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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 16-abr-2025 | VAE (Causa N°1274) | Un adolescente de 17 años se autopercibía del sexo masculino. Por ese motivo, comenzó su proceso de transición de género con acompañamiento médico y psicológico. En ese contexto, el joven realizaba un tratamiento con testosterona que había sido autorizado por su obra social. Con posterioridad, sus médicos le indicaron la realización de una cirugía de mastectomía de acuerdo a los deseos del joven. En esa oportunidad, los especialistas resaltaron que el procedimiento era necesario para su bienestar físico y emocional. Por su parte, la obra social autorizó la interconsulta médica. En ese contexto, entró en vigencia el DNU N° 62/2025 que sustituyó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género N° 26.743. En particular, la norma prohibió a las personas menores de edad que accedieran o continuaran con intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales prescriptos por sus profesionales tratantes para adecuar sus corporalidades a la identidad de género autopercibida. En consecuencia, la cobertura médica canceló la consulta ya que consideró que el decreto prohibía a las personas menores de edad el acceso a intervenciones quirúrgicas de readecuación de género. Ante esa decisión, la madre del joven, en su representación, inició una acción de amparo contra la obra social para que autorizara la cobertura integral tanto de la consulta como de la práctica indicada. Para ello, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del DNU N° 62/2025. Entre sus argumentos, consideró que se estaba restringiendo de manera arbitraria al acceso a tratamientos de afirmación de género para personas menores de 18 años. Sostuvo que así se vulneraban derechos fundamentales protegidos por la Constitución nacional y tratados internacionales. Agregó que el decreto desconocía el derecho de su hijo a recibir atención médica acorde a su identidad autopercibida. Por su parte, la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Paraná intervino en representación del adolescente. En esa oportunidad, solicitó que debía garantizarse al adolescente al acceso a la consulta médica e intervención solicitada. |
| 15-abr-2025 | Sánchez (Causa N° 5267) | Cinco personas fueron acusadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Tres de ellas fueron condenadas luego de un juicio abreviado. En la audiencia de control de acusación por el proceso que se continuó contra las otras dos personas imputadas, la fiscalía se opuso a que se incorporé la declaración de uno de los acusados que había sido condenado. La defensa sostuvo que la declaración debía ser admitida y para ello invocó el principio de amplitud probatoria y el art. 158 del CPPF que, sostuvo, no prohíbe ofrecer la declaración del coimputado condenado aunque, en ese caso, no se le debe tomar juramento de decir verdad. |
| 15-abr-2025 | BL (Causa N° 18686) | Un hombre originario de Italia ingresó a la Argentina y obtuvo el reconocimiento de la calidad de refugiado. Para ello, el órgano administrativo que dictó la resolución tuvo en cuenta que al momento en que se juzgó y condenó al hombre en su país de origen no se respetaron las garantías del debido proceso legal. También, consideró que la persecución penal se había basado en las opiniones políticas del solicitante. Además, entendió que la condena se fundó en una legislación abusiva y que su cumplimiento implicaría una pena excesiva, dada su duración y el régimen carcelario, lo que podía equivaler a persecución según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Casi 20 años después, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) decidió de oficio reabrir el caso para analizar si persistían los motivos que dieron lugar a ese reconocimiento. Con posterioridad, y luego de un breve trámite, resolvió el cese de su condición de refugiado. En esa oportunidad, alegó que las causas originales habían desaparecido. A su vez, sostuvo que una entrevista que mantuvo con un defensor privado de Italia podía interpretarse como un sometimiento voluntario a la protección del país de su nacionalidad. Contra esa decisión, el hombre interpuso un recurso jerárquico. Asimismo, requirió en sede judicial –con el patrocinio letrado de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación– una medida cautelar autónoma para que se ordenara a la CONARE, a la Vicejefatura de Gabinete del Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones abstenerse de ejecutar la decisión hasta que existiera una sentencia firme o venciera el plazo legal para recurrir. Más tarde, el recurso administrativo fue rechazado. Por ese motivo, la Comisión inició una acción judicial de nulidad del acto administrativo que dispuso el cese de la condición de refugiado. En ese contexto, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 942/2024, que modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, y, en particular, el procedimiento de impugnación de la denegatoria del estatus de refugiado. Ante la entrada en vigencia de la norma, la Comisión planteó la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del DNU 942/2024 y, en forma subsidiaria, interpuso un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. También, para el caso de que el tribunal confirmara la validez del acto dictado por la CONARE, solicitó que se declare inconstitucional el efecto devolutivo asignado al recurso extraordinario federal por el artículo 4 del decreto y que se ordenara al Poder Ejecutivo Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones abstenerse de devolver al hombre a su país de origen hasta que existiera una sentencia firme, en resguardo del principio de no devolución. En el marco de las actuaciones, el Estado Nacional–Vicejefatura de Gabinete del Interior planteó la incompetencia sobreviniente del juzgado de primera instancia para entender tanto en la medida cautelar como en la acción de nulidad. En consecuencia, peticionó que continúe su trámite ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los términos del artículo 5 del referido decreto. Por su parte, el juzgado de primera instancia desestimó los planteos de inconstitucionalidad del decreto 942/2024 y se declaró incompetente para resolver la medida cautelar solicitada y la acción de nulidad planteada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del DNU. Por lo tanto, ordenó que las actuaciones se elevaran a la Cámara para su resolución. En ese marco, se suscitó un conflicto de competencia de grado a fin de determinar si la impugnación debía ser tramitada como recurso directo ante la Cámara o como una acción judicial de nulidad ante el juzgado de primera instancia. |
| 14-abr-2025 | Serrano (causa N° 6963) | El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata (línea 145) recibió una denuncia telefónica por posibles irregularidades laborales en un campo ubicado en Córdoba donde trabajaban dos personas junto con dos menores de edad. A raíz de ello, intervinieron organismos especializados en trata de personas y se inició una investigación. Durante el allanamiento se constató que los trabajadores habían permanecido tres días en condiciones habitacionales precarias. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal promovió una causa por trata de personas con fines de explotación laboral contra la encargada del establecimiento. Durante la investigación, la encargada del lugar declaró que el ofrecimiento laboral había sido claro (solo para una persona), que las presuntas víctimas llegaron con toda la familia sin previo aviso, y que intentó acomodar la situación. La fiscalía sostuvo que la encargada se había aprovechado de la vulnerabilidad de los trabajadores mediante engaño y los mantuvo en condiciones deficientes con limitación de su libertad ambulatoria. La defensa negó, entre otras cosas, la existencia de explotación o abuso de vulnerabilidad. Para ello, sostuvo que el escaso tiempo de permanencia (menos de 72 horas) y la ausencia de restricción real de libertad demostraban que las condiciones laborales constituían infracciones administrativas, no delitos penales. En consecuencia, solicitó el sobreseimiento de la imputada. |
| 14-abr-2025 | Monforte (Causa Nº 41700) | Un hombre fue absuelto por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, en concurso real con el de homicidio culposo. Contra esa decisión, la parte querellante interpuso un recurso de casación que fue desestimado, por lo que dedujo recurso extraordinario federal. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia”, donde estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad. A partir de este pronunciamiento, la parte querellante presentó un recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley 402 de la CABA) ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. |
| 14-abr-2025 | CFF (Causa N° 11329) | En 2001, una persona nació en Chajarí, Provincia de Entre Ríos. En ese momento, fue inscripto como hijo de su madre y de la pareja de ésta. Sin embargo, en su adolescencia, su progenitora le contó que había tenido un vínculo sexoafectivo con otro hombre, de quien había quedado embarazada. Pese a ello, aquel se había ausentado de su vida. Cuando el hombre cumplió la mayoría de edad, se acercó a su progenitor biológico, aunque mantuvo un fuerte lazo afectivo con quien había ejercido el rol paterno hasta entonces. Asimismo, expresó su deseo de conocer al resto de su familia de origen y de continuar la relación con él. En especial, le pidió que respetara su identidad tanto de origen como su historia de vida con su progenitor socioafectivo. Por ese motivo, luego de un análisis de ADN que confirmó la paternidad, se llevó adelante una mediación entre el hombre y sus dos progenitores. En esa oportunidad, acordaron constituir una familia pluriparental. En ese marco, convinieron presentar una acción de reclamación de filiación paterna extramatrimonial con respecto al progenitor biológico y, en paralelo, conservar el vínculo jurídico con el progenitor socioafectivo. En virtud de ello, el hombre solicitó la homologación judicial del acuerdo y la rectificación de su acta de nacimiento. En su presentación, también requirió la inscripción de la triple filiación, Por último, solicitó se declarara la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que prohibía a las personas tener más de dos vínculos filiales. |
| 10-abr-2025 | Boletín selección de audiencias de las jurisdicciones de Salta, Mendoza y Rosario | Octubre-Diciembre 2024. | Desde la Escuela de la Defensa Pública se seleccionaron diecinueve audiencias realizadas en las jurisdicciones federales de Salta, Rosario y Mendoza, todas regidas por el Código Procesal Penal Federal. Las audiencias fueron seleccionadas a partir de los precedentes remitidos por las dependencias del Ministerio Público de la Defensa de estas tres jurisdicciones, correspondientes al período octubre-diciembre de 2024. El criterio de selección respondió a la necesidad de identificar y sistematizar discusiones relevantes sobre la interpretación y aplicación de las normas del CPPF en distintas etapas del proceso. Los videos de las audiencias están disponibles para el uso exclusivo de los/as integrantes del Ministerio Público de la Defensa en la sección "presentación de la defensa" del repositorio. |
| 10-abr-2025 | Cavallo (Causa N° 12379) | Un hombre fue acusado por el delito de uso de documento falso por haber exhibido una carta de porte que era ideológicamente falsa. En la audiencia de control de acusación la defensa particular del acusado se opuso a la incorporación, para la etapa de determinación de responsabilidad y la de determinación de la pena, de la planilla de avalúo de la mercadería secuestrada. Argumentó que era impertinente porque no se estaba investigando el delito de contrabando. La fiscalía, por su parte, explicó que la inclusión de esa prueba tenía por finalidad acreditar la calidad comercial en sentido monetario de la mercadería trasladada. |
| 9-abr-2025 | El interés superior del niño en el proceso de extradición en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - Una fórmula poco feliz | La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en su precedente “López y Olié” desarrolló por primera vez la obligación que tienen todas las instituciones públicas de velar por el interés superior del niño en las diferentes etapas del proceso de extradición. Sin embargo, a los efectos prácticos, la participación del niño en los procesos de extradición de los adultos a su cargo es ínfima e inefectiva. A través de un análisis de los precedentes más relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, se propone analizar el impacto de la participación del niño en el proceso y ofrecer alternativas al extrañamiento de los adultos. |
| 9-abr-2025 | Colque Castro (Causa N° 9890) | Una mujer migrante, madre, en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud, se encontraba detenida en prisión domiciliaria. La defensa solicitó su excarcelación. El juzgado federal interviniente rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. La cámara federal de apelaciones correspondiente confirmó la decisión. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, postuló que el caso exigía un abordaje jurídico con enfoque y perspectiva de género; lo que implicaba que se contemplase la vulnerabilidad —sistemática y múltiple— presente en el desarrollo vital de su asistida, a la luz de los estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres y en consonancia con lo que surgía del informe social efectuado por las profesionales del Programa de Atención de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación. |