ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
8-dic-1999	Observación General Nº 13 CDESC	El Comité elaboró su Observación General Nº 13 dedicada a los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación.
19-nov-1999	Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala	En Guatemala existía un patrón común de acciones realizadas al margen de la ley por agentes de seguridad estatales en contra de los llamados “niños de la calle”. Estos actos consistían en amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios y se utilizaban cómo método para luchar contra la delincuencia juvenil. En ese contexto, Henry Giovanni Contreras, de 18 años; Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años; Julio Roberto Caal Sandoval, de 15; Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 y Anstraum Aman Villagrán Morales, también de 17 años, eran “niños de la calle”, amigos entre sí, y vivían en la zona de Las Casetas, caracterizada por una alta tasa de criminalidad. El 15 de junio de 1990 una camioneta se arrimó al lugar donde se encontraban y, en horas del día y sin tapar sus rostros, hombres armados los obligaron a subir al vehículo. En los días siguientes, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en el Bosque de San Nicolás con heridas de bala en sus cráneos. Por otro lado, el 25 de junio de 1990, Villagrán Morales fue asesinado en la zona de Las Casetas mediante un disparo. En consecuencia, se inició un proceso judicial para determinar la responsabilidad de los perpetradores del delito. Así, se inculpó a tres personas –dos de ellas agentes de la policía– que, posteriormente, fueron absueltas.
10-may-1999	Reggi, Alberto	La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico condenó a una persona a la pena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación por el delito de entrega de cheque sin fondos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. En la presentación señaló que la acción penal se encontraba prescripta y que la resolución de la Cámara había sido dictada sin que se hubiese examinado dicha circunstancia. La Cámara declaró procedente la impugnación y suspendió el pronunciamiento respecto de la prescripción hasta tanto se dictase sentencia en otro expediente en el que la persona se encontraba imputada y esa decisión adquiriera firmeza.
16-mar-1999	Kipperband	Un grupo de personas fue imputado por la falsificación de pagarés. Durante la etapa de instrucción se reiteraron declaraciones indagatorias, se perdieron libros contables de la empresa de los imputados, en la dependencia judiciales o policial se extravió una máquina de escribir que impidió efectuar otros estudios y algunos pagarés que estaban en poder de los peritos calígrafos oficiales. A partir de ese hecho, la fiscalía requirió la elaboración de nueva prueba y la ampliación de otra. Uno de los imputados fue detenido y, luego, al ser excarcelado, pagó una cierta cantidad de dinero en concepto de caución real y estuvo sometido a las pautas de conductas impuestas por el juzgado. Luego de doce años, la defensa planteó una excepción de extinción de la acción penal. El juzgado rechazó el planteo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para así decidir señaló que, si bien el trámite del legajo había tenido una duración indebidamente prolongada, no se podía soslayar la naturaleza y complejidad de los hechos, la cantidad de personas involucradas y que en varias oportunidades la causa había merecido pronunciamiento por parte del tribunal de alzada. Por otra parte, consideró que la garantía a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. En particular, señaló que la demora en el trámite del expediente era atribuible al instructor y que su parte no había efectuado ningún tipo de actuación dilatoria que socavara el derecho de su asistido a una pronta culminación del juicio.
13-ago-1998	Santillán (Causa N° 1009)	Un hombre fue imputado por el delito de abandono de persona y la fiscalía y la querella presentaron el requerimiento de elevación a juicio. En los alegatos, el ministerio público fiscal solicitó la absolución por atipicidad. Por su parte, la querella pidió que el hombre fuese condenado por la figura agravada del delito de abandono de persona, a la pena de la pena de cinco años de prisión. Al momento de resolver, el tribunal oral entendió que, con el pedido absolutorio del Ministerio Público Fiscal, la sola pretensión de la querella no habilitaba la condena. Por este motivo, el hombre fue absuelto. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la absolución y contra esa decisión, la querella interpuso un recurso extraordinario federal.
10-oct-1996	HO (Causa N° 40)	En 1993, un hombre reclamó a la ANSES el reajuste de su haber jubilatorio. Sin embargo, el organismo rechazó su solicitud. De esa forma, le comunicó que había calculado la movilidad que le correspondía según las leyes vigentes. Frente a esa respuesta, el hombre apeló ante la entonces Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. En marzo de 1995 –mientras aún tramitaba su recurso– entró en vigencia la Ley N° 24.463 que introdujo reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En ese contexto, el actor planteó la inconstitucionalidad del artículo 24 de la nueva norma, que disponía la conversión inmediata del procedimiento en aquellas causas en trámite ante la cámara. En ese sentido, el hombre destacó que lesionaba el principio de preclusión y su derecho de defensa, ya que suponía iniciar un nuevo juicio ante los juzgados de primera instancia. Luego, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional a esa norma. Sostuvo que los beneficios previsionales tenían carácter alimentario y cubrían riesgos de subsistencia y ancianidad. Por lo tanto, entendió que la norma cuestionada retrotraía el trámite del proceso a una instancia concluida, lo que afectaba el debido proceso. Contra esa decisión, tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recurso extraordinario federal. Entre sus argumentos, señalaron que bajo el régimen anterior debían aceptar las sentencias de la cámara, pues no tenían la posibilidad de probar la legalidad de los actos administrativos. Al respecto, ANSES indicó que los jueces fijaban haberes exorbitantes que colocaban al sistema previsional al borde del colapso financiero. Agregó que, mediante la ley 24.463 los litigantes solo debían adaptar los recursos que hubieran presentado a una demanda por reajuste de haber, bajo las reglas del proceso sumario. Por su parte, el fiscal opinó que la ley 26.463 era de orden público y materia federal, por lo que debía aplicarse de inmediato a los expedientes en trámite. Sobre ese aspecto, sostuvo que el actor no había obtenido una sentencia definitiva al momento de la sanción de la ley.
10-oct-1995	Wood v. Bartholomew	Un hombre fue condenado por un homicidio cometido durante un robo a una lavandería. Durante la investigación, el hombre admitió el robo, pero sostuvo que no había querido matar a la víctima, sino que su arma se había disparado accidentalmente. Como medida de prueba antes del juicio, el hermano del imputado y la novia de ese hombre se sometieron a exámenes poligráficos. En el caso de la mujer, los resultados sobre algunas preguntas fueron inconcluyentes, aunque el examinador consideró que sus respuestas eran veraces. En el caso del hermano, el examinador concluyó que sus respuestas sobre su intervención en el robo y sobre si había estado junto al imputado dentro de la lavandería indicaban engaño. Esa información no fue revelada a la defensa. Durante el debate oral, ambos declararon como testigos. Dijeron que, antes del hecho, el imputado les había dicho que pensaba robar la lavandería y no dejar testigos. También afirmaron que, después, les dijo que había puesto dos balas en la cabeza de la víctima. La defensa del imputado sostuvo que ambos testigos mentían para disminuir la participación del hermano en el hecho. Al momento de dictaminar, el tribunal condenó al hombre a pena de muerte. Esa condena fue revocada y luego fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego de agotar las vías recursivas posibles, el condenado promovió una acción federal de habeas corpus y alegó que la omisión de revelar los exámenes poligráficos había vulnerado la doctrina de Brady v. Maryland. El tribunal federal de distrito rechazó el planteo. Esa decisión fue apelada y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la revocó. Este tribunal entendió que los exámenes poligráficos eran inadmisibles como prueba según la ley de Washington, y que a pesar de que los resultados no hubiesen sido admitidos al juicio, la información era material bajo el estándar del caso Brady. Para arribar a esa conclusión, el tribunal explicó que, si el abogado defensor hubiera conocido los resultados del polígrafo, habría tenido un motivo más sólido para profundizar en la investigación del relato del hermano del imputado. Sostuvo que, de haber contado con esa información, la defensa probablemente le habría tomado una declaración testimonial en la que podría haber obtenido una confesión de su falsedad, permitiéndole descubrir diversas contradicciones que habrían sido utilizadas con gran eficacia durante el contrainterrogatorio en el juicio.
23-feb-1995	R. v. Chaplin	Dos hombres fueron acusados por delitos contra la propiedad. Con anterioridad al inicio del debate oral, su defensa solicitó a las autoridades federales que informaran si alguno de los hombres imputados había sido alcanzado por autorizaciones de intervención de comunicaciones en otros casos en años anteriores. La fiscalía informó que no existían autorizaciones de intervención vinculadas con la investigación de esos cargos, pero se negó a confirmar o negar la existencia de otras autorizaciones relativas a investigaciones distintas. Entonces, su defensa solicitó una orden judicial para que la fiscalía respondiera el pedido de manera expresa y, en caso afirmativo, entregara las autorizaciones, los documentos de respaldo y los registros, transcripciones y grabaciones correspondientes. Argumentó que bajo los principios del caso Stinchcombe, una vez solicitada la divulgación, la carga de la prueba recae en la fiscalía para justificar su negativa basándose en la irrelevancia manifiesta o en el privilegio de interés público. La jueza hizo lugar al recurso de la fiscalía y ordenó la revelación de la información solicitada por la defensa, pero la fiscalía provincial lo recurrió, por lo cual la jueza dispuso la suspensión del proceso. Luego, el tribunal de alzada revocó la orden de revelación y la suspensión del proceso. Contra esa decisión, la defensa recurrió ante la Corte Suprema de Canadá para discutir el alcance de la obligación de revelación.
22-dic-1994	Daray, Carlos Ángel	Personal policial detuvo a una persona que circulaba en un automóvil. A pesar de presentar la documentación correspondiente, la persona fue trasladada a una sede policial. En la comisaría, el hombre declaró que sus hijos poseían “vehículos de industria extranjera con patentes colocadas diplomáticas”. Entonces, personal policial se dirigió al lugar señalado por el detenido. Luego, los oficiales comunicaron la detención al juez de la causa, solicitando la orden de allanamiento para el lugar donde se encontraban los automóviles. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza declinó su competencia para seguir con el hecho, lo que dio lugar a que el caso llegara a instancias de la Corte Suprema.
23-ene-1989	Florida v. Riley	La policía del estado de Florida, Estados Unidos recibió una denuncia anónima respecto de un hombre que estaba cultivando marihuana en un invernadero dentro de su propiedad. El lugar denunciado estaba cercado y cubierto por árboles, arbustos y por la casa del hombre. Esta situación le impidió a la policía observarlo desde el nivel del suelo. Por ese motivo, un policía circuló la vivienda en helicóptero a una altura de 120 metros. Desde allí, observó a través de una apertura en el invernadero unas plantas que parecían de marihuana. En base a sus observaciones, obtuvo una orden de allanamiento y se encontraron cultivos de marihuana en el lugar. Durante el proceso penal, el hombre imputado requirió que se excluyera la prueba obtenida. El tribunal hizo lugar al pedido. Contra esta decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones de Florida hizo lugar a la impugnación y admitió la evidencia. Sin embargo, solicitó a la Corte Suprema de Florida que se pronunciara sobre la legalidad de las inspecciones policiales realizadas desde helicópteros. Sobre este aspecto, señaló la necesidad de interpretar la situación de acuerdo con el derecho a la privacidad consagrado en la Cuarta Enmienda. La Corte Suprema de Florida hizo lugar al requerimiento y revocó la decisión de la Cámara de Apelaciones. Para decidir así, sostuvo que la observación del invernadero constituyó una ‘pesquisa’ en los términos de la Cuarta Enmienda. Asimismo, consideró que la inspección policial sin orden judicial era inconstitucional y excluyó la prueba obtenida. Ante esa resolución, el Estado de Florida presentó un writ of certiorari que dio intervención a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.