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FechaTítuloResumen
9-jun-2015RLLAUna persona había sido imputada por la comisión de un delito contra la propiedad. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. A tal fin, argumentó que el hecho de que el imputado se encontrara implicado en otro proceso penal, su calidad de indocumentado, que carecía de domicilio y que había sido declarado rebelde con anterioridad, obstaban a la concesión del instituto. El Tribunal Oral rechazó la solicitud de la defensa. Contra esta decisión, se interpuso un recurso de casación.
22-jun-2015Noguera Ruiz, Hernán AlfonsoLa Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaró mal concedido el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la decisión del Juzgado de Instrucción que lo declaró rebelde y ordenó su captura. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, motivo por el cual se presentó un recurso de queja.
8-jul-2015S, CJEl tribunal le había concedido la suspensión de juicio a prueba a una persona por el término de un año. Una vez vencido el plazo de control, el juzgado de ejecución penal no pudo notificar al probado de esa circunstancia. Por tal razón, remitió las actuaciones al tribunal de juicio, que lo declaró rebelde y le revocó la probation. La resolución fue dictada sin realizarse, de manera previa, la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ese motivo, la defensa interpuso un recurso de casación.
ago-2015Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y CorreccionalEl presente boletín reúne los pronunciamientos emitidos por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el primer semestre de 2015 en seis ejes temáticos: -Prisión preventiva y aspectos ligados al derecho a la libertad de las personas imputadas en el marco de un proceso penal; - Suspensión del proceso a prueba y conversión de la pena de prisión en tareas comunitarias; - Problemas de la parte especial del derecho penal; - Procedimiento de juicio abreviado; - Garantías constitucionales; - Ejecución penal.
14-ago-2015Olazábal Correa, Zoila VerónicaEn este caso, el Tribunal Oral había rechazado –por segunda vez– la exención de prisión de la imputada por el delito robo agravado, en grado de tentativa. A tal fin, tuvo en cuenta el hecho de que había permanecido rebelde y que se había mudado del domicilio aportado sin dar aviso. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
27-ago-2015Amaya, Luis Abelardo y otrosEl tribunal oral había resuelto no hacer lugar a la exención de prisión solicitada por el imputado pues consideraron que su ausencia a la última fecha de debate fijada era suficiente para declarar su rebeldía y presumir la existencia de peligro de fuga. Ante esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
3-sep-2015LJRUna persona que participaba de una protesta fue imputada por el delito de portación de armas. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la fiscalía se opuso a su concesión. A tal fin, argumentó que la escala del delito imputado tornaba improcedente el instituto. Con base en el dictamen fiscal, el Tribunal Oral rechazó la petición. Contra esta decisión, la defensa un interpuso un recurso de casación.
30-oct-2015AAEUna persona que registraba un antecedente condenatorio (una pena de dos años en suspenso) solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese proceso, además, el imputado fue declarado rebelde y fue necesario allanar su domicilio para lograr su comparecencia. Durante la audiencia, el fiscal consintió la concesión del instituto. Sin embargo, el tribunal tomó en consideración la falta de cumplimiento de las reglas impuestas en la condena anterior y declaró improcedente la suspensión del juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
17-feb-2016H, GCUn tribunal oral había concedido la suspensión del juicio a prueba a una persona. Después de pagarle a la víctima el monto fijado en concepto de reparación y de asistir en varias oportunidades a cumplir las tareas que se le asignaron, el imputado dejó de presentarse. Su inasistencia dio lugar a que el tribunal le revocara la probation y lo declarara rebelde. La resolución fue dictada sin realizarse, de manera previa, la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación. Por esa razón, la defensa un interpuso un recurso de casación.
22-mar-2016Almirón, Fabián RicardoEl tribunal había rechazado la excarcelación de una persona imputada por el delito de robo en grado de tentativa. Ello, por considerar que, en caso de ser condenada, la pena no podría ser dejada en suspenso. Además, se alegó que el imputado registraba rebeldías en otros procesos y que se encontraba en situación de calle. La defensa recurrió la decisión.
23-mar-2016Encina, Leandro IvánEl tribunal oral había rechazado la excarcelación solicitada en favor del imputado. A tal fin, entendió que la sucesiva formación de causas en su contra –ésta era su tercera imputación desde septiembre de 2015– era demostrativa de la existencia del peligro de entorpecimiento de la investigación. En tal sentido, sostuvo que, de concedérsele la excarcelación, era válido pronosticar nuevas aprehensiones flagrantes que tornarían ineludible la demora del proceso a la espera de que los nuevos casos arriben al mismo estado procesal. Asimismo, tuvo en cuenta la existencia de una declaración de rebeldía en otro expediente. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
23-jun-2016PMHUna persona fue detenida en flagrancia por la comisión de un delito. En sede policial se la notificó del tribunal interviniente y se le hizo saber que se encontraba obligada a presentarse ante esos estrados ante la primera citación. Además, dado que se encontraba en situación de calle, constituyó domicilio junto a la defensa oficial. Posteriormente, se dispuso su libertad. Más tarde, omitió presentarse al ser citada en los términos del artículo 353 bis del CPPN. En consecuencia, se la declaró rebelde y se ordenó su captura. La defensa impugnó la decisión.
30-jun-2016G, MYLa imputada había sido excarcelada y, luego, declarada rebelde. Una vez detenida, la defensa volvió a solicitar su excarcelación. Para ello, argumentó que su asistida era víctima de violencia familiar y que, por ese motivo, ella y sus hijos tuvieron que cambiar de domicilio. Por otra parte, el letrado indicó que su representada era adicta a las drogas, por lo que debió internarse en una institución especializada y en un hogar refugio.
may-2017Citaciones, notificaciones y constatacionesEstudio de ciertos problemas vinculados al diligenciamiento de citaciones/notificaciones y/o constataciones de domicilio a partir del análisis del caso “PMH” de la CNACC.
ago-2017Probation (CNCCC)Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre probation.
2-oct-2017MRI (causa Nº 56598)Una persona imputada en un proceso penal se presentó ante el juzgado y ratificó su domicilio. En esa oportunidad, explicó que en la misma dirección había múltiples viviendas. Además, indicó que no había timbre ni encargado y que no tenía relación con sus vecinos. Por último, hizo saber que durante gran parte del día, no se encontraba en su casa. Posteriormente, fue citada a comparecer ante el juzgado. Las notificaciones cursadas en su domicilio tuvieron resultado negativo. Por ese motivo, fue declarada en rebeldía y se ordenó su captura. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de apelación. En particular, consideró que no se había cumplido con los requisitos del artículo 149 del Código Procesal Penal de la Nación. Además, sostuvo que ante los resultados negativos de las citaciones, se debían haber considerado medidas menos lesivas que la detención del imputado. Finalmente, consideró que no habían tenido en cuenta las particularidades del domicilio declaradas por su asistido ante el juzgado.
24-jul-2018ADA (Causa 500000071)Una joven extranjera de 17 años de edad fue declarada coautora penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Además, el trámite del proceso fue suspendido hasta que cumpliera la mayoría de edad. La mujer solicitó autorización para salir del país. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido y le fijó la obligación de regresar y comparecer en sede judicial en una fecha determinada. Llegado ese día, la mujer no se presentó. Por tal razón, se decretó su rebeldía. Transcurridos nueve años, la defensa solicitó que se le concediera la exención de prisión. El tribunal rechazó el planteo, por considerar que la declaración de rebeldía y el hecho de ser extranjera permitían suponer que la imputada reiteraría sus conductas elusivas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
7-sep-2020Zerrizuela (Causa n°36200)En el marco de una causa penal, un juzgado dispuso una orden de captura contra un hombre. Entonces, dos abogados particulares se presentaron ante el tribunal y solicitaron ser designados como su defensa. El juzgado rechazó la solicitud por considerar que no correspondía dar curso a la designación hasta tanto el hombre no compareciera de manera personal ante el tribunal. Contra esa decisión, los abogados interpusieron un recurso de apelación.
8-sep-2020Duran (Causa n°16919)Un hombre fue detenido e imputado de acuerdo al régimen de flagrancia. En la audiencia inicial fue excarcelado. En el acta en la que se dispuso su soltura se dejó asentado, entre otras cuestiones, que debía comunicar cualquier cambio de domicilio y asistir al tribunal cada quince días. En el acta se omitió poner en conocimiento del imputado el domicilio del juzgado. Luego, el tribunal se declaró incompetente y dispuso la intervención de otro tribunal. Esta información no fue notificada. De forma posterior, y a raíz de la emergencia sanitaria, se dispusieron medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y el imputado no se presentó ante el tribunal. El juzgado intentó notificarlo de la audiencia de clausura y la diligencia arrojó resultado negativo. Entonces, revocó la excarcelación, declaró la rebeldía del imputado y dictó una orden de captura. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio.
11-ago-2021Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) (Causa N° 182908/2020)El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en la jurisdicción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SRFP buscaba determinar si los rostros que se obtenían mediante el uso de cámaras de videovigilancia se encontraban y si correspondían o no con los rostros almacenados en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (CoNaRC). El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A) promovió una acción de amparo con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de la Ley N° 6339 y de la resolución N° 398/MJSGC/19, mediante los cuales se había implementado el SRFP. Para ello, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había contratado el uso e implementación del sistema de reconocimiento facial de forma directa con una empresa privada sin un debate previo que permita sostener su pertinencia y seguridad. Además, señaló que los efectos de la vigencia de esa normativa lesionaban de forma manifiesta los derechos de toda la sociedad. También precisó que las bases de datos de las caras que luego serán comparadas tienen predominancia de hombres blancos cisgénero, por lo que los sistemas de reconocimiento facial aprenden mejor cómo diferenciar a dos personas con estas características que al resto de la población y por ello la mayoría de esos programas suelen presentar sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia. El juzgado N° 11 de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó in limine la acción de amparo interpuesta. Para decidir así, indicó que la actora pretendía un pronunciamiento judicial en abstracto acerca de la adecuación legal y constitucional la Ley N° 6339 y de la resolución N° 398/MJSGC/19 y que no se había cuestionado ningún acto u omisión sustentados en esas normas. Destacó que no se había planteado un caso concreto particular en el que se hayan visto afectados los derechos invocados ni tampoco era posible visualizar la amenaza a esos derechos en abstracto sin caer en el campo de lo hipotético. En esa línea, mencionó que O.D.I.A. no alegó ni intentó probar la existencia de un daño particular y que únicamente buscaba sanear la supuesta inconformidad de la normativa impugnada. Además, explicó que no se trataba de una acción que buscara la protección o tutela de derecho difusos, sino que involucraba la tutela de derechos subjetivos individuales, cuya protección era exclusiva de sus titulares mediante acciones individuales, o colectivas promovidas por el colectivo de personas afectadas o por asociaciones que las representaran. Concluyó que lo que pretendía la actora podía ser canalizado, al menos en el ámbito de la Ciudad de Bueno Aires, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Contra esa decisión O.D.I.A. interpuso un recurso de apelación.