Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| nov-2017 | Las Reglas de Brasilia y su impacto en la jurisprudencia penal | Las Reglas de Brasilia fueron confeccionadas como consecuencia de una necesidad regional, orientada a garantizar el acceso a la justicia de personas en condiciones estructurales de vulnerabilidad, dada por diversos factores. En este trabajo, en primer lugar, describiremos las razones que pueden generar tales condiciones y las diferentes acepciones que se pueden adoptar sobre la misma temática. Luego analizaremos la manera en que tal circunstancia ha impactado en la jurisprudencia de los tribunales penales. |
| nov-2017 | Los desafíos del litigio en materia de derechos económicos, sociales y culturales | Este libro pretende contribuir al debate sobre cómo critalizar los mejores estándares jurisprudenciales en nuevas acciones judiciales. Por esta razón, los trabajos aquí reunidos tienen como objetivo, por un lado, mostrar una porción del trabajo de la defensa pública, y por otro lado, proyectar nuevas líneas de trabajo que contemplen las múltiples aristas de las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este sentido, la publicación constituye una puesta en valor de los criterios jurisprudenciales difundidos que, lejos de ser rígidos y abstractos, esperan ser reinterpretados para modificar las realidades de los asistidos por los defensores públicos. |
| nov-2017 | Contrabando | Jurisprudencia sobre contrabando |
| 1-nov-2017 | DINAF (causa Nº 138 17 ) | Una niña con discapacidad (parálisis cerebral, retraso psicomotor y epilepsia) se encontraba institucionalizada en un micro hospital de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia (DINAF) de Mendoza, a raíz de conductas negligentes de sus progenitores y una denuncia por malos tratos. En consecuencia, la DINAF inició un proceso de control de legalidad de medidas excepcionales. Entonces, se llevaron a cabo abordajes tendientes a encontrar alternativas para que L. permaneciera dentro de su familia extensa. Sin embargo, las medidas dispuestas no dieron el resultado esperado. Por ese motivo, el juzgado de primera instancia declaró la situación de adoptabilidad de la niña. Contra esa decisión, la madre de L. interpuso un recurso de apelación. |
| 1-nov-2017 | PBJS | Un adolescente de 17 años ingresó sin sus progenitores a la República Argentina en calidad de turista. Durante su estadía en el país se alojó en un hotel con un amigo. Sus progenitores viajaron a Argentina tres meses después. Al ser imputado por delitos cometidos contra la libertad de las personas y contra la propiedad, fue internado en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado San Martín. La defensa solicitó su egreso bajo la guarda de sus padres. De la entrevista celebrada con la madre, se concluyó que la mujer guardaba una buena relación con su hijo y que se encontraba muy angustiada por su situación procesal. En esa oportunidad, peticionó que se lo externe y se comprometió a cumplir con todos los requisitos que se le impusieran en el trámite de la causa. La defensora de menores se pronunció de manera favorable. Además, los informes realizados por el Centro de Admisión y Derivación y por el Centro Socioeducativo recomendaron el egreso del imputado. El juzgado, sin embargo, rechazó la solicitud de la defensa. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración la gravedad del hecho, y entendió que el imputado no contaba con contención familiar suficiente. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 31-oct-2017 | Niz Garcia (causa N° 32117) | En el año 2009, una persona extranjera (la sentencia no indica la nacionalidad) fue condenada a la pena de un año y nueve meses de prisión por un tribunal oral y a la pena de cinco meses de prisión por otro. La Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su ingreso por el término de ocho años. Agotada la vía administrativa, el juzgado confirmó la decisión por considerar que el accionante había incurrido en la falta prevista en el artículo 29 inciso c) de la ley 25.871. Entonces, el accionante apeló la decisión. Conferida la vista, la fiscalía interpretó que la situación no se encontraba alcanzada por la causal de impedimento de permanencia invocada. |
| 31-oct-2017 | SJL (Causa Nº16036) | Una persona de 35 años detenida en una unidad penitenciaria requería pañales y debía ser intervenida quirúrgicamente por tener balas en el cuerpo. La defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. Además, propuso peritos de parte para la producción del informe médico y solicitó que se tuviera en cuenta su historia clínica. Asimismo, aludió a la posibilidad de utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico. El Cuerpo Médico Forense no convocó a los peritos de la defensa y no consideró la información contenida en la historia clínica. El juzgado de ejecución rechazó el pedido de arresto domiciliario por considerar que, en función del informe del CMF, no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 32, inciso “a”, de la ley Nº 24.660. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 31-oct-2017 | ACJ (causa Nº 743) | Una persona menor de 18 años había sido condenada a la pena de doce años de prisión por el delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego en concurso ideal con su portación. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro confirmó la sentencia. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Entre sus argumentos, sostuvo la inobservancia del principio de interés superior del niño y del uso de la pena de prisión como medida de última ratio y durante el período más breve que proceda. El representante del Ministerio Público Fiscal, por su parte, propuso confirmar la decisión impugnada. |
| 31-oct-2017 | ANR (Causa Nº 1073)- CSJN | Dos hombres, J. y A., se encontraban en pareja y decidieron tener un hijo. Para concretar su proyecto familiar, incluyeron a M., una amiga en común. Los tres adultos se sometieron de manera voluntaria a una técnica de inseminación casera con gametos de uno de los hombres, J. La mujer al tiempo dio a luz a un niño, que fue inscripto como hijo de ésta y de J. Tiempo después, la mujer comenzó a impedir el contacto del niño con sus padres. Por ese motivo, los hombres iniciaron distintas acciones judiciales ante el fuero de familia. Por otra parte, A. solicitó la inscripción de su paternidad ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación, aclaró que no pretendía desplazar a los progenitores biológicos. El organismo rechazó el pedido de reconocimiento. En consecuencia, inició un amparo ante la justicia contencioso administrativa de la Ciudad, pero el juez interviniente se declaró incompetente. A su vez, envió el expediente al juzgado nacional en lo civil en el que tramitaban causas vinculadas entre las partes. El juez a cargo también dispuso su incompetencia, pues consideró que el actor cuestionaba una decisión administrativa que debía resolver el fuero local. Luego, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Los magistrados determinaron que el conflicto negativo de competencia debía ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que era el superior común entre ambos juzgados. |
| 30-oct-2017 | Chavez (reg. Nº 1079 y causa Nº 9142) | Un hombre había sido condenado por la comisión de un delito constitutivo de violencia de género a una pena de prisión. Tenía conducta ejemplar (10), concepto muy bueno (8) y transitaba el período de prueba. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional elaboró un informe favorable y propició, por unanimidad, la incorporación del penado al instituto en cuestión. En el informe psicológico se afirmó que el tratamiento terapéutico se encontraba cumplido. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que el requirente debía realizar un tratamiento psicológico específico que abordara cuestiones de violencia de género. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |