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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-feb-2026 | DL (Causa N° 46445) | Una mujer que tenía siete hijos convivía con tres de ellos, dos eran menores de edad (un niño de tres y un adolescente de quince años). A su vez, la mujer se ocupaba sola del cuidado de su hijo adolescente. Por entonces, estaba desempleada y sus ingresos provenían de la Pensión no contributiva para madre de siete o más hijos y de la contribución del progenitor de su hijo más pequeño. En ese contexto, la mujer solicitó a la ANSES que le otorgara la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) a favor de su hijo adolescente. Sin embargo, el organismo rechazó su pedido de manera informal, ya que consideró que el cobro de la AUH era incompatible con la pensión no contributiva (PNC) que percibía. Frente a esa situación, la mujer acudió a la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, que inició el reclamo administrativo. Debido a que no obtuvo respuesta, la mujer –con el patrocinio de la defensa pública– inició una acción de amparo y solicitó el dictado de una medida cautelar. En concreto, requirió que se le abonara la AUH, así como los complementos, retroactivos e intereses correspondientes, pero sin que ello implicara la pérdida de su derecho a cobrar la PNC. En este sentido, planteó que el adolescente reunía los requisitos exigidos y que la negativa en el otorgamiento de la prestación afectaba su derecho a una vida digna. Por último, señaló que la AUH y la PNC eran prestaciones compatibles ya que perseguían finalidades diferentes. A su turno, se presentó el defensor público coadyuvante de primera instancia en carácter de representante complementario del adolescente y adhirió a lo solicitado. Por su parte, ANSES contestó que la percepción simultánea de ambas prestaciones era incompatible. Por su parte, el juzgado admitió la acción. En ese sentido, consideró que la referida incompatibilidad no existía ya que ambas prestaciones cubrían contingencias distintas. Contra lo resuelto, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 4-feb-2026 | LBP (Causa N° 70315) | Una mujer con una discapacidad psicosocial tenía una hija de cuatro años. En el 2020, sus progenitores iniciaron una acción judicial para la determinación de su capacidad jurídica y solicitaron que se los designara como sistema de apoyo. En su presentación, explicaron que se hacían cargo de su nieta. Manifestaron que en otro proceso judicial habían solicitado la tutela de la niña y, en ese marco, habían sido designados guardadores provisorios. Durante el proceso de determinación de la capacidad jurídica, se realizaron informes interdisciplinarios a la mujer. Los estudios concluyeron que tenía una discapacidad intelectual leve a moderada. En virtud de ello, indicaron que gozaba de autonomía para realizar actividades básicas de la vida cotidiana y que requería de apoyos para las instrumentales. En particular, uno de los informes destacó que no se encontraba en condiciones de tomar decisiones con relación al cuidado de terceros, por lo que requería apoyo y acompañamiento para el ejercicio de la función materna.; El juzgado interviniente restringió el ejercicio de la capacidad jurídica para actos de administración y disposición de bienes, manejo de sumas de dinero, gestión y percepción de beneficio previsional, obtención de créditos, firma de contratos, entre otros, y designó a sus progenitores como apoyos con funciones de representación. Aclaró que ellos debían asistirla cuando tuviera que brindar el consentimiento informado para prácticas médicas. A su vez, precisó que la mujer podía ejercer su derecho al voto, pero le restringió la posibilidad de integrar mesas electorales o ser votada para cargos electivos. También restringió y suspendió el ejercicio de la responsabilidad parental respecto a su hija. Para decidir así, entendió que la mujer no estaba en condiciones de tomar tanto las decisiones que hacían a la vida cotidiana, como aquellas de mayor transcendencia para su hija. Explicó que cabía aplicar al caso el artículo 702, inciso c, el cual habilita a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en casos graves de salud mental. Por último, aclaró que no estaba previsto que la responsabilidad parental pudiera ejercerse a través de apoyos.; Contra esta sentencia, la Defensoría Pública Curaduría N° 4 –designada para ejercer la defensa técnica de la mujer– interpuso un recurso de apelación. En esa oportunidad, objetó la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental y la no designación de apoyos. Destacó que esa medida resultaba desproporcionada ya que no guardaba relación con el cuadro de salud mental de su asistida. Asimismo, remarcó que así se afectaba su derecho fundamental a la maternidad que se proyectaba a su hija. Añadió que la restricción suponía un acto de discriminación con motivo de la discapacidad. Sostuvo que la falta de designación de apoyos para esa función contrariaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello debido a que los apoyos se establecen para garantizar el derecho a elegir de las personas con discapacidad y ayudarlas en la toma de decisiones para ejercer sus derechos. Enfatizó que la solicitud de designación de apoyos para el ejercicio del rol materno era un ajuste razonable de acuerdo a la Convención. Por su parte, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo adhirió a lo solicitado por el Defensor Público Curador. |
| 2-feb-2026 | GPJC (Causa N° 81114) | En el marco de un proceso sucesorio, se presentó una mujer e invocó su carácter de acreedora de la persona fallecida. En su presentación, pidió que se reconociera la deuda que alegaba a su favor. Sin embargo, el juzgado no hizo lugar a lo solicitado. Luego, la mujer planteó la inexistencia de todas las presentaciones digitales que había efectuado el abogado de otras dos personas acreedoras de uno de los herederos. Al respecto, sostuvo que los escritos contenían la firma del letrado, pero no la de puño y letra de sus patrocinados. En ese sentido, señaló que la circunstancia de haber copiado y pegado la firma de aquellos afectaba la validez de esos actos procesales. Agregó que el abogado tampoco contaba con un poder que lo autorizara a firmar en representación de sus clientes. Con posterioridad, se corrió traslado a los terceros involucrados, quienes requirieron el rechazo del planteo. En ese contexto, se formó un incidente que se abrió a prueba. Por un lado, se llevó a cabo una certificación notarial. En efecto, la escribana accedió a un grupo dentro de la plataforma Whatsapp integrado por el letrado y sus patrocinados. Constató allí que el profesional había remitido a sus patrocinados una serie de archivos y les había pedido que los firmaran. Además, observó que habían sido devueltos con firmas que resultaban ilegibles. Por otro lado, se practicó una pericia informática sobre los celulares del abogado y de sus clientes. En esa oportunidad, el experto especificó que las rúbricas habían sido realizadas mediante software, aunque no logró determinar bajo qué método. |
| 30-dic-2025 | Delitos culposos | Contiene los casos "Cruce peligroso" y "Decisiones de guardia". Además, incluye preguntas que guían la reflexión sobre cada uno de los casos y material de estudio. |
| 29-dic-2025 | Miradas sobre el CPPF desde una defensa pública en acción. Trabajos realizados en el marco del Seminario de Investigación "Debates en torno al CPPF У su implementación" | La publicación reúne una selección de trabajos elaborados en el Seminario de Investigación “Debates en torno al CPPF y su implementación”, organizado por la Escuela de la Defensa Pública. Los artículos fueron realizados por integrantes del Ministerio Público de la Defensa y abordan distintos aspectos vinculados a la implementación del Código Procesal Penal Federal. Los textos tratan temas como garantías procesales, derecho de defensa, prueba pericial, salidas alternativas y rol de las víctimas, a partir de experiencias concretas en distintas jurisdicciones. La publicación constituye un aporte inicial para el debate jurídico sobre el nuevo sistema procesal y refleja el papel activo de la defensa pública en la producción de conocimiento y la formación permanente. |
| 29-dic-2025 | La implementación del Código Procesal Penal Federal. El análisis de los plazos de investigación del Ministerio Público Fiscal y las consecuencias de su vencimiento sin impulso de la parte desde una mirada patagónica | Este trabajo aborda la problemática interpretativa en torno a los plazos de la investigación penal preparatoria en el marco del Código Procesal Penal Federal y su implementación progresiva. A través de un análisis comparativo con los sistemas acusatorios de las provincias patagónicas y el estudio de la jurisprudencia reciente —con especial énfasis en el fallo “Price” de la Corte Suprema—, el artículo examina las consecuencias procesales y constitucionales del vencimiento de los términos sin impulso fiscal. El texto invita a reflexionar sobre la tensión existente entre las facultades persecutorias del Estado, el principio de perentoriedad y la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, planteando interrogantes sobre si la inacción acusatoria debe derivar en sanciones administrativas o en la extinción de la acción penal. |
| 29-dic-2025 | El proceso especial de flagrancia y la figura del imputado colaborador o arrepentido en el Código Procesal Penal Federal: interacción entre ambos institutos y desafíos para la defensa pública | Este trabajo analiza la interacción y las tensiones estructurales existentes entre el proceso especial de flagrancia y la figura del imputado colaborador en el marco del Código Procesal Penal Federal. Desde la perspectiva de la Defensa Pública, el autor examina si la celeridad y simplificación propias de la flagrancia resultan compatibles con los tiempos y garantías que demanda la negociación de acuerdos de colaboración eficaz. El artículo explora los desafíos que esta dinámica plantea para el respeto de principios constitucionales como la prohibición de autoincriminación y la defensa en juicio, indagando sobre la necesidad de establecer criterios de actuación que equilibren la eficiencia persecutoria con los estándares internacionales de derechos humanos |
| 29-dic-2025 | Detención sin orden judicial en flagrancia: tensiones entre el CPPF y los estándares internacionales | Este artículo aborda la problemática de la detención sin orden judicial en el marco del Código Procesal Penal Federal, poniendo el foco en la tensión existente entre la regulación normativa de la flagrancia y los estándares internacionales de derechos humanos. A partir de las advertencias formuladas por la Corte Interamericana en el fallo Fernández Prieto y Tumbeiro, el trabajo analiza críticamente si la actual definición de flagrancia logra superar los déficits históricos de arbitrariedad policial o si, por el contrario, perpetúa márgenes de discrecionalidad incompatibles con la libertad personal bajo nuevas fórmulas legales. La obra invita a reflexionar sobre la adecuación del sistema acusatorio federal a las exigencias de estricta legalidad, objetividad y control judicial inmediato. |
| 29-dic-2025 | El control sustantivo en la audiencia de formalización: fundamentos para admitir el sobreseimiento inicial | Este artículo examina la viabilidad jurídica y procesal de solicitar el sobreseimiento durante la audiencia de formalización en el marco del Código Procesal Penal Federal. A través de un análisis que articula fundamentos filosófico-políticos sobre el poder punitivo con la dogmática del sistema adversarial, el texto explora la tensión entre las prácticas heredadas del sistema mixto y los principios de desformalización y defensa eficaz. |
| 29-dic-2025 | El derecho de defensa en la etapa intermedia del CPPF. Apuntes para pensar nuevas estrategias alternativas desde la perspectiva de la defensa pública | Este artículo examina las facultades y estrategias defensivas durante la etapa intermedia del Código Procesal Penal Federal, destacando su rol crucial como filtro de control previo al juicio oral. El autor analiza los mecanismos procesales ante el vencimiento de los plazos de investigación y la inacción fiscal, cuestionando la constitucionalidad de la intimación judicial prevista en el artículo 266 del CPPF. Asimismo, se abordan las tácticas para impugnar la acusación fiscal —ya sea por defectos formales, atipicidad o insuficiencia probatoria— y se profundiza en el control de admisibilidad de la prueba, alertando sobre prácticas que podrían vulnerar la igualdad de armas, como el fraude de etiquetas en la prueba documental o la citación indebida de testigos de la defensa. |