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Resultados por ítem:
Fecha | Título | Resumen |
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22-abr-2020 | Quiroga Aguero (causa N° 51141) | Un hombre había sido condenado a la pena única de siete años de prisión y declarado reincidente. La sentencia no se encontraba firme. El hombre se hallaba alojado en el CPF de la CABA. Su padre tenía 75 años y, entre otras afecciones, mal de chagas, hipertensión y una avanzada enfermedad renal. Además, pasaba las noches con asistencia respiratoria artificial y tenía dispacidad motriz. Por su parte, su madre tenía 71 años y problemas de salud derivados de haber tenido dos ACV que le habían ocasinado la pérdida de la memoria y el habla. La hermana del imputado alternaba su trabajo con el cuidado de sus padres. Con el objeto de asistir en su cuidado, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La presentación indicó que si bien las circunstancias invocadas no se encontraban previstas de modo literal para la concesión del instituto, los supuestos no debían ser interpretados de manera taxativa. En ese sentido, señaló que dicha enumeración resultaba restrictiva pues dejaba fuera situaciones en las cuales un hombre tuviera a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad y generaba una situación de discriminación. La fiscalía se opuso al planteo. Entre otras cuestiones, sostuvo que el padre y la madre se encontraban asistidos por la hermana del imputado y que su situación no encuadraba en ninguno de los presupuestos que la norma establecía para la concesión de la prisión domiciliaria. |
22-abr-2020 | Tuboeff (causa N° 12327) | Una mujer había sido condenada por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa a la pena única de cuatro años de prisión. La sentencia no había adquirido firmeza. La mujer se encontraba alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV y había sufrido episodios de espasmos bronquiales compatibles con un cuadro asmático, por lo que recibía tratamiento médico. Sin embargo, no había podido programar una interconsulta con un neumonólogo. Frente a la situación de emergencia, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La División de Asistencia Social de la unidad elaboró un informe en el que explicaba la conveniencia de que la mujer estuviera detenida en su domicilio. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera sostuvo que la mujer recibía cuidados médicos y medicación en su lugar de alojamiento. Además, explicó que el SPF había adoptado medidas con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en los establecimientos carcelarios. En ese sentido, agregó que no se había probado que las personas privadas de libertad estuviesen expuestas a una mayor probabilidad de contagio que el resto de la población. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación, que fue concedido. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional consideró que el tribunal no había evaluado si la mujer se encontraba comprendida dentro de la población de riesgo frente a la pandemia. Por esa razón anuló la decisión judicial y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara una nueva resolución. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió a favor de la concesión de la prisión domiciliaria. |
22-abr-2020 | Bartolini (causa N° 12958) | A través de una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano se observó a un hombre que le arrebató un objeto a una persona que se encontraba en la vía pública. Dos horas más tarde, se lo vio vestido de modo diferente y acompañado de una mujer. Una hora después, personal policial los detuvo y requisó. Entre sus pertenencias sólo se halló indumentaria. Al labrar el acta de detención, les solicitó que aportaran sus domicilios. Ambos dieron la misma dirección. En ese sentido, indicaron que eran pareja y que tenían cuatro niños, los que se encontraban al cuidado de la mujer. Por ese hecho el juzgado dispuso su procesamiento, con prisión preventiva, por el delito de robo. Para decidir de ese modo, tuvo en consideración el monto de la pena en expectativa y el riesgo de entorpecer la investigación. Además, fundamentó la participación de la mujer en la circunstancia de que era la pareja del hombre. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía acusó al hombre de haberse apoderado de un tele?fono celular cuyas caracteri?sticas y titular se desconocían y a la mujer de haber cooperado. El expediente fue elevado a juicio. |
22-abr-2020 | Aguirre Lezcano (causa N° 19402) | Una persona con HIV había sido condenada a una pena única de tres años de prisión. En ese expediente se le había otorgado la libertad condicional. Luego, fue detenida por el delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda. Su defensa solicitó su excarcelación. A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que no era procedente la excarcelación, pero dejó asentada su posición en favor de la modalidad domiciliaria de la detención. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, interpuso un recurso de apelación. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo. |
