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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 4-nov-2015 | GAM (Causa Nº 118.472) | G., una mujer con retraso madurativo leve y epilepsia, llevó a J (el menor de sus hijos) al hospital por encontrarse enfermo. Allí, G. relató que fue violada por su propio padre (abuelo y padre de J). Por ese motivo, intervino el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Este organismo solicitó una medida de abrigo para J y sus dos hermanas R y M y, con posterioridad, los tres niños fueron declarados en situación de desamparo. En este contexto, se incorporaron a las actuaciones distintos informes que daban cuenta de la grave situación de violencia que vivían la señora G y sus hijos (violencia familiar por parte del padre de G., dependencia económica y emocional, amenazas e intimidación, informes psicológicos donde constaba el grado de indefensión de G. y su imposibilidad para asumir la defensa de su hija R, etc.). Finalmente, el Tribunal de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Quilmes resolvió declarar la restricción a la capacidad de G. y determinó que no se encontraba en condiciones de ejercer el rol materno de manera autónoma (conf. el Código Civil derogado). Por otro lado, se inició un proceso de adopción para cada uno de los niños. Contra estas resoluciones, la señora G. y el Asesor de Incapaces interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. |
| 3-nov-2015 | Silva (causa N° 58) | A través de una denuncia anónima, se informó que un grupo de personas comercializaban estupefacientes. Por tal razón, el juzgado dispuso la realización de tareas inteligencia. Durante meses se recolectaron datos, informes de diversos registros y fotografías. Así, se logró determinar que en un local bailable se vendía marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado dispuso la intervención de cinco líneas telefónicas. Posteriormente, el Tribunal Oral condenó a los imputados a penas de dos años y seis meses a cinco años de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, declaró la nulidad del auto que había dispuesto las intervenciones telefónicas y absolvió a los imputados. Para decidir de ese modo, sostuvo que la resolución carecía de suficiente fundamentación. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 3-nov-2015 | Benítez Andrés c. Eriday UTE | El actor inició una demanda a fin de obtener una indemnización sustentada en lo dispuesto por los artículos 512, 1.109 Y 1.113 del Código Civil -conforme la opción establecida en el artículo 16 de la ley 24.028- con motivo del accidente de trabajo sufrido mientras prestaba servicios en la obra de Yaciretá. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó la sentencia del juez de grado que decidió rechazar la demanda, por cuanto, si bien el accidente había ocurrido, la causa del daño se encontraba en el factor humano, circunstancia que consideró reconocida por la víctima en la audiencia de absolución de posiciones. |
| 3-nov-2015 | Razzetti (reg. Nº 614 y causa Nº 5594) | Un hombre fue condenado a una pena de prisión. Había sido calificado con conducta buena (6) y concepto bueno (5). Además, no registraba correctivos disciplinarios. Cumplido el requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional elaboró un informe favorable en cuanto al pronóstico de reinserción social del condenado. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la concesión del instituto. El Juzgado de Ejecución rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que el desempeño del condenado no había sido sobresaliente y que sólo había alcanzado las calificaciones mínimas para acceder al egreso anticipado. Además, valoró en forma negativa que no hubiera adquirido ningún oficio y que sólo se hubiera contentado con terminar los estudios primarios. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-nov-2015 | NMJC | Un escribano público fue imputado por el delito de estafa. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión de la probation. En consecuencia, el tribunal rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 2-nov-2015 | Keegan, Marcelo Héctor Eduardo | En el presente caso, el Juzgado de Instrucción había decidido denegar la excarcelación de una persona a la que se le atribuía el delito de robo con armas tentado. Contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de apelación. La Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución y le concedió la excarcelación bajo caución real. |
| 2-nov-2015 | DLG | Una persona se encontraba imputada por la presentación de documentación apócrifa correspondiente a mercadería exportada a través de tres permisos de embarque. La conducta fue calificada como contrabando. La defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del CPPN, planteó la inconstitucionalidad del art. 865 del Código Aduanero, por considerar que los montos de pena allí establecidos violaban el principio de proporcionalidad. La fiscalía dictaminó de manera favorable a lo solicitado. |
| 2-nov-2015 | López, Rodolfo Jesús | El Tribunal Oral había condenado al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por la comisión del delito de robo simple. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 2-nov-2015 | QHT (causa Nº 56451) | Personal del Programa contra la Violencia Institucional y de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación mantuvo entrevistas con la población trans alojada en el Complejo 1 (Módulo 6) y en el Complejo IV del Servicio Penitenciario Federal con el fin de indagar sobre sus condiciones de detención y su relación con las fuerzas de seguridad. En ese marco, denunciaron que, al ser alojadas en las unidades Nº 28 y 29 del SPF, para asistir a los comparendos judiciales, fueron sometidas a exámenes corporales y requisas degradantes e invasivos, llevados a cabo por agentes penitenciarios masculinos y sin intervención del personal sanitario o médico. Asimismo, indicaron que se les requirió desnudarse parcial o íntegramente y que, en ocasiones, fueron maltratadas verbalmente y observadas por varias personas. En consecuencia, la Defensoría General de la Nación interpuso una acción de habeas corpus en el que se postuló el agravamiento en las condiciones de detención de las personas trans que se encontraban a disposición del SPF. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción planteada y ordenó, entre otras medidas, la cesación inmediata del acto lesivo. Además, requirió que se arbitren los medios necesarios para que, frente al ingreso a las unidades en cuestión y, de resultar necesario practicar requisas personales por razones de seguridad penitenciaria y/o de los internos, se adopten los siguientes recaudos: a) que las requisas sean practicadas exclusivamente por personal médico; b) en caso de necesidad fundada, cuando sea necesaria un registro táctil sobre los requisados, se haga sobre prendas de vestir y prescindiendo de los desnudos totales o parciales, previa consulta a la persona involucrada respecto a su preferencia sobre la identidad de género de quien lo llevará a cabo, respetando en todo momento la intimidad del requisado. Frente a esta decisión, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Central de Alcaidías interpusieron un recurso de apelación. Posteriormente, se sancionó el “Protocolo de Registro Corporal y Pertenencias de Personas Trans en la órbita del Servicio Penitenciario Federal Argentino”. |
| 1-nov-2015 | AD | Una persona imputada penalmente había solicitado la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia el fiscal se opuso a su concesión. A tal fin, utilizó como argumento la disconformidad de la mayoría de los damnificados respecto del monto dinerario ofrecido por el imputado en concepto de reparación. A su vez, consideró que no existían elementos desde la teoría de la prevención especial que indicaran la necesidad de un favorecimiento para generar en el imputado el respeto por los valores de la vida en comunidad. En consecuencia, el Tribunal Oral rechazó la probation. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |