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FechaTítuloResumen
16-abr-2015Peñaloza, SergioEl tribunal oral había revocado la excarcelación que se le concedió al imputado. Ello, en razón del dictado de una sentencia condenatoria que imponía el cumplimiento de una pena de prisión de efectivo cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-abr-2015S, AF y otros c. ENM Salud de la Nación y otrosLas magistradas a cargo de las Curadurías Públicas 17 y 18 iniciaron una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación, la Agrupación Salud Integral (ASI) y contra el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener la provisión de dispositivos comunitarios, tipo casas de medio camino o residencias protegidas, a través de gestión local o en forma directa. Ello, para los pacientes representados por las Curadoras Públicas en condiciones de ser externados y recibir esta clase de tratamiento y para todos aquellos que se encuentren en la misma situación.
15-abr-2015RHFUna persona que había sido imputada por el delito de extorsión en grado de tentativa, solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso. A tal fin, argumentó, entre otras cuestiones, que el delito quedó tentado por causas ajenas a la voluntad del autor y que el encausado poseía cierta “habilidad”, que incluso hizo que la policía dudara en detenerlo. A su vez, consideró que la causa debía resolverse mediante un debate oral y público o a través de un acuerdo de juicio abreviado. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-abr-2015W, LRMediante una resolución del año 2010 se declaró la inhabilitación de LRW. En atención a lo dispuesto por el artículo 152 ter del Código Civil, se realizó un informe interdisciplinario del cual surgía que “…la Sra. W posee un diagnóstico de retraso mental leve […] presenta un discurso enlentecido que sigue una idea directriz, contenido concreto y coherente, y no manifiesta elementos que pudieran indicar o sugerir la presencia de riesgo para sí o para terceros. La causante reside junto a su hermano, donde tiene su taller en el que pinta, se desplaza por sus propios medios por la vía pública y actualmente no realiza tratamiento ni toma medicación psiquiátrica”. Asimismo, se desprendía del informe social que “… la causante es autoválida para las actividades de la vida diaria, deambula por sus medios, se desenvuelve sola en la calle y transporte público y maneja pequeñas sumas de dinero, necesitando de apoyos para su organización cotidiana y manejo del dinero”. En ejercicio de su derecho a ser oída, LRW expresó que “…esta[ba] conforme con que su hermano cobre y administre su beneficio previsional, dándole plata cada vez que lo necesita. Asimismo, indic[ó] que participa de los comicios electorales y que desea seguir haciéndolo, manifestando su acuerdo con el encuadre jurídico del presente expediente”.
14-abr-2015Barrios Zarza c. PEUna persona fue imputada por el delito de homicidio simple y se decretó su prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, después de la celebración del juicio oral fue absuelta. En virtud de ello, se inició una demanda por daños y perjuicios contra el Estado provincial con fundamento en que fue privado de su libertad injustamente por el plazo de tres años. El juez de primera instancia rechazó la demanda. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
14-abr-2015ALPM c. GCBAUna mujer a cargo de cuatro hijos menores de edad solicitó una acción de amparo con una medida cautelar para que se incluya a su grupo familiar en alguno de los programas de emergencia habitacional. De acuerdo con las manifestaciones de la parte actora y con el informe social obrante en la causa, la accionante realizaba tareas como empleada doméstica y sus ingresos económicos eran insuficientes para satisfacer las necesidades de su familia. Asimismo, había atravesado situaciones de violencia familiar. La jueza de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada. La parte demandada apeló la resolución.
14-abr-2015A.L.P.MSe dispuso una medida cautelar por la que se ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluyera a una mujer víctima de violencia doméstica y a sus cuatro hijos en alguno de los programas de emergencia habitacional disponibles. El Gobierno de la Ciudad interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
14-abr-2015Grimaldos, Ana MaríaUna mujer, junto a su marido, había registrado como propio a un bebé sustraído a una persona detenida en la ESMA, en 1977. La mujer fue procesada por los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años, en concurso ideal con los delitos de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, falsificación ideológica de documento público –en dos oportunidades- y supresión del estado civil de un menor de diez años.
14-abr-2015Cardozo, Ezequiel Rodrigo y otrosDos hombres y un menor de edad fueron condenados por el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, agravado para los dos primeros por la participación de una persona menor de 18 años. Contra dicha disposición la defensa interpuso recurso de casación. En su presentación cuestionó la incorporación por lectura de la prueba testimonial, lo que afectó el debido proceso y el derecho de defensa.
14-abr-2015SRDNUna persona imputada por el delito de lesiones culposas producidas como consecuencia de un accidente de tránsito solicitó la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado Correccional corrió vista del pedido a la fiscalía, que dictaminó por escrito. Allí, indicó que “no se oponía si el imputado no tenía antecedentes” y requirió, como regla de conducta, “el cese de la actividad por la que habría sido inhabilitado de recaer condena”. Durante la audiencia, la defensa planteó que la inhabilitación voluntaria para conducir traería problemas laborales a su representado. La fiscal no fue convocada al acto. Dos meses después de la vista, el juzgado rechazó la probation. A tal efecto, alegó que el instituto no era aplicable a delitos sancionados con pena conjunta de inhabilitación, impedimento que sólo podía subsanarse a través de la autoinhabilitación. Adicionalmente, sostuvo que la fiscal se había opuesto a su concesión, más allá de que no consideró vinculante su opinión. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación.