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FechaTítuloResumen
18-abr-2017Tapia (reg. N° 284 y causa Nº 1304)Una mujer que se encontraba detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario habitaba junto a su hijo de veinte años con discapacidad, su hija de dieciocho años y su nieta de dos años. Era el sostén económico de su grupo familiar sin tener ningún ingreso salvo alimentos que le proveían sus hermanos. La situación económica se agravó cuando fallecieron sus progenitores que la ayudaban con dinero. Esa circunstancia agravó el estado de salud de su hijo que requería cuidados especiales. Por esa razón, la defensa solicitó una autorización para realizar salidas laborales. En ese sentido, explicó que la mujer poseía conocimientos de enfermería y que su último trabajo había consistido en cuidar a un adulto mayor. Al respecto, manifestó que la posibilidad de empleo en ese mismo sitio seguía vigente. Así, ofreció informes médicos, social y socioambiental. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable. Sin embargo, el tribunal interviniente rechazó el pedido. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación.
jun-2017Rechazo de una inspección sorpresiva en instituto de menores, agravamiento ilegítimo de las condiciones de detenciónLos derechos de los niños, niñas y adolescentes deben garantizarse por intermedio de inspecciones (las cuáles pueden ser sorpresivas) de órganos que no pertenezcan a la administración de los centros de detención. En este trabajo se demostrará cómo el hábeas corpus puede ser un remedio idóneo para neutralizar los obstáculos que aparecen frente a los obstáculos que se presentan para la realización de esas inspecciones.
jun-2017Derecho a la educación inclusivaJurisprudencia internacional y nacional sobre el derecho a la educación inclusiva
oct-2017Restricción de la capacidad y sistemas de apoyoJurisprudencia sobre la restricción de la capacidad y sistemas de apoyo
4-oct-2017T (Causa Nº 887)Un niño de cuatro años tenía una discapacidad psicosocial. Vivía con su abuela materna –quien a su vez era su guardadora– y con su progenitora. Asimismo, la abuela percibía un programa social y estaba a cargo del hogar, ya que la madre del niño se encontraba desempleada. Tiempo después, el niño fue diagnosticado con un problema cardíaco. Por ese motivo, debió ser sometido a una intervención quirúrgica. En esa ocasión, la abuela y su pareja afrontaron los costos de la operación. Por su parte, el progenitor del niño se desempeñaba como marino y no tenía ningún vínculo con su hijo. A su vez, el hombre había ejercido actos de violencia contra la abuela y la madre del niño. En ese marco, se le había impuesto la prohibición de acercamiento a ambas mujeres. Frente a esa situación, la abuela del niño inició una acción judicial para que se incrementara la cuota alimentaria a favor de su nieto. Debido a que el progenitor demandado no se presentó en el expediente, el juez resolvió aumentarla de manera provisoria. Luego, la empleadora informó el período en el que el accionado había prestado servicios e indicó que había sido desvinculado.
8-nov-2017MPS (causa N° 37295)Entre los años 1992 y  1998 una niña sufrió abusos sexuales por parte de un hombre. En el año 2014, cuando tenía 29 años, la mujer denunció el hecho.El juzgado declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyó al imputado. La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para resolver de esa manera, señaló que correspondía contabilizar doce años desde la fecha en que el delito había dejado de cometerse. En ese sentido, indicó que desde el año 1998 había transcurrido en exceso el plazo establecido en dicha normativa. Contra esa resolución, la querella interpuso un recurso de casación. En particular, consideró aplicables las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 que modificaron el régimen de prescripción y sostuvo que la acción penal se hallaba vigente.
4-dic-2017Tocci (Causa Nº 14888)Un hombre fue imputado por haber abusado sexualmente y en forma reiterada de una niña desde su primer año de vida hasta que cumplió seis años. Los hechos cesaron en el año 1993. En el 2007, al cumplir 20 años, la mujer lo denunció. Al ser citado a prestar declaración indagatoria, solicitó que se declarara extinguida por prescripción la acción penal. El juzgado hizo lugar al planteo y sobreseyó al imputado. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Contra esa decisión, la querella interpuso un recurso de casación.
24-ene-2018Los derechos del niño y el medio ambienteEl Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible realizó un informe sobre la relación entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la protección del medio ambiente. En particular, analizó el impacto de los daños ambientales en sus derechos y desarrolló las obligaciones estatales en la materia. Por último, presentó una serie de recomendaciones para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra los daños ambientales.
feb-2018LGBTIQEl boletín contempla jurisprudencia emitida entre 1994 y 2018 por tribunales internacionales (Comité de Derechos Humanos, CorteIDH y el TEDH), argentinos y americanos (Estados Unidos, Colombia, Brasil y México) en relación con el colectivo LGBTIQ.
9-mar-2018Ramírez Escobar y otros v. GuatemalaAl momento de los hechos, la legislación guatemalteca preveía la posibilidad de tramitar adopciones ante notario de forma extrajudicial. Esto, junto con la ausencia de un control estatal eficaz sobre los procedimientos, propició que se consolidaran redes de delincuencia organizada que lucraban con la gestión de adopciones internacionales irregulares. Los hermanos Osmín Tobar Ramírez y JR –de siete y un año de edad, respectivamente– vivían con su madre, Flor de María Ramírez Escobar, en Guatemala. El padre de Osmín, Gustavo Tobar Fajardo, vivía en México y lo visitaba mensualmente. En enero de 1997, a raíz de una denuncia anónima sobre el abandono de los niños, un juzgado de menores dispuso su internación en un hogar de acogimiento residencial. La Sra. Ramírez Escobar se presentó en el juzgado para solicitar la entrega de sus hijos, pero no se le permitió verlos. También se negó la entrega de los niños a su abuela materna y a sus madrinas. Los padres de los niños no fueron notificados en ningún momento del proceso en el que, finalmente, se declaró a los hermanos en situación de abandono. Entonces, la Sra. Ramírez interpuso un recurso de revisión que fue rechazado. Los niños fueron incluidos en del programa de adopción que patrocinaba el hogar Asociación Los Niños. La Procuraduría General de la Nación objetó el procedimiento. Sin embargo, el juzgado de familia rechazó los cuestionamientos y ordenó que se otorgaran las escrituras de adopción. Los niños fueron dados en adopción a dos familias estadounidenses en junio de 1998. Aunque el padre de Osmín presentó un recurso de revisión, el proceso fue archivado de manera definitiva en septiembre de 2002, por no haber sufragado los gastos asociados a la citación de los padres adoptivos de los niños Ramírez en los Estados Unidos. En mayo de 2011, Osmín se reencontró con su familia biológica y, en noviembre de 2015, decidió mudarse a Guatemala, donde vive actualmente con su padre. La Sra. Ramírez Escobar no ha tenido contacto con JR desde que fue separado de la familia (JR no fue considerado parte debido a su falta de participación en el proceso y por haber informado que no deseaba involucrarse en el litigio).
27-mar-2018GDA (reg. Nº 305 y causa Nº 8078)La madre de un niño con trastorno general del desarrollo (TGD) denunció a su ex marido por haber abusado sexualmente del hijo de ambos. En la denuncia, la mujer expuso que el niño le manifestó a ella y a su pareja que el padre lo había abusado. Posteriormente, en sede judicial el niño fue interrogado por una psicóloga y confirmó estos dichos. No obstante, el dictamen de la profesional careció de la contundencia necesaria para tener por acreditados los dichos del niño. Entonces, la defensa y la querella de la madre realizaron nuevas pericias psiquiátricas que resultaron contradictorias entre sí. En el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que se recibiera declaración al damnificado pero el Tribunal lo rechazó por la recomendación de los profesionales del CMF. Por eso, se recurrió a la grabación de la Cámara Gesell que se llevó a cabo durante la instrucción. Dado que la profesional que realizó la entrevista había fallecido, se incorporó por lectura el informe que había confeccionado. Además, tanto la madre como su pareja prestaron declaración testimonial, con ciertas contradicciones en su relato de los hechos. Al momento de los alegatos, la fiscalía solicitó la absolución del imputado por considerar que no pudo probar el hecho por la falta de un relato sólido que no deje lugar a dudas razonables. La querella sostuvo la acusación por abuso sexual. El Tribunal Oral lo condenó por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo a la pena de tres años de prisión en suspenso. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
abr-2018Más que un perfume. Algunas cuestiones problemáticas en el procedimiento previsto por la ley 27.272La sanción de la ley Nº 27.272 (1/12/2016) implicó la modificación parcial del Código Procesal Penal de la Nación y el establecimiento de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia. Este trabajo se plantea analizar los problemas centrales que plantea la reforma y realizar un balance en lo que respecta a los avances y retrocesos que tuvieron lugar como consecuencia de ella en materia de garantías constitucionales.
17-abr-2018Laurent Saravia (Causa Nº 38315)Un hombre extranjero [no se registra su nacionalidad en la sentencia] residía en el país y estaba al cuidado de sus tres hijos, de quince, trece y ocho años. Entre 1993 y 2014 fue condenado en seis oportunidades por delitos contra la propiedad. En 2001 fue declarado reincidente y en 2014 recibió una condena de un año y diez meses de prisión por el delito de robo en grado de tentativa. Entonces, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y la prohibió su reingreso por el término de ocho años. Asimismo, autorizó su retención para materializar su expulsión. Contra esa decisión, la persona recurrió los actos administrativos, que fueron confirmados. Luego, impugnó judicialmente el pronunciamiento. El juzgado interviniente rechazó su presentación. Por este motivo, la persona interpuso un recurso de apelación.
jun-2018Niños, niñas y adolescentes en el fuero federalEl presente boletín se propone dar cuenta del modo en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOCF) resuelven los procesos penales en los que se encuentran implicados niñas, niños y adolescentes y los derechos y las garantías que los asisten. En particular, pone el acento sobre la aplicación del artículo 4 de la ley Nº 22.278 y, en su caso, la proporcionalidad de las sanciones establecidas en el marco del Régimen Penal Juvenil.
ago-2018Cannabis medicinalJurisprudencia nacional sobre el uso medicinal del Cannabis.
23-ago-2018MBN (causa Nº 42214)L y M mantenían una relación de pareja. En julio de 2018, en las cercanías de un lavadero de autos, se encontró el cuerpo sin vida de L. Ese día, una persona menor de edad, empleada del lavadero, vio descender de un vehículo a un hombre y a una mujer, M. Luego, escuchó gritos y vio al varón en el piso, circunstancia a la que le restó importancia hasta que otra persona le pidió que se comunicara con el 911. Otro testigo expuso que esa mañana había visto a dos hombres que merodeaban el lugar de los hechos con palos. Luego, observó que una persona se encontraba tendida boca abajo y, al acercarse, reconoció a la víctima. Asimismo, indicó que los empleados del lavadero de autos le dijeron que habían visto a M en el lugar de los hechos. Sin embargo, el único que, en principio, la había observado era la persona menor de edad referida. Esto se supo a través del testimonio brindado por su hermano mayor de edad. Por esa razón, el joven fue convocado a declarar y a participar de una rueda de reconocimiento. Sin embargo, estas medidas se dejaron sin efecto toda vez que la madre no lo autorizó a realizarlas. En este marco, M fue detenida y procesada por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación.
24-ago-2018González (reg. N° 1065 y causa N° 25005863)Un hombre se encontraba detenido por la comisión de un delito. Su grupo familiar se encontraba conformado por su concubina y el hijo de trece años de ésta, con quienes convivía y era el único sostén económico previo a su detención. La mujer se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia y realizaba una serie de estudios para los que necesitaba estar acostada por varios días. Desde la detención del hombre, el adolescente se encargaba de los cuidados de su madre, lo que le ocasionaba un gran trastorno emocional. Entonces, la defensa aportó numerosa documentación que daba cuenta de la situación de vulnerabilidad que atravesaba la familia de su asistido y solicitó informes médicos y sociales para constatar ese escenario. En ese marco, peticionó que se le concediera el arresto domiciliario. El Tribunal Oral rechazó el pedido sin dar intervención al Asesor de Menores. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
sep-2018Prisión domiciliariaEl presente documento incluye jurisprudencia sobre prisión domiciliaria emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional durante los años 2016, 2017 y 2018.
oct-2018Educación inclusiva: análisis normativo y jurisprudencialEn el presente trabajo nos referiremos al estado de situación actual de la llamada educación inclusiva en nuestro país. Como se verá, el marco normativo es abundante y claro en cuanto al reconocimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. Pero pese a ello, su efectivo cumplimiento suele presentarse como un reto para quienes trabajamos en el ámbito de la defensa pública. Bajo esta premisa, haremos un análisis de la normativa nacional e internacional más relevante en la materia, y presentaremos una selección de fallos en los que podrán vislumbrarse las respuestas de la justicia ante algunos casos que han ido presentándose durante los últimos años.
oct-2018Niños, niñas y adolescentes (internacional)El presente documento, referido a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, contempla jurisprudencia emitida en los sistemas interamericano, europeo y universal de protección de derechos humanos y complementa el boletín publicado en junio de 2018 sobre la jurisprudencia federal argentina en esta materia.
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