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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 28-nov-2024 | VNV (Causa N° 81155) | En el marco de un proceso judicial, la actora pidió que se le concediera el beneficio de litigar sin gastos. En ese trámite, el juzgado declaró de oficio la caducidad de la instancia, al considerar que habían pasado tres meses sin que ella realizara ninguna actividad procesal. La actora apeló esa decisión. En su escrito explicó que no abandonó el proceso y que había hecho una presentación que, por error, se incorporó al expediente principal en lugar de al incidente. Señaló que ese error material no podía justificar una resolución como la dictada, ya que el beneficio de litigar sin gastos tenía como objetivo garantizar el acceso a la justicia. En ese contexto, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo solicitó la nulidad de la resolución judicial por la falta de intervención del Ministerio Público. Señaló que esa omisión vulneró el derecho de defensa en juicio de la niña involucrada en el expediente, ya que el Ministerio Público no pudo cumplir su función ni adoptar medidas en su beneficio. Manifestó que, cuando se encuentran en juego los intereses de niñas, niños o personas respecto de quienes haya recaído sentencia de restricción a la capacidad jurídica, debe priorizarse lo que resulte más beneficioso para ellas, ya que no actúan por sí mismas y dependen de la diligencia de quienes las representan. Por ello, destacó que la caducidad de la instancia debía interpretarse con criterio restrictivo y solicitó que se deje sin efecto el fallo recurrido. |
| 28-nov-2024 | Coronel (Causa N° 32185) | Una empresa tucumana producía azúcar de caña. La azucarera era dirigida por el presidente del directorio y por el gerente general. Cerca de la compañía había un canal de agua que se extendía hasta la provincia de Santiago del Estero. El afluente, denominado Canal del Este, fue diseñado para riego público y era de concreto. Sin embargo, en los tramos cercanos al límite interprovincial su cauce pasaba a ser de tierra, con surcos irregulares. El ingenio cerró dos extremos del canal y formó piletones donde almacenó vinaza, un residuo ecotóxico. En 2011 la empresa volcó vinaza pura en el Canal del Este. El desecho llegó hasta una población vecina, generó molestias y perjuicios a la salud de los habitantes. Además, provocó olores nauseabundos, la muerte de peces y la afectación de la vegetación. En ese marco, una persona interpuso una acción de amparo ante el juzgado federal correspondiente. Entonces, el juez dictó una medida cautelar que prohibió a la azucarera derramar líquidos ecotóxicos a canales de riego público. En 2012 y 2013, la empresa volvió a derramar el producto desde los reservorios hacia el canal pluvial. En ese contexto, una vecina denunció la situación ante Gendarmería Nacional. A continuación, el juzgado interviniente hizo lugar a la acción de amparo y le prohibió a la compañía, en forma definitiva, arrojar vinaza en afluentes de uso público. Además, le ordenó que se abstuviera de derramar cualquier líquido en las inmediaciones de la provincia de Santiago del Estero. El presidente del directorio y el gerente general de la empresa fueron imputados por verter residuos peligrosos. Durante el proceso judicial, las partes produjeron distintos tipos de pruebas. Luego, el tribunal oral federal condenó a los imputados a la pena de tres años de cumplimiento condicional por el delito de contaminación ambiental y por poner en riesgo la salud pública. Contra la sentencia condenatoria, la defensa técnica interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, indicó que la decisión era arbitraria y que la valoración de la prueba había sido incorrecta. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal y los querellantes interpusieron recursos de casación. Allí sostuvieron que el tribunal había incurrido en un error al determinar los montos y el modo de cumplimiento de la pena. |
| 27-nov-2024 | Discapacidad e imputaciones penales. Un caso de hipoacusia. | En este trabajo, a raíz de un caso de una persona con discapacidad auditiva, se analizará el abordaje de la justicia penal frente a personas imputadas con discapacidad. El análisis se centrará en la manera en que ciertas discapacidades son relevadas (o no) en la construcción y avance de las imputaciones penales. |
| 27-dic-2024 | Da Silva y otros v. Brasil | En el marco de un conflicto por la propiedad de tierras, un hombre fue asesinado por personal de seguridad privada de un hacendado. El mismo día, agentes de policía iniciaron la investigación y, luego de seis meses, el Ministerio Público acusó a dos miembros de la seguridad privada de ser los autores del crimen. Sin embargo, a pesar de la prueba recolectada y a causa de nulidades por errores en las notificaciones y citaciones, el proceso penal se extendió por dieciséis años. Finalmente, el tribunal absolvió a los hombres acusados. Con posterioridad, el caso fue sometido al sistema interamericano de derechos humanos. |
| 26-nov-2024 | VCRH (Causa N° 26761) | Un hombre se desempeñaba como vendedor ambulante y estaba a cargo de su hijo, que tenía una discapacidad psicosocial. Asimismo, el hombre se había incorporado al programa “Volver al Trabajo” y se había registrado como monotributista social, por lo que contaba con cobertura total de salud. De esa manera, su hijo podía acceder a distintas terapias. Con posterioridad, el Ministerio de Capital Humano de la Nación en su resolución 603/2024 dispuso que las personas que quisieran permanecer bajo la categoría de monotributistas sociales en adelante deberían abonar el 50% del componente dirigido a la obra social. De lo contrario, se procedería a la quita tanto de la cobertura como de la condición de monotributistas. En ese contexto, el hombre –en representación de su hijo– interpuso una acción de amparo contra el referido organismo. En concreto, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la resolución y, como medida cautelar, que se suspendieran sus efectos hasta que hubiera sentencia firme. En ese sentido, manifestó su imposibilidad de afrontar el pago de la cobertura de salud y de los aportes jubilatorios. Luego, tomó intervención la Defensoría Pública Oficial de Menores ante los Tribunales Federales de San Martín, en representación complementaria del niño. En su presentación, pidió que se admitiera la medida cautelar requerida por el actor. |
| 26-nov-2024 | Fernández de Báez (causa N° 51928) | Una mujer había sido procesada por el delito de estafa. En ese contexto, celebró un acuerdo conciliatorio con la víctima en el que se comprometía a entregar una suma de dinero como reparación integral de perjuicio. Ese mismo día, la imputada transfirió el dinero a la cuenta de la víctima. Cuatro días después, la defensa solicitó al juzgado la homologación del acuerdo. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a lo peticionado. Entre sus argumentos, sostuvo que la mujer poseía varias condenas, por lo que la eventual sanción penal sería de efectivo cumplimiento. Además, cabía la posibilidad de que fuera declarada reincidente. En ese sentido, afirmó que debía garantizarse que los acuerdos no infringieran normas ni objetivos de política criminal. El juez de primera instancia no homologó el acuerdo. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución impugnada y dispuso que se celebrara la audiencia prevista por el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal. En esa oportunidad, la víctima ratificó los términos del acuerdo conciliatorio y expresó su deseo de aceptarlo con la intención de poner fin al conflicto. Por su parte, la imputada pidió disculpas. Finalmente, el Fiscal reiteró su postura con los mismos fundamentos y solicitó que no se homologue el acuerdo. Por segunda vez, el juez de primera instancia no hizo lugar a la homologación. Contra esa decisión, la defensa presentó un nuevo recurso de apelación. Allí sostuvo que la oposición fiscal era infundada ya que en el caso se verificaban los presupuestos requeridos por la norma. En relación a los antecedentes de su defendida, remarcó que no podían ser un obstáculo para el acuerdo en tanto el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal no los preveía como causa de exclusión. |
| 26-nov-2024 | Candussi (Causa N° 11194) | Un hombre poseía un establecimiento agrícola dedicado a la producción de tomates en la provincia de Corrientes. En una finca lindante vivía una familia con un niño de cuatro años. Durante los meses de febrero y abril, el empresario fumigaba sus plantaciones con pesticidas. Sus empleados realizaban la aplicación del producto con las cortinas de los invernaderos levantadas. El progenitor del niño solicitó reiteradas veces que bajaran las protecciones porque el viento trasladaba los químicos a su hogar. Sin embargo, el empresario y sus dependientes no cumplieron con sus peticiones. En ese entonces, varios animales de la familia murieron por envenenamiento. Luego, el niño sufrió una intoxicación por vía inhalatoria que derivó en una falla hepática. Tiempo más tarde falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio de origen tóxico. Por ese hecho, los padres hicieron una denuncia que derivó en una investigación penal. El tribunal del juicio oral condenó al agricultor a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo. La defensa técnica del acusado interpuso un recurso de casación y solicitó la absolución. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había probado la presencia de tóxicos en el predio y que la muerte ocurrió por enfermedades preexistentes del niño. Por su parte, la querella también recurrió la sentencia. El abogado de la familia solicitó que se calificase el hecho como homicidio simple con dolo eventual, con una pena de catorce años de prisión. Al respecto, indicó que el imputado conocía el daño que causaba y decidió continuar con las fumigaciones de forma peligrosa. |
| 25-nov-2024 | Carrión González y otros v. Nicaragua | Una mujer estaba en proceso de divorcio de su esposo, con quien mantenía una relación marcada por violencia psicológica, física y económica. Un día, él la llamó para que retirara al hijo de ocho años que tenían en común y ella acudió al domicilio familiar. Esa noche, fue hallada muerta con un disparo en el pecho en el patio de su casa. El dictamen médico legal estableció que la causa de muerte fue suicidio, basado en la “inestabilidad emocional” de la mujer y el fin del vínculo de pareja. La familia de ella controvirtió el dictamen mediante varios peritajes que demostraban que se trató de un homicidio y señaló al esposo como autor del crimen. Sin embargo, la fiscalía archivó el caso. A partir de un recurso presentado por la familia de la mujer, al año siguiente la fiscalía reabrió el caso y acusó al hombre de parricidio. El hombre apeló la acusación. La Corte Suprema hizo lugar al recurso y dejó sin efecto los cargos.; En paralelo, los padres de la mujer intentaron mantener el vínculo con su nieto. Sin embargo, el hombre mantenía la custodia del niño e impidió su contacto. Ante esta situación, la familia inició procesos en el fuero de familia y penal. Tras más de cinco años de la muerte de la mujer, la justicia determinó que no podía forzar la relación entre los abuelos y los nietos. |
| 22-nov-2024 | GME (Causa N° 11408398) | En el marco de un proceso judicial se ordenó a un hombre que reembolsara el cincuenta por ciento de los alimentos correspondientes a sus hijos, pues esa suma había sido abonada por la progenitora de los niños entre 2017 y 2019. Ante el incumplimiento, la mujer solicitó que se inscribiera al demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. También requirió que se suspendiera y prohibiera la renovación de su licencia de conducir y que se le impidiera el ingreso a canchas de fútbol. A su vez, pidió que se bloquearan sus redes sociales y que se prohibiera su salida del país. Del pedido, se confirió vista a la defensoría general local, que dictaminó a favor de lo solicitado. |
| 22-nov-2024 | Beatriz v. El Salvador | Una mujer cursaba un embarazo de alto riesgo de un feto anencefálico, incompatible con la vida extrauterina. Al momento de los hechos, la legislación nacional penal no contaba con causales de aborto no punible y no existían protocolos sobre la manera de proceder ante eventos de riesgo materno. Por esa razón, durante la quinceava semana de gestación de la mujer, los profesionales tratantes solicitaron opinión sobre cómo proceder al Comité Médico del hospital, que a su vez repitió la consulta ante la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Salud nacional, sin obtener de ellos una respuesta concluyente. Tres semanas después, el Comité Médico indicó que conforme avanzara la edad gestacional la patología materna se agravaría y que, por esa razón, la mujer se encontraba en el mejor momento para interrumpir el embarazo. Sin embargo, no se realizó la práctica y, contra esa decisión, la mujer presentó una acción de amparo cuya petición de fondo fue rechazada. De forma paralela, organizaciones de la sociedad civil solicitaron ante la CIDH y la Corte IDH la adopción de medidas cautelares a su favor. Durante la semana veinticinco de gestación, la Corte IDH ordenó al Estado que adoptara, de manera urgente, las medidas necesarias para que el grupo médico tratante pudiese ejercer sin interferencias. Finalmente, cuando la mujer tenía aproximadamente veintiséis semanas de embarazo, por un empeoramiento en su estado de salud se le realizó una cesárea. La recién nacida falleció horas después y la mujer sufrió complicaciones en su salud. Entonces, se interpuso una denuncia contra El Salvador ante la CIDH. |