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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 17-abr-2019 | MRA (causa Nº 7511) | MRA trabajó casi veinticinco años en el Banco de la provincia de Buenos Aires y obtuvo el beneficio de la jubilación ordinaria por aplicación de la ley 11.761. La movilidad de la prestación estuvo regida por los incrementos salariales producidos en el sueldo correspondiente al cargo determinativo de su haber de conformidad con lo previsto para el personal en actividad. Sin embargo, con la sanción de ley 15.008 se estableció (art. 41) que los haberes se actualizarían conforme la variación del índice de movilidad establecido en la ley N° 26.417 y sus modificatorias. Este cambio atendía a indicadores ajenos al cargo regulatorio del haber y se desentendía por completo de la naturaleza sustitutiva que debería reconocerse a la prestación jubilatoria, sin guardar proporción razonable con el sueldo del trabajador activo. Por este motivo, MRA interpuso una acción originaria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley Nº 15.008 porque le causaba un grave perjuicio patrimonial. Adicionalmente, solicitó que se suspendiera cautelarmente la aplicación de la norma impugnada teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del derecho en juego. |
| 16-abr-2019 | Todarello (Reg. N° 615 y causa Nº 81259) | La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación interpuso una acción de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas detenidas en la órbita del Servicio Penitenciario Federal. En particular, se requirió el realojamiento de aquellas que estaban alojadas de a dos por celda. El juzgado solicitó a uno de los complejos penitenciarios la remisión de un informe sobre la situación de los internos. Una vez recibido, re-chazó la acción sin efectuar ningún tipo de audiencia. La decisión no fue notificada. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Por tal razón, la Comisión de Cárceles interpuso un recurso de casación. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal. |
| 16-abr-2019 | Mendoza (Reg. Nº 398 y causa Nº 90940) | Un varón y una mujer (expareja) se encontraban en un vehículo cuando se provocó un incendio. El hombre sufrió severas quemaduras, fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital, donde falleció tres días más tarde. La mujer salió del auto, corrió hacia un campo y fue detenida. En el informe médico practicado se consignó que poseía quemaduras en el dorso de una mano. Por ese hecho, fue imputada por el delito de homicidio agravado por haber ocasionado la muerte de quien había sido su pareja. La mujer había denunciado a su expareja en diversas ocasiones por violencia psicológica y económica. Al prestar declaración indagatoria, explicó que el día del hecho habían discutido y el hombre estaba furioso, golpeaba el volante y le había dado un cachetazo, agarrado de la cabeza y gritado que la iba a matar. Además, indicó que había sido el hombre quien había intentado prenderla fuego a ella, que se había protegido con sus manos y había logrado escapar del vehículo. Durante la audiencia de debate, prestó declaración testimonial uno de los testigos del hecho. El hombre declaró que había observado mucho fuego sobre el asiento del conductor, que la imputada estaba tranquila y que su ropa no estaba dañada. El Tribunal Oral la condenó a la pena de prisión perpetua. Para decidir de ese modo, sostuvo que el incendio se había iniciado en el asiento de la víctima y que la declaración prestada por la imputada dejaba “preguntas sin responder”. En tal sentido, señaló que la quemadura en el dorso de su mano y su indumentaria “intacta” indicaba una participación activa en el hecho. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 16-abr-2019 | Ureta (causa Nº29919) | Seis personas fueron imputadas por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una mutual. En la etapa de instrucción, la entidad damnificada se constituyó como querellante. Entonces, los imputados ofrecieron a la mutual la reparación total del perjuicio económico y ambas partes suscribieron un acuerdo. Luego, se llevó a cabo una audiencia en la cual las defensas de los imputados solicitaron la homologación del acuerdo, la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de sus asistidos. El representante de la querella expuso que la reparación había sido integral, que el conflicto fue resuelto y adhirió al pedido de los defensores. Por su parte, la fiscalía prestó su conformidad para la concesión del instituto de la conciliación y solicitó que se dicte el sobreseimiento de los imputados. |
| 16-abr-2019 | Flores (causa Nº 67448) | M conducía un vehículo acompañado de KM. Personal policial interceptó y requisó el vehículo. En el procedimiento se secuestraron 306 envoltorios con cocaína, que se encontraban debajo del asiento del conductor. Por ese hecho fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes, en los términos del artículo 5, inciso c) de la ley N° 23.737. |
| 15-abr-2019 | Aliendro (reg. Nº 608 y causa Nº 1800) | La defensa de una mujer trans que estaba alojada en un complejo penitenciario solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En particular, sostuvo que la mujer vivía con VIH y que su permanencia en un establecimiento penitenciario podía provocar un deterioro en su estado de salud. Además, indicó que la mujer integraba el listado de personas que, según la Dirección General de Régimen Correccional, podían ser incorporadas al “Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control”. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, señaló que la imputada podía ser atendida por los mé-dicos de la unidad y recibir el tratamiento indicado. Contra esa decisión, la defensa interpu-so un recurso de casación. |
| 12-abr-2019 | Grigaliuniene (reg. N° 252 y causa N° 1425) | Un grupo de personas era investigado por formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Por esa razón, se efectuaron diversos allanamientos en los que se secuestró gran cantidad de estupefacientes y se dispuso la detención de sus integrantes. Una de las personas era una mujer lituana que fue detenida al intentar abordar un vuelo a su país. El juzgado dictó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de tenencia de sustancia estupefaciente con fines de comercialización en concurso real con la integración de una asociación ilícita. La resolución fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. El juzgado corrió vista a la fiscalía en los términos del artículo 346 del CPPN. La defensa se comunicó con un hogar de acogida que contaba con una vacante para la residencia de la imputada. Entonces, solicitó su excarcelación y acompañó el informe. El juzgado rechazó el planteo por considerar que no tenía arraigo y por la posibilidad de que, en caso de recuperar su libertad, la mujer viajara a Lituania. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, sostuvo que la instrucción del expediente había finalizado, por lo que su asistida no podía frustrar la realización de ninguna prueba pendiente. Además, consideró que el arraigo como pauta valorativa debía ser atemperado por la posibilidad de obtener un domicilio donde asentarse y que existían otras medidas cautelares que podían asegurar la presencia de su asistida sin vulnerar su derecho a la libertad. |
| 12-abr-2019 | Robinson v. Fiscal General | Un ciudadano de Jamaica, diputado y secretario general del Partido Nacional del Pueblo impugnó la constitucionalidad de la Ley Nacional de Identificación y Registro (National Identification and Registration Act –NIRA–, por su sigla en inglés) sancionada por el parlamento de ese país. El ciudadano consideraba que algunas de las disposiciones de la ley violaban el derecho a la igualdad, la libertad, la seguridad y la intimidad. La ley –que aún no había entrado en vigor– buscaba proporcionar un sistema de recopilación de datos de todos los ciudadanos de Jamaica y de aquellos que vivieran en el país durante al menos seis meses de un año calendario. Para tal fin, requería que las personas solicitaran el registro y en caso de no hacerlo quedaban expuestas al riesgo de una sanción penal. El sistema utilizado por la ley proponía recopilar, entre otras cosas, los datos biométricos, la información demográfica y los números de referencia nacional, como el número de contribuyente y la licencia de conducir, con el objetivo de crear una base de datos nacional de identificación civil que se almacenaría indefinidamente en los sistemas gubernamentales. Al momento de registrarse, a las personas se les asignaría un número de identificación nacional (National Identification Number –NIN–), lo que las haría elegibles para la entrega de una tarjeta de identificación nacional (National Identification Card –NIC–). El NIN o la NIC era imprescindibles para acceder a bienes o servicios prestados por las autoridades. Sin embargo, el sistema también permitía el acceso de terceros a los datos personales sin suficientes garantías de protección. |
| 12-abr-2019 | Rollan (Causa Nº12858) | Una mujer era madre de un niño que poseía una discapacidad. La obra social no cumplía con las prestaciones necesarias para su atención médica. Entonces, la mujer interpuso una acción de amparo. El juzgado hizo lugar al planteo. Sin embargo, la entidad continuó sin realizar las prestaciones, lo que provocó graves afectaciones en la salud del niño. Por ese motivo, su madre denunció a las autoridades de la obra social por el delito de desobediencia y se presentó en calidad de querellante. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió a la obra social que informase el estado de cumplimiento de la resolución judicial. Sus autoridades indicaron que se había llevado a cabo todo lo ordenado. Entonces, la fiscalía dictaminó que no había existido un incumplimiento doloso en la ejecución de la sentencia y que el hecho denunciado no con-figuraba un delito. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado desestimó la denuncia y dispuso el archivo del expediente. La querella, junto con el patrocinio letrado de la defensoría, interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la decisión. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. |
| 11-abr-2019 | Ingiulla (Expte. Nº 4448) | Un hombre de 78 años afiliado al PAMI tenía un adenocarcinoma de próstata. Además, registraba antecedentes de ACV, diabetes HTA e insuficiencia cardíaca. Entonces, se le indicó la realización de un tratamiento de radioterapia prostática por intensidad modulada. Su hija, en representación de su padre, se presentó ante el PAMI para formalizar el pedido de cobertura con las órdenes médicas. Sin embargo, la solicitud le fue denegada y se le requirió más documentación para evaluar la indicación médica. Por este motivo, el afiliado interpuso una acción de amparo y solicitó una medida cautelar con el fin de que se ordenara al PAMI que de manera inmediata arbitrara los medios necesarios para otorgar la cobertura del 100% del tratamiento. El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. En consecuencia, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |