ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
29-dic-2022	Casco (causa N° 25170)	En el marco de una causa penal, un hombre había sido condenado a la pena de seis años de prisión y una multa de ocho mil pesos. Además, el tribunal oral lo declaró reincidente y dispuso que el cumplimiento de la pena se realizara bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Tiempo después, se incorporó al condenado al régimen de libertad asistida y se le impusieron ciertas pautas de conducta. Sin embargo, luego de cuatro meses fue procesado en el marco de otra causa penal y se dispuso su prisión preventiva. Para decidir de esa manera, el juzgado interviniente sostuvo que había cometido un nuevo delito mientras se encontraba bajo el régimen de libertad asistida. En consecuencia, el tribunal oral de la primera causa revocó la libertad asistida. En sus fundamentos, afirmó que haber tenido inconvenientes con la ley era suficiente para tener por incumplidas las pautas de conducta. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que no debía revocarse la libertad asistida sin que hubiera una sentencia condenatoria firme respecto al segundo hecho investigado.
26-may-2022	Torres (Causa N° 12832)	Una persona había sido condenada a una pena única de prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae. La defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad asistida. Sin embargo, el tribunal oral no hizo lugar al pedido. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta el impedimento que presenta la ley N° 24.660 en torno al acceso al instituto solicitado para los homicidios agravados. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación en el que cuestionó la afectación al principio de progresividad en las penas privativas de la libertad.
13-abr-2022	AEA (Causa N° 63078)	Un jóven había sido condenado a una pena de cinco años por el delito de homicidio en ocasión de robo. Este hecho lo había cometido en el año 2008 cuando era menor de edad. Transcurrido el plazo correspondiente, su defensa solicitó su incorporación al régimen de salidas transitorias. Sin embargo, el juzgado de ejecución rechazó el pedido. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, expuso que la resolución había vulnerado los principios de igualdad y de reinserción social, y que se había aplicado en forma errónea la ley sustantiva.
9-sep-2020	Mendoza (reg. N° 2694 y causa N° 48221)	Un hombre fue condenado a la pena única de once años de prisión. La pena comprendía dos anteriores de diez y cinco años de prisión, en la que se le había revocado la libertad asistida oportunamente otorgada. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad asistida. El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal se expidió de manera unánime a favor de la concesión del instituto e informó que el condenado había sido calificado con conducta ejemplar diez, concepto bueno y transitaba la fase de consolidación. Por otro lado, el informe psicológico indicó que tenía una personalidad inmadura con rasgos antisociales y que presentaba un bajo nivel de tolerancia a la frustración y baja autoestima. La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido y dictaminó que el artículo 56 de la ley N° 24.660 impedía la concesión ya que se le había revocado el instituto en el marco de una de las penas unificadas. El juzgado rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera valoró el informe psicológico y coincidió con el criterio de la fiscalía. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que su asistido cumplía con los requisitos legales para ser incorporado al régimen de la libertad asistida y que el juzgado había efectuado una interpretación restrictiva del artículo 56 de la ley N° 24.660 contraria a los principios pro homine y pro libertatis. En ese sentido, sostuvo que la norma hacía referencia a la revocatoria de la libertad asistida en el marco de la condena por la cual se había dispuesto el egreso, sin que implicara un impedimento para obtenerla nuevamente frente a una unificación de penas.
11-ago-2020	Larramendi (causa N° 3698)	Una persona había sido condenada a la pena única de tres años de prisión. La pena se agotaba el 22 de julio de 2020. Luego, un tribunal la condenó, por otro hecho, a la pena de tres meses de prisión y a la pena única de tres años y dos meses. Durante su detención no registró sanciones disciplinarias, se encontraba en fase de socialización y había sido calificada con concepto regular y conducta ejemplar. Además, había cursado una materia de alfabetización y su alta laboral se encontraba en trámite. Por otro lado, el Servicio Penitenciario señaló que, dada la proximidad con que se iba a agotar la pena, no era posible evaluar su evolución en relación al programa de tratamiento individual. Por esa razón, el pronóstico de reinserción social fue desfavorable. En junio del 2020, la defensa solicitó que se dispusiera la libertad de su asistido por agotamiento de la pena, por considerar que no se habían respetado los estándares mínimos de detención sobre los que el Estado era garante. En subsidio, solicitó que se incorporara a su asistido al régimen de libertad condicional. Sobre este aspecto, sostuvo que debía tenerse como fecha límite el mes de septiembre, en razón de los dos meses agregados por la última pena única impuesta. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a lo requerido por la defensa. Entre sus argumentos, señaló que existía una diferencia entre la pena única impuesta y la cantidad de días que la persona había cumplido en prisión.
