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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-jul-2020 | Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (causa Nº 10068) | El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires solicitó en dos oportunidades al Gobierno de la Ciudad que se exceptuase a sus profesionales de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La administración no contestó el pedido. Entonces, el colegio interpuso una acción de amparo. En su presentación consideró irrazonable la limitación por tiempo indeterminado del acceso de los abogados a sus oficinas y señaló que se hallaba afectado el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de justicia. En ese sentido, solicitó como medida cautelar que se dispusiese la excepción de los abogados del cumplimiento del aislamiento para que pudiesen desempeñarse en su profesión. |
| 9-jul-2020 | Gómez (causa Nº 572) | Una mujer había sido procesada con prisión preventiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse servido de menores y por la intervención de tres o más personas de manera organizada. La mujer solicitó en forma in pauperis que se le concediera la prisión domiciliaria. En la presentación explicó que su pareja se encontraba detenida y que juntos tenían una hija de seis años. En ese sentido, explicó que la niña se encontraba al cuidado de su abuela materna, quien frente a la emergencia sanitaria no podía hacerse cargo de su nieta pues vivía en una situación de hacinamiento. El Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia elaboró un informe que señalaba que la niña no poseía derechos vulnerados en relación a la alimentación, vivienda, salud y educación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera desfavorable al planteo. Por su parte, la defensa fundó y amplió el pedido de arresto domiciliario de su asistida. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. El Ministerio Público Especializado en Minoridad sostuvo que la nena había dejado de visitar a la imputada debido a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia y refirió la importancia de su crecimiento junto a su madre. En esa dirección, cuestionó el informe elaborado por el Consejo e indicó que la privación de la libertad de sus padres implicaba una grave afectación a los derechos fundamentales de la niña vinculados a su desarrollo integral. Por otra parte, la fiscalía ante la instancia de apelación explicó que debía velarse por el interés superior de la niña y revocarse la decisión apelada. Por otra parte, la defensa se agravió por la imposición de costas frente a la apelación puesto que le causaba a su asistida un gravamen irreparable. |
| 8-jul-2020 | Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630) | Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de lavado de activos agravado por la realización de los hechos con habitualidad. En otra causa iniciada en 2016 y desarrollada en el marco de la misma investigación llevaba detenido cuatro años y dos meses. El imputado tenía 64 años, arritmia, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y diabetes. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido sostuvo que su asistido pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19 y que se habían confirmado casos positivos dentro del Servicio Penitenciario Federal. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo, ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones y en que el posible entorpecimiento de la investigación no dependía del encarcelamiento. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera explicó que subsistía un grave riesgo de ocultamiento de las sumas de dinero que habrían sido expatriadas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones indicó que la inexistencia de controversia entre el pedido de la defensa y el dictamen de la fiscalía impedía al tribunal rechazar la excarcelación solicitada. |
| 8-jul-2020 | Sosa (Causa N° 59156) | Cuatro personas se acercaron a dos jóvenes en la calle. Allí, los golpearon y les sustrajeron un celular. Luego, se alejaron. En ese momento, los damnificados comenzaron a perseguirlas y dieron aviso a la policía. Al advertir la situación, los atacantes corrieron en distintas direcciones. Sin embargo, los jóvenes y un agente policial siguieron a quien tenía el celular y la detuvieron. Por ese hecho, la persona fue condenada por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió por la errónea aplicación del agravante previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. |
| 7-jul-2020 | Deserio (Causa n°36120) | Un hombre había sido condenado a la pena única de seis años y cuatro meses de prisión. El imputado tenía 68 años y pólipos vesicales por los cuales debía ser intervenido quirúrgicamente. Ante la declaración de emergencia sanitaria, las autoridades del servicio penitenciario informaron que el procedimiento debía ser suspendido. Entonces, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal informó que el imputado debía realizarse los estudios médicos que habían sido suspendidos a fin de evitar la diseminación de la enfermedad. Además, concluyó que la suspensión de la cirugía podía implicar un grave riesgo para su salud. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se pronunció de forma favorable al planteo. |
