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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 30-oct-2015 | AAE | Una persona que registraba un antecedente condenatorio (una pena de dos años en suspenso) solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese proceso, además, el imputado fue declarado rebelde y fue necesario allanar su domicilio para lograr su comparecencia. Durante la audiencia, el fiscal consintió la concesión del instituto. Sin embargo, el tribunal tomó en consideración la falta de cumplimiento de las reglas impuestas en la condena anterior y declaró improcedente la suspensión del juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-oct-2015 | Cordero (reg. N° 605 y causa N° 31287) | Dos hombres persiguieron a una mujer y a su madre. Entonces, uno de ellos le preguntó a la primera si “tenía hora”. Ante la negativa, la insultaron y rompieron una botella de cerveza contra una reja. En ese momento, le apoyaron el pico sobre el rostro. Luego, le arrancaron la cartera y huyeron. Las mujeres dieron aviso a un patrullero que halló a los hombres. En la etapa de juicio oral, uno de ellos fue condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de robo con armas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, criticó la calificación legal porque consideró que una botella rota no encuadraba dentro del vocablo “arma” y por lo tanto no podía servir de base para agravar el delito de robo. |
| 29-oct-2015 | Vargas (Causa n°7118) | Una persona había sido condenada a la pena de 7 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, alegó que la acción penal había estado prescripta, ya que desde el primer llamado a prestar declaración indagatoria hasta el requerimiento de elevación a juicio habían transcurrido doce años sin que ocurriera ningún acto interruptivo. |
| 29-oct-2015 | Tiglio Ferreira, Cristian Ezequiel | El Tribunal Oral había concedido la suspensión del juicio a prueba en una primera causa contra el imputado por el plazo de tres años (que se cumplían en mayo de 2017). Posteriormente, en una segunda causa acumulada, el tribunal concedió la ampliación de la probation por idéntico tiempo. Sin embargo, el tribunal estableció el vencimiento de las reglas de conducta para mayo de 2018, ampliando el plazo a cuatro años al no contabilizar el año que el imputado llevaba cumpliendo las reglas impuestas. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 29-oct-2015 | INSSJP y otro c. Superintendencia de Servicios de Salud (civil) | Una mujer afiliada al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) solicitó la afiliación de su hijo con discapacidad. El INSSJP rechazó el pedido por considerar que al joven le correspondía la cobertura prevista en el Programa Federal de Salud "Incluir Salud" por ser beneficiario de una pensión no contributiva. La afiliada recurrió ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que dictó una resolución que ordenaba al INSSJP a afiliar y brindar cobertura médica al hijo de la solicitante. Ante el incumplimiento de lo ordenado, la Superintendencia de Seguros de Salud aplicó una multa al INSSJP. El Instituto interpuso recurso directo en los términos del art. 45 ley Nº 23.661 por entender que la resolución estaba viciada de nulidad por cuanto no había individualizado debidamente los hechos que motivaron la sanción ni los antecedentes de hecho y de derecho sobre los cuáles se aplicó la multa. Asimismo, reiteró que la obligación de brindar cobertura médica al hijo de la reclamante era el Programa Federal de Salud "Incluir Salud", a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. |
| 29-oct-2015 | PG, C | Una persona había sido imputada por el delito de defraudación por el uso de una tarjeta de crédito extraviada. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se expidió de manera favorable a su concesión. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el pedido. Contra dicha resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 29-oct-2015 | ALAG (Causa Nº 56.767) | En el marco de un proceso de adopción, el juzgado de primera instancia tuvo por probado el estado de indefensión sufrida por la niña A. mientras convivía con su familia de origen. Esto, debido a que sus progenitores no se encontraban en condiciones de brindarle la contención y el cuidado que ella requería. En consecuencia, declaró su situación de adoptabilidad. Contra dicha resolución, el progenitor de la niña interpuso un recurso de apelación. |
| 29-oct-2015 | TFCE | El Tribunal Oral le había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por el plazo de tres años (que se cumplían en mayo de 2017). Luego, en una causa posterior, el tribunal amplió la probation por idéntico tiempo. Sin embargo, estableció que las reglas de conducta vencerían en mayo de 2018; es decir, no contabilizó el año que había transcurrido. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 29-oct-2015 | HCA | Una persona había sido imputada por diversos robos agravados. Los hechos fueron cometidos con su vehículo. Asimismo, poseía una condena del año 2001 a la pena única de tres años de prisión. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó favorablemente. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó el pedido de probation. Para llegar a esa decisión, los jueces argumentaron, entre otras cuestiones, que la reiteración y la gravedad de los hechos tornaban inaplicable el instituto, reservado para casos de “escasa trascendencia penal”. A su vez, consideraron que el imputado debió ofrecer su vehículo para su decomiso. Finalmente, sostuvieron que el antecedente reseñado también obstaba la aplicación del art. 76 bis. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-oct-2015 | JSCH Y MGS v. México | JSCH y MGS se desempeñaban en el ejército mexicano. En los años 1998 y 2001 fueron diagnosticados portadores del VIH. En consecuencia, las autoridades del Hospital Central Militar emitieron certificados médicos que indicaban que, por padecer dicha enfermedad, no eran útiles para el servicio activo. Ello, de acuerdo a lo establecido en la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que preveía como causal de incapacidad padecer una enfermedad que no fuera susceptible de tratamiento médico. Ambos fueron dados de baja del ejército. Dicha decisión fue comunicada a numerosas autoridades militares, muchas de las cuales no estaban relacionadas con el ámbito médico. La resolución fue cuestionada, sin éxito, en el ámbito administrativo. En consecuencia, se interpusieron recursos de amparo que fueron rechazados por no haber sido presentados en término. |