ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
7-oct-2021	Diez (causa nº 38433)	Un hombre había sido imputado por el delito de robo en grado de tentativa. Durante el proceso, el tribunal interviniente consideró que había riesgo de fuga y dispuso su detención en prisión preventiva. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que la persona imputada había sido detenida en tres oportunidades y había sido declarada rebelde en los últimos tres meses. Frente a esto, su defensa solicitó la excarcelación. Ante su rechazo, presentó un recurso de apelación. En la instancia revisora, si bien el tribunal confirmó la denegatoria de la excarcelación, dispuso analizar la morigeración del encierro previa realización de un informe socio-ambiental para determinar si algún familiar podría garantizar la medida. Una vez devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el tribunal rechazó los pedidos de la defensa sin contar con el informe social y sin ordenar diligencias en el domicilio del imputado. Con posterioridad, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable respecto del pedido de prisión domiciliaria. Sin embargo, el tribunal resolvió no analizar la procedencia del instituto de la prisión domiciliaria y denegar su excarcelación. Ante esta situación, la defensa presentó un nuevo recurso de apelación.
6-oct-2021	RAPM (causa Nº 1092)	Una mujer denunció por hechos de violencia de género a su ex pareja. En su denuncia, la víctima expresó que buscaba una medida de no acercamiento de él y una exclusión del hogar porque su trabajo se encontraba a pocos metros de donde él residía. La denuncia fue calificada por la Oficina de Violencia Domestica (OVD) como de riesgo alto. El juzgado de primera instancia, con fundamento en el informe interdisciplinario de la OVD y la denuncia de la víctima, decretó la exclusión del denunciado del hogar familiar y el ulterior reingreso al domicilio de la mujer y sus hijos. Asimismo, ordenó la prohibición de acercamiento del denunciado a una distancia no menor de 50 metros de la mujer. Con posterioridad, el denunciado compareció ante el juzgado y manifestó que la mujer violó la medida de no acercamiento impuesta porque se encontró merodeando en el domicilio del denunciado. Ante esta situación, el juzgado dispuso la prohibición de acercamiento de carácter reciproca. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos expresó que la reciprocidad de la medida invisibilizaba la violencia de género a la que se encontraba expuesta y la asimetría de poder en las relaciones atravesadas.
5-oct-2021	Danna (causa Nº 40066)	Un hombre alquilaba un inmueble a un grupo de personas que habían sido investigadas por maniobras delictivas. Cuando el locador tomó conocimiento del embargo dispuesto en el marco de un decomiso, se presentó en la causa y solicitó la restitución del inmueble. El tribunal interviniente no hizo lugar al planteo y ordenó su decomiso. Por ese motivo, la defensa del locador presentó un recurso de casación. El representante del Ministerio Público Fiscal ante la CFCP solicitó que se rechace la impugnación. En este sentido, alegó que no estaba amparado por la buena fe ya que, si bien no participaba de los hechos, conocía las actividades que se realizaban en el lugar.
5-oct-2021	Godoy y otra (causa Nº 9738)	En una causa judicial se investigaba a una persona por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A raíz de una orden de allanamiento, personal policial se dirigió a un domicilio. Entonces, constató que un vehículo se daba a la fuga. Con posterioridad, se localizó el vehículo en el patio de una vivienda, propiedad de la prima del imputado. La delegación policial se constituyó en el segundo domicilio donde una joven menor de edad se encontraba sola. Entonces, ingresó a la vivienda sin orden de allanamiento y requisó el vehículo a partir de una orden judicial. En el asiento trasero del automóvil se halló un monedero color marrón de cuerina que contenía en su interior 5,3 gramos de cocaína. Una vecina avisó a la dueña de la vivienda y madre de la niña que la policía estaba en su casa. La dueña de la vivienda ingresó y manifestó que el auto pertenecía a su prima y su marido, y que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre la sustancia encontrada. La prima de la dueña de casa y su pareja fueron imputados por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Luego, las partes suscribieron un acuerdo de juicio abreviado que fue presentado para su homologación en sede judicial.
1-oct-2021	Tejerina (causa N° 20364)	En un control de rutina llevado a cabo por la Gendarmería Nacional se inspeccionó un auto que trasladaba a cuatro personas. Una de las pasajeras afirmó que no tenía ningún documento que acreditara su identidad. Por ese motivo, el personal de Gendarmería decidió corroborar sus datos en el sistema de antecedentes. En ese sentido, la invitaron a ingresar a un recinto. Luego, los integrantes de la Gendarmería dejaron a la mujer en la habitación y buscaron dos testigos para que presencien su requisa. Al regresar, notaron que debajo de un mueble había dos paquetes. En ese momento, en presencia de los dos testigos, la mujer manifestó que los paquetes no le pertenecían. La prueba de campo "Narcotest" realizada con posterioridad determinó que la sustancia de los paquetes era cocaína. La mujer fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes. Entre los motivos de la acusación, se tuvo en cuenta lo declarado por una integrante de la Gendarmería Nacional respecto de la pertenencia de la sustancia a la pasajera del vehículo. El tribunal interviniente condenó a la mujer como autora responsable del delito de transporte de estupefacientes. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto por la defensa. Sobre este aspecto, sostuvo que se trató de una detención para identificación sin la existencia de una causa probable relativa a la comisión de un delito o contravención.
1-oct-2021	Nieva (causa N°23592)	Una mujer tenía bajo su exclusivo cuidado a dos niños y una niña. El grupo familiar vivía en situación de hacinamiento, sin agua potable y con conexiones eléctricas inestables. La mujer había sido condenada a una pena de prisión por el delito de comercio de estupefacientes. Durante su detención, fue incorporada al régimen de semilibertad. En ese contexto, realizaba tareas laborales fuera del establecimiento en el marco de una cooperativa de trabajo nacional. Con posterioridad, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El tribunal interviniente otorgó lo peticionado. Luego, la mujer manifestó que necesitaba trabajar para cubrir las necesidades de los niños ya que era el único sostén económico familiar. Por ese motivo, su defensa solicitó que se le otorgaran salidas extraordinarias para que pudiera trabajar dos horas diarias en una cooperativa de trabajo. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable.
1-oct-2021	FMLH (Causa Nº 25566)	Un hombre solicitó la adopción por integración de la hija de su conviviente. En su presentación, indicó que desde que comenzaron la relación de pareja, se dedicó a criar a la niña como si fuera su hija. Destacó que desarrollaron un fuerte lazo afectivo mutuo. Asimismo, sostuvo que la niña siempre tuvo contacto con su padre biológico. Por su parte, ambos progenitores biológicos prestaron conformidad a lo solicitado. Luego, la jueza citó a la niña. En esa oportunidad, ella manifestó que tenía dos papás y que deseaba ser adoptada por el actor.
30-sep-2021	Madero y otros (causa N° 5986)	Un hombre fue imputado como coautor del delito de defraudación por circunvención de un incapaz. Casi dos décadas después, el tribunal interviniente lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión. Al momento de determinar la pena, el tribunal consideró como una circunstancia agravante el hecho de que hubiese negado la comisión del delito durante el juicio, lo que valoró como una "falta de arrepentimiento". Su defensa interpuso un recurso de casación contra la sentencia, el cual fue rechazado. Contra esa decisión, dedujo un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, presentó un recurso de queja. En esta instancia, el representante de la Procuración General de Nación dictaminó que debía hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario en lo referido al monto de la pena impuesto. Además, sostuvo que el tribunal interviniente omitió valorar la ausencia de antecedentes y que la ponderación con carácter agravante de la negación del delito por parte del imputado resultó violatoria de la protección contra la autoincriminación.
30-sep-2021	RAL (Causa N° 6018)	Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus dos hijos menores de edad. En ese contexto, no tenía trabajo ni recibía ninguna ayuda por parte del progenitor. Además, no contaba con ninguna prestación social. En ese contexto, la mujer tramitó ante la ANSES el pago de la Asignación por Hijo para Protección Social (AUH) respecto de sus dos hijos. Con posterioridad, la entidad otorgó la prestación. No obstante, en el 2020 dejó de percibir el pago por la asignación. En esa oportunidad, la ANSES le informó que no le correspondía la AUH dado que el progenitor de los niños se encontraba registrado como monotributista y aportaba a la Caja de Profesionales de la Provincia. Esa situación generaba una incompatibilidad para percibir la prestación. Por su parte, la mujer le informó a la ANSES que el progenitor ya no era parte del grupo familiar y que debían actualizar la información en los registros, pero no obtuvo respuesta. Con posterioridad, la mujer envió una intimación a la entidad y le volvieron a negar la prestación. Por ese motivo, la mujer interpuso una acción de amparo contra la ANSES. Entre sus argumentos, sostuvo que la negativa de la brindar las prestaciones era arbitrario, ilegítimo y discriminatorio. En ese contexto, intervino la Defensoría Pública Oficial de Entre Ríos asumiendo la representación complementaria y a fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños involucrados. Por su parte, la ANSES manifestó que el amparo no era una vía admisible y que obró conforme a derecho. En ese sentido, resaltó que el pago de la AUH era incompatible con la situación del progenitor.
30-sep-2021	PP (Causa N° 53411)	Una mujer interpuso una acción de amparo y solicitó una medida cautelar para que su cobertura de salud brindara las prestaciones que requería su hija menor de edad con discapacidad. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. Con posterioridad, en el marco del trámite del amparo, la demandada planteó la caducidad de la instancia por falta de impulso procesal de la actora. El juzgado admitió el pedido, declaró la caducidad e impuso las costas a cargo de la amparista. Contra esa resolución, la accionante y la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en el carácter de defensoría de menores e incapaces– interpusieron recursos de apelación. En su escrito, la actora sostuvo que durante el período considerado para declarar la perención no impulsó el proceso porque la demandada cumplía con la medida cautelar otorgada. Además, señaló que el amparo tenía por objeto la protección del derecho constitucional a la salud y que, por ello, no resultaba admisible el planteo de caducidad. Por último, cuestionó la imposición de las costas a su cargo. Por su parte, la defensoría señaló que la madre de la niña se había comunicado en varias oportunidades para manifestar la necesidad de que su hija continuara con los tratamientos obtenidos gracias a la medida cautelar, lo que evidenciaba el interés en la prosecución del proceso. Asimismo, destacó que no se le remitieron las actuaciones durante el período computado por el juzgado para declarar la caducidad.