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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 15-jun-2022 | Molina (causa N°19025/2017) | Una persona había intentado robarle la moto a otra. La víctima logró escapar de la situación, pero recibió un disparo por la espalda. El tribunal oral interviniente la condenó por el delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causae en grado de tentativa por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. |
| 15-jun-2022 | A y B | Dos niños nacieron y fueron reconocidos por la pareja de su madre. A lo largo de su infancia y adolescencia, el hombre se dedicó a su cuidado y crianza. Tiempo después, la madre les reveló que, durante su soltería, había mantenido una breve relación con otro hombre y que éste sería su padre. Por ese motivo, se sometieron a un estudio genético, que confirmó los dichos de la mujer. Cuando crecieron, los jóvenes iniciaron una acción judicial para impugnar el reconocimiento y obtener el emplazamiento filial correspondiente. Luego, el juzgado convocó a una audiencia. En esa ocasión, los accionantes solicitaron modificar la demanda, con el fin de mantener y con posterioridad inscribir su doble vínculo filial paterno. Señalaron que, de esa manera, se respetaría su realidad familiar. A su vez, plantearon la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, los progenitores prestaron conformidad a lo solicitado. |
| 13-jun-2022 | Ammirevole (causa Nº 9178) | Una persona que se encontraba detenida había denunciado que la psicóloga que lo trataba en la unidad penitenciaria tenía prejuicios que condicionaban los informes que elaboraba. Luego de llevar a cabo una serie de medidas de prueba, el juez interviniente archivó la causa. La decisión fue apelada in forma pauperis. Al intervenir, la defensa señaló que mediante resolución DGN se había resuelto no hacer lugar al patrocinio jurídico gratuito de esa persona. Entre otras cosas, se consideró que no había existido delito. A su vez, se tuvo en cuenta que el hecho denunciado no revestía “especial gravedad”, parámetro establecido para definir el patrocinio y la representación de víctimas en el marco de la ley N° 27.149 y su reglamentación mediante Resolución DGN 1459/18. Por último, indicó que debía remitirse una copia de la causa a la defensoría ante los juzgados de ejecución penal. El juzgado elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Para decidir de esa manera, destacó el resguardo del derecho del hombre como víctima para solicitar la revisión del archivo conforme al artículo 80, inciso h del Código Procesal Penal de la Nación. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia devolvió la causa y encomendó la designación de un patrocinante bajo apercibimiento de designar de oficio al Defensor Oficial de la jurisdicción conforme a la ley N° 27.372. Dado que el denunciante no había designado un abogado defensor, el juzgado dio intervención al Defensor Público. La defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El juzgado rechazó el recurso de reposición y concedió el de apelación. La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, devolvió las actuaciones y requirió, una vez más, la intervención de la Defensoría General de la Nación de acuerdo con el artículo 80, inciso h del Código Procesal Penal de la Nación. La Defensoría General de la Nación mantuvo la negativa a brindar patrocinio jurídico. Entre sus argumentos, destacó que debía diferenciarse el alcance del derecho de toda víctima de solicitar la revisión del archivo de su denuncia, con el correspondiente a la competencia de la institución sobre el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas. Asimismo, recordó que se habían verificado los parámetros establecidos en el artículo 11 de la ley N° 27.149 y que la reglamentación de esa norma había sido asignada a la propia Defensoría General de la Nación como organismo autónomo. Ante una nueva intervención de la Cámara de Apelaciones, se dio lugar al Defensor Público de la Víctima de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ese marco, el defensor de víctimas señaló que no estaba facultado para litigar en la provincia de Chubut en tanto resultaba necesaria una disposición emitida por su superior jerárquico que lo autorizara. Por ese motivo, la Cámara Federal de Apelaciones suspendió la audiencia prevista debido a que el denunciante no contaba con asistencia letrada. En su decisión, el tribunal sostuvo que las resoluciones de la Defensoría General de la Nación que rechazaban el patrocinio jurídico gratuito excedían el ámbito de atribuciones y facultades del organismo. En ese sentido, señaló que esas resoluciones avanzaban de manera indebida sobre facultades exclusivas del Congreso de la Nación, en función del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, y declaró su inconstitucionalidad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la Defensoría General de la Nación había emitido las resoluciones en el ámbito de su competencia. Durante la audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, la defensa informó que el denunciante le había hecho saber su pérdida de interés en la prosecución de la causa. |
| 29-sep-2022 | GMP (Causa Nº 178) | Una mujer vivió en la ciudad de Buenos Aires hasta que conoció a su pareja. Luego tuvieron dos hijos y se mudaron a un pueblo de la Provincia de Córdoba, donde vivía la familia de su pareja. Ante diversas situaciones de violencia ejercidas por el hombre, luego de diez años de convivencia, se separaron. Por ese motivo, la mujer realizó una denuncia por violencia familiar. En esa oportunidad, el juzgado que intervino dictó una medida cautelar con la restricción de contacto y exclusión del hogar del demandado. No obstante, la mujer siguió denunciando las situaciones de amenaza y acoso que recibía de parte de su ex pareja. La mujer no tenía trabajo y debía afrontar sola el cuidado y los gastos de sus hijos menores de edad debido a que el hombre no pagaba la cuota alimentaria. Asimismo, se encontraba sola en el pueblo y no contaba con ningún tipo de red de contención. En ese contexto, la delegación de Río Cuarto de Asistencia a Mujeres en situación de Violencia se expidió respecto del alto riesgo que atravesaba la mujer y la situación de vulnerabilidad que la colocaba en desequilibrio de poder. En consecuencia, sugirió como medida de resguardo el traslado de la mujer y sus hijos a Buenos Aires para que puedan continuar sus vidas sin violencias y contar con el apoyo de su familia. El hombre se negó al traslado de los niños, pese a no residir más en el pueblo. Por su parte, la mujer solicitó la autorización judicial para el cambio de residencia de sus dos hijos a Buenos Aires. Entre sus argumentos, consideró que eran varios los factores para determinar el centro de vida de los niños y no sólo el lugar físico donde vivían en la actualidad. Sobre ese aspecto, agregó que ella se encontraba al cuidado de sus hijos y por lo tanto era su único referente cotidiano con el que compartían su vida. Asimismo, destacó la posibilidad de trabajo y hogar que le podía brindar su familia en Buenos Aires. Por último, resaltó que la cuestión debía resolverse en base al interés superior del niño y la situación de violencia que afectaba el bienestar y seguridad de sus hijos. |
| 9-jun-2022 | CMH (Causa Nº 7936) (Cámara) | Un hombre se encontraba suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental. Por ese motivo, su hijo estaba bajo el exclusivo cuidado de su abuelo. Ante el fallecimiento del abuelo, el hombre solicitó a la ANSES que le otorgara a su hijo con discapacidad una pensión derivada por el fallecimiento. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido. En ese sentido, señaló que el artículo 53 de la ley N° 24.241 no incluía a los nietos como beneficiarios de ese tipo de pensiones. En consecuencia, el progenitor inició una acción de amparo. El juzgado interviniente hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho del adolescente a percibir la pensión. Contra esa decisión, la ANSES interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, reiteró que la normativa aplicable no contemplaba a los nietos como destinatarios de las pensiones por fallecimiento. Asimismo, planteó la caducidad del plazo para promover la acción de amparo. |
| 9-jun-2022 | Borenstein (causa N° 32333) | Una mujer fue detenida y luego procesada con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso real con defraudación por estelionato reiterado en siete oportunidades. La mujer no tenía antecedentes, no registraba rebeldías ni otras causas en trámite. Al momento de su detención, se identificó correctamente. Además se constató que no se encontraba anotada bajo otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia y que residía junto con su marido y dos hijas. Entonces, la defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido de la defensa, por lo que se interpuso un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la denegación. Entre sus fundamentos, señaló que aunque el caso encuadraba solamente en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación, la existencia de riesgos procesales impedían otorgar su libertad durante el proceso. En esa línea, valoró negativamente la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos y estimó que su eventual pena se alejaría del mínimo de la escala penal y no podría ser dejada en suspenso. Además, consideró que existía un peligro de entorpecimiento de la investigación pues se continuaban presentando nuevos presuntos damnificados, y existía la posibilidad de que la asociación permaneciera en actividad, escondiera documentos relevantes para la investigación y se asegurara el provecho de las defraudaciones. Por último, entendió que cualquier otra medida alternativa era insuficiente para neutralizar los peligros procesales advertidos. Contra esa decisión, la defensa de la mujer interpuso un recurso de casación. |
