ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
4-jun-2015	S, IV vs. Instituto Provincial de la Vivienda	La actora inició una acción de amparo contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por la cual solicitó la tenencia precaria de la vivienda que le había sido originalmente adjudicada a su grupo familiar. La accionante manifestó que, desde la adjudicación de la tenencia precaria por parte del IPV, habían variado sus condiciones familiares, ya que transitaba un proceso de divorcio vincular, había denunciado a su ex marido por violencia doméstica y los dos hijos de la pareja habían quedado a su cargo. A pesar de ello, el organismo demandado sostenía que el acta de entrega de la tenencia precaria de la vivienda debía ser firmado por ambos. El juez rechazó la acción por considerar que la conducta del organismo demandado no resultaba arbitraria o ilegal. Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación.
3-jun-2015	Duarte Salinas, Ydalis	La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, había revocado la resolución por la que se excarceló a una persona imputada por la comisión del delito de transporte de estupefacientes. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión.
2-jun-2015	Acuña Noemi c. Anses y otro - Pcia de Salta	En el año 2005, la parte actora solicitó el reajuste de su jubilación que fue resuelta por la ANSeS. Sin embargo, al no haberse notificado esa resolución, la demandante requirió nuevamente la recomposición de sus haberes el 23 de octubre de 2006, reclamo que fue decidido el 12 de diciembre de ese año, época en que la actora ya había iniciado la demanda de conocimiento pleno. La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inhabilidad de la instancia judicial por falta de agotamiento de la vía administrativa. Contra esa decisión, la accionante interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la queja.
2-jun-2015	SF y otros	Tres personas fueron imputadas por los delitos de robo y resistencia a la autoridad. La defensa pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, uno de los imputados desistió del pedido. El fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, alegó que era necesario llevar a todos los imputados a juicio porque, de lo contrario, corría el riesgo de que aquel que desistió de la probation descargara su responsabilidad en sus consortes de causa (invocó la res. PGN 97/09). En consecuencia, el tribunal rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defesa interpuso un recurso de casación.
1-jun-2015	Alvarado Huanca (reg. Nº 106 y causa Nº 2533)	Una persona cumplía una pena de prisión. Una vez cumplido el lapso temporal requerido, su defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. En un primer momento, la Dirección Asistencia Social del SPF dictaminó que el penado no contaba con un contexto sólido de acompañamiento para la reinserción social. De esa manera, se pronunció en contra de la incorporación al régimen requerido. En un segundo informe, adoptó la conclusión opuesta. El juez de Ejecución tuvo en cuenta el primer informe y no hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-jun-2015	NEP c. Universidad de La Matanza (PGN)	Una persona con una discapacidad motriz se graduó como licenciado en educación física en una universidad. Al año siguiente intentó continuar sus estudios en la misma institución y obtener el título de profesor en educación física. La universidad negó el pedido sobre la base de que no reunía las condiciones físicas requeridas para la carrera. En consecuencia, inició una acción de amparo. Tanto en primera como en segunda instancia hicieron lugar al amparo y ordenaron la inscripción en la carrera. La demandada interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja.
29-may-2015	Peñaloza, Claudio Ariel	El tribunal oral había condenado al imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y le impuso la pena de un año de prisión y lo declaró reincidente. Con posterioridad, la defensa solicitó su incorporación al régimen de semidetención y la sustitución de la pena por la realización de trabajos comunitarios.
29-may-2015	OMF y otra	Dos personas habían sido imputadas penalmente. Una de ellas se desempeñaba como escribana pública. La otra tenía 86 años y problemas de salud. La defensa de ambas pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. Argumentó que la escribana revestía la calidad de funcionaria pública y, que, a su vez, había cometido el delito que se le atribuía en el ejercicio de esa función. Asimismo, respecto de la otra invocó la resolución 97/09, punto b) de la Procuración General de la Nación para oponerse a la concesión de la probation solicitada por otro imputado en el entendimiento de que tal proceder debilitaría la acusación. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
29-may-2015	Julian, Carlos Alberto	Un hombre había sido imputado, junto a otras tres personas, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con malversación de caudales equiparados públicos. Los hechos imputados eran diez. La investigación se inició en el año 2004. En diciembre de 2008, la causa fue elevada a un tribunal oral y en abril del 2009 las partes fueron citadas a juicio. En dos oportunidades se fijaron fechas de debate que, luego, fueron postergadas. Después de diez años y seis meses de tramitación del expediente, la defensa planteó la prescripción de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó el planteo y consideró que no había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el art. 67 del CP y que la extensión del proceso no resultaba desproporcionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
28-may-2015	M,MJ c. V,RG y V,CV	En este caso, la parte actora –conviviente del demandado– inició una acción de impugnación de la paternidad contra su pareja y el hijo cuyo reconocimiento pretendía impugnar, con base en lo establecido por el art. 263 del Código Civil derogado. Alegó que tenía un interés económico toda vez que su conviviente se encontraba demandado por alimentos por quien no era su hijo y que dicha situación la perjudicaba. Mientras que el reconociente demandado se allanó a la acción, el hijo codemandado cuestionó la legitimación activa de la actora.