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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-may-2020 | Vélez Loor v. Panamá. Adopción de medidas urgentes | La presidenta de la Corte Interamericana emitió una resolución de medidas provisionales en relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso Vélez Loor v. Panamá, de 23 de noviembre de 2010. Esto, por las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en la Estación de Recepción Migratoria La Peñita, ubicada en la zona fronteriza de la provincia de Darién, que impedían adoptar las medidas de higiene y de distanciamiento social para prevenir el contagio del Covid-19, así como la atención médica adecuada para las personas migrantes. En la sentencia de 2010 se ordenó una medida de reparación de carácter estructural que buscaba asegurar que la privación de la libertad por cuestiones migratorias sea excepcional, cuando el caso cumpliese con parámetros de necesidad y proporcionalidad, y se realizase en establecimientos destinados a alojar a personas que cumplan con un régimen acorde para migrantes y distinto del de personas acusadas o condenadas por delitos penales. |
| 26-may-2020 | Romero (causa N° 82876) | Una persona alquilaba una habitación. Ante la falta de pago, el dueño la echó y le prohibió el ingreso. En una oportunidad en la que no pudo acceder a visitar a un amigo, incendió una puerta del lugar. La persona fue procesada por el delito de coacción. El dueño del lugar y la persona firmaron un acuerdo de conciliación en el que el ex inquilino realizó un pedido de disculpas. La defensa solicitó su homologación y el representante del Ministerio Público Fiscal prestó su conformidad. En el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19, el juez a cargo de la causa y las partes intervinieron de manera remota. |
| 24-may-2020 | Mendez (causa N° 20131) | Un hombre fue detenido el 31 de diciembre del 2019 por haberle sustraído un celular a una persona en la vía pública. Por ese hecho, en marzo de 2020 fue condenado por el delito de robo a la pena de cinco meses de prisión y declarado reincidente. El vencimiento de la pena fue fijado para el día 30 de mayo del mismo año. La sentencia fue notificada el 9 de marzo y luego se dispuso, con motivo de la emergencia sanitaria, la feria judicial extraordinaria. Por tal razón, la sentencia no se hallaba firme. Transcurridos tres meses y veintidós días desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación en términos de libertad condicional. La fiscalía se expidió de manera favorable y requirió que se solicitara un informe a la unidad penitenciaria del que surgiera que no existían motivos para oponerse a la libertad del imputado. |
| 22-may-2020 | Bustos (reg. N° 1026 y causa N° 81432) | Un joven registraba antecedentes penales cuyas penas habían vencido y un alias. En noviembre del 2019 fue detenido e imputado por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Al momento de su detención aportó sus datos de manera correcta. Frente a la situación de emergencia sanitaria y carcelaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido, sostuvo que su asistido podía vivir con su madre y sus cuatro hermanos. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera negativa y sostuvo que el imputado registraba un alias y que, de recuperar su libertad, existía el riesgo de que intimidara a la persona damnificada. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera tuvo en cuenta la calificación legal del hecho imputado y su escala penal. Además explicó que, a raíz de sus antecedentes, en caso de ser condenado la pena no podía ser dejada en suspenso y sería declarado reincidente. Por último, expuso que el joven no pertenecía a ningún grupo de riesgo frente al virus del COVID-19. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que el tribunal había efectuado un pronóstico de conducta futura que implicaba un adelanto de pena y violaba el principio de inocencia. Asimismo, agregó que el delito no había sido violento y que no había habido denuncias en su contra por parte del damnificado luego de iniciadas las actuaciones. |
| 22-may-2020 | Regis (causa n° 25006079) | En agosto de 2017 un hombre fue condenado a la pena de cuatro años y diez meses de prisión por el delito de contrabando agravado, en grado de tentativa, en concurso real con los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización. Contra esa sentencia, su defensa interpuso un recurso de casación. El imputado se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA, tenía 62 años y presentaba, entre otras enfermedades, una insuficiencia cardíaca y un cuadro de miocardiopatía. Frente a la declaración de la emergencia sanitaria, fue identificado por el Servicio Penitenciario Federal como un paciente de riesgo de contagio ante el virus Covid-19. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En mayo de 2020 fueron detectados dos casos de personas con el virus en el pabellón donde se hallaba alojado y el imputado informó a su defensa que las condiciones de higiene en el complejo eran deficientes. Entonces, su defensa efectuó una nueva presentación y requirió que de manera urgente se le concediera la prisión domiciliaria. La Procuración Penitenciaria de la Nación se presentó en el expediente y señaló que correspondía el otorgamiento la medida. A su turno, la fiscalía se expidió de forma favorable. |
