ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
23-feb-2022	Qing (causa N° 547	Un ciudadano extranjero fue denunciado por dos hechos de abuso sexual en concurso ideal contra dos niños que residían cerca de su domicilio y lugar de trabajo. Por este hecho fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de abuso sexual en dos oportunidades. Al momento de su detención, se constató que el hombre residía hace 7 años en el mismo lugar donde trabajaba y que no registraba antecedentes. La defensa solicitó su excarcelación. El imputado ofreció cambiar su domicilio y no concurrir más a su lugar de trabajo para no entorpecer la investigación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo. Para decidir de esa manera, consideró la gravedad de los hechos atribuidos y que la eventual pena a imponer al imputado no se ubicaría en el mínimo legal. Además, en cuanto a su arraigo, señaló que el imputado no tendría lugar de residencia fijo, sino que éste dependía del lugar que le asigne su empleador. También consideró que existía peligro de entorpecimiento de la investigación porque la denunciante manifestó que un primo del imputado le había ofrecido dinero a ella y a la madre de una de las víctimas y que el tiempo de detención no resultaba desproporcionado. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-feb-2022	Catan (causa Nº 19927)	Un hombre fue detenido el 9 de abril de 2020 y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo en poblado y en banda en concurso real con el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El hombre contaba con siete condenas penales, estaba registrado con diversos nombres ante el Registro Nacional de Reincidencia, su domicilio había sido constatado y había una persona que había manifestado su voluntad de alojarlo. En la etapa de preparación del juicio oral, su defensa solicitó la prisión domiciliaria en los términos del art. 210 inc. j del CPPF. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 rechazó el pedido. Para resolver de esta forma, consideró que había elementos para afirmar la existencia de peligro de fuga pues el acusado tenía antecedentes penales ya que contaba con diferentes condenas -lo que impedía que una eventual sanción pudiera ser dejada en suspenso- y estaba registrado con diversos nombres ante el Registro Nacional de Reincidencia. Además, luego de analizar dos informes, uno realizado por el personal de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), del cual surgía que el imputado se encontraba realizando un tratamiento para las adicciones y demostraba dificultades para mantener un proyecto de vida alejado del accionar transgresor y otro del Servicio Penitenciario Federal, que informaba que el imputado se encontraba en un buen estado psicológico-psiquiátrico en su unidad de alojamiento, estimó que las medidas alternativas resultaban insuficientes para neutralizar el peligro de fuga. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
22-feb-2022	Giancola (Causa n° 7837)	Un joven de diecisiete años había sido imputado por el delito de uso de documento público falsificado. La defensa solicitó la concesión de la suspensión de juicio a prueba y que se tuviera por cumplido el año de tratamiento tutelar previsto en el régimen penal juvenil, las pautas de conducta requeridas para las penas en suspenso y el plazo mínimo de suspensión de juicio a prueba establecido por el Código Penal. Además, ofreció en concepto de reparación económica la donación de comida a una asociación civil sin fines de lucro y aportó un informe socio ambiental en el que surgía que el joven se trabajaba en la panadería familiar y que contaba con un grupo familiar que lo apoyaba. Por su parte, la fiscalía se pronunció a favor del pedido de la defensa.
17-feb-2022	SRA (causa Nº 27047)	En octubre 2007 los representantes legales de un niño iniciaron una acción de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra una sociedad de responsabilidad limitada. En junio de 2008, la Defensora Pública de Menores e Incapaces asumió la representación del menor de edad y solicitó que se intimase a la actora a que realizara las gestiones correspondientes bajo apercibimiento de designarse un tutor ad litem. Además, peticionó que, vencido el plazo otorgado y más allá de su resultado, se le corriese nueva vista. El juzgado hizo lugar a lo solicitado. Sin embargo, luego de casi dos años de inactividad procesal, la parte demandada solicitó la caducidad de la instancia. El tribunal dio traslado a la defensora. Sobre este aspecto, la defensora destacó la omisión de la vista requerida con anterioridad y reiteró su solicitud para que se designara un tutor. Si bien el organismo designó un tutor ad litem, decretó también la caducidad de la instancia. Para así decidir, indicó que había transcurrido en exceso el plazo de seis meses establecido en el artículo 310, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, agregó que se había otorgado oportuna intervención al Ministerio Pupilar con motivo de la inacción de la parte actora y que esa medida había tenido lugar con anterioridad a la resolución recurrida. El Defensor Público Tutor interpuso recurso de apelación, pero la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmo la decisión. Por último, interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, presentó un recurso de queja.
16-feb-2022	Gómez (causa N° 56415)	Un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo cometido en poblado y en banda. La persona, que al momento de su detención aportó sus datos identificatorios, carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía, ni causas en trámite, contaba con un domicilio constatado y contención familiar, trabajaba hacía cuatro años como repartidor en un comercio gastronómico y de manera esporádica como pintor, y no había aportado otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia. Su defensa solicitó la excarcelación. El juzgado de instrucción rechazó el pedido de excarcelación, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó el rechazó el pedido, por considerar, entre otras cuestiones, la existencia de riesgos procesales a partir de la naturaleza del delito y la gravedad de los hechos. Asimismo, consideró que existía un riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que restaban identificar a los demás integrantes del grupo que habían participado en los hechos investigados. Además, entendió que la características del hecho revelaban un desprecio hacia las pautas mínimas de convivencia, lo que permitía inferir que no cumpliría con las condiciones a las que podría someterse su libertad. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación.
16-feb-2022	Gómez (causa N° 56415)	Un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo cometido en poblado y en banda. La persona, que al momento de su detención aportó sus datos identificatorios, carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía, ni causas en trámite, contaba con un domicilio constatado y contención familiar, trabajaba hacía cuatro años como repartidor en un comercio gastronómico y de manera esporádica como pintor, y no había aportado otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia. Su defensa solicitó la excarcelación. El juzgado de instrucción rechazó el pedido de excarcelación, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó el rechazó el pedido, por considerar, entre otras cuestiones, la existencia de riesgos procesales a partir de la naturaleza del delito y la gravedad de los hechos. Asimismo, consideró que existía un riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que restaban identificar a los demás integrantes del grupo que habían participado en los hechos investigados. Además, entendió que la características del hecho revelaban un desprecio hacia las pautas mínimas de convivencia, lo que permitía inferir que no cumpliría con las condiciones a las que podría someterse su libertad. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación.
14-feb-2022	López (Causa N°5766)	En el marco de una investigación de conductas vinculadas a la ley N° 23.737, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento. Los agentes policiales asignados a la investigación aclararon que la medida debía realizarse en horario nocturno teniendo en cuenta el momento en el que se desarrollaban las operaciones sospechosas. El juez ordenó la medida y, como resultado, se secuestraron estupefacientes. Por ese hecho, una persona fue imputada y procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La defensa solicitó la nulidad del allanamiento por haberse materializado en horario nocturno. El juez rechazó el planteo de nulidad. Argumentó que la autorización para allanar la vivienda a partir de las 19:00 horas era correcta porque la investigación llevada adelante antes del allanamiento mostraba que la maniobra de narcomenudeo iniciaba a la tarde y se extendían hasta la noche. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, declaró la nulidad del allanamiento y de todo lo actuado en consecuencia. Contra esta decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación.
11-feb-2022	Ancers S.A. y otro (Causa N° 000519)	Una persona física y una de carácter ideal fueron acusadas de haber omitido depositar en término los montos presuntamente retenidos a sus empleados en relación de dependencia en concepto de aportes con destino al Sistema Único de la Seguridad Social. Esos aportes correspondían al Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Régimen Nacional de las Obras Sociales. Esos hechos fueron califi-cados bajo las previsiones del artículo 9 de la ley N° 24.769 y el artículo 7 del Régimen Penal Tributa-rio establecido por la ley N° 27.430. En la etapa de juicio oral, la defensa aportó constancias de las que surgían que los montos adeudados se encontraban regularizados mediante diferentes planes de facilidades de pago. Por esa razón, solicitó la suspensión de la acción penal en los términos del artícu-lo 59, inciso 6, del Código Penal. Sin embargo, la parte querellante se opuso al pedido. Por su parte, la representante del Ministerio Púbico Fiscal se expidió de manera favorable.
11-feb-2022	Godoy (causa Nº 58)	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dictó la resolución Nº 436/2021. La norma aprobó un proyecto que consistía en un relevamiento sísmico “3D” en áreas ubicadas costa afuera en la Cuenca Argentina Norte (CAN) de la Plataforma Continental Argentina. La información obtenida de esa manera debía ser analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y de gas. Sin embargo, la evaluación de impacto ambiental debía indicar, entre otras consideraciones, efectos adversos sobre la biota por la generación de ruidos. Por este motivo, un grupo de organizaciones ambientalistas junto al intendente del Partido de General Pueyrredon presentaron una acción de amparo. Además, solicitaron como medida cautelar la suspensión del proyecto aprobado hasta que se conociera de manera fehaciente el impacto ambiental.
10-feb-2022	BPV (Causa N° 90870)	En el marco de un proceso de daños y perjuicios, se condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar una indemnización. En consecuencia, el GCBA apeló lo resuelto. Luego, la Cámara lo confirmó. Contra lo decidido, la demandada interpuso un recurso extraordinario, que fue denegado por extemporáneo. Frente a ello, dedujo una queja. Entre sus argumentos, el letrado del GCBA manifestó que se había notificado de la sentencia definitiva al momento de interponer el recurso extraordinario. En ese sentido, planteó que no se había cursado la cédula correspondiente al domicilio electrónico que había constituido con anterioridad. Destacó que, por el contrario, se habían dirigido cédulas a otros cinco abogados que habían actuado por el GCBA en forma previa y a quienes había sustituido.