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FechaTítuloResumen
28-abr-2020Godoy (causa N° 18051)Un hombre fue detenido en noviembre del 2019 e imputado por los delitos de abuso sexual y amenazas, en concurso real. Al momento de su detención se encontraba en situación de calle y brindó un domicilio que, al ser constatado, dio resultado negativo. Además, registraba una sentencia condenatoria a tres años de prisión en suspenso. Su defensa solicitó su excarcelación y refirió que su asistido podía vivir en el domicilio de su madre. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de esa manera señaló que, en virtud de sus antecedentes, en caso de ser condenado la pena no podía ser dejada en suspenso. Además, señaló que no tenía suficiente arraigo y consideró que no resultaba desproporcionado el tiempo que había estado en detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
28-abr-2020Gutierrez (causa N° 34336)La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó una acción de habeas corpus colectivo en el que se denunciaba la falta de líneas telefónicas bidireccionales en los pabellones y áreas educativas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcoz Paz. En particular, se señaló que dicha circunstancia limitaba la comunicación de las personas detenidas con sus familias y defensorías. Con motivo de la emergencia sanitaria, la Procuración Penitenciaria se presentó junto a la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y la defensoría de Morón y requirió que se hiciera lugar a la acción de habeas corpus y se instalaran líneas telefónicas en la modalidad indicada.
28-abr-2020Brandenburg (causa Nº 63)La señora AMB tenía 83 años y una discapacidad (demencia no especificada). Por prescripción de su médico, ingresó a un hogar de tercera edad. La empresa de medicina prepaga se negó a cubrir la prestación. Entonces, la hija de AMB, en su representación, interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar que se ordenara su cobertura. El juzgado hizo lugar de manera parcial a la medida y ordenó a la demandada que otorgase la cobertura de un sistema alternativo al grupo familiar. Además ordenó que brindase, bajo la modalidad “Hogar Permanente”, las prestaciones necesarias para la atención de las patologías de la mujer mediante servicios propios o contratados al 100% de su valor. Por último, dispuso que, en caso de optar por su permanencia en el hogar, la demandada debía cubrir el valor equivalente al fijado por el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad en la categoría “A” de Hogar Permanente. Contra esa resolución, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus agravios expresó que la mujer no tenía indicación de un tratamiento médico o de rehabilitación y que el hogar en cuestión estaba fuera de sus efectores.
28-abr-2020Reyes (causa N° 69495)Una mujer provenía de un contexto social de extrema vulnerabilidad y había sufrido violencia por motivos de género desde muy joven. Además, tenía un consumo problemático de alcohol y estupefacientes de larga data y tenía un hijo de dos meses. El niño se encontraba institucionalizado en un hogar de guarda desde su nacimiento. En el marco de una investigación penal, la mujer fue detenida en el Complejo Penitenciario Federal N° IV. La defensa solicitó su prisión domiciliaria en los términos del inciso f) del artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal. El juzgado interviniente rechazó el pedido. Sin embargo, estableció que la imputada debía realizar un tratamiento de rehabilitación por sus adicciones y estudios psicológicos a fin de recuperarse y reestablecer el vínculo con su hijo. Tiempo después la defensa reiteró la solicitud, a la que sumó el supuesto del inciso a) del artículo 32 de la misma ley. En esa oportunidad, sostuvo que su defendida no recibía un tratamiento adecuado en su lugar de detención. Esa situación además le impedía comenzar un proceso de revinculación con su hijo. Por su parte, se presentaron informes de parte que daban cuenta de la necesidad de abordar la problemática de la mujer desde una perspectiva integral de salud mental. Asimismo, el Complejo Penitenciario Federal N° IV informó que no contaba con instalaciones ni programa activo en el área de “drogadependencia”. Del mismo modo, la defensa dejó constancia de que el Servicio Penitenciario Federal no había cumplido con los traslados dispuestos para comenzar un tratamiento extramuros. El juzgado interviniente rechazó nuevamente de nuevo el pedido. Para así decidir, sostuvo que los argumentos expuestos no tenían entidad suficiente para modificar el criterio ya sostenido. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación.
27-abr-2020GFM (causa N° 40788)La señora M. y el señor T. compartían un régimen de comunicación respecto a su hija Z. El acuerdo consistía en que Z. tuviese su centro de vida junto a su progenitor y visitase a su madre los días martes y jueves. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, el régimen se interrumpió. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social dictó la resolución N° 132/2020. El artículo 2 de la norma estableció como supuesto de excepción al aislamiento,el traslado de un niño, niña o adolescente al domicilio en el que se encontrase su centro de vida. Dicho traslado debía ser realizado por una única vez. La señora M. denunció que el día en que se había decretado el aislamiento, el Sr. T. había ingresado en su domicilio, retirado a Z. e impedido el pernocte que le correspondía según lo acordado. Además, señaló que desde ese momento T. incumplió en su totalidad el régimen de comunicación. Por último solicitó la ampliación del régimen vigente.
27-abr-2020Sánchez (causa n° 51441)Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se hallaba alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 1 de Bouwer de Córdoba. La sentencia no se encontraba firme. El hombre registraba dos antecedentes condenatorios y, en el marco de las salidas transitorias concedidas en otro expediente, se había fugado. Durante su detención formó parte de programas laborales y educativos. A su vez, se encontraba en la fase de sociabilización del período de tratamiento y registraba concepto regular y conducta diez. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El tribunal rechazó el pedido. El hombre tenía una enfermedad coronaria y, frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa señaló que se encontraba dentro del grupo de riesgo de contagio del Covid-19. Además, planteó que a partir del mes de julio de 2020 su asistido iba a encontrarse en condiciones de acceder a la libertad condicional, por lo que solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria hasta esa fecha. La fiscalía rechazó el pedido por considerar, entre otras cuestiones, la gravedad del delito imputado, sus antecedentes condenatorios y el riesgo de fuga.
27-abr-2020Poma Choque (causa n° 6356)Un hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En esa oportunidad, sostuvo que la conducta imputada a su asistido encuadraba dentro de los delitos no violentos y que no había existido ningún tipo de resistencia al momento de su detención. Por otra parte, planteó que podía residir junto a su hermano y que era posible, en caso de considerarse necesario, colocarle un dispositivo de vigilancia electrónica. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró un informe en el que entrevistó a su familia, detalló su contexto socio económico y señaló que se encontraban dadas las condiciones para que el imputado ingresara a su sistema. La fiscalía se opuso al pedido de la defensa por considerar, entre otras cuestiones, que no existían razones excepcionales que justificaran el arresto domiciliario ni una situación actual de riesgo para la salud para el hombre.
27-abr-2020Burgos (causa N° 22000420)Un hombre se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Luego requirió la aplicación urgente de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal y citó una nota periodística de la que surgía que en la unidad penitenciaria existían cuatro médicos y enfermeros contagiados con COVID.A su vez, el tribunal incorporó al expediente una noticia que daba cuenta del contagio de dos personas privadas de la libertad en el complejo. En ese contexto se llevó a cabo un motín en la unidad y la defensa reiteró el pedido de prisión domiciliaria.
27-abr-2020MEE (Causa N°125)Una mujer y un hombre llegaron a un acuerdo sobre los alimentos de su hija. Luego, presentaron el convenio ante un juez, que lo homologó. No obstante, desde ese momento el hombre dejó de abonar las sumas correspondientes. Por ese motivo, se ordenó la retención de la cuota alimentaria de los haberes que percibía. Sin embargo, esa medida no pudo concretarse porque el progenitor fue desvinculado de su trabajo. En consecuencia, se dispuso embargar los bienes muebles de su domicilio. En ese marco, la actora solicitó que se intimara al hombre a abonar lo adeudado dentro del plazo de tres días. Además, pidió que si el incumplimiento persistía, se le fijaran medidas de apercibimiento de acuerdo a lo regulado por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. En concreto, requirió que se le retuviera la licencia de conducir y que se le suspendiera la renovación. Si bien el juzgado le dio vista al demandado, éste no la respondió.
26-abr-2020Altamirano (causa n° 5174)Un hombre se encontraba detenido en la Unidad n° 17 del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Misiones. El imputado era portador de HIV, tenía EPOC y tuberculosis. Frente a la declaración de la emergencia sanitaria, el SPF lo incluyó en el listado de personas que se encontraban en riesgo ante un eventual contagio del Covid-19. Entonces, su defensa solicitó que se le otorgase la prisión domiciliaria. Por su parte, la fiscalía se pronunció a favor de su otorgamiento bajo vigilancia electrónica.