| 22-may-2020 | Bravo Paez (causa N° 243) | Una persona había sido detenida por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La defensa solicitó su excarcelación. El pedido fue rechazado y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Luego, el juzgado dictó su procesamiento con prisión preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación y requirió que la prisión preventiva fuera revocada. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo. |
| 22-may-2020 | Ramírez (Causa n°12773) | Un hombre había sido condenado a la pena única de cinco años y cuatro meses de prisión y se encontraba alojado en el CPF de la CABA. El tribunal dictó el cómputo del tiempo de detención y fijó el vencimiento de la pena para el día 31 de agosto de 2021. La defensa lo impugnó. Durante su detención, el imputado concluyó sus estudios secundarios, aprobó cinco materias del Ciclo Básico Común universitario y realizó veinte cursos anuales y cuatrimestrales. Asimismo, a lo largo del 2019 fue calificado con conducta ejemplar y no registró sanciones. Por ese motivo, su defensa solicitó que se aplicara el estímulo educativo y se le otorgase la libertad asistida. La fiscalía se opuso, entre otras cuestiones, por considerar que no se contaba con los informes del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento exigidos por la ley para la concesión de la libertad asistida. |
| 21-may-2020 | GAI (causa N° A-9794-DO0) | Una mujer trans que vivía en Dolores era portadora de HIV y se encontraba en situación de vulnerabilidad. La mujer vivía en una habitación junto a nueve personas, entre las que se encontraba su primo, quien la golpeaba y quería obligarla a abandonar la vivienda. Por ese motivo, la defensa solicitó a la municipalidad que se le otorgase un alojamiento. La autoridad concedió a la mujer diferentes insumos, pero no le brindó una respuesta sobre el problema habitacional. En consecuencia, se interpuso una acción de amparo. El juzgado dispuso la realización de un informe socio ambiental en el domicilio. Luego, hizo lugar a la acción por el plazo de un año mientras duraran las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad en las que vivía la accionante. Además, ordenó que se asegurase la atención de su salud de manera interdisciplinaria a través de una red institucional que le brindase contención y asegurase el cumplimiento del tratamiento de HIV, fomentase su independencia y capacidad de autovalidamiento. Por último, indicó que debía fomentarse la incorporación de la amparista a un Programa de Formación de Oficios que le brindase las herramientas necesarias para ingresar y permanecer en el mercado laboral. Contra esa resolución, la municipalidad interpuso un recurso de apelación. Entre sus agravios expresó que la sentencia se había extralimitado de lo peticionado. |
| 21-may-2020 | Bergman (causa N° 5355) | Una mujer se encontraba afiliada a una empresa de medicina prepaga. Al cumplir 36 años, aumentó el costo de su cuota. Por este motivo, realizó un reclamo a la empresa. El planteo fue rechazado. Entonces, interpuso una acción de amparo con el objeto de que la empresa se abstuviera de incrementar la cuota con fundamento en su edad. La empresa expuso que la mujer había decidido adherirse a un plan en el que se establecía que el valor de la cuota se modificaría en razón de la edad a los 21, 26 y 36 años y que, por sus actos propios, decidió abonar los cargos correspondientes. Además, acompañó el formulario que había suscripto la actora. El juzgado hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 20-may-2020 | BEN (causa N° 77311) | La señora B. y el señor M. llegaron a un acuerdo alimentario sobre su hijo J. que fue homologado. El 5 de mayo del 2020, B. denunció graves situaciones de salud que sobrevinieron desde el inicio de la pandemia del Covid-19 y que debió afrontar sola junto a su hijo luego de que ambos fueran hospitalizados. En particular, señaló que no había recibido ningún tipo de colaboración por parte M. para el cuidado personal de J. y que había incumplido con el pago de los rubros que integraban el acuerdo. En ese sentido, sostuvo que ella era quien detentaba de modo exclusivo el cuidado personal de su hijo y que había afrontado la totalidad de los gastos de alimentación, servicios de la casa y farmacia. Por ese motivo, consideró necesario contar con la ayuda económica del progenitor y solicitó que se fijase una cuota suplementaria y extraordinaria de cincuenta mil pesos mensuales. |