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FechaTítuloResumen
19-may-2016Iaccarino, Alejandro Rómulo y otrosEn el presente caso, se investigaba la cesión coaccionada de bienes mientras sus legítimos tenedores se encontraban ilegítimamente privados de la libertad durante la última dictadura militar. En dicho marco, se consideró que esos hechos podrían ser configurar el delito de lavado de activos. Por tal razón, el juzgado de primera instancia dispuso la intervención de la Unidad de Información Financiera, a fin de colaborar con el trámite de la causa. Posteriormente, dicho organismo solicitó ser tenido como parte querellante. Tal petición fue rechazada por el juzgado instructor, cuya decisión fue confirmada por Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Contra dicha resolución, la UIF interpuso recurso de casación.
19-may-2016Arrojo (reg. Nº 382 y causa Nº 69295)Una persona había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Código Penal, el tribunal incorporó a la persona al régimen de libertad condicional. Durante ese período, fue imputada por la comisión de un nuevo delito. Una vez vencida la pena originalmente impuesta, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Nº 24 dictó una pena única. Entonces, el penado solicitó que se le volviera a conceder la libertad condicional. Por lo demás, la fiscalía dictaminó de modo favorable. Sin embargo, el juez de ejecución penal revocó la libertad condicional oportunamente concedida y rechazó la petición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
19-may-2016SMEEl Tribunal Oral en lo Criminal absolvió a una persona por el delito de sustracción de un menor de diez años. Para resolver de este modo, tomó en consideración que, de acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, el imputado era el padre del niño. Contra aquella decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación. Por un lado, alegó que el medio utilizado para probar la paternidad resultó insuficiente. Por otro, argumentó que el tribunal realizó una interpretación errónea del tipo penal, pues los padres de la víctima podían ser sujetos activos del delito de sustracción de menores.
19-may-2016JN v. Reino UnidoEn el presente caso, el peticionario de origen iraní, cuya solicitud de asilo en Reino Unido había sido denegada, permaneció durante dos períodos de tiempo detenido por razones migratorias. Su segundo período de detención comenzó por una orden judicial; desde enero del 2008 hasta septiembre de 2009. El peticionario no contaba con identificación formal que le permitiera obtener un documento de viaje emitido por la embajada de su país. Asimismo, se negaba a cooperar y prestar conformidad para su retorno a Irán. El peticionario manifestó su disposición de retornar a Irán si era compensado económicamente por los períodos de detención sufridos. Dicha solicitud le fue denegada, conjuntamente con sus peticiones de ser liberado bajo fianza. El fundamento de dicha denegatoria se basó en su negativa a cooperar. Ante el TEDH, el peticionario alegó la violación de su derecho a la libertad (art. 5.1 del CEDH).
18-may-2016SFA c. LCL (dictamen PGN)Los actores –un matrimonio de nacionalidad argentina– solicitaron el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia de adopción plena dictada por el Juzgado en Materia Familiar de la ciudad de Colima, Estados Unidos Mexicanos (cfr. arts. 517 y 518 CPCyCN y Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros). Previo a dictaminar, la Defensora Pública de Menores e Incapaces solicitó una serie de medidas preliminares. El fiscal de primera instancia se pronunció en el mismo sentido. El juez rechazó esas medidas por considerar que eran excesivas e inconducentes para resolver el proceso. La Defensora Pública de Menores e Incapaces apeló. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo resuelto en primera instancia. Luego, le reconoció fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por el juez mexicano. Contra ese pronunciamiento, la Defensora de Menores e Incapaces de segunda instancia interpuso recurso extraordinario federal.
18-may-2016Taboada Ortiz, Víctor (PGN)La Dirección Nacional de Migraciones dictó una resolución que declaraba la irregularidad de la permanencia del actor en el país y ordenaba su expulsión y prohibición de reingreso por el término de ocho años. El juez de primera instancia hizo lugar a la excepción interpuesta por la DNM y no habilitó la instancia de revisión judicial. El actor apeló esa decisión. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto en primera instancia. El actor interpuso recurso extraordinario federal que, denegado, dio lugar a la presentación directa ante la CSJN.
17-may-2016PVA (Causa Nº 80230)Un juzgado de primera instancia declaró la incapacidad jurídica de PVA en los términos del artículo 141 del Código Civil. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión. Frente a esto, la Curadora Pública dedujo recurso extraordinario federal a fin de que se deje sin efecto la declaración de incapacidad absoluta, se dicte un nuevo pronunciamiento y se restrinja la capacidad para determinados actos. El recurso fue denegado, por lo que se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante la tramitación del proceso entró en vigencia el CCC, que modificó las disposiciones que regulan la capacidad de las personas.
17-may-2016Pace, César ArmandoLa Suprema Corte de Justicia de Mendoza había confirmado la condena a prisión perpetua de una persona por el delito de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de armas y en poblado y en banda. Ante la denegatoria del recurso extraordinario presentado, el imputado presentó recurso de queja in pauperis. En virtud de ello, se le dio intervención a la defensa técnica, que se remitió a la presentación de su asistido sin aportar otros fundamentos fácticos ni normativos.
17-may-2016Suárez, Sixto Axel c. ANSeSEn el marco de una ejecución previsional, el juzgado de primera instancia ordenó un embargo contra la ANSeS. La Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa resolución y ordenó el levantamiento del embargo en razón de que, al ser demandado un organismo descentralizado de la Administración Pública en la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resultaba aplicable el art. 19 de la ley 24.624 que establece la inembargabilidad de los activos destinados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional. El actor interpuso recurso extraordinario contra esa decisión.
17-may-2016Quiroga, Mario RicardoLa defensa había requerido la prisión domiciliaria de su representado por motivos asociados a su estado de salud. El fiscal se opuso a la solicitud y, sobre esa base, el juez de ejecución penal rechazó el pedido. Para resolver de ese modo, el magistrado determinó –con remisión al informe del médico de la unidad penitenciaria– que la situación del condenado no encuadraba en ninguna de las excepciones previstas en el art. 32 de la ley 24.660. Contra la denegatoria, la defensa interpuso recurso de casación.