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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 2-sep-2015 | MSH (causa Nº 44917) | Un hombre, asistido por su abogada, inició un juicio laboral por un accidente que había tenido en su lugar en su trabajo. El fallo fue favorable al actor, quien transfirió a su abogada una suma dineraria que superaba los honorarios pactados. Por esa razón, la denunció por el delito de estafa. Sin embargo, al declarar en el marco del juicio oral, su versión de los hechos difirió de lo que había relatado en la etapa de instrucción. Por su parte, la imputada explicó que el monto percibido en concepto de honorarios se correspondía con el asesoramiento brindado en virtud de dos denuncias que había efectuado su cliente y la devolución de un préstamo de dinero. Una testigo, empleada de la imputada, dijo que era usual que se efectuaran ese tipo de transacciones con los clientes y que podía dar cuenta de que la abogada le devolvió al querellante los pagarés de la deuda al momento de realizarse la transferencia. El Tribunal Oral condenó a la abogada por el delito de estafa a una pena de nueve meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la profesión por un año y seis meses. Para decidir de esta manera, valoró la prueba documental incorporada al debate –el expediente laboral y el informe del Banco Ciudad de Buenos Aires– y los dichos de la imputada y del querellante. Tras comparar las versiones ofrecidas por las partes, descartó la de la imputada porque, a su criterio, no existía prueba que avalara su descargo. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 1-sep-2015 | Díaz, Leonardo Demián | El tribunal oral había resuelto condenar al imputado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por la portación ilegítima de arma de guerra. Ante esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 1-sep-2015 | L, EH c. OSEP | Un matrimonio intentó procrear por medios naturales y, luego, mediante tratamientos de fertilización asistida de baja y alta complejidad, sin éxito alguno. A raíz de ello, su médico genetista les indicó que la fecundación in vitro por técnica ICSI (inyección introcitoplasmática) con DGP (diagnóstico de selección embrionaria) les brindaría la posibilidad de alcanzar la concepción de un hijo. Ante la falta de respuesta de la obra social respecto de la cobertura integral del tratamiento, los actores iniciaron una acción de amparo. El juez de grado rechazó la demanda y la Cámara de Apelaciones confirmó dicha resolución. En consecuencia, los actores interpusieron recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso un recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. Entre los agravios, se sostuvo que la sentencia recurrida desconoció el derecho fundamental y humano de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida (ley 26.862 y decreto reglamentario 956/2013). Asimismo, se alegó que el embrión no implantado no tiene el estatus jurídico de persona, conforme lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. También se señaló que, tal como lo sostuvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Costa y Paván vs. Italia al expedirse sobre una ley que prohibía el DGP, el pronunciamiento recurrido atentaba contra el derecho a la vida privada y familiar. |
| sep-2015 | Compensación económica | Jurisprudencia sobre la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que incorpora el instituto de la “compensación económica”. |
| 1-sep-2015 | Gonzales Lluy y otros v. Ecuador | Talía Gonzales Lluy tenía tres años cuando fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre a la que no se le habían realizado pruebas serológicas. La sangre provenía de un banco de sangre de la Cruz Roja de la provincia del Azuay y la transfusión fue realizada en una clínica privada. Para la época de los hechos, la Cruz Roja ecuatoriana tenía competencia exclusiva para administrar los bancos de sangre. Cuando la niña tenía cinco años fue inscripta en una escuela pública. Asistió a ese establecimiento durante dos meses hasta que el director –informado por una profesora sobre la enfermedad de la niña– dispuso su suspensión. El 8 de febrero de 2000, la madre de Talía presentó una acción de amparo ante el Tribunal Distrital en lo Contencioso Administrativo contra el Estado, el director de la escuela y la profesora. La acción fue declarada inadmisible por considerar que debían predominar los intereses colectivos del conglomerado estudiantil frente a los derechos y garantías individuales de Talía. |
| 31-ago-2015 | Romano, Luis Eugenio | En este caso, la Cámara Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había resuelto revocar la excarcelación concedida al imputado por el delito de transporte de estupefacientes. En tal sentido, entendió que la gravedad del hecho delictivo, así como el reproche con que se conmina en abstracto, permitían presumir que el imputado intentaría eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 31-ago-2015 | OCN | En este caso, una persona solicitó autorización judicial para donar uno de sus riñones a un amigo. Relató que su amigo es un paciente de 39 años de edad, portador de la enfermedad de Fabry, la que le produjo insuficiencia renal crónica. |
| 28-ago-2015 | Ortiz, José | En el presente caso, el Tribunal Oral resolvió rechazar la excarcelación solicitada a favor del imputado. El Tribunal entendió que la gravedad de la pena prevista para el delito atribuido –art. 119 párrafo tercero del CP– y el escaso tiempo que el imputado llevaba privado de su libertad (8 meses y 20 días), eran pautas que permitían afirmar que, de otorgarse la excarcelación, existía un alto riesgo de que intentara sustraerse del accionar de la justicia. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –integrada por los jueces Mahiques, Morín y Garrigós de Rébori– hizo lugar a la impugnación. |
| 28-ago-2015 | NN c. NN y otros | El actor promovió la acción de adopción por integración de los dos hijos adolescentes de su pareja, con quienes convive desde los dos y cuatro años de edad. |
| 27-ago-2015 | TNM | Una persona había solicitado la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal consintió su concesión. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de este modo, consideró, por un lado, que el dictamen fiscal era arbitrario. Por otro, señaló la necesidad de realizar el debate oral y público para determinar responsabilidades de terceras personas. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |