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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 10-sep-2018 | GMVD (Expte. 10422) | En el año 1997 a la señora MG se le detectó Tetralogía de Fallot, una patología cardíaca congénita que si bien podía haber sido tratada con una cirugía, la operación no se llevó adelante. Entre el año 1997 y el año 2005, MG tuvo cinco abortos espontáneos. Un mes después del último aborto, el Hospital San Roque de la Provincia de Entre Ríos, autorizó una ligadura de trompas atento al peligro que otro embarazo implicaría para la salud y la vida de la mujer. Sin embargo, cuando MG se internó, la operación no se llevó a cabo porque el quirófano no estaba en condiciones. En junio de 2011 MG concurrió nuevamente al Hospital con un embarazo de diez semanas. En agosto del mismo año, el Ateneo Multidisciplinario del Hospital San Roque aconsejó la interrupción del embarazo y el traslado al Hospital San Martín. MG prestó consentimiento por escrito para la intervención, para la ligadura las trompas y se internó para la realización de estudios prequirúrgicos. Una vez allí, el Dr. CP, cardiólogo del hospital, gestionó la interrupción de la cirugía prevista para realizar el aborto por considerarla un crimen. CP no era médico de MG, en ningún momento del procedimiento la atendió, ni tuvo ninguna intervención. Sin embargo, logró que no se llevara a cabo la cirugía prevista, sin consentimiento de MG, y derivó a la paciente al Hospital Posadas en Buenos Aires. Fruto de ese embarazo que no fue interrumpido, el 25 de noviembre MG tuvo a su hija SBS. Ocho días después, aún internada, MG sufrió un accidente cerebro vascular isquémico talámico derecho. Los médicos determinaron que la causa fue, exclusivamente, su patología no corregida y la decisión de llevar el embarazo a término. Esto ocasionó secuelas graves e irreversibles que le impidieron mantener una vida normal. MG y su esposo RS iniciaron una demanda contra la provincia de Entre Ríos por los daños y perjuicios derivados de las acciones y omisiones del sistema de salud provincial. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra esa decisión la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 7-sep-2018 | Kartvelishvili v. Georgia | Kartvelishvili había sido condenado a una pena de nueve años de prisión. Mientras cumplía la condena, personal del centro penitenciario encontró una navaja en su celda. Por ese motivo, se inició un nuevo proceso en su contra. Los oficiales penitenciarios declararon que habían encontrado la navaja en su cama cuando registraron su celda. Además, añadieron un video de la búsqueda y un registro escrito de la incautación del cuchillo. El tribunal lo condenó a otros tres años de prisión. El peticionario impugnó la decisión. En su presentación, cuestionó la suposición de que el cuchillo era suyo. En ese sentido, señaló que podrían habérselo colocado deliberadamente. Para aclarar el asunto, solicitó que declararan sus compañeros de celda, que habían sido testigos de la requisa. El tribunal rechazó el planteo. Después de apelar la decisión, se elevó la pena a cuatro años de prisión. En última instancia, el Tribunal Supremo rechazó su recurso. |
| 7-sep-2018 | Novotny v. República Checa | Un hombre y una mujer habían tenido relaciones sexuales. Al año siguiente, la mujer tuvo una hija. Aunque en un primer momento se presumió que la paternidad correspondía al hombre, posteriormente la negó. Por ese motivo, se inició un proceso judicial en el que se consideró acreditada la paternidad por distintos medios de prueba. La normativa local, además, presumía la paternidad en razón del tiempo que había transcurrido desde el momento en que tuvieron relaciones. Años más tarde –una vez que la hija adquirió la mayoría de edad– el hombre volvió a impugnar su paternidad y requirió que se efectuara un análisis de ADN. Sin embargo, la petición fue rechazada porque no constaba la voluntad de la presunta hija. De todas maneras, ambos se realizaron el estudio. El resultado concluyó que el hombre no era el padre. Con esta nueva prueba, reiteró la impugnación. La solicitud fue rechazada. Entre los argumentos señalados, se consideró la firmeza de la decisión adoptada. |
| 6-sep-2018 | Navtej Singh Johar y otros | La Constitución de la República de la India establecía la competencia originaria de la Suprema Corte de ese país para decidir acerca del cumplimiento de los derechos consagrados en su Parte III. El tribunal, además, contaba con la potestad de tomar las medidas necesarias para que su vigencia fuera efectiva y sus decisiones eran obligatorias para el poder judicial de todo el Estado. En ese marco, se impugnó la constitucionalidad de la sección 377 del Código Penal, que castigaba con la pena de prisión perpetua o de diez años y multa a quien, voluntariamente, tuviera relaciones carnales “…contra el orden natural con cualquier hombre, mujer o animal”. La norma especificaba, asimismo, que la penetración era suficiente para constituir la relación carnal que configuraba el delito. |
| 5-sep-2018 | López Pérez (causa N° 2829) | Una mujer boliviana ingirió ochenta y ocho cápsulas de cocaína e intentó cruzar la frontera Pocitos-Salvador Mazza a bordo de un micro. Por ese hecho, fue detenida. En el marco de la declaración indagatoria, se le imputó el contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa. En el requerimiento de elevación a juicio, se agregó la agravante por fines de comercialización. Durante el juicio oral, la fiscalía planteó la nulidad de la acusación por haberse violado el principio de congruencia. En tal sentido, solicitó que se remitiera el expediente al juzgado con el objeto de que la imputada fuera indagada nuevamente. El Tribunal Oral rechazó el pedido por entender que retrotraer el proceso a esa instancia hubiera sido perjudicial para la imputada. Entonces, la fiscalía mantuvo la acusación por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de tentativa. En su alegato, la defensa rechazó la aplicación de la agravante por considerar que su incorporación violaría el derecho de defensa y el debido proceso de su asistida. |
| 3-sep-2018 | Spinelli (reg. Nº 1052 y causa Nº 69265) | Un hombre ingresó a un comercio, simuló tener un arma y obligó a la empleada del lugar a encerrarse en un baño. Entonces, tomó elementos electrónicos, dinero en efectivo, el documento de la mujer y huyó. La empleada efectuó la denuncia y, en la comisaría, reconoció al hombre en una fotografía. Luego, durante el trámite del expediente, lo identificó en el marco de una rueda de reconocimiento. El Tribunal Oral lo condenó por el delito de robo a la pena de un año y seis meses de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-sep-2018 | APB (Causa Nº 536023) | En el marco de un proceso de alimentos, se dictó sentencia. En esa resolución, se fijó una cuota alimentaria a cargo del progenitor, que equivalía a un Salario Mínimo Vital y Móvil y a la cobertura médica. Pese a ello, el hombre depositaba sumas inferiores. En consecuencia, el juzgado interviniente lo intimó a abonar lo adeudado. Le notificó que, de lo contrario, sería inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y se iniciaría el procedimiento de ejecución de sentencia. No obstante, el demandado continuó realizando pagos parciales. Entonces, la progenitora –en representación de sus hijos menores de edad– solicitó que se le impusieran al hombre medidas a modo de sanción, de acuerdo con lo previsto por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, el juzgado rechazó ese pedido, por lo que la mujer presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. |
| sep-2018 | El reconocimiento del estatuto de refugiado de personas LGBTI en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia | El presente trabajo analiza los estándares aplicados en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado en materia de protección de la población LGBTI en las decisiones adoptadas por la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia en sus más de treinta años de jurisprudencia, buscando establecer la evolución de los diferentes estándares de protección y la incidencia en estos de los documentos de interpretación de la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967, elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, vigentes en el procedimiento de reconocimiento del estatuto de refugiado en la República Argentina. |
| sep-2018 | Prisión domiciliaria | El presente documento incluye jurisprudencia sobre prisión domiciliaria emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional durante los años 2016, 2017 y 2018. |
| 31-ago-2018 | ZYWCA (causa Nº 1774) | El señor Zywca inició un juicio contra la señora Lombardi para redargüir de falsedad un documento público. Al momento de dictar sentencia, el juez de primera instancia suspendió su pronunciamiento en razón de que aún no se había dictado sentencia en una causa penal que tramitaba por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Para tomar esta decisión, el juez consideró que se configuraba una situación de prejudicialidad prevista en el artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma establece que si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal; b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Contra esta resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |