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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 27-mar-2015 | Arregui, Diego c. EN – PFA | En este caso, el actor inició una demanda de daños y perjuicios por haber sido agredido por un tercero luego de la campaña “Stop Sida”, que había sido desarrollada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y fuera del predio público concedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) donde transcurrió la actividad. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia, condenó en forma exclusiva a la CHA a resarcir los daños padecidos por el actor, por entender que la organización no gubernamental (ONG) incumplió su deber de proveer seguridad a los asistentes. Por otro lado, revocó la condena dictada contra el GCBA en tanto entendió que la Policía Federal Argentina (PFA) era la responsable principal de la prestación del servicio de seguridad en atención a que la jurisdicción local no tenía, al momento de los acontecimientos, personal policial propio. Contra esa sentencia, la CHA interpuso recurso extraordinario que fue denegado y dio lugar a la presentación de una queja. La ONG alegó que los daños padecidos por el actor fueron el resultado del incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, en particular, del GCBA que desatendió su deber de poner en conocimiento de la PFA la realización de la actividad y que la sentencia apelada impedía el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y el derecho de reunión y de asociación. |
| 26-mar-2015 | DJE y otra c. GNL | los actores iniciaron un proceso judicial a fin de que se reconozca su derecho de comunicación con sus nietos. Los niños –que vivían con su madre– se negaban a retomar el contacto con sus abuelos paternos. El fallo de Primera instancia reconoció el derecho de comunicación de los abuelos pero estimó que no correspondía otorgar el permiso de visitas requerido. Ello, toda vez que los informes incorporados a la causa señalaban que había un enfrentamiento grave entre los adultos que tensionaba a los niños. Los actores apelaron la decisión. |
| 26-mar-2015 | C, MI c. S, T | La actora –en representación de su hijo– inició las actuaciones con el objeto de establecer la paternidad del niño, cuyo presunto padre biológico había fallecido en el año 2002, cuatro meses después de su nacimiento. El juez de grado dictó sentencia definitiva en el año 2013. En dicha oportunidad, el magistrado admitió la demanda y ordenó el pago de honorarios y la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de las Personas. Con posterioridad, la progenitora del niño manifestó la imposibilidad de gestionar la partida de nacimiento de su hijo y de proceder a la inscripción de la sentencia debido a la falta de recursos económicos para hacer frente a los honorarios y aportes de ley. En virtud de ello, en forma conjunta con el Ministerio Público, solicitó que se ordene la inscripción del de la sentencia sin más trámite. El juez de primera instancia desestimó el planteo. Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación. |
| 25-mar-2015 | Res. 447-15 | Cabe recordar que, en el caso “Mohamed”, la CorteIDH consideró responsable a la República Argentina por la violación del derecho del imputado a recurrir el fallo condenatorio emitido el 22 de febrero de 1995 por la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de conformidad con los parámetros convencionales establecidos en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos humanos. El tribunal interamericano dispuso, en lo que concierne al Poder Judicial de la Nación, que el Estado argentino debía adoptar las medidas necesarias para garantizarle a Mohamed el derecho a recurrir la sentencia condenatoria. A su vez, ordenó que se suspendan los efectos jurídicos del fallo condenatorio emitido por la Sala Primera de la Cámara citada y, en especial, su registro de antecedentes, hasta que se emita una decisión de fondo. |
| 25-mar-2015 | L. M., H. M | El juzgado de primera instancia había denegado el egreso de un niño del Centro de Régimen Cerrado donde se encontraba alojado. Contra esta resolución, interpuso recurso de apelación la defensa. |
| 24-mar-2015 | Gallardo Sanchez v. Italia | El peticionario fue detenido el 19 de abril de 2005 por la policía romana para ser extraditado a Grecia. Después de atravesar distintas vicisitudes procesales, la Corte de Apelaciones de Aquila se pronunció en favor de la extradición. El peticionario apeló esa decisión ante la Corte de Casación, que rechazó la impugnación. Finalmente, el 9 de octubre de 2006 el Ministerio de Justicia firmó la extradición, que se concretó el 26 de octubre del mismo año. |
| 20-mar-2015 | Choque, José Alberto | En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía había solicitado la imposición de la pena de 10 meses de prisión respecto de dos imputados. Sin embargo, el Tribunal Oral los condenó a la pena de 9 meses de prisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible. Por ese motivo, presentó un recurso de queja. Entre otros argumentos, la defensa sostuvo que la individualización del monto de la pena carecía de fundamentación suficiente. |
| 19-mar-2015 | Viera Saturnina c. ANSES | En este caso, la actora inició una acción de amparo con la finalidad de obtener la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 2, 3 y concordantes del decreto 1451/06 y 4, 5 y concordantes de la resolución ANSES 884/06 y de cualquier norma que le impida a la actora obtener su jubilación en virtud de la ley 25.994, tal como lo hubiera podido hacer antes del 23/10/06. La resolución administrativa atacada dispone que las personas que perciben una pensión sólo adquirirán el derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida. Asimismo, la actora solicitó el dictado de una medida cautelar innovativa para que le restablezca el beneficio suspendido. La sentencia de grado rechazó la medida cautelar solicitada por considerar que no se había acreditado el requisito de verosimilitud del derecho invocado. La accionante apeló la decisión. |
| 19-mar-2015 | Elseser, Luciano Manuel | En el presente caso, el tribunal debió pronunciarse acerca de la admisibilidad de un recurso de casación e inconstitucionalidad deducido contra una sentencia dictada a partir de un acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación. En el recurso se postuló, únicamente, la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia. |
| 19-mar-2015 | Mesa, Pablo Diego | El tribunal declaró desierto el recurso de casación deducido por un defensor particular contra una sentencia de condena por no haberlo mantenido. |