no discriminación en casos de género.
30-jun-2020Mendez (causa N° 11112557)Una mujer de 97 años que tenía una discapacidad motriz crónica y deterioro cognitivo se encontraba alojada en un hogar geriátrico desde septiembre de 2018. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria, su hijo solicitó a las autoridades del hogar que se le realizase el test de COVID y suministrase insumos sanitarios para prevenir la introducción del virus en el hogar. El pedido fue denegado. Por esa razón, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la presentación solicitó, como medida cautelar, que se ordenase el suministro al hogar de test rápidos de serología covid-19 y los exámenes por PCR (hisopado) que fueran necesarios según el resultado del primero. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación.
30-jun-2020Gamarra (causa N° 5606)En el marco de una investigación, el domicilio de una mujer fue allanado. La mujer fue detenida e imputada por formar parte de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. La imputada era madre de dos niños de 7 y 17 años de edad y de una joven de 20 años que tenía hipoacusia bilateral, retraso madurativo y una discapacidad motriz en sus piernas. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que de acuerdo al interés superior del niño, correspondía que se hiciera lugar a la medida dado que los hijos de su asistida se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El representante del Ministerio Público Especializado en Minoridad destacó que los menores de edad vivían solos al cuidado de su hermana mayor de veinte años y se encontraban sin un adulto que pudiera contenerlos de manera emocional. En ese sentido, se expidió de modo favorable al planteo. Por otra parte, la fiscalía se opuso a su concesión. Entre sus argumentos señaló que la mujer debía haber protegido el interés superior del niño y evitar la venta de estupefacientes en su domicilio.  El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de apelación.
30-jun-2020Malier (Causa N° 22069)Cuatro individuos se acercaron a un jóven que estaba sentado en la calle. Allí, lo golpearon y le sustrajeron un celular del bolsillo del pantalón. Luego, huyeron del lugar. En ese momento, personal policial advirtió el hecho y persiguió a los atacantes. Minutos más tarde, los detuvieron. A continuación, entre las pertenencias de uno de ellos encontraron la campera del jóven. Por ese hecho, fue condenado por el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió por la errónea aplicación del agravante previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal.
30-jun-2020Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná (causa N° 3570)Una empresa industrial emanaba efluentes gaseosos, vertía líquidos sobre el río Paraná y enterraba residuos peligrosos. Por ese motivo, una asociación civil de protección ambiental interpuso una demanda contra la empresa y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) con el objeto de que se ordenase el cese de la contaminación y la recomposición del daño ambiental o se la condenase a pagar una indemnización sustitutiva. Además, solicitó como medida cautelar que se suspendiese la actividad industrial hasta que se resolviese el fondo de la cuestión. El juzgado concedió la medida. La Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la resolución. Para decidir de ese modo consideró que, en razón de la detección de incumplimientos de la normativa ambiental, el OPDS había dispuesto la clausura preventiva del establecimiento y prohibido la generación de residuos de cualquier tipo. Luego de realizadas determinadas tareas de saneamiento, el organismo había ordenado su levantamiento. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja.
29-jun-2020BLA (causa N° 16312)El 9 de marzo del 2020 un hombre dio de baja de su obra social a su pareja. La mujer tenía una discapacidad, se encontraba internada y lo había denunciado por violencia familiar. El 13 de marzo el juzgado dispuso que el hombre cumpliera con una cuota de alimentos provisoria que consistía en mantener la afiliación de la mujer. Con posterioridad, se realizó un proceso de control de internación. El juzgado ordenó a la obra social que tomase los recaudos que resultasen necesarios para hacer efectiva la afiliación bajo apercibimiento de considerarla solidariamente responsable por el incumplimiento de la cuota alimentaria y de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la mujer. Contra esa decisión, la entidad interpuso un recurso de apelación.
29-jun-2020Barone (causa Nº 61822)Una mujer con discapacidad motriz (encefalopatía crónica no evolutiva con diparesia espástica) concurrió a un restaurant. El lugar no tenía rampa de acceso, carecía de baños adaptados para personas con discapacidad y los sanitarios se encontraban en el primer piso del local. Por ese motivo, la mujer interpuso una acción de amparo contra el establecimiento con el objeto de que implementasen, con carácter urgente, medidas para garantizar la accesibilidad adecuada de personas con discapacidad motriz. El juzgado hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus agravios expresó que no contaba con las adaptaciones solicitadas porque se encontraba exceptuado de conformidad con la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
25-jun-2020Aybar (causa N° 1581)Durante la vigencia del DNU que dispuso el aislamiento social, preventivo y solidario, una persona fue detenida por miembros de la Gendarmería Nacional en un puesto de control fronterizo. La persona manifestó que regresaba a su domicilio en Montevideo, Uruguay. A su vez, sostuvo que había ingresado al territorio argentino cinco días antes debido a que su madre había fallecido. Los miembros de seguridad notaron que no había cumplido con los catorce días de aislamiento que el decreto establecía. Por ese hecho, fue imputada por el delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal. Luego, suscribió un acuerdo de reparación integral junto a su defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal, en el que se comprometió a donar cincuenta mil pesos. El acuerdo fue presentado ante el juzgado para su homologación.