24-may-2020	Mendez (causa N° 20131)	Un hombre fue detenido el 31 de diciembre del 2019 por haberle sustraído un celular a una persona en la vía pública. Por ese hecho, en marzo de 2020 fue condenado por el delito de robo a la pena de cinco meses de prisión y declarado reincidente. El vencimiento de la pena fue fijado para el día 30 de mayo del mismo año. La sentencia fue notificada el 9 de marzo y luego se dispuso, con motivo de la emergencia sanitaria, la feria judicial extraordinaria. Por tal razón, la sentencia no se hallaba firme. Transcurridos tres meses y veintidós días desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación en términos de libertad condicional. La fiscalía se expidió de manera favorable y requirió que se solicitara un informe a la unidad penitenciaria del que surgiera que no existían motivos para oponerse a la libertad del imputado.
22-may-2020	Ramírez (Causa n°12773)	Un hombre había sido condenado a la pena única de cinco años y cuatro meses de prisión y se encontraba alojado en el CPF de la CABA. El tribunal dictó el cómputo del tiempo de detención y fijó el vencimiento de la pena para el día 31 de agosto de 2021. La defensa lo impugnó. Durante su detención, el imputado concluyó sus estudios secundarios, aprobó cinco materias del Ciclo Básico Común universitario y realizó veinte cursos anuales y cuatrimestrales. Asimismo, a lo largo del 2019 fue calificado con conducta ejemplar y no registró sanciones. Por ese motivo, su defensa solicitó que se aplicara el estímulo educativo y se le otorgase la libertad asistida. La fiscalía se opuso, entre otras cuestiones, por considerar que no se contaba con los informes del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento exigidos por la ley para la concesión de la libertad asistida.
1-abr-2020	Dimeglio (causa n°48146)	Un hombre había sido condenado a la pena de dos años de prisión por el delito de robo simple. Además, había sido declarado reincidente. El hombre se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa, donde estudiaba, trabajaba, no registraba sanciones y se hallaba en la fase de consolidación de su tratamiento penitenciario. Su defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo y la reducción en un mes del plazo previsto para su avance en la progresividad del régimen penitenciario. En febrero de 2020 el juzgado hizo lugar al pedido y fijó el 18 de abril del mismo año como fecha de cumplimiento del requisito temporal previsto para acceder a la libertad asistida. Luego, el consejo correccional del complejo penitenciario se pronunció a favor del egreso anticipado del hombre. A su turno, la fiscalía se expidió de forma positiva al pedido.
28-jun-2018	RWD (causa Nº 51192)	RWD había sido condenado a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento. Durante esa detención, cursó los estudios primarios. Luego, fue condenado por otro delito a la pena de seis meses de prisión. En tal sentido, se le impuso la pena única de dos años y cuatro meses de prisión efectivo cumplimiento. Su defensa presentó el certificado de finalización de los estudios primarios y solicitó la aplicación del estímulo educativo. El Tribunal Oral no se expidió sobre este asunto. Entonces, la defensa requirió que se le concediera a RWD la excarcelación en los términos de libertad asistida. En particular, tuvo en cuenta la reducción en el régimen de progresividad de la pena que le correspondía por aplicación del instituto solicitado. El tribunal rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, sostuvo que RWD había cursado los estudios durante una detención anterior. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-may-2018	Juárez (Reg. N° 548 y Causa N° 16743)	Un hombre cometió un delito en marzo del 2015. Por ese hecho, fue detenido y condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión. A su vez, se le impuso la pena única de tres años y nueve meses de prisión y fue declarado reincidente. En marzo del 2018, su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación en términos de libertad asistida. En tal sentido, requirió que se aplicara la redacción del artículo 54 de la ley N° 24.660 previa a la modificación efectuada por ley N° 27.375. Además, planteó la analogía de lo solicitado a la excarcelación por libertad condicional, en los términos del artículo 317, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, consideró que el imputado no había cumplido los requisitos establecidos para su concesión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.