ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
23-dic-2021	Verón Ojeda (Causa Nº 89813)	Un hombre de nacionalidad paraguaya obtuvo su residencia permanente en el país en 1974. En ese momento, el Registro Nacional de las Personas le entregó su documento nacional de identidad (DNI), que luego renovó en varias oportunidades. En 2016 el hombre solicitó la renovación de su DNI ante el Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, el organismo le exigió que presentara un certificado de radicación. Por esa razón, solicitó el referido certificado ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). No obstante, la DNM lo intimó a iniciar un nuevo trámite de regularización. Asimismo, rechazó el trámite, declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, ordenó su expulsión y le prohibió el reingreso por cinco años. Para decidir de esa manera, aplicó el artículo 29 inciso a de la Ley N° 25.871. Indicó que el hombre no tenía antecedentes migratorios. Contra lo decidido, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación tomó intervención en representación del hombre y presentó un recurso jerárquico. Sin embargo, la DNM lo rechazó. En consecuencia, la Comisión del Migrante interpuso un recurso judicial. En esa oportunidad, solicitó que se declarara la ilegalidad del acto administrativo ya que los supuestos previstos por el artículo 29 no eran aplicables al caso. Sobre esa cuestión, manifestó que el acto emitido por la demandada era irrazonable. A su vez, planteó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre, que era un adulto mayor. En ese marco, el juez de primera instancia rechazó el recurso, debido a que consideró que la decisión administrativa era fundada y que no existía prueba de discriminación contra la persona migrante. La defensa apeló lo resuelto. Entre sus argumentos, manifestó que la sentencia era arbitraria debido a que no se habían configurado los recaudos de la Ley N° 25.871. Agregó que el hombre siempre había actuado de buena fe y que no había existido condena en su contra por el delito de documento apócrifo.
23-dic-2021	Di Leva (Causa N° 12407)	El dueño de una empresa fue imputado por volcar hidrocarburos derivados del petróleo (mezclas de aceite y gasoil) en la costa de Mar del Plata. El derrame se había dado como consecuencia de la práctica de un achique de sentina a un buque propiedad de la empresa y que se llevó adelante fuera de las formas reglamentarias y sin autorización de la autoridad naval. El juzgado federal a cargo de la investigación lo procesó por el delito previsto por el artículo 55, en función del artículo 57 de la ley N° 24.051. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó el procesamiento y sobreseyó al hombre. Para así decidir, sostuvo que era necesaria la comprobación de un daño contaminante consecuencia del derrame, lo que no se había acreditado. Asimismo, afirmó que cuestiones como la investigada podían ser resueltas en una instancia administrativa sancionatoria. Por ese motivo se había violado el principio de última ratio del derecho penal. El representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que se habían tomado muestras del derrame en el mar y se había determinado su coincidencia con la muestra extraída del buque, lo que determinaba la responsabilidad de la empresa. Además, explicó que no podía abandonarse la investigación penal en favor del derecho administrativo sancionatorio como único recurso. En ese sentido, indicó que la ley N° 24.051 regulaba dentro del ámbito penal acciones como la investigada que, por otro lado, lesionan derechos consagrados de manera constitucional, como la salud pública y el derecho a un ambiente sano. Por último, discutió la necesidad de comprobar un daño concreto relacionado al derrame. Así, aseguró que la norma no requería una lesión efectiva de los bienes jurídicos tutelados, sino la generación de un peligro común.
21-dic-2021	GNF (Causa N° 8577)	Un hombre se encontraba al cuidado exclusivo de sus cinco hijos menores de edad. Además, no tenía empleo estable y realizaba trabajos ocasionales de jardinería y albañilería. Además, alquilaba un garaje en donde vivía el grupo familiar, y al no contar con ingresos fijos debió vender los pocos objetos que tenía para afrontar el pago del alquiler. No obstante, debido a la situación económica comenzó a tener deudas por los servicios de luz y gas. Asimismo, la progenitora de los niños no tenía vínculo con ellos y tampoco colaboraba con su alimentación, lo cual afectó aún más la economía familiar. En ese contexto, el hombre solicitó la Asignación Universal por Hijo para Protección social (AUH) que le fue concedida para sus cinco hijos. Con posterioridad, la progenitora tuvo otros hijos y solicitó la pensión de madre de 7 hijos que le fue asignada. En consecuencia, a fines de 2015 el hombre dejó de percibir la AUH dado que la ANSES consideró que era incompatible con la pensión no contributiva que cobraba la progenitora. Por ese motivo, el hombre con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial de Santa Rosa interpuso una acción de amparo contra la ANSES. Entre sus argumentos, destacó que en ocasiones no conseguía ningún trabajo y por lo tanto no podía garantizar a sus hijos una vida digna. En ese sentido, el ingreso de la AUH resultaba imprescindible para cubrir los gatos de subsistencia. Además, resaltó que la mujer ya no convivía con los niños y tampoco tenía vínculo con ellos. El juzgado que intervino hizo lugar a la demanda. Para decidir así, contempló como beneficiarios a tres de los niños y les otorgó la AUH. Con respecto a los otros dos hijos, ordenó que se liquidaran las sumas adeudadas hasta la fecha en las cuales adquirieron la mayoría de edad. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. En esa oportunidad, sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social le había otorgado a la madre de los niños una pensión y que por lo tanto eran destinatarios de ese beneficio social. Además, resaltó la incompatibilidad que se producía entre la AUH y la pensión para madres de siete hijos.