| 7-jul-2020 | Garcia (causa N° 1437) | Un agente policial del Centro de Monitoreo Urbano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció a dos personas, que fueron detenidas e imputadas por el delito de robo. La persona damnificada por el hecho no fue identificada ni se secuestró el elemento que le habría sido sustraído. En la etapa de juicio, la defensa solicitó el sobreseimiento de sus asistidas. En ese sentido, explicó que no se contaba con una declaración testimonial de la presunta víctima y que no se había hallado elemento alguno. Además, señaló que la imputación se había construido en base a los dichos de un agente policial cuyo único contacto con el hecho había sido a través de monitores que reproducían las imágenes captadas por domos colocados a más de diez metros de altura. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió sentido favorable al planteo. |
| 7-jul-2020 | Marítima Maruba (Causa nº 1540) | Un hombre había sido imputado por el delito de apropiación indebida de tributos en relación a los aportes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al de Obras Sociales. En la etapa de juicio, la defensa y la fiscalía celebraron un acuerdo de reparación integral y solicitaron al tribunal oral que declare extinguida la acción penal en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Para ello, argumentaron que la norma en cuestión resultaba plenamente operativa y que no existían impedimentos que obstaran a su aplicación en delitos fiscales. |
| 6-jul-2020 | Vargas Rodri?guez (causa N° 12823) | El Departamento de Emergencias de la Policía Federal Argentina recibió una denuncia anónima respecto de una situación de comercialización de estupefacientes. Por esa razón, dos personas fueron detenidas en la vía pública. El agente declaró que había notado un intercambio tipo “pasamanos” y que una de las personas, que coincidía con la descripción realizada en la denuncia, contaba con estupefacientes en su poder. A la otra se le secuestró dinero en efectivo. Ambas fueron imputadas por el delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La primera fue sobreseída y la segunda, al momento de prestar declaración indagatoria, señaló que el dinero estaba destinado a un par de zapatillas. El juzgado dictó su procesamiento y elevó el expediente a juicio. En esa instancia su defensa solicitó que se declarara su sobreseimiento. En particular, consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió en el mismo sentido. Entre sus argumentos consideró que, a nivel probatorio, la elevación a juicio sólo se había basado en la descripción de la denuncia anónima y en el testimonio del oficial de la policía. |
| 6-jul-2020 | ALE (causa N° 22753) | Una mujer trans celebraba sucesivos contratos de locación temporaria con fines de vivienda. El 18 de marzo de 2020 celebró un contrato con la señora C. que vencía el 5 de julio del mismo año. Tiempo antes de finalizar el vínculo, C. notificó a la locataria sobre un aumento del alquiler y el pago de una comisión inmobiliaria para que renovase la contratación. La inquilina, ante la situación económica de emergencia que pasaba y el desalojo inminente, interpuso una acción de amparo. La acción tenía como objeto que se declarase la nulidad parcial del contrato en cuanto al término de duración de la locación pactada, integrándose la cláusula tercera del mismo con el plazo mínimo legal previsto en el art. 1198 del Cód. Civil y Comercial (tres años). Además, requirió una medida cautelar para que se prohibiese a la demandada, o a quien la sucediese en el contrato de locación, activar cualquier proceso extrajudicial o judicial de desalojo. El juzgado de primera instancia rechazó la acción. Contra esa resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 6-jul-2020 | RSV (causa n°21080646256) | Una mujer tuvo un parto en su casa sin asistencia médica ni de terceros, se desvaneció y el bebé cayó al piso. Luego, fue traslada al hospital. Al momento de concurrir al centro médico la mujer llevó al bebé, que carecía de signos vitales. Personal médico la denunció. En su declaración indagatoria, la mujer manifestó que se había desmayado y que por esa razón el bebé se le había caído. Por ese hecho, fue imputada por homicidio doloso agravado por el vínculo. Para fundar la acusación la fiscalía consideró, entre otras cuestiones, que la mujer había mantenido oculto el embarazo y que no se había realizado los controles médicos y ginecológicos durante su desarrollo. Además, mencionó que el padre del bebé era extranjero y que se había ido del país. Luego, la calificación del hecho fue modificada a la de homicidio culposo agravado por el vínculo. En tal sentido, se le imputó no haber tomado los recaudos para evitar que el parto ocurriera en condiciones en las que ni ella ni el bebé pudieran ser asistidas por personal ido?neo. En la etapa de juicio la imputada y la fiscalía suscribieron un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó la pena de tres años de prisión. El acuerdo fue presentado para su homologación ante el juzgado. |