| 9-jun-2022 | Paz Castaño y otros (causa N° 973) | Un grupo de personas había intentado robar un comercio. Luego de un forcejeo con los empleados del lugar, las personas decidieron escapar. Durante la fuga, uno de los imputados se encontró con un empleado del local, le disparó y ocasionó su muerte. El tribunal oral interviniente condenó a las personas por el delito de robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causae con el propósito de procurar impunidad, agravado por la utilización de un arma de fuego. |
| 9-jun-2022 | SNEI (Causa Nº 42345) | Dos personas acordaron los alimentos a favor de su hija menor de edad y obtuvieron la homologación judicial. Sin embargo, desde diciembre de 2012 el progenitor comenzó a abonar sumas inferiores a las que le correspondía en función de sus ingresos. Tres años después la progenitora advirtió esa situación al juzgado interviniente. En efecto, expuso que desconocía cuánto percibía el demandado ya que no había presentado en el expediente los recibos de sueldo. Tampoco contaba con su domicilio ni con el lugar en el que trabajaba. Por esa razón, pidió que se libraran una serie de oficios a fin de obtener los datos necesarios y poder luego realizar su reclamo. Transcurrieron seis años hasta que el progenitor quedó notificado. En ese marco, la mujer practicó una liquidación por el período diciembre de 2012 a octubre de 2021. No obstante, el demandado se opuso al reclamo. En esa ocasión, planteó como excepción la prescripción de las cuotas hasta marzo de 2020. Agregó que con el desarchivo del expediente no se había interrumpido el curso de la prescripción. Entre sus argumentos, sostuvo que, si bien la actora debía controlar el cumplimiento de lo acordado, no había reclamado en su momento alimentos impagos. Además, señaló que la accionante no había especificado maniobras dolosas de su parte tendientes a eludir su obligación alimentaria. Por último, manifestó que tenía otros hijos a su cargo, por lo que solicitó a la jueza que admitiera una cuota suplementaria por la suma adeudada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 645 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. |
| 8-jun-2022 | DEA (Causa Nº 8717) | Una mujer –madre de dos niños de 5 y 6 años– se encontraba detenida en una unidad penitenciaria. Su defensa solicitó se le concediera el arresto domiciliario para cuidarlos. La requirente, sin embargo, desistió del pedido porque ambos niños habían comenzado a vivir con su progenitor. Posteriormente, una comunicación remitida por la Dirección General del Régimen Correccional hizo saber que la mujer reunía las condiciones necesarias para ser incorporada al “Programa de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica y otras modalidades de egresos anticipados”. Entonces, su defensa solicitó nuevamente que continúe su detención en su domicilio particular bajo vigilancia electrónica. El tribunal rechazó el pedido por considerar que no aplicaba ninguno de los supuestos del artículo 10 del Código Penal. Contra esta decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-jun-2022 | ARCF (Causa Nº 30213) | Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus cuatro hijos. Hacía más de cinco años que se había separado del progenitor de los niños, quienes no tenían contacto con su padre ni recibían de él ningún aporte económico para su manutención. Asimismo, la mujer tenía un trabajo informal como personal doméstico, pero no le alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. En ese contexto, la mujer percibió por más de nueve años la AUH en favor de sus hijos. Con posterioridad, la ANSES decidió interrumpir el pago de las prestaciones. Por ese motivo, la mujer se presentó en el organismo para que le informaran lo que había sucedido. En esa oportunidad, le explicaron que el progenitor de los niños se encontraba inscripto como monotributista y, además, tenía una deuda con la AFIP. Asimismo, el progenitor se encontraba privado de libertad y sin trabajo, imposibilitado de abonar lo adeudado. Dada esa situación, la ANSES informó que se generaba una incompatibilidad para percibir la AUH. En consecuencia, la mujer con representación de la Defensoría Pública Oficial de San Martín inició una acción de amparo. Entre sus argumentos, sostuvo que el comportamiento de la ANSES fue arbitrario e ilegal dado que afectaba las condiciones de vida de sus hijos. Además, resaltó el carácter alimentario de la AUH. Por su parte, la ANSES postuló la inadmisibilidad de la acción de amparo por la ausencia de presupuestos necesarios. Además, opuso la prescripción liberatoria. |