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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 17-mar-2020 | Rea (causa N° 1568) | El 18 de diciembre de 2004 cuatro personas murieron ahogadas en un canal de riego en la localidad de Los Cardozos, provincia de Santiago del Estero. Dos de ellas eran niñas de 9 y 10 años. Las familias de las víctimas demandaron por daños y perjuicios al Estado provincial. El tribunal de segunda instancia hizo lugar de modo parcial al reclamo indemnizatorio. Luego el Superior Tribunal de Santiago del Estero revocó esa resolución y rechazó la demanda. Para decidir de esa manera, el tribunal destacó que ninguna norma expresa o implícita imponía al demandado la obligación de proveer de medidas de protección en las inmediaciones de los cauces de agua de la provincia. Además, puntualizó que el sitio donde había ocurrido el hecho no resultaba de fácil acceso por encontrarse en una zona descampada y alejada de urbanidad y que, por ese motivo, el hecho se había vinculado de manera directa con la falta de prudencia de los niños y de diligencia y vigilancia sobre sus actividades por parte de sus guardadores. Finalmente, consideró que el canal no era en esencia una cosa riesgosa sino que devino en peligrosa por el accionar de las víctimas frente a dicha obra. Contra esa decisión los familiares interpusieron un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 13-mar-2020 | Acordada 3.20 CFCP | El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Por tal razón, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió sobre los riesgos que corren las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios. |
| 12-mar-2020 | Azul Rojas Marín v. Perú | En la mañana del 25 de febrero de 2008, Azul Rojas Marín fue detenida por tres agentes de policía cuando caminaba sola hacia su casa. Por aquel entonces se identificaba como hombre gay mientras que en la actualidad lo hace como mujer. Durante su detención, los policías le profirieron calificativos insultantes por su orientación sexual y procedieron a subirla a un patrullero y trasladarla a la comisaría. Allí, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, y fue víctima de tortura y violación sexual. La peticionaria permaneció hasta las 6 de la mañana en la Comisaría sin que se registrara su detención. Dos días más tarde, presentó la denuncia. El 24 de marzo, la fiscalía promovió una investigación preliminar contra el personal policial. El 2 de abril, dispuso la formalización de la investigación preparatoria por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de los tres oficiales de policía. El 5 de mayo, la peticionaria solicitó la ampliación de la denuncia y de la investigación para que se incluyera el delito de tortura. El 16 de junio, la fiscalía resolvió no ampliar la investigación. El 21 de octubre, la fiscalía requirió el sobreseimiento de los tres policías y el 9 de enero de 2009 el juzgado dictó una resolución en ese sentido. El 20 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana en el presente caso, la fiscalía dispuso la reapertura de la investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura. El 16 de enero de 2019, la fiscalía solicitó al juez penal la nulidad de las actuaciones en el proceso. El 14 de agosto de 2019, el juzgado declaró improcedente el pedido de nulidad. Entonces, la fiscalía presentó un recurso de apelación que fue declarado inadmisible. |
| 11-mar-2020 | Kim (causa Nº 68214) | Un hombre embistió con un vehículo a una persona. Por ese hecho fue condenado por el delito de lesiones gravísimas imprudentes. La defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal no se expidió sobre el decomiso. Sin embargo, la jueza interrogó sobre ese aspecto al imputado, que consintió el decomiso. El tribunal rechazó la suspensión del proceso a prueba. No obstante, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se expidiera sobre la razonabilidad de la reparación patrimonial y el decomiso ofrecido. Devueltas las actuaciones, se resolvió decomisar el automóvil, pues se consideró que el vehículo había sido objeto del ilícito investigado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-mar-2020 | Díaz (Causa Nº 41112) | Una mujer trans fue imputada por los delitos de robo y homicidio en grado de tentativa. En la etapa de juicio su defensa solicitó el apartamiento de dos jueces por temor de parcialidad ante sus posiciones ideológicas. En particular, señaló que se habían manifestado en contra de juzgar con perspectiva de género. Para acreditarlo, entre otras cuestiones, transcribió extractos de votos de ambos jueces en otras causas y aportó entrevistas periodísticas donde se referían a cuestiones vinculadas a la temática de género. Los magistrados rechazaron la recusación y remitieron un escrito a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional a fin de que resolviera el incidente. En esa oportunidad, uno de los jueces se refirió a la imputada como “el acusado”. Por su parte, el otro afirmó que discrepaba con la “corriente ideológica denominada ‘perspectiva de género’” porque constituía “una injerencia indebida en la vida privada de los ciudadanos”. Además, se refirió a la mujer trans como “un imputado con tendencias homosexuales”. |
| 10-mar-2020 | Rodríguez (reg. N° 146 y causa N° 94190017) | En 2007 dos personas fueron detenidas por comercializar estupefacientes. En 2008 la causa fue elevada a juicio y los imputados fueron excarcelados. En el 2009 se citó a las partes a juicio. Luego se requirió la inhibición de uno de los integrantes del Tribunal Oral y en 2010 la CFCP designó a un juez en su lugar. En agosto de 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó las resoluciones que habían dispuesto las excarcelaciones y se ordenó la detención de los imputados. En noviembre de ese año la defensa solicitó sus excarcelaciones, las que fueron concedidas. Luego, se dejó constancia del comparendo de los imputados ante el tribunal en julio del 2016. En abril de 2017 se fijó fecha de debate para junio, cuando se suspendió por “imposibilidad material” y se fijó una nueva para el mes de septiembre. En septiembre de 2017 el tribunal los condenó por el delito de transporte de estupefacientes a la pena de tres años de prisión en suspenso. La sentencia fue notificada en agosto del 2018. Contra esa resolución, se interpusieron recursos de casación. |
| 9-mar-2020 | Acordada Nº 2/2020 | En marzo de 2019 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la emergencia penitenciaria. De acuerdo al Servicio Penitenciario Federal, hasta el mes de febrero de 2020 se encontraban detenidas 21 mujeres con sus hijos e hijas y otras 4 estaban embarazadas. Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) dieron cuenta de que, a diciembre de 2018, se encontraban detenidas 1.092 mujeres en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. De ese grupo 36 se hallaban alojadas en la cárcel en cohabitación con sus hijos e hijas menores de cuatro años. |
| 4-mar-2020 | Díaz y Vaz Almeida (Causa n°12240) | Dos hombres que registraban antecedentes penales fueron detenidos e imputados por el delito de robo en grado de tentativa. Luego, los imputados y el hombre damnificado por el intento de robo suscribieron un acuerdo de reparación integral por el que los primeros le ofrecieron abonarle la suma de doce mil pesos. En la audiencia de admisibilidad probatoria, la defensa presentó el acuerdo y manifestó que los imputados estaban dispuestos a reparar patrimonialmente el perjuicio causado a la víctima, en los términos del artículo 59, inciso 6º del Código Penal. Por esa razón, solicitó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los imputados. A su turno, el damnificado manifestó su conformidad con los términos del acuerdo. La fiscalía se opuso al planteo de la defensa por considerar, entre otras cuestiones, que los imputados registraban antecedentes condenatorios. |
| 3-mar-2020 | MF (causa N° 39548) | Una persona había sido condenada a la pena de cuatro años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante el cumplimiento de la pena, solicitó el acceso a las salidas transitorias. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la concesión del instituto se encontraba vedada por el artículo 56 bis de la ley N 24.660 y se opuso a lo requerido. El Tribunal Oral declaró la inconstitucionalidad de la norma invocada y concedió las salidas transitorias. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. Al momento de su intervención, la fiscalía actuante ante la Cámara Federal de Casación Penal desistió el recurso. |
| mar-2020 | Régimen penal juvenil. Intervención del Ministerio Público Fiscal en el expediente tutelar | El presente trabajo problematiza la forma en la cual se sustancia el expediente tutelar en la actualidad. La autora pone en tensión los avances respecto de la vigencia de los derechos en la interpretación de la ley N°22.278 y la aplicación del principio acusatorio para garantizar el debido proceso penal. A partir de una lectura armónica de la legislación convencional y nacional en materia de derecho penal juvenil, el trabajo pone de relieve la obligación de aplicar las garantías fundamentales en la totalidad del proceso de forma tal que no se contradiga lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. De esta manera, el artículo abre una ventana más para pensar la vigencia de los derechos en el ámbito juvenil en la sustanciación del expediente tutelar y, en particular, cuando se trata de medidas restrictivas de la libertad. |