21-dic-2021	Paoli (Causa n° 1237)	Durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020, un hombre había sido detenido por la policía provincial de Entre Ríos mientras circulaba por la vía pública sin tener el correspondiente permiso. Por ese hecho, fue imputado por el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal de la Nación. En el marco del proceso, se entabló un conflicto negativo de competencia entre el juzgado de garantías del fuero provincial y el juzgado federal.
21-dic-2021	Maier (Causa N° 7140)	En el marco de una investigación, se había ordenado el allanamiento de un domicilio. En el lugar, se encontró marihuana fraccionada, papelillos, un picador y una balanza digital. En el acta de secuestro figuraba que se había encontrado un total de 409 gramos de marihuana. El único testigo del procedimiento había sido un bombero que conocía a los agentes policiales intervinientes. Sin embargo, los policías no habían consignado en el acta los motivos que habían impedido convocar a dos testigos civiles. Por ese hecho, se imputó a una persona por el delito de tenencia de estupefacientes. En la declaración indagatoria, explicó que fumaba entre 15 a 20 cigarrillos de marihuana diarios. Luego, se efectuó un informe psicológico que concluía que el acusado tenía un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Por otro lado, se realizó una pericia química que indicaba una cantidad mayor de material estupefaciente que la informada en el acta de secuestro. Además, el peritaje presentaba irregularidades en la medición del contenido de THC del material estupefaciente. Durante la etapa de juicio oral, las partes suscribieron un acuerdo de juicio abreviado.
21-dic-2021	Hambo (causa Nº 757)	Ante la contradicción advertida entre las salas F y E, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó un acuerdo plenario para definir el siguiente interrogante: ¿El ‘beneficio de justicia gratuita’ que dispone el artículo 53 de la ley N° 24.240, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente?
20-dic-2021	Sayago Tovar (Causa N° 6886)	En un procedimiento de control de la Gendarmería Nacional Argentina se había detenido a un vehículo de transporte público de pasajeros. Allí se habían encontrado semillas botánicas similares a las de cannabis sativa en una mochila. Ante esa situación, se procedió a la detención de su propietario y al secuestro de las semillas, una tablet y un celular. Por ese hecho, el hombre fue imputado por un delito previsto en la ley N° 23.737. En la declaración indagatoria, explicó que había adquirido semillas de cáñamo para utilizarlas como medicina personal. Durante el procedimiento judicial se efectuó una pericia que determinó que las semillas secuestradas eran de cáñamo. Así, se explicó que pertenecían a la familia de cannabis sativa y que eran de bajo poder germinativo. Además, se realizó una pericia telefónica en la que se concluyó que el imputado no tenía intención de comercializar las semillas. Por último, se tomó declaración testimonial a la Jefa de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La testigo explicó que el cáñamo era de la misma especie que la cannabis sativa pero tenía menor concentración de THC y mayor cantidad de CBD, que era el principio medicinal de la semilla.
20-dic-2021	Torres (Causa N° 19199)	Una persona había ingresado al territorio argentino a través de un paso no habilitado con paquetes de hojas de coca. Ante esta situación, se secuestraron los paquetes y fue imputado por el delito de contrabando de importación de mercadería en grado de tentativa. El tribunal interviniente lo condenó por esos hechos. Para decidir de esa manera, tomó en cuenta el valor de mercado de las hojas secuestradas. Su defensa interpuso un recurso de apelación contra la decisión. En su presentación, sostuvo que las hojas de coca no son una mercadería comercializable y, por ende, no se debía tener en cuenta su valor en plaza. En ese sentido, explicó que el valor establecido por la AFIP no superaba la condición objetiva de punibilidad requerida por el artículo 947 del Código Aduanero para ser considerado delito. Por ese motivo, solicitó el sobreseimiento de su asistido.
17-dic-2021	Velayarse (causa N° 6075)	Una mujer que presentaba un cuadro clínico de HIV, sífilis y tuberculosis se encontraba dete-nida en prisión preventiva. Durante la detención, su estado de salud empeoró de manera considerable y pese a los pedidos reiterados de derivación a un hospital extramuros, la si-tuación de encierro se mantuvo. En ese contexto, la defensa solicitó el sobreseimiento en ra-zón de los padecimientos sufridos.
17-dic-2021	CCA	Una mujer mantuvo una relación sexoafectiva con un hombre, de quien quedó embarazada. Sin embargo, tiempo después ambos perdieron contacto. Con posterioridad, el niño fue reconocido por la pareja de la madre. Por su parte, el progenitor biológico demandó tanto a la mujer como a su pareja, a fin de impugnar el reconocimiento y ser emplazado como padre del niño. En su presentación, señaló que la madre le había ocultado que tenía un hijo y, por lo tanto, le había imposibilitado desarrollar un vínculo. Luego, se presentó la progenitora, y manifestó que, si bien el actor había tomado conocimiento de la gestación, se había negado a reconocer al niño y a asumir sus obligaciones parentales. Además, solicitó que no se le quitara al niño el apellido del progenitor reconociente. Éste también se presentó, planteó la caducidad de la acción y peticionó su rechazo. Sin embargo, después de oír la opinión del niño, tanto el actor como el progenitor demandado coincidieron en que lo mejor para aquel era el reconocimiento de la triple filiación.