21-abr-2020 | Dantes (causa n° 20058) | En abril de 2020 un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo en grado de tentativa. Por ese motivo, fue alojado en la Alcaidía Comunal N° 4 bis de la ciudad de Buenos Aires. El hombre se encontraba en situación de calle. En la audiencia inicial de flagrancia, la defensa solicitó su excarcelación. El juzgado hizo lugar a la medida y le encomendó al personal policial que trasladase al imputado a un parador de la Ciudad de Buenos Aires para que cumpliera allí el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Poder Ejecutivo Nacional. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. |
21-abr-2020 | Leyes (causa N° 3341) | Un hombre de 25 años había sido condenado a la pena de nueve años de prisión por el delito de homicidio. El hombre se alojaba en la Unidad N° 21 del Servicio Penitenciario Federal y tenía una discapacidad visual. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Cuerpo Médico Forense informó que tenía miopía y astigmatismo en ambos ojos, lo que le disminuía su agudeza visual y le permitía deambular pero no leer. Además, la junta evaluadora de la Dirección de Sanidad del SPF indicó que tenía tuberculosis pleural en tratamiento y queratocono bilateral, una enfermedad ocular progresiva e irreversible que producía una pérdida de visión grave. Por último, señaló que debía concederse el instituto solicitado. La Unidad Fiscal de Ejecución Fiscal se expidió de manera favorable al pedido mientras se encontraran vigentes las medidas de prevención por el virus del COVID-19. Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación se presentó como amicus curiae para solicitar que se hiciera lugar al planteo. |
21-abr-2020 | Pehuenche (causa N° 16782) | Un hombre había sido condenado a la pena única de dos años y seis meses de prisión por el delito de tenencia simple de estupefacientes. El hombre se hallaba alojado en la Unidad N° 5 del SPF, había sido calificado con conducta buena y estaba en la fase de observación. No registraba sanciones disciplinarias y se encontraba próximo a acceder la libertad condicional. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. Entre otras cuestiones, sostuvo que debía tenerse en consideración la Acordada N° 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendó la adopción de medidas alternativas al encierro de las personas con penas de corta duración y que reunieran los requisitos para acceder a la libertad condicional. |
21-abr-2020 | Personas privadas de la libertad (causa n°102555) | El 8 de abril del 2020 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires dispuso el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves que se encontrasen en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entonces, los juzgados se negaron a ejecutar las medidas por considerar que la resolución que las había dispuesto no había adquirido firmeza. En ese contexto, una defensoría denunció que la sentencia estaba siendo incumplida y solicitó que se adoptasen medidas para su ejecución. En esa oportunidad planteó, entre otras cuestiones, que de no cumplirse con lo ordenado podían generarse graves consecuencias en la salud de las personas detenidas por el riesgo de mortalidad ante el virus COVID-19. |
21-abr-2020 | Cárdenas Español (Causa n°19675) | Un hombre que circulaba en bicicleta le sustrajo el teléfono celular a una mujer que se encontraba en la vía pública. Luego intentó alejarse del lugar, pero fue alcanzado por la damnificada y otras personas que lo detuvieron y dieron aviso al personal policial. Por este hecho, el hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de robo simple en grado de tentativa. Asimismo, se certificó que el hombre registraba como antecedentes penales tres condenas por dos hurtos y un robo simple, los tres hechos en grado de tentativa. Entonces, en el marco del proceso por la sustracción del teléfono celular, su defensa solicitó una audiencia de conciliación con la damnificada. En esa oportunidad, el hombre le ofreció un pedido de disculpas y la suma de diez mil pesos en concepto de reparación, lo cual fue aceptado por la damnificada. A su turno, la fiscalía manifestó que no tenía objeciones al acuerdo conciliatorio suscripto entre el hombre imputado y la mujer damnificada. |
20-abr-2020 | Lanzieri (causa N° 3045) | A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la disposición de aislamiento obligatorio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) emitió la resolución N° 16/MJGGC/2020. La norma tenía como objeto evitar que las personas de setenta o más años salieran de manera innecesaria de su domicilio o lugar en el que se encontraran cumpliendo el aislamiento. En tal sentido, estableció para ese grupo etario la necesidad de comunicarse previamente con el servicio de atención ciudadana al número 147. Asimismo, determinó que el aviso tenía una vigencia de 48 horas. Un hombre se comunicó telefónicamente a dicho número y requirió la habilitación del turno a los fines de interponer una acción de amparo contra el GCBA con el objeto de declarar la inconstitucionalidad de la resolución. En este sentido, expresó que era cierto que si bien en situaciones de emergencia como la generada por la pandemia, los derechos podían sufrir limitaciones, éstas debían ser razonables y nunca podían realizarse en base a recortes arbitrarios a un segmento poblacional. |