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1-ago-2017DCA (causa Nº 37874)Una persona con discapacidad visual inició en el año 2005 una acción de amparo con el objeto de que se dé cumplimiento a la ley Nº 1502 que regula la incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad. El 21 de diciembre de 2016 se dictó una sentencia que obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a establecer contacto con el accionante a fin de evaluar la posibilidad de incorporarlo e informar en el plazo fijado de treinta días el cumplimiento de lo ordenado. Ante la inobservancia de la decisión, la magistrada interviniente aplicó astreintes en cabeza del Subsecretario de Recursos Humanos del GCBA y del Procurador. Ante el incumplimiento del GCBA, el amparista interpuso una demanda de daños y perjuicios con el objeto de obtener un resarcimiento en virtud del daño moral y psicológico sufrido a raíz de la angustia y el stress que le habría generado la expectativa de obtener un trabajo que nunca se concretó. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. En consecuencia, el actor interpuso un recurso de apelación.
1-ago-2017ARA y otrosUn grupo de personas privadas de su libertad realizaban, en su unidad de detención, trabajos por los que no recibían remuneración. Ante esto, se interpuso un habeas corpus colectivo. El Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba rechazó la acción por considerar que no se configuraba un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Contra esta decisión, se presentó un recurso de apelación. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que se interpuso un recurso de casación.
26-jul-2017PAR (causa Nº 27894)Los padres de un joven con discapacidad que padecía epilepsia refractaria solicitaron a su obra social, por prescripción médica, la cobertura de aceite de Cannabis para el tratamiento de su hijo. Ante la negativa de la entidad, interpusieron una acción de amparo y solicitaron, como medida cautelar, la cobertura integral de CBD (cannabinoide) como tratamiento adyuvante paliativo. El Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 4 rechazó la medida cautelar. Contra dicha resolución, los amparistas interpusieron un recurso de apelación.
17-jul-2017OCIL (causa N° 71003040)OCIL, de nacionalidad boliviana y menor de edad, fue imputada por el delito de tenencia simple de estupefacientes en concurso real con el de adulteración de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. Por esa razón, se dispuso su prisión preventiva. Ningún tratamiento tutelar fue ordenado a su respecto. Posteriormente, suscribió un acuerdo de juicio abreviado por el que la fiscalía solicitó que se declarara su responsabilidad penal y se la eximiera de pena. La defensa y la asesora de menores adhirieron a la propuesta. Durante la audiencia celebrada en los términos del artículo 431 del Código Procesal Penal de la Nación, la joven manifestó que era madre soltera de tres niños, que no había finalizado sus estudios primarios y que trabajaba en un comercio de indumentaria.
14-jul-2017Flagrancia. Conflicto de competencias - Instrucción y Tribunal Oral de MenoresUna persona menor de edad había sido imputada de acuerdo al procedimiento de flagrancia. Luego de la audiencia de clausura, el juez de instrucción remitió el caso al Tribunal Oral. El tribunal, sin embargo, declaró la nulidad de la audiencia mencionada y retrotrajo el proceso a la etapa anterior. Para decidir de ese modo, consideró que se afectó el derecho de defensa del imputado, que no fue informado sobre la imposibilidad de solicitar en esa instancia soluciones alternativas al juicio oral. El juez de instrucción rechazó la remisión y elevó la causa a la Cámara.
13-jul-2017OCL (Causa Nº 3499 2017)Una mujer viajaba con su hija menor de edad en un colectivo público. En determinado momento, se produjeron disparos de arma de fuego dentro del vehículo entre un individuo y un agente de la Policía Federal Argentina. Uno de los proyectiles impactó en el cráneo de la mujer y le provocó la muerte. En consecuencia, la madre de la víctima inició una demanda por daños y perjuicios, por sí y en representación de su nieta, contra el Estado Nacional (Ministerio del Interior) y contra el agente que efectuó el disparo. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda contra el Estado Nacional y lo condenó a pagar a las actoras la suma de $230.000 más sus intereses; sin embargo, la rechazó respecto al policía. Ambas partes interpusieron un recurso de apelación.
13-jul-2017ZFL y otraDos personas habían sido imputadas de acuerdo al procedimiento de flagrancia. Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó que se le diera trámite ordinario al caso. La fiscalía se opuso. Tanto el Juzgado Federal como la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron continuar con el proceso bajo el régimen de flagrancia. Luego, el juzgado fijó un plazo para la producción de pruebas y determinó la fecha de la audiencia de clausura. Asimismo, dictó la prisión preventiva de los imputados. El día de la audiencia, el fiscal solicitó que se le diera curso ordinario al expediente. A tal fin, argumentó que la complejidad de la causa tornaba imposible la aplicación del procedimiento de flagrancia. Ese mismo día, el juzgado ordenó proceder de acuerdo a la instrucción formal y citar a indagatoria a los imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El juzgado rechazó ambos planteos, por considerar que carecían de agravio irreparable. Por esa razón, se interpuso un recurso de queja.
11-jul-2017MCVUn hombre con más de 70 años de edad se encontraba detenido de manera preventiva, imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad. Antes de su detención, ejercía el cuidado de sus dos nietos, uno de ellos menor de edad. La madre de los niños había fallecido y su padre trabajaba fuera de su casa la mayor parte del día. Por tal razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. De los informes socio ambientales, psicológicos y médicos incorporados al expediente, se desprendía que el imputado constituía un referente fundamental para la vida de sus nietos, con quienes mantenía una relación de acompañamiento y crianza. En oportunidad de contestar la vista conferida, el Defensor de Menores se expidió de manera favorable a la solicitud. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso.
11-jul-2017RCJAUna persona de 73 años había sido condenada por la comisión de delitos de lesa humanidad. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10, inciso d, del Código Penal. El Tribunal Oral rechazó el pedido, con fundamento en la gravedad de los hechos imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
11-jul-2017ARH (Causa N° 50029) - CámaraEl Sr. A ejerció violencia psicológica y física contra su pareja y sus dos hijas. A raíz de esto, la esposa decidió abandonar el hogar común junto a las dos niñas y promovió una acción civil contra su marido. El juzgado interviniente ordenó una prohibición de acercamiento contra el Sr. A y autorizó a la mujer a retirar sus efectos personales del domicilio que compartía con el demandado con personal de la Policía Federal Argentina. En cumplimiento de esa medida, la Sra. S se dirigió al domicilio acompañada por dos suboficiales de la PFA. Sin embargo, como consecuencia de la actitud pasiva y negligente de los suboficiales, el Sr. A asesinó a su ex pareja y luego se suicidó. Las hijas del matrimonio se presentaron con sus letrados apoderados e iniciaron una demanda contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior–, Policía Federal Argentina, el comisario y los suboficiales y reclamaron la suma de $ 2.000.000 en concepto de daños y perjuicios por la muerte de sus dos padres. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al Estado Nacional y al agente policial codemandado JDL al pago de las sumas de $510.000 a la coactora RHA, y de $526.000 a la coactora VCA, con costas a los vencidos. Asimismo, se desestimó la demanda interpuesta contra el comisario JPP y contra el agente policial CRC. Contra dicha resolución, ambas partes interpusieron un recurso de apelación.

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