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26-abr-2017MIM y otrosUn grupo de quince personas había construido sus viviendas en terrenos que eran propiedad del Estado Nacional y que se encontraban abandonados. Durante ese proceso, el municipio de Villa Dolores, provincia de Córdoba, les había proveído de materiales para la construcción, luz y agua potable. Sin embargo, el Ente Intermunicipal de Aguas de Traslasierra denunció la situación. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó a Gendarmería la realización de un relevamiento para constatar, por un lado, la existencia del predio y del asentamiento de viviendas y, por otro, para tener información sobre los habitantes. Esta pesquisa arrojó como resultado, entre otras cuestiones, que los ocupantes presentaban una situación de vulnerabilidad extrema. Luego, la fiscalía los acusó por el delito de usurpación cometido mediante el despojo clandestino del predio. Sólo una de las personas imputadas se presentó a prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad, manifestó que, de sus cinco hijos, dos poseían una discapacidad, y detalló la ayuda económica que recibía del gobierno provincial para permanecer en el predio. Por ese motivo, la defensa argumentó que la conducta era atípica e instó su sobreseimiento.
25-abr-2017C, RZUna persona había sido imputada por el delito de falsificación de moneda extranjera. La defensa solicitó su sobreseimiento. A tal fin, alegó que el billete falso utilizado había sido inmediatamente identificado como tal y, por este motivo, no era apto para afectar el bien jurídico fe pública ni poner en peligro a terceros. Por su parte, el fiscal adhirió al pedido y a los fundamentos de la defensa.
25-abr-2017AFLos padres de un adolescente con discapacidad (hipoacusia bilateral neurosensorial profunda) solicitaron a su empresa de medicina prepaga la provisión de audífonos. Ante la negativa de la empresa, los padres interpusieron una acción de amparo y solicitaron como medida cautelar la cobertura del dispositivo requerido. El juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido y ordenó a la demandada la cobertura de lo solicitado. Contra dicha resolución, la demanda interpuso un recurso de apelación.
25-abr-2017La Pampa c/ Mendoza s/ Uso de aguas (Causa N°243)Se inició un litigio entre las provincias de la Pampa y Mendoza por el uso y aprovechamiento del río Atuel. En el marco de ese proceso, la Provincia de Mendoza planteó la excepción de incompetencia y de falta legitimación activa.
24-abr-2017F, BL c ANSESUna mujer cobraba una jubilación anticipada mediante el régimen de moratoria implementado por la ley Nº 25.994. En octubre de 2006, la ANSES dictó la resolución Nº 884/06 mediante la cual estableció que sólo adquiriría el derecho al beneficio jubilatorio quien cancelara el total de su deuda con el organismo. La jubilada, entonces, inició una acción declarativa. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó a la ANSES abstenerse de aplicar la resolución y toda otra norma que varíe la situación de la actora al 25/10/2016 en relación a su beneficio jubilatorio. La demandada interpuso un recurso de apelación.
24-abr-2017VRL (causa Nº 45278)Un hombre y otros sujetos no identificados se abalanzaron sobre un señor, lo golpearon, le sustrajeron un charango y se dieron a la fuga (hecho I, “el robo del charango”). Posteriormente, se acercaron a otro individuo en una terminal de ómnibus y lo golpearon con el fin de sustraerle su celular y su billetera (hecho II). Los asaltantes se fueron. No obstante, en determinado momento, la segunda víctima observó que uno de ellos regresó; lo reconoció porque tenía un charango. En consecuencia, lo sujetó hasta que la policía concurrió al lugar y lo detuvo. Minutos después, se acercó una persona con la cara lastimada y expresó que el charango era suyo. El damnificado del hecho I declaró en sede policial; sin embargo, al realizarse el debate oral, no se logró ubicarlo. El Tribunal Oral condenó al imputado por ambos hechos. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
24-abr-2017Vega Rodríguez (reg. N° 301 y causa N° 45278)Un tribunal de menores condenó a una persona a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión en febrero de 2015 (causa N° 59248). Por un hecho cometido con anterioridad al dictado de esa condena, en junio del 2015 otro tribunal la condenó a la pena de tres años de prisión y a la pena única de siete años de prisión (causa N° 45278). Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, planteó que el monto de la pena única era elevado y que el tribunal no había brindado motivos para justificar la imposición de una sanción mayor a la del tribunal de menores.
19-abr-2017DLF, SR c. ANSESUna persona obtuvo su jubilación en el año 1999. Sin embargo, en 2001, ante el inicio de actuaciones por presunto fraude en la obtención del beneficio jubilatorio, la ANSES revocó su decisión. Posteriormente, la peticionante fue sobreseída. En consecuencia, en 2011, inició una demanda con el objeto de que se le rehabilite la jubilación y solicitó, como medida cautelar, el inmediato restablecimiento del pago de los haberes jubilatorios. El Juzgado Federal de la Rioja hizo lugar a la medida cautelar. La demandada impugnó la resolución.
19-abr-2017CMA c. OSBAUna mujer se encontraba afiliada a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el momento en que se jubiló, la Obra Social invocó una resolución interna e interrumpió la prestación que se le otorgaba por no haber cumplido el requisito mínimo de 15 años de aporte. Ante esta resolución, la afiliada interpuso un recurso de revisión. La Obra Social ratificó la resolución. Por ende, la beneficiaria interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar el reinicio de las prestaciones médico-asistenciales comunes de forma inmediata.
19-abr-2017M, LAEn mayo de 2014, un Juzgado Federal había ordenado el allanamiento de un domicilio a fin de secuestrar dinero efectivo en dólares estadounidenses y euros. Sin embargo, durante el procedimiento se obtuvieron ochenta y dos copias de billetes de cien dólares estadounidenses. De acuerdo a la declaración del oficial preventor, los billetes eran de fabricación apócrifa por las diferentes anomalías que presentaban. El estudio pericial practicado tiempo después concluyó que el material secuestrado poseía diferencia de soporte, tipo de impresión y coloración con respecto a los billetes genuinos. En consecuencia, el Juzgado Federal procesó a la imputada por el delito de encubrimiento. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación.