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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-jun-2016 | PMH | Una persona fue detenida en flagrancia por la comisión de un delito. En sede policial se la notificó del tribunal interviniente y se le hizo saber que se encontraba obligada a presentarse ante esos estrados ante la primera citación. Además, dado que se encontraba en situación de calle, constituyó domicilio junto a la defensa oficial. Posteriormente, se dispuso su libertad. Más tarde, omitió presentarse al ser citada en los términos del artículo 353 bis del CPPN. En consecuencia, se la declaró rebelde y se ordenó su captura. La defensa impugnó la decisión. |
| 23-jun-2016 | DLJC (Causa Nº71273) | Una mujer de 40 años con hepatitis C se encontraba detenida en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal y cursaba su séptimo mes de embarazo. Los factores de riesgo del embarazo, como la portación del virus y su edad, requerían una atención médica especializada que el establecimiento no podía ofrecerle. Entonces, la defensa solicitó se le concediera el arresto domiciliario a fin de residir en un domicilio cercano a un hospital. Asimismo, un funcionario a cargo de la Coordinación de Pulseras Electrónicas de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comunicó con el tribunal a fin de hacerle saber sobre la ampliación de la cobertura del sistema de pulseras electrónicas a la totalidad del territorio nacional y el procedimiento a seguir para su implementación. El tribunal, por mayoría, rechazó el pedido de detención domiciliaria. La decisión fue recurrida por la defensa. |
| 22-jun-2016 | Núñez Rodríguez, Arelis | El Juzgado Federal de Necochea había rechazado la excarcelación de una persona detenida en el marco de una causa por trata de personas. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación. Allí, argumentó que no se verificaba la existencia de riesgos procesales, pues la imputada contaba con un domicilio estable en el que vivía con su familia y carecía de antecedentes penales. |
| 22-jun-2016 | JCCYCD (Causa Nº 96.462) | Dos niños de 4 y 5 años sufrían violencia familiar en un contexto de abuso del alcohol y drogas por parte de sus padres. Por estos motivos, fueron institucionalizados en un hogar convivencial. El padre de ambos solicitó revincularse con ellos; sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó el pedido y decretó el estado de adoptabilidad de los niños. Contra dicha resolución, el progenitor interpuso un recurso de apelación. |
| 22-jun-2016 | Tenorio Roca y otros v. Perú | En el marco del conflicto armado en Perú y la expansión de Sendero Luminoso, el 7 de Julio de 1984, Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, se trasladaban en ómnibus desde la ciudad de Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga. Cuando el ómnibus se encontraba a la altura del anexo Huayhuas, fue interceptado por una patrulla militar compuesta por treinta infantes de la Marina de Guerra. Diez de ellos subieron al ómnibus y solicitaron la identificación de los pasajeros. Al llegar al lugar que ocupaba Tenorio Roca y verificar sus documentos, lo hicieron descender. Los infantes cubrieron su rostro, lo hicieron ingresar en una tanqueta y se lo llevaron detenido. Sus familiares solicitaron información sobre su paradero tanto a las autoridades militares adscritas al departamento de Ayacucho como a la fiscalía, sin obtener resultados. |
| 22-jun-2016 | FMD (causa Nº 400615) | Un hombre se inscribió por primera vez en el Registro Civil cuando tenía 16 años. En ese momento, le entregaron una “tirilla” que utilizó como constancia de identificación y le permitió trabajar en distintas empresas. Tres años más tarde, obtuvo su primer Documento Nacional de Identidad. El hombre lo extravió y, al presentarse en el Registro Nacional de las Personas, obtuvo su duplicado. Con ese documento votó en distintas elecciones e inscribió a sus hijos en el Registro Civil. Al ser despedido de su trabajo, solicitó el Fondo de Desempleo. En ese momento, ANSES le informó, a partir de su número de DNI, que lo tenía registrado como policía de la provincia de Tucumán. Por otro lado, el policía fue informado de que se encontraba en el Veraz y, al verificar sus datos en la ANSES, constató que figuraba en el sistema como trabajador de la construcción y que poseía una obra social diferente a la de empleado policial. Por este motivo, denunció al otro hombre por el delito supresión de identidad y falsificación de documentos. Durante el debate oral, se constató que ambos habían nacido el mismo año en el mismo establecimiento. |
| 21-jun-2016 | S, ZE | En el marco de un expediente sobre restricción de la capacidad se suscitó una contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7 y el Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. |
| 21-jun-2016 | TMP (Causa Nº 10322) | Una persona fue condenada a una pena única de siete años y diez meses de prisión por el delito de extorsión. La investigación, sin embargo, continuó abierta respecto de otros partícipes que se encontrarían prófugos. La persona condenada sufría una serie de patologías que requerían asistencia médica y controles periódicos. Además, estaba incapacitada para movilizarse e higienizarse. Al respecto, el CMF realizó un informe en el que expresaba que su detención incrementaba el riesgo de vida por el retardo en el diagnóstico y, eventualmente, en el tratamiento de las afecciones y aconsejaba el arresto domiciliario. La defensa solicitó se le conceda el arresto domiciliario. El Tribunal rechazó el pedido por considerar que las patologías de la persona se podían tratar en el establecimiento carcelario y que su salud y su vida no se encontraban en riesgo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 21-jun-2016 | Yrusta v. Argentina | La presente comunicación fue iniciada por las hermanas de Roberto Agustín Yrusta, condenado en diciembre de 2005 a la pena de ocho años de prisión. El nombrado cumplía esa sanción en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba, donde fue víctima de actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes por parte de miembros del Servicio Penitenciario. En noviembre de 2012, denunció esos hechos ante los tribunales de la provincia y, temiendo por su vida, solicitó ser trasladado a Santiago del Estero, donde vivía parte de su familia. A pesar de su petición, se lo alojó en la provincia de Santa Fe. A su llegada, se lo ubicó en celdas de aislamiento y castigo donde prosiguieron los malos tratos. Sus familiares desconocían el lugar en el que se encontraba, por lo que efectuaron diversas consultas a los Servicios Penitenciarios. Estas presentaciones no obtuvieron ninguna respuesta de los organismos estatales. Cuatro meses antes de la fecha prevista para acceder a la libertad asistida y diez meses antes de su libertad definitiva, se informó que Yrusta se había ahorcado en su celda. Sin perjuicio de ello, no se identificaron evidencias de ahorcamiento. Días más tarde, sus familiares solicitaron el patrocinio del Defensor General de la provincia para que se investigue su muerte. Sin embargo, el juez rechazó el patrocinio del Defensor General por “carecer […] de legitimación activa para actuar en el carácter invocado”. Además, se le impidió a las peticionarias seguir con los procedimientos judiciales y acceder a copias del expediente judicial del caso. |
| 21-jun-2016 | ASNE (causa Nº 51445) | Una mujer de diecisiete años extrajo un objeto de una bolsa blanca y se lo entregó a otra persona. Luego, ambas se acercaron a un tercero y le dieron un paquete. Esas maniobras fueron observadas por personal policial. La mujer fue detenida y los otros dos sujetos huyeron. Efectuada una requisa sobre sus pertenencias, se secuestraron veintiséis envoltorios con cocaína y dinero en efectivo. Por tal razón, fue imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Posteriormente, no fue sometida a ningún tipo de tratamiento tutelar. De los informes elaborados a su respecto, se concluyó que se habían cumplido los objetivos del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al celebrarse un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía tuvo en consideración esos informes y solicitó la absolución de la